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Cuarto comunicado, 14 de junio de 2018.


Convocamos a toda la ciudadanía y a sus organizaciones a vigilar la actuación de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación


·        Su desempeño ha generado una desconfianza profunda en la sociedad por la inconsistencia de sus fallos y por el exceso y frivolidad  en el uso de sus presupuestos.

·        La integración actual de la Sala Superior genera recelo a partir de la extensión indebida del mandato de cinco de sus siete integrantes, guiada por acuerdos políticos indeseables.

·        En el 2017 la Sala Superior del TEPJF avaló todas las irregularidades cometidas y denunciadas en las elecciones de Coahuila y el Estado de México.

·        En lo que va de proceso electoral 2017-2018, el Tribunal ha echado abajo medidas tomadas por el Instituto Nacional Electoral (INE) dirigidas a inhibir la compra y coacción del voto; se ha otorgado facultades discrecionales para anular elecciones; ha restringido la defensa de los derechos humanos; ha permitido que un candidato con visiones ilegales, anticonstitucionales y antidemocráticas compita por la Presidencia de la República y ha avanzado la cultura de la simulación constitucional.

El Comité Conciudadano para la Observación Electoral hace un llamado a toda la población, a los organismos internacionales, asociaciones de abogados, organizaciones de la sociedad civil, observadores electorales y expertos en derecho electoral a vigilar estrictamente el desempeño de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), así como a denunciar  cualquier acto o decisión que aleje a ese Tribunal de la recta conducta que todo órgano de justicia debe tener.

La Sala Superior del TEPJF es una institución que se encuentra históricamente en deuda con el desarrollo del estado de derecho democrático del país, pues no ha contribuido a generar confianza ni hacia su trabajo ni hacia el proceso electoral.

Desde su puesta en marcha para arbitrar las elecciones de 1997, la Sala Superior no ha cumplido con su obligación principal: evitar la falta de certeza y garantizar la absoluta libertad de sufragio. Hoy existe una fuerte desconfianza entre la población con relación a la libertad electoral, así como a la pulcritud y corrección con la que se llevan a cabo las elecciones en el país.

Existen algunas señales ominosas sobre la actuación de la Sala Superior del TEPJF en funciones  que ponen en tela de duda su imparcialidad e independencia:

1.      Poco después de haber sido designados y mediante un acuerdo político poco transparente y de dudosa legitimidad constitucional, el nombramiento de algunos integrantes de la Sala Superior del TEPJF se amplió de tres a siete y de seis a ocho años, pasando por alto las reglas constitucionales que fundaron el procedimiento por el que fueron convocados a participar en el proceso de selección

Esta maniobra legislativa sirvió de marco para que la Sala Superior resolviera que las elecciones celebradas en los estados de México y Coahuila en el año 2017 fueron impecables, pasando por alto todas las evidencias de compra y coacción del voto que se acumularon a lo largo de esos procesos. La nueva Sala Superior del TEPJF se inauguró así, avalando las peores prácticas de nuestra tradición electoral y que significaron un retroceso de por lo menos 30 años.

2.      La Sala Superior echó para atrás las medidas aprobadas por el Consejo General de INE, conocidas como Piso Parejo, que no tenían otro objetivo que el buscar una mayor equidad en la contienda, desincentivando y obstaculizando la compra y coacción del voto, lo que genera serias dudas sobre la voluntad o el propósito de su actuación. (Sentencias del TEPJF: SUP-RAP-232 y SUP-RAP-607).

3.      La Sala Superior del TEPJF prohibió que cualquier otra autoridad electoral del país, incluido el Instituto Nacional Electoral, maximice la protección de los derechos humanos (jurisprudencia 14/2018). Para la Sala Superior, el acceso a la protección de los derechos humanos debe restringirse y no ampliarse, lo que significa una violación a la obligación que la Constitución les impone.

4.      La Sala Superior se otorgó facultades inmensas para anular las elecciones en el país, al ordenar que, en el caso de que la diferencia entre el primero y el segundo lugar en una elección sea menor de 5% de los votos y alguien alegue la causal de nulidad por rebase de más del 5% de los gastos de campaña autorizados, corresponde a quien va a la delantera probar que no ha rebasado los topes de campaña (jurisprudencia 2/2018). Resulta preocupante que la Sala Superior renuncie a sus obligaciones de ordenar las investigaciones más exhaustivas y completas en materia de fiscalización.

Esto no sólo viola el principio de presunción de inocencia sino que aparece como una intención de anular las elecciones, para lo que se amplía sus facultades mediante un procedimiento muy cuestionable.

