Proyectos‎ > ‎

Proyectos 2006

Comité Conciudadano para el Seguimiento del Proceso Electoral

A partir de la experiencia ciudadana acumulada en el conocimiento de la organización de elecciones, y considerando además la preocupación por la calidad de los consejeros electorales federales elegidos para el periodo 2003-2010, un grupo de expertos ciudadanos en materia electoral y un grupo de organizaciones civiles promotoras de la democracia decidieron en noviembre de 2005 presentar un proyecto al Fondo de Coinversión Social del Instituto Nacional de Desarrollo Social (Indesol) para realizar un seguimiento puntual del proceso electoral federal 2005-2006, mismo que fue aprobado en marzo de 2006.

El objetivo fundamental del proyecto, incluso antes de la aprobación del financiamiento, consistió en ampliar la experiencia de observación electoral a todo el proceso de organización de las elecciones, incluyendo las etapas de selección de los consejeros locales y distritales, y de selección y capacitación de los funcionarios de casillas, así como las metodologías para la entrega de resultados electorales preliminares y de monitoreo general de las campañas en los medios de comunicación, además de las campañas electorales mismas. Se trataba de mostrar la importancia de que los ciudadanos y sus organizaciones estuvieran  pendientes y vigilantes de las etapas del proceso previas a la jornada electoral, pues es en esas etapas donde se pueden introducir sesgos e inequidad en las contiendas.

De este modo, el Comité Conciudadano logró posicionar en la opinión pública las preocupaciones de los conciudadanos acerca del proceso electoral.

El proyecto buscó, en la medida de lo posible, preservar las posiciones ciudadanas en manos de ciudadanos independientes mediante la difusión de las convocatorias del IFE entre las organizaciones civiles y académicas, promoviendo candidatos ciudadanos para los consejos locales y distritales, o advirtiendo, en su caso, al Consejo General del IFE de situaciones que ponían en riesgo el control ciudadano del proceso o su calidad general, como la inadecuada capacitación o la sustitución irregular de funcionarios de casilla, ello con el fin de que estas situaciones se solucionaran desde el propio Consejo General tomando las medidas adecuadas. También se buscó hacer evidentes y denunciar públicamente intervenciones facciosas de terceros que pusiesen en riesgo la calidad y la equidad electorales.

Con estos propósitos se constituyó el Comité Conciudadano para el Seguimiento del Proceso Electoral, conformado por un grupo de expertos académicos, profesionales, activistas civiles, editorialistas y líderes de las ocho organizaciones auspiciantes del proyecto. Este Comité Conciudadano se conforma por un grupo de trabajo, una Secretaría Técnica y una responsable de la difusión pública.

Las personas participantes en el Comité Conciudadano fueron Sergio Aguayo Quezada, Hugo Almada, Jorge Alonso Sánchez, Silvia Alonso, Alberto Athié, Alberto Aziz, Miguel Basáñez, Isabel Bustillos, Roy Campos, Orfe Castillo, José Antonio Crespo, Eréndira Cruzvillegas, Santiago Chan Ozorio, Denise Dresser, Ernesto IzunsaAlfredo Figueroa, Francisca Jiménez, Clara Jusidman, Cecilia Loría, Cristina Martin, Alberto Olvera,Alfredo Orellana, Ana Saiz, Gabriel Sánchez, Rodolfo Tuirán y Elio Villaseñor.

El grupo de trabajo se conformó con: Hugo Almada, Eréndira Cruzvillegas, Alfredo Figueroa, Clara Jusidman, Irma Rosa Martínez, Armando Negrete, Alfredo Orellana, Carlos Pérez, Ana Saiz y Rodolfo Tuirán; la secretaría técnica por Josefina Ceballos y Cristina Martínez; las labores de comunicación estuvieron a cargo de Irma Rosa Martínez.

Las organizaciones civiles auspiciantes fueron la Academia Morelense de Derechos Humanos, Alianza Cívica, el Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos), el Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad, INCIDE Social, Presencia Ciudadana Mexicana, la Red por la Participación Ciudadana de Chihuahua y Sinergia de Oaxaca. Se contó también con el apoyo del No Grupo de Guadalajara.

