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Comunicado del Comité Conciudadano para la Observación Electoral 2018

 

Segundo comunicado 22 de mayo de 2018.

 

Rechazo enérgico a la violencia desmedida durante este proceso electoral


 

·      Los niveles de violencia alcanzados en el actual proceso electoral no tienen precedente y afectan las relaciones familiares, comunitarias, políticas y sociales.

·      Según Ettelekt los ataques y agresiones en contra de actores políticos y familiares aumentaron 400% en relación con el proceso electoral anterior.[1]

·      Las mujeres han sido particularmente afectadas por la violencia política.

            ·      La violencia afecta el entorno de libertad para participar en las elecciones.

            ·      Llamamos a todos los contendientes a respetar la legalidad y a ejercer su libertad de expresión dentro de                     un discurso democrático y de respeto a los derechos humanos.

            ·      Demandamos a las autoridades aplicar la ley de manera imparcial y sin reticencias.

            ·      Solicitamos a las autoridades garantizar la paz y la libertad durante el proceso electoral.

 

El Comité Conciudadano, conformado por personas de la sociedad civil y de la academia, manifiesta su preocupación y su más enérgico rechazo ante la violencia que se ha desatado durante este proceso electoral. Hasta el 8 de mayo con tristeza contabilizamos 305 agresiones directas e indirectas, en contra de actores políticos y familiares durante estas elecciones. Se han asesinado a 93 políticos, de los cuáles 35 eran candidatos y precandidatos y 44 eran familiares de actores políticos.[2] La violencia en los discursos de los candidatos y partidos y especialmente las agresiones y los asesinatos por razones políticas, son un atentado a los derechos humanos y afectan la competencia y el entorno de libertad indispensable para participar.

 

Particular respuesta de las autoridades y atención de las organizaciones de la sociedad civil merece el alarmante crecimiento de la violencia política contra las mujeres ya que durante este proceso han sufrido personalmente o a través de sus familiares, amenazas, secuestros, asesinatos y violaciones únicamente por ejercitar sus derechos políticos y participar en las contiendas electorales. Según la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) de 2016 a la fecha se han denunciado 200 casos de violencia política en contra de las mujeres.[3]

 

Exigimos que las autoridades investiguen, persigan y castiguen con toda oportunidad y diligencia y conforme a las leyes, a los responsables de los delitos contra candidatas, candidatos y otros actores políticos, comunicadores y activistas sociales. Asimismo que se desarrollen y pongan en práctica protocolos de actuación que protejan a quienes se han visto amenazados o sean particularmente vulnerables por el entorno en que actúan.

 

Hacemos un enérgico llamado al Instituto Nacional Electoral (INE), a los organismos electorales de los estados, al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a los tribunales electorales estatales y a la FEPADE a aplicar la ley de manera imparcial y sin reticencias por ser la única manera de abonar a la claridad y construir un clima de certeza y tranquilidad en las elecciones.

 

Demandamos a todas las autoridades de los tres órdenes de gobierno a que contribuyan desde la esfera de sus atribuciones a garantizar la paz y la libertad para que el proceso electoral llegue a su término de manera satisfactoria.

 

Exhortamos a las autoridades, partidos políticos y candidatos a no fomentar el clima de violencia con declaraciones, acciones u omisiones irresponsables o haciendo apología de la violencia y daño a la paz pública. No queremos vivir terrorismo electoral como se presentó en la elección del Estado de México que busca inhibir la participación libre de la ciudadanía. Las autoridades electorales deben sancionar a aquellos candidatos y candidatas, coaliciones o partidos que realicen propuestas claramente violatorias de los derechos humanos. El Comité Conciudadano reprueba la impunidad de la retórica de la violencia generada en la contienda electoral.

 

No debemos olvidar que los derechos políticos son interdependientes de otros derechos humanos como los relativos a la vida, a la integridad, la seguridad y a la libertad de expresión. Los derechos humanos no tienen jerarquía entre ellos. En democracia necesitamos que las instituciones del Estado garanticen por igual todos los derechos humanos.

 

Hacemos un llamado general al respeto de las ideas y las convicciones de cada persona, así como a respetar el voto de todas las personas sin importar el nivel socioeconómico, educativo o la pertenencia a cualquier minoría o grupo de la población.

 

Contribuyamos todos y todas informándonos y debatiendo con altura y en forma pacífica en las aulas, en los medios de comunicación, en las redes sociales, en los espacios públicos y en las mesas de cada casa. Evitemos las descalificaciones hacia las personas que tengan convicciones o ideas políticas distintas a las nuestras, respetemos el derecho de cada persona a pensar diferente. Llamamos a no abonar a la confusión y a la desinformación malintencionada. No podemos olvidar que la diversidad hace la democracia.