5.      La Sala Superior avaló la candidatura independiente del señor Jaime Rodríguez a la Presidencia de la República, a pesar de la gran cantidad de irregularidades que el Instituto Nacional Electoral detectó en la recolección de firmas. Esto  permitió que un discurso de odio, enarbolado por un personaje que ha demostrado una y otra vez su desprecio a la ley, esté presente en la contienda electoral. Mediante una resolución jurídicamente frágil la máxima autoridad electoral permitió que partícipe en la campaña presidencial un candidato que expone en  forma impune posturas, puntos de vista y criterios abiertamente contrarios al régimen constitucional de derechos que caracteriza a México y que la propia Constitución prohíbe.

En manos de la Sala Superior del TEPJF se encuentra todavía la posibilidad de enmendar la historia de sospecha que ha rodeado al órgano desde su creación, por lo que hacemos un llamado enérgico para que haga uso de las facultades que ostenta, cumpliendo con las obligaciones de independencia, imparcialidad, integridad, corrección, equidad, competencia y diligencia de fuente nacional e internacional a las que se vincula en virtud de su carácter como órgano jurisdiccional con rango constitucional.

 

Elisa Alanís, Hugo Almada, Jorge Alonso, Socorro Apreza, Ivabelle Arroyo, Abelardo Ávila, Elena Azaola, Alberto Aziz, Bernardo Barranco, Julio Miguel Bazdresch, Isabel Blanco, Julio César Bonilla, Joaquín Borrell, Sergio Caloca, Angélica Carrasquedo, Ingrith Carreón, Héctor Castillo Berthier, Isabel Castro, Alfonso Celestino, María Enriqueta Cepeda, Hugo Concha Cantú, Miguel Concha, Paola Contreras, Gabriel Corona, Magdalena Cos, José Antonio Crespo, Carlos Cruz, Gabriela Delgado, Fernanda Díaz de León, Miguel Eraña, Esteban Garaiz, Aidé García, Vivette García, Brenda Gómez, Ana Vanessa González, Ramón Gutiérrez, Katya Hinke, Eduardo Huchim, Ernesto Isunza, Francisca Jiménez, Lucina Jiménez, Clara Jusidman, Flavio Lazos, Erika Llanos, Norma Loeza, Osiris Marín, María Isabel Martínez, Consuelo Morales, Oscar Morales, Jorge Eduardo Navarrete, Marisol Noriega, Alberto Olvera, Joaquín Osorio, Ursula OswaldHerminia Pasantes, Andrea Pérez, Carlos Pérez, Ivet Pérez, Donancy Resendiz, Ana Saiz, Maylí Sepúlveda, Alberto Serdán, Mónica Tapia, Enrique Valencia, Karina Vaquera, Gustavo Vela, Marcela Velázquez, Elio Villaseñor, Flor Zamora, Carlos Zetina

Centro por un Recurso Efectivo AC, Circo Volador, Cause Ciudadano, Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, AC (CADHAC), Controla Tu Gobierno AC, Iniciativa Ciudadana y Desarrollo Social AC (Incide Social), Iniciativa Ciudadana para el Diálogo y  la Promoción de la Cultura del Diálogo AC, Red por la Participación Ciudadana,Spatium Libertas AC.

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Comunicado del Comité Conciudadano para la Observación Electoral 2018


Tercer comunicado, 31 de mayo de 2018.


Rechazamos el uso de programas y acciones sociales y la entrega de dádivas con recursos públicos y privados para la compra de votos.

 

Exhortamos a la ciudadanía a escoger a sus gobernantes ejerciendo su voto con libertad.

 

·      Es inaceptable que se coaccione el voto de los mexicanos en situación de pobreza y vulnerabilidad.

·      En los procesos electorales de 2017 y aún más en los de 2018 se observa una intensa competencia entre los partidos políticos y los candidatos en la compra de votos sin que las autoridades electorales intervengan para frenarla.

·      Hay un incremento considerable de programas sociales sin la normatividad adecuada, sin padrones de beneficiarios, ni reglas de operación, lo que permite su uso discrecional.

·      Tres secretarías elevaron su gasto presupuestal entre 53 y 548 por ciento en los programas sociales y direcciones operativas en el primer trimestre del año.

·      PROSPERA pasó de 14 mil millones de pesos a 20 mil millones y el IMJUVE de 26 millones a 146 millones en tan sólo tres meses.

·      Durante el actual proceso electoral se han destinado mayores recursos a los programas sociales para comprar y coaccionar el voto.