Durante el proceso electoral 2005-2006, el Comité Conciudadano elaboró propuestas de reforma a la ley electoral que permitieran mejorar la organización electoral y garantizar de mejor manera el derecho al voto. Así, por ejemplo, el grupo de trabajo recabó, sistematizó y evaluó información con el fin de elaborar propuestas de posicionamiento para el Comité; estos posicionamientos destacaban los riesgos en los que se estaba incurriendo en la organización del proceso, o constataban las intervenciones y la participación interesada de diversos agentes sociales.

El material, producto de los trabajos del grupo, era presentado ante todo el Comité para posteriormente darlo a conocer siguiendo dos rutas:

 • La realización de reuniones con Consejeros Generales que tuvieran la disposición de escuchar la opinión del Comité.

 • La organización de ruedas de prensa, comunicados y entrevistas a diversos integrantes del Comité Conciudadano ante los medios de comunicación.

Asimismo se enviaron comunicados directos a la Conferencia del Episcopado Mexicano, a la Presidencia de la República, a los partidos políticos y al Tribunal Electoral del Poder Judicial.

El Comité presentó nueve documentos de análisis en los que señaló los puntos críticos y los riesgos de prácticas irregulares, así como formas de prevención. Hasta antes de la jornada electoral, tres de éstos se enfocaron al contenido de las campañas políticas, la equidad de la contienda, push polls o encuestas telefónicas de presión, las diversas formas de compra y coacción del voto, la selección y capacitación de funcionarios de casilla, la observación electoral y el trabajo de monitoreo de medios del IFE, identificándose como focos rojos las zonas caracterizadas por un alto nivel de conflictividad o un elevado potencial de confrontación social en varias entidades federativas.

Conforme avanzaban el proceso electoral y las actividades de observación del Comité, se hizo notar que existían otros aspectos del mismo que, si bien habían sido objeto de creciente atención y observación, era necesario continuar reforzando debido a la preocupación ciudadana que despertaban, entre ellos: la calidad de las campañas políticas, las variadas intervenciones de diversos actores en el proceso electoral (de los diferentes órdenes de gobierno, de las Iglesias y los medios de comunicación) y las prácticas de compra y coacción del voto.

Los siguientes documentos versaron sobre los acontecimientos sucedidos una vez concluida la jornada electoral y hasta la calificación de la elección. En ellos se señalaron los desaciertos que estaban cometiendo diversos actores y se hicieron llamados a respetar y garantizar los procedimientos legales hasta la conclusión del proceso electoral y los resultados que de éstos surgieran, a mantener el orden, la civilidad y la transparencia, así como a evitar alentar cualquier enfrentamiento y promover el diálogo.

Concluido el proceso electoral, el Comité Conciudadano retomó la información que se había venido compilando sobre los hechos que afectaron el desarrollo del proceso electoral para formular y sistematizar propuestas sobre los cambios institucionales y normativos necesarios para evitar que estas situaciones se repitieran. Así, el Comité elaboró un conjunto de propuestas de modificación a la legislación federal electoral y otros cambios administrativos que presentó en el “Foro sobre la Reforma Electoral. Lecciones Aprendidas” llevado a cabo en la ciudad de México el 17 de octubre de 2006 en las instalaciones del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS) y transmitido en forma simultánea a cuatro sedes académicas en el país: Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, Universidad Autónoma de Querétaro, Universidad Veracruzana y CIESAS Occidente.

Otro de los compromisos establecido en el Proyecto de Monitoreo del Proceso Electoral 2005/2006 fue la elaboración de un Manual Ciudadano de Participación en Procesos Electorales que contribuyese al proceso de participación ciudadana a partir de orientaciones claras para que otros grupos ciudadanos pudieran realizar experiencias similares en los procesos electorales locales o en otros procesos federales. El Manual resalta la importancia de la observación electoral ciudadana y comprende no sólo lo relativo al día de la jornada electoral, sino también las diversas etapas del proceso de organización, desde los procedimientos para designar a los consejeros electorales hasta la calificación definitiva de los resultados. En muchos sentidos, el Manual es el resultado de la sistematización de la experiencia de diversos actores que han participado de manera directa en procesos electorales desde distintos ámbitos y formaciones.

 

Por un Congreso con Rostro.

¿Qué representan los que quieren representarnos?