 

Inyectemos serenidad y cordura al proceso electoral, aportemos ideas al debate democrático y hagamos un esfuerzo por reducir el encono y la violencia.

 

Honremos y defendamos nuestro voto y  nuestro derecho a vivir en paz y en un Estado de Derecho.

 

Hugo Almada, Jorge Alonso, Socorro Apreza, Ivabelle Arroyo, Abelardo Ávila, Alberto Aziz, Bernardo Barranco, Julio Miguel Bazdresch, Julio César Bonilla, Héctor Castillo, Berthier, Joaquín Borrell, Angélica Carrasquedo, Sergio Caloca, Ingrith Carreón, Alfonso Celestino, María Enriqueta Cepeda, Miguel Concha, Paola Contreras, Gabriel Corona, Magdalena Cos, Carlos Cruz, Gabriela Delgado, Miguel Eraña, Esteban Garaiz, Aidé García, Vivette García, Brenda Gómez, Ana Vanessa González, Francisca Jiménez, Lucina Jiménez, Eduardo Huchim, Clara Jusidman, Flavio Lazos, Erika Llanos, Consuelo Morales, Jorge Eduardo Navarrete, Alberto Olvera, Joaquín Osorio, Herminia Pasantes, Ivet Pérez, Andrea Pérez, Carlos Pérez, Ana Saiz, Alberto Serdán, Maylí Sepúlveda, Mónica Tapia, Francisco Tortolero, Enrique Valencia, Marcela Velázquez, Karina Vaquera, Gustavo Vela, Elio Villaseñor, Flor Zamora, Carlos Zetina.

 

Centro por un Recurso Efectivo AC (CREF), Circo Volador, Cause Ciudadano, Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, AC (CADHAC), Controla Tu Gobierno AC, Iniciativa Ciudadana y Desarrollo Social AC (Incide Social), Iniciativa Ciudadana para el Diálogo para la Promoción de la Cultura del Diálogo AC.

 

 

Contacto: Nelly García                       Tel. 5590-8794                  comiteconciudadano@gmail.com

 



[1] http://udgtv.com/featured/violencia-asesinatos-candidatos-elecciones-2018/

[2]Datos de Ettelekt. Cuarto Informe de Violencia Política en México 2018. http://www.etellekt.com/reporte/cuarto-informe-de-violencia-politica-en-mexico.html#. Según la misma consultora aumentaron en 400% con respecto al Proceso Electoral de 2015. EFE Noticias 14 de mayo de 2018.

[3] http://www.lja.mx/2018/04/encabeza-fepade-mesa-de-trabajo-sobre-violencia-politica-contra-mujeres/




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Primer Comunicado 17 de mayo de 2018

 Comunicado del Comité Conciudadano para la Observación Electoral 2018                                              


Las campañas en 2018 enfrentan un debilitamiento generalizado de las instituciones clave para el combate a la corrupción, para la vigilancia del uso de recursos públicos con fines electorales y para generar condiciones de certeza en la contienda.

 

·      Hay una ausencia de designaciones en varias instituciones fundamentales para garantizar el combate a la corrupción 

·      Se registra una vulneración de las instituciones electorales al remover a titulares incómodos o bien al ser capturadas mediante la designación de titulares, consejeros y magistrados al servicio de agendas partidistas y de poderes de hecho

·      La observación ciudadana de las elecciones tanto nacional como internacional tendrá su nivel más bajo desde que fue instituida por ley.

·      Los avances en la protección del uso electoral de programas sociales han sido revocados por el TEPJF y se han designado operadores políticos en áreas clave del desarrollo social.

·      Se percibe un ambiente generalizado de compra y coacción del voto por todos los partidos y coaliciones, sin una actuación contundente para frenarla por parte de las autoridades electorales.

 

 

El Comité Conciudadano para la Observación Electoral 2018, integrado por un colectivo de personas y organizaciones que hemos observado cuatro procesos electorales federales desde hace más de diez años y eleborado propuestas de modificación al sistema electoral, hemos decidido reunirnos de nuevo porque vemos con suma preocupación las condiciones bajo las cuales se está llevando a cabo el proceso electoral en curso. Se trata de una reedición de lo ocurrido anteriormente en particular durante las elecciones de los estados de México y Coahuila en 2017 cuando se vulneró la voluntad popular y se vivió un infierno electoral marcado por la despilfarradora compra de votos.