·      El manejo de los programas sociales se encuentra en manos de operadores políticos.

·      Lamentamos la decisión del TEPJF al haber cancelado los criterios emitidos por el INE para garantizar la imparcialidad en el uso de los recursos públicos. Fue una decisión inoportuna y significó un retroceso en lo poco que se había avanzado.

 

El Comité Conciudadano para la Observación Electoral considera que el uso de las condiciones de pobreza y de inseguridad económica de la población para inducir, coaccionar u obligarla a votar en favor de un candidato o partido constituye el mayor problema de los procesos electorales en curso y es el factor que más contribuye a la inequidad en las contiendas.

La compra y coacción del voto es también la más clara expresión de los niveles de desigualdad que existen en nuestro país y de la ausencia de un Estado que haga efectivos los derechos humanos de la población.

Con las decisiones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) de revocar resoluciones aprobadas por el INE, -entre otras: la de garantizar la equidad en el uso de recursos públicos en la contienda; la de suspender los programas sociales que no contaran con reglas de operación o padrón de beneficiarios, y la de suspender durante el proceso electoral la entrega de tarjetas que implicara el ofrecimiento de un beneficio personal directo o de una futura incorporación condicionados a un determinado resultado electoral- se produjo un gran retroceso en lo poco que se había avanzado.

Cuando las personas se encuentran en situaciones de vulnerabilidad económica son susceptibles de ser engañadas ante el temor de perder los beneficios de un programa social o el empleo o ante la promesa de recibir algún pago a cambio. Sin sustento legal alguno y con engaños, les son solicitadas copias de su credencial para votar o son tomados los datos de las mismas haciéndoles creer que ello las obliga a votar por un determinado candidato o candidata.

Desde hace más de tres décadas en México la política social se realiza con programas focalizados para superar la pobreza; sin embargo, se ha mantenido prácticamente igual el número de personas pobres (53.4 millones de personas). Se trata en realidad de programas para administrar la pobreza que permiten a los gobernantes en turno y a sus partidos utilizarlos de manera clientelar para obtener su voto. Así, en todos los órdenes de gobierno se desarrollan programas sociales porque les rinde frutos electorales a quienes los promueven.

El Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social (CONEVAL) ha logrado detectar  casi 6,500 programas incluyendo los federales, los estatales y los municipales. Los recursos destinados a nivel federal en los 154 programas sociales ascienden en 2018 a más de 910 mil 283 millones de pesos. El gobierno federal gestionó préstamos por 300 millones de dólares del Banco Mundial para ampliar el programa PROSPERA en 2018.

En las nueve entidades que tienen elecciones para gobernador se incrementaron considerablemente los fondos para programas sociales. En el primer trimestre de este año; las secretarías de Desarrollo Social (SEDESOL), Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) y Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) elevaron su gasto presupuestal entre 53 y 548 por ciento en los programas sociales y direcciones operativas. PROSPERA pasó de 14 mil millones de pesos a 20 mil millones y el IMJUVE  de 26 millones a 146 millones en sólo tres meses.[1]

La mayoría de los programas sociales se llevan a cabo con un alto grado de discrecionalidadlo que permite usarlos con fines distintos al desarrollo social; no cuentan con la normativa necesaria para su implementación y control; no tienen padrones de beneficiarios o no están actualizados, ni tienen reglas de operación o éstas son complejas a fin de permitir espacios para su uso electoral.

Asimismo, como responsables de los programas sociales, los gobiernos designan a operadores políticos más que a especialistas en desarrollo social, como ocurre actualmente en la SEDESOL y en el Gobierno de la CDMX.

Desde hace varios procesos electorales diversas organizaciones han denunciado el uso electoral de programas sociales, sin que las autoridades hagan algo al respecto. En el Estado de México por ejemplo, para el proceso electoral de 2017 se mantuvo la promoción de prácticamente todos los programas sociales a pesar de que la Ley señala que sólo se podrán difundir los relativos a servicios educativos, salud y protección civil. Los recursos que se destinaron a los programas sociales se incrementaron y se ejercieron durante el primer semestre en su totalidad. En Veracruz se alteraron los padrones de beneficiarios para registrar a militantes de partidos políticos.