Con motivo del proceso electoral federal 2005-2006 el Ejecutivo Federal y el Instituto Federal Electoral firmaron un convenio por el cual se creó el Fondo de Apoyo para la Observación Electoral con recursos del Gobierno Federal. Posteriormente, el Estado mexicano y la Organización de las Naciones Unidas (ONU) firmaron un convenio de cooperación en el cual se estableció que fuera esta última, a través del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la responsable de administrar y asignar los recursos a las organizaciones civiles interesadas en realizar actividades de observación electoral. En virtud de lo anterior, el PNUD emitió una convocatoria cuya propuesta de proyecto “Por un Congreso con Rostro” fue presentada por INCIDE Social.

Por un Congreso con Rostro fue definido y realizado con la participación de un grupo de organizaciones de la sociedad civil con amplia experiencia en la promoción de la democracia y la participación ciudadana: Academia Morelense de Derechos Humanos, Alianza Cívica, Centro Nacional de Comunicación Social, Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad, Iniciativa Ciudadana y Desarrollo Social, Presencia Ciudadana Mexicana, Red por la Participación Ciudadana y Sinergia para el Desarrollo Integral Sustentable. Asimismo, apoyaron en el desarrollo del trabajo Vía Vinculación de Iniciativas Ciudadanas, y Educación y Ciudadanía.[1]

Se consideraron dos objetivos fundamentales:

 • Poner a disposición de la ciudadanía información suficiente sobre los candidatos al Congreso de la Unión, con el propósito de propiciar un voto informado.

 • Evaluar el apego de los partidos políticos a formas democráticas y equitativas de selección de sus candidatos y candidatas al Congreso de la Unión.

Como parte de este proyecto, se integraron biografías de candidatos a diputados de la mayoría relativa en 113 distritos electorales de nueve entidades federativas —Aguascalientes, Chihuahua, Distrito Federal, Estado de México (ZMCM), Jalisco, Morelos, Nuevo León, Oaxaca y San Luis Potosí—.

Esta labor representó un esfuerzo de la sociedad civil para que los ciudadanos tuvieran mayor información acerca de los hombres y mujeres que aspiraban a ser diputados federales y estuvieran en posibilidad de realizar una elección informada.

Se enviaron 565 cuestionarios a todos los candidatos de los distritos mencionados solicitando información sobre experiencia profesional y administrativa, trayectoria política, trayectoria laboral, así como principales áreas de interés y propuestas; sin embargo, a pesar del seguimiento puntual que realizaron las organizaciones en los diversos distritos, sólo en el 59% de los casos se obtuvo respuesta.

De hecho, aunque también se procedió a búsquedas de información pública de las y los candidatos que no respondieron los cuestionarios, no se encontró ningún dato significativo sobre el 29% de ellos, ya que ni siquiera contaban con una trayectoria pública que pudiera ser investigada en los diferentes medios.

Esta situación evidenció la poca importancia que otorgaron los partidos a las campañas del legislativo en detrimento de la calidad de la democracia; también mostró enormes vacíos legales en cuanto a compromisos de transparencia de los partidos políticos.

Con la información obtenida se imprimieron y distribuyeron en sitios públicos casi 150 mil trípticos que sintetizaron las trayectorias de los candidatos en 97 distritos electorales;[2] asimismo, los trípticos se publicaron en la página de Internet de INCIDE Social. Mediante este instrumento los ciudadanos pudieron comparar de forma inmediata las trayectorias y propuestas de los candidatos y las candidatas de su distrito.[3]

La investigación encontró que, en cuanto a los métodos de elección interna reconocidos estatutariamente por los partidos, en todos se mantiene la opción de prácticas autoritarias de selección, como son la elección por convenciones e incluso por la vía de selección directa por parte de los órganos de dirección ejecutiva, en conjunción con la posibilidad de realizar elecciones internas (con participación exclusiva de los miembros del partido o incluyendo simpatizantes).

Se requiere de una Ley de Partidos que regule puntualmente los procedimientos de elección de candidatos a cargos de elección popular, a fin de proteger los derechos de la militancia, elevar el grado de inclusión de corrientes y minorías y garantizar mayor transparencia en los procesos de toma de decisiones.



[1] El proyecto en su conjunto se desarrolló bajo la coordinación general de Clara Jusidman y la coordinación logística de Laura Elisa Pérez Gómez.

[2] No se publicaron 16 distritos en los que sólo se contó con información de dos candidatos o menos.

[3] Esta investigación se llevó a cabo bajo la responsabilidad de Maylí Sepúlveda Toledo, con la colaboración de Elsa Villalpando Soto, Antonio Alejo Jaime y Sergio Ramírez Caloca.