 

En materia de designaciones, a la fecha:

o   No se cuenta con un Fiscal General de la República, por el contrario, se tiene a un encargado de despacho más preocupado por esconder procesos judiciales ligados al financiamiento ilícito de campañas como el de Odebrecht o por  rescatar a Alejandro Gutiérrez, presunto responsable de desviación de recursos del presupuesto del Estado de Chihuahua, que en procurar justicia en el ámbito federal.

o   Tampoco se ha nombrado al Fiscal Anticorrupción y, por tanto, no se han habilitado las atribuciones y facultades que establece la ley en la materia.

o   No han sido designados los nuevos magistrados del Tribunal Federal de Justicia Administrativa y, por tanto, se ha limitado el alcance de las reformas promovidas para imponer sanciones derivadas de faltas graves (corrupción) cometidas por servidores públicos o particulares, así como para resarcir el daño o perjuicio que sufra el erario.

o   Además, la Auditoría Superior de la Federación se quedó tres meses sin titular justo al inicio de las precampañas durante el primer trimestre de 2018.

 

Asimismo, la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FEPADE) fue vulnerada al remover a Santiago Nieto Castillo como su titular en vísperas del arranque del proceso electoral. No escapa a la vista que ahora la persona designada como director general de Averiguaciones Previas y Control de Procesos de la FEPADE haya sido anteriormente Fiscal Central Jurídico del Estado de México en el contexto de las elecciones a gobernador de esa entidad federativa y que ante el cúmulo de irregularidades, éstas simplemente no se atendieron.

 

Los Órganos Internos de Control han sido capturados. El caso más escandaloso es el de SEDESOL cuya inoperancia ha sido puesta en evidencia por investigaciones periodísticas como la Estafa Maestra que dan cuenta del desvío millonario de recursos por parte de la dependencia hacia universidades públicas para evitar la obligación de licitar contratos y dichas universidades entregaron recursos a empresas fantasma sin que se activaran los mecanismos internos del control del gasto. Existe la sospecha sobre el uso de estos recursos para pagar operadores políticos en elecciones locales a favor del partido gobernante.

 

A ello se agrega que la anterior presidenta del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) ahora es candidata a diputada plurinominal por el PRI poniendo en entredicho su presunta imparcialidad al tratar los asuntos de su dependencia. En esa lógica la opacidad del caso Odebrecht fue decretada por el INAI en tiempos de Ximena Puente, quien ahora es premiada con una candidatura.

 

A su vez, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ha sido capturado por los partidos políticos teniendo como consecuencia la emisión de sentencias y criterios que no tutelan la democracia y, por el contrario, la menoscaban. Un episodio, no menor, fue el rechazo por parte del Tribunal hacia los criterios del Consejo General del INE del 5 de septiembre de 2017 (INE/CG398/2017) para garantizar el buen uso de los recursos públicos y la equidad en la contienda, normando el principio de imparcialidad, el uso de la propaganda gubernamental y la operación de los programas sociales. Sobre este último punto, el TEPJF revocó medidas que impidieran la entrega de tarjetas durante el proceso electoral que impliquen el ofrecimiento de un beneficio personal directo o la incorporación a un programa social en un futuro mediato o inmediato condicionado a un determinado resultado electoral.

 

También se revocaron medidas para exigir transparencia en el uso de programas sociales con la publicación en tiempo real de padrones de beneficiarios, calendarios de pago y gasto ejercido, así como sus reglas de operación y el impedimento de crear nuevos programas en época electoral.

 

Son muy cuestionables los fundamentos usados en la decisión del TEPJF para aceptar la inclusión de Jaime Rodríguez Calderón como candidato independiente a la presidencia de la República y para haber aumentado hasta en diez veces el límite de financiamiento privado para los candidatos independientes, previamente definido por el Instituto Nacional Electoral.

 

Finalmente, no parece haber observación internacional de todas las estapas de Proceso Electoral sino sólo del día de la jornada. Además, el fondo para la observación electoral nacional, disminuyó en 81 por ciento en términos reales entre 2012 y 2018 para quedar en sólo 19 millones. y permitirá financiar solamente a 29 proyectos de organizaciones de la sociedad civil, lejos de las 190 financiadas en las elecciones presidenciales pasadas En esta ocasión y por primera vez, el fondo fue constituido sin la participación de la Secretaría de Gobernación.