En el actual proceso electoral se ha denunciado el uso político electoral de los programas sociales en diversos estados de la República y en varias delegaciones de la Ciudad de México. Acción Ciudadana Frente a la Pobreza ha documentado en su portal democraciasinpobreza.mx, 151 reportes ciudadanos de situaciones de coacción del voto de prácticamente todos los partidos: Estos intercambios no son solo a cambio del voto en sí, sino a cambio de la credencial para votar o su fotocopia.[2]

En razón de lo anterior exhortamos al INE y a sus consejos estatales y distritales, a los OPLES y a la FEPADE a frenar y castigar dentro de sus atribuciones la compra y coacción del voto, así como al INAI por el mal uso de la información personal de la credencial para votar. Todos los organismos deberían desarrollar mecanismos confiables para captar las denuncias de la población.

Asimismo, sugerimos al INE y a los OPLES realizar una intensa campaña para que la población no sea intimidada y ejerza con libertad su voto, destacando la secrecía del mismo.

Exigimos que los patrones dejen de presionar a sus trabajadores sobre la orientación de su voto y no sancionen a aquéllos que expresan sus preferencias electorales. El voto libre y secreto es un derecho humano y cada persona debe ejercerlo de acuerdo a sus propias convicciones y sin presión.

Exijamos al próximo Congreso de la República legislar en materia del uso de recursos públicos en periodos electorales para evitar los daños que la ausencia de legislación está provocando en la equidad de las contiendas, y a los gobiernos también exigimos una reformulación de las políticas sociales para que estén orientadas a garantizar derechos y no a formar clientelas que solo perpetúan la pobreza.

Nos manifestamos en contra de que los partidos políticos y gobiernos lucren con la pobreza y vulnerabilidad de los mexicanos. Tampoco es aceptable que algunos dueños o directores de empresas generen miedo entre sus empleados. Nadie puede pretender determinar el sentido del voto de otro ciudadano con base en la amenaza y el miedo. Todos debemos generar las condiciones para que las y los mexicanos votemos en libertad.

 

Elisa Alanís, Hugo Almada, Jorge Alonso, Socorro Apreza, Ivabelle Arroyo, Abelardo Ávila, Elena Azaola, Alberto Aziz, Bernardo Barranco, Julio Miguel Bazdresch, Isabel Blanco, Julio César Bonilla, Joaquín Borrell, Sergio Caloca, Angélica Carrasquedo, Ingrith Carreón, Héctor Castillo Berthier, Isabel Castro, Alfonso Celestino, María Enriqueta Cepeda, Miguel Concha, Paola Contreras, Gabriel Corona, Magdalena Cos, José Antonio Crespo, Carlos Cruz, Gabriela Delgado, Fernanda Díaz de León, Miguel Eraña, Esteban Garaiz, Aidé García, Vivette García, Brenda Gómez, Ana Vanessa González, Ramón Gutiérrez, Katya Hinke, Eduardo Huchim, Ernesto Isunza, Francisca Jiménez, Lucina Jiménez, Clara Jusidman, Flavio Lazos, Erika Llanos, Norma Loeza, Osiris Marín, María Isabel Martínez, Consuelo Morales, Oscar Morales, Jorge Eduardo Navarrete, Marisol Noriega, Alberto Olvera, Joaquín Osorio, Herminia Pasantes, Andrea Pérez, Carlos Pérez, Ivet Pérez, Donancy Resendiz, Ana Saiz, Maylí Sepúlveda, Alberto Serdán, Mónica Tapia, Francisco Tortolero, Enrique Valencia, Karina Vaquera, Gustavo Vela, Marcela Velázquez, Elio Villaseñor, Flor Zamora, Carlos Zetina.

Centro por un Recurso Efectivo AC, Circo Volador, Cause Ciudadano, Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, AC (CADHAC), Controla Tu Gobierno AC, Iniciativa Ciudadana y Desarrollo Social AC (Incide Social), Iniciativa Ciudadana para el Diálogo para la Promoción de la Cultura del Diálogo AC, Red por la Participación Ciudadana, Spatium Libertas AC.

 

Contacto: Nelly García                    Tel. 5590-8794           comiteconciudadano@gmail.com



[1][1] Acción Ciudadana Frente a la Pobreza (ACFP), Resultados Preliminares, 22 de mayo de 2018, Democracia sin Pobreza.

[2]Íbid.

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Comunicado del Comité Conciudadano para la Observación Electoral 2018

 

Segundo comunicado 22 de mayo de 2018.

 

Rechazo enérgico a la violencia desmedida durante este proceso electoral


 

·      Los niveles de violencia alcanzados en el actual proceso electoral no tienen precedente y afectan las relaciones familiares, comunitarias, políticas y sociales.

·      Según Ettelekt los ataques y agresiones en contra de actores políticos y familiares aumentaron 400% en relación con el proceso electoral anterior.[1]

·      Las mujeres han sido particularmente afectadas por la violencia política.

            ·      La violencia afecta el entorno de libertad para participar en las elecciones.

            ·      Llamamos a todos los contendientes a respetar la legalidad y a ejercer su libertad de expresión dentro de                     un discurso democrático y de respeto a los derechos humanos.

            ·      Demandamos a las autoridades aplicar la ley de manera imparcial y sin reticencias.

            ·      Solicitamos a las autoridades garantizar la paz y la libertad durante el proceso electoral.

 

El Comité Conciudadano, conformado por personas de la sociedad civil y de la academia, manifiesta su preocupación y su más enérgico rechazo ante la violencia que se ha desatado durante este proceso electoral. Hasta el 8 de mayo con tristeza contabilizamos 305 agresiones directas e indirectas, en contra de actores políticos y familiares durante estas elecciones. Se han asesinado a 93 políticos, de los cuáles 35 eran candidatos y precandidatos y 44 eran familiares de actores políticos.[2] La violencia en los discursos de los candidatos y partidos y especialmente las agresiones y los asesinatos por razones políticas, son un atentado a los derechos humanos y afectan la competencia y el entorno de libertad indispensable para participar.

 

Particular respuesta de las autoridades y atención de las organizaciones de la sociedad civil merece el alarmante crecimiento de la violencia política contra las mujeres ya que durante este proceso han sufrido personalmente o a través de sus familiares, amenazas, secuestros, asesinatos y violaciones únicamente por ejercitar sus derechos políticos y participar en las contiendas electorales. Según la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) de 2016 a la fecha se han denunciado 200 casos de violencia política en contra de las mujeres.[3]

 

Exigimos que las autoridades investiguen, persigan y castiguen con toda oportunidad y diligencia y conforme a las leyes, a los responsables de los delitos contra candidatas, candidatos y otros actores políticos, comunicadores y activistas sociales. Asimismo que se desarrollen y pongan en práctica protocolos de actuación que protejan a quienes se han visto amenazados o sean particularmente vulnerables por el entorno en que actúan.

 

Hacemos un enérgico llamado al Instituto Nacional Electoral (INE), a los organismos electorales de los estados, al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a los tribunales electorales estatales y a la FEPADE a aplicar la ley de manera imparcial y sin reticencias por ser la única manera de abonar a la claridad y construir un clima de certeza y tranquilidad en las elecciones.

 

Demandamos a todas las autoridades de los tres órdenes de gobierno a que contribuyan desde la esfera de sus atribuciones a garantizar la paz y la libertad para que el proceso electoral llegue a su término de manera satisfactoria.

 

Exhortamos a las autoridades, partidos políticos y candidatos a no fomentar el clima de violencia con declaraciones, acciones u omisiones irresponsables o haciendo apología de la violencia y daño a la paz pública. No queremos vivir terrorismo electoral como se presentó en la elección del Estado de México que busca inhibir la participación libre de la ciudadanía. Las autoridades electorales deben sancionar a aquellos candidatos y candidatas, coaliciones o partidos que realicen propuestas claramente violatorias de los derechos humanos. El Comité Conciudadano reprueba la impunidad de la retórica de la violencia generada en la contienda electoral.

 

No debemos olvidar que los derechos políticos son interdependientes de otros derechos humanos como los relativos a la vida, a la integridad, la seguridad y a la libertad de expresión. Los derechos humanos no tienen jerarquía entre ellos. En democracia necesitamos que las instituciones del Estado garanticen por igual todos los derechos humanos.

 

Hacemos un llamado general al respeto de las ideas y las convicciones de cada persona, así como a respetar el voto de todas las personas sin importar el nivel socioeconómico, educativo o la pertenencia a cualquier minoría o grupo de la población.

 

Contribuyamos todos y todas informándonos y debatiendo con altura y en forma pacífica en las aulas, en los medios de comunicación, en las redes sociales, en los espacios públicos y en las mesas de cada casa. Evitemos las descalificaciones hacia las personas que tengan convicciones o ideas políticas distintas a las nuestras, respetemos el derecho de cada persona a pensar diferente. Llamamos a no abonar a la confusión y a la desinformación malintencionada. No podemos olvidar que la diversidad hace la democracia.

 

Inyectemos serenidad y cordura al proceso electoral, aportemos ideas al debate democrático y hagamos un esfuerzo por reducir el encono y la violencia.

 

Honremos y defendamos nuestro voto y  nuestro derecho a vivir en paz y en un Estado de Derecho.