 

En este marco, el debilitamiento institucional se profundiza cuando ante las evidencias de compra y coacción del voto a través del uso electoral de programas sociales, lejos de establecer mecanismos para impedirlo, se nombran a operadores políticos para facilitarlo. Es el caso de SEDESOL donde su nuevo titular, Eviel Pérez Magaña, no cuenta con experiencia en política social sino en operación política. No es gratuito que entre sus primeras acciones estuvieran el nombrar a operadores políticos al frente de la subsecretaría de Desarrollo Social y Humano, de la Coordinación de Delegaciones de la dependencia, al Abogado General, y al Oficial Mayor quien, antes de ocupar este puesto, laboró en la Secretaría de Administración y Finanzas del Comité Ejecutivo Nacional del PRI. Esto aunado al hecho que se incrementaron considerablemente los fondos para programas sociales en las 9 entidades que tienen elección de Gobernador y que el gobierno federal gestionó préstamos por 300 millones de dólares del Banco Mundial para ampliar el programa Prospera en 2018.

 

Los ciudadanos nos oponemos a la actuación de autoridades y partidos en el margen de la ley con la intención de influir en las preferencias electorales de la población en situación vulnerable. Urgimos a autoridades y partidos a respetar la libertad del voto y a evitar cualquier tipo de violencia o coacción hacia los electores.

 

En suma, el proceso electoral de 2018 se encuentra vulnerado por acciones u omisiones tendientes a debilitar a las instituciones encargadas del combate a la corrupción, de la vigilancia del uso de recursos públicos con fines electorales, de su sanción y disuasión.

 

Desde la perspectiva del Comité Conciudadano para la Observación Electoral 2018 la certeza e imparcialidad en la contienda está en entredicho y ello es preocupante.


Jorge Alonso, Socorro Apreza, Ivabelle Arroyo, Abelardo Ávila, Alberto Aziz, Bernardo Barranco, Julio Miguel Bazdresch,  Julio César Bonilla, Héctor Castillo, Berthier, Joaquín Borrell, Angélica Carrasquedo, Sergio Caloca, Alfonso Celestino, María Enriqueta Cepeda, Miguel Concha, Paola Contreras, Gabriel Corona, Magdalena Cos, Gabriela Delgado, Miguel Eraña, Esteban Garaiz, Aidé García, Vivette García, Ana Vanessa González, Francisca Jiménez, Lucina Jiménez, Eduardo Huchim, Clara Jusidman, Erika Llanos, Consuelo Morales, Jorge Eduardo Navarrete, Joaquín Osorio, Herminia Pasantes, Ivet Pérez, Carlos Pérez, Ana Saiz, Alberto Serdán, Mónica Tapia, Francisco Tortolero, Enrique Valencia, Marcela Velázquez, Karina Vaquera, Elio Villaseñor, Flor Zamora, Carlos Zetina.


Centro por un Recurso Efectivo AC, 
Circo Volador, Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, AC (CADHAC), Iniciativa Ciudadana y Desarrollo Social AC (Incide Social), Iniciativa Ciudadana para el Diálogo para la Promoción de la Cultura del Diálogo AC.  








NOTICIAS

PERSISTEN OPACIDAD Y PRÁCTICAS ANTIDEMOCRÁTICAS Y DISCRIMINATORIAS EN LOS PARTIDOS POLÍTICOS
  • Al postular a mujeres en distritos con menores posibilidades de ganar, los partidos políticos refuerzan prácticas discriminatorias.
  • Es el caso del PRI, que propuso a mujeres en 66% de las candidaturas en distritos que perdió en 2009, y el PAN en 50% de los que perdieron en 2006 y 2009.
  • Se ha sustituido al 10% de los candidatos registrados originalmente.
  • Queda impune la violación de derechos electorales de candidatos que posteriormente son sustituidos por sus dirigencias.
  • El PANAL es el partido que más sustituciones realizó, con 22% de los registrados; le sigue el PRD, con 18%.
  • Ello pone en duda la credibilidad, la legalidad y certeza de los procesos de selección interna de candidatos y, en consecuencia, también la del proceso electoral.
  • De los 6,436 candidatos a senadores y diputados registrados al 17 de junio, únicamente 189 (2.83%) ha hecho pública su información curricular.


HAY POR LO MENOS 18 ASPIRANTES A LEGISLADOR (A) IDENTIFICADOS CON LAS TELEVISORAS

  • Las y los mexicanos votaremos a ciegas por la falta de información de candidatos a diputados y senadores
  • Sólo el 1.9 % de los aspirantes han hecho pública su información curricular.
  • El IFE habilitó la herramienta “Candidatas y candidatos: conócelos”, pero sólo 127 de los 6,442 candidatos colocaron ahí su CV.
  • Ante una solicitud de información presentada por este Comité, el IFE resolvió que no podían obligar a los partidos políticos a entregar la información curricular de sus candidatos, conforme a lo establecido en el artículo 67 del COFIPE.
  • Un altísimo porcentaje de aspirantes a legisladores federales surgieron de acuerdos cupulares, sin la participación directa de la militancia.