 

Hugo Almada, Jorge Alonso, Socorro Apreza, Ivabelle Arroyo, Abelardo Ávila, Alberto Aziz, Bernardo Barranco, Julio Miguel Bazdresch, Julio César Bonilla, Héctor Castillo, Berthier, Joaquín Borrell, Angélica Carrasquedo, Sergio Caloca, Ingrith Carreón, Alfonso Celestino, María Enriqueta Cepeda, Miguel Concha, Paola Contreras, Gabriel Corona, Magdalena Cos, Carlos Cruz, Gabriela Delgado, Miguel Eraña, Esteban Garaiz, Aidé García, Vivette García, Brenda Gómez, Ana Vanessa González, Francisca Jiménez, Lucina Jiménez, Eduardo Huchim, Clara Jusidman, Flavio Lazos, Erika Llanos, Consuelo Morales, Jorge Eduardo Navarrete, Alberto Olvera, Joaquín Osorio, Herminia Pasantes, Ivet Pérez, Andrea Pérez, Carlos Pérez, Ana Saiz, Alberto Serdán, Maylí Sepúlveda, Mónica Tapia, Francisco Tortolero, Enrique Valencia, Marcela Velázquez, Karina Vaquera, Gustavo Vela, Elio Villaseñor, Flor Zamora, Carlos Zetina.

 

Centro por un Recurso Efectivo AC (CREF), Circo Volador, Cause Ciudadano, Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, AC (CADHAC), Controla Tu Gobierno AC, Iniciativa Ciudadana y Desarrollo Social AC (Incide Social), Iniciativa Ciudadana para el Diálogo para la Promoción de la Cultura del Diálogo AC.

 

 

Contacto: Nelly García                       Tel. 5590-8794                  comiteconciudadano@gmail.com

 



[1] http://udgtv.com/featured/violencia-asesinatos-candidatos-elecciones-2018/

[2]Datos de Ettelekt. Cuarto Informe de Violencia Política en México 2018. http://www.etellekt.com/reporte/cuarto-informe-de-violencia-politica-en-mexico.html#. Según la misma consultora aumentaron en 400% con respecto al Proceso Electoral de 2015. EFE Noticias 14 de mayo de 2018.

[3] http://www.lja.mx/2018/04/encabeza-fepade-mesa-de-trabajo-sobre-violencia-politica-contra-mujeres/




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Primer Comunicado 17 de mayo de 2018

 Comunicado del Comité Conciudadano para la Observación Electoral 2018                                              


Las campañas en 2018 enfrentan un debilitamiento generalizado de las instituciones clave para el combate a la corrupción, para la vigilancia del uso de recursos públicos con fines electorales y para generar condiciones de certeza en la contienda.

 

·      Hay una ausencia de designaciones en varias instituciones fundamentales para garantizar el combate a la corrupción 

·      Se registra una vulneración de las instituciones electorales al remover a titulares incómodos o bien al ser capturadas mediante la designación de titulares, consejeros y magistrados al servicio de agendas partidistas y de poderes de hecho

·      La observación ciudadana de las elecciones tanto nacional como internacional tendrá su nivel más bajo desde que fue instituida por ley.

·      Los avances en la protección del uso electoral de programas sociales han sido revocados por el TEPJF y se han designado operadores políticos en áreas clave del desarrollo social.

·      Se percibe un ambiente generalizado de compra y coacción del voto por todos los partidos y coaliciones, sin una actuación contundente para frenarla por parte de las autoridades electorales.

 

 

El Comité Conciudadano para la Observación Electoral 2018, integrado por un colectivo de personas y organizaciones que hemos observado cuatro procesos electorales federales desde hace más de diez años y eleborado propuestas de modificación al sistema electoral, hemos decidido reunirnos de nuevo porque vemos con suma preocupación las condiciones bajo las cuales se está llevando a cabo el proceso electoral en curso. Se trata de una reedición de lo ocurrido anteriormente en particular durante las elecciones de los estados de México y Coahuila en 2017 cuando se vulneró la voluntad popular y se vivió un infierno electoral marcado por la despilfarradora compra de votos.

 

En materia de designaciones, a la fecha:

o   No se cuenta con un Fiscal General de la República, por el contrario, se tiene a un encargado de despacho más preocupado por esconder procesos judiciales ligados al financiamiento ilícito de campañas como el de Odebrecht o por  rescatar a Alejandro Gutiérrez, presunto responsable de desviación de recursos del presupuesto del Estado de Chihuahua, que en procurar justicia en el ámbito federal.

o   Tampoco se ha nombrado al Fiscal Anticorrupción y, por tanto, no se han habilitado las atribuciones y facultades que establece la ley en la materia.

o   No han sido designados los nuevos magistrados del Tribunal Federal de Justicia Administrativa y, por tanto, se ha limitado el alcance de las reformas promovidas para imponer sanciones derivadas de faltas graves (corrupción) cometidas por servidores públicos o particulares, así como para resarcir el daño o perjuicio que sufra el erario.

o   Además, la Auditoría Superior de la Federación se quedó tres meses sin titular justo al inicio de las precampañas durante el primer trimestre de 2018.

 

Asimismo, la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FEPADE) fue vulnerada al remover a Santiago Nieto Castillo como su titular en vísperas del arranque del proceso electoral. No escapa a la vista que ahora la persona designada como director general de Averiguaciones Previas y Control de Procesos de la FEPADE haya sido anteriormente Fiscal Central Jurídico del Estado de México en el contexto de las elecciones a gobernador de esa entidad federativa y que ante el cúmulo de irregularidades, éstas simplemente no se atendieron.

 

Los Órganos Internos de Control han sido capturados. El caso más escandaloso es el de SEDESOL cuya inoperancia ha sido puesta en evidencia por investigaciones periodísticas como la Estafa Maestra que dan cuenta del desvío millonario de recursos por parte de la dependencia hacia universidades públicas para evitar la obligación de licitar contratos y dichas universidades entregaron recursos a empresas fantasma sin que se activaran los mecanismos internos del control del gasto. Existe la sospecha sobre el uso de estos recursos para pagar operadores políticos en elecciones locales a favor del partido gobernante.

 

A ello se agrega que la anterior presidenta del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) ahora es candidata a diputada plurinominal por el PRI poniendo en entredicho su presunta imparcialidad al tratar los asuntos de su dependencia. En esa lógica la opacidad del caso Odebrecht fue decretada por el INAI en tiempos de Ximena Puente, quien ahora es premiada con una candidatura.

 

A su vez, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ha sido capturado por los partidos políticos teniendo como consecuencia la emisión de sentencias y criterios que no tutelan la democracia y, por el contrario, la menoscaban. Un episodio, no menor, fue el rechazo por parte del Tribunal hacia los criterios del Consejo General del INE del 5 de septiembre de 2017 (INE/CG398/2017) para garantizar el buen uso de los recursos públicos y la equidad en la contienda, normando el principio de imparcialidad, el uso de la propaganda gubernamental y la operación de los programas sociales. Sobre este último punto, el TEPJF revocó medidas que impidieran la entrega de tarjetas durante el proceso electoral que impliquen el ofrecimiento de un beneficio personal directo o la incorporación a un programa social en un futuro mediato o inmediato condicionado a un determinado resultado electoral.

 

También se revocaron medidas para exigir transparencia en el uso de programas sociales con la publicación en tiempo real de padrones de beneficiarios, calendarios de pago y gasto ejercido, así como sus reglas de operación y el impedimento de crear nuevos programas en época electoral.

 

Son muy cuestionables los fundamentos usados en la decisión del TEPJF para aceptar la inclusión de Jaime Rodríguez Calderón como candidato independiente a la presidencia de la República y para haber aumentado hasta en diez veces el límite de financiamiento privado para los candidatos independientes, previamente definido por el Instituto Nacional Electoral.

 

Finalmente, no parece haber observación internacional de todas las estapas de Proceso Electoral sino sólo del día de la jornada. Además, el fondo para la observación electoral nacional, disminuyó en 81 por ciento en términos reales entre 2012 y 2018 para quedar en sólo 19 millones. y permitirá financiar solamente a 29 proyectos de organizaciones de la sociedad civil, lejos de las 190 financiadas en las elecciones presidenciales pasadas En esta ocasión y por primera vez, el fondo fue constituido sin la participación de la Secretaría de Gobernación.

 

En este marco, el debilitamiento institucional se profundiza cuando ante las evidencias de compra y coacción del voto a través del uso electoral de programas sociales, lejos de establecer mecanismos para impedirlo, se nombran a operadores políticos para facilitarlo. Es el caso de SEDESOL donde su nuevo titular, Eviel Pérez Magaña, no cuenta con experiencia en política social sino en operación política. No es gratuito que entre sus primeras acciones estuvieran el nombrar a operadores políticos al frente de la subsecretaría de Desarrollo Social y Humano, de la Coordinación de Delegaciones de la dependencia, al Abogado General, y al Oficial Mayor quien, antes de ocupar este puesto, laboró en la Secretaría de Administración y Finanzas del Comité Ejecutivo Nacional del PRI. Esto aunado al hecho que se incrementaron considerablemente los fondos para programas sociales en las 9 entidades que tienen elección de Gobernador y que el gobierno federal gestionó préstamos por 300 millones de dólares del Banco Mundial para ampliar el programa Prospera en 2018.

 

Los ciudadanos nos oponemos a la actuación de autoridades y partidos en el margen de la ley con la intención de influir en las preferencias electorales de la población en situación vulnerable. Urgimos a autoridades y partidos a respetar la libertad del voto y a evitar cualquier tipo de violencia o coacción hacia los electores.

 

En suma, el proceso electoral de 2018 se encuentra vulnerado por acciones u omisiones tendientes a debilitar a las instituciones encargadas del combate a la corrupción, de la vigilancia del uso de recursos públicos con fines electorales, de su sanción y disuasión.

 

Desde la perspectiva del Comité Conciudadano para la Observación Electoral 2018 la certeza e imparcialidad en la contienda está en entredicho y ello es preocupante.


Jorge Alonso, Socorro Apreza, Ivabelle Arroyo, Abelardo Ávila, Alberto Aziz, Bernardo Barranco, Julio Miguel Bazdresch,  Julio César Bonilla, Héctor Castillo, Berthier, Joaquín Borrell, Angélica Carrasquedo, Sergio Caloca, Alfonso Celestino, María Enriqueta Cepeda, Miguel Concha, Paola Contreras, Gabriel Corona, Magdalena Cos, Gabriela Delgado, Miguel Eraña, Esteban Garaiz, Aidé García, Vivette García, Ana Vanessa González, Francisca Jiménez, Lucina Jiménez, Eduardo Huchim, Clara Jusidman, Erika Llanos, Consuelo Morales, Jorge Eduardo Navarrete, Joaquín Osorio, Herminia Pasantes, Ivet Pérez, Carlos Pérez, Ana Saiz, Alberto Serdán, Mónica Tapia, Francisco Tortolero, Enrique Valencia, Marcela Velázquez, Karina Vaquera, Elio Villaseñor, Flor Zamora, Carlos Zetina.


Centro por un Recurso Efectivo AC, 
Circo Volador, Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, AC (CADHAC), Iniciativa Ciudadana y Desarrollo Social AC (Incide Social), Iniciativa Ciudadana para el Diálogo para la Promoción de la Cultura del Diálogo AC.  








NOTICIAS

PERSISTEN OPACIDAD Y PRÁCTICAS ANTIDEMOCRÁTICAS Y DISCRIMINATORIAS EN LOS PARTIDOS POLÍTICOS
  • Al postular a mujeres en distritos con menores posibilidades de ganar, los partidos políticos refuerzan prácticas discriminatorias.
  • Es el caso del PRI, que propuso a mujeres en 66% de las candidaturas en distritos que perdió en 2009, y el PAN en 50% de los que perdieron en 2006 y 2009.
  • Se ha sustituido al 10% de los candidatos registrados originalmente.
  • Queda impune la violación de derechos electorales de candidatos que posteriormente son sustituidos por sus dirigencias.
  • El PANAL es el partido que más sustituciones realizó, con 22% de los registrados; le sigue el PRD, con 18%.
  • Ello pone en duda la credibilidad, la legalidad y certeza de los procesos de selección interna de candidatos y, en consecuencia, también la del proceso electoral.
  • De los 6,436 candidatos a senadores y diputados registrados al 17 de junio, únicamente 189 (2.83%) ha hecho pública su información curricular.


HAY POR LO MENOS 18 ASPIRANTES A LEGISLADOR (A) IDENTIFICADOS CON LAS TELEVISORAS

  • Las y los mexicanos votaremos a ciegas por la falta de información de candidatos a diputados y senadores
  • Sólo el 1.9 % de los aspirantes han hecho pública su información curricular.
  • El IFE habilitó la herramienta “Candidatas y candidatos: conócelos”, pero sólo 127 de los 6,442 candidatos colocaron ahí su CV.
  • Ante una solicitud de información presentada por este Comité, el IFE resolvió que no podían obligar a los partidos políticos a entregar la información curricular de sus candidatos, conforme a lo establecido en el artículo 67 del COFIPE.
  • Un altísimo porcentaje de aspirantes a legisladores federales surgieron de acuerdos cupulares, sin la participación directa de la militancia.