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Comunicado conjunto, Málaga (17/02/2014)



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Comunicado conjunto con motivo de la propuesta de adjudicación de la licitación del servicio de interpretación y traducción en procedimientos instruidos por los órganos judiciales de la provincia de Málaga del pasado 17 de febrero de 2014

En Madrid, a 25 de marzo de 2014

La Asociación Profesional de Traductores e Intérpretes Judiciales y Jurados (APTIJ), la Conferencia de Centros Universitarios de Traducción e Interpretación del Estado Español (CCDUTI), la Asociación Española de Traductores, Correctores e Intérpretes (ASETRAD), la Associació de Traductors i Intèrprets Jurats de Catalunya (ATIJC), la Asociación Galega de Profesionais da Tradución e da Interpretación (AGPTI), la Associació Professional de Traductors i Intèrprets de Catalunya (APTIC), la asociación ACE Traductores (Sección Autónoma de Traductores de Libros de la Asociación Colegial de Escritores de España), la Asociación Aragonesa de Traductores e Intérpretes (ASATI) y la International Association of Professional Translators and Interpreters (IAPTI) queremos manifestar públicamente, una vez más, nuestra preocupación por las condiciones de la propuesta de adjudicación de la licitación del servicio de interpretación y traducción para los órganos judiciales de la provincia de Málaga, que no garantiza los criterios de calidad expuestos en la Directiva europea 2010/64/UE relativa al derecho a interpretación y traducción en los procesos penales, de obligada transposición y cumplimiento para España desde el mes de octubre de 2013.

Estos colectivos hemos venido denunciando la falta de profesionalización que el sistema de licitación ha supuesto para los servicios de traducción e interpretación en los servicios públicos de nuestro país. En el caso que nos ocupa, el hecho de que la Secretaría General Provincial de Justicia e Interior de la Junta de Andalucía en Málaga permita que la acreditación de lacapacidad de traductores e intérpretes se realice conforme a los términos establecidos en los artículos 441 y 762 de la LECrim., según dispone el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares (Expediente 3/14), contraviene el mandato expreso de calidad dispuesto en la Directiva europea 2010/64/UE. Acogerse al texto de la  ECrim., cuya redacción se remonta al siglo XIX, además de anacrónico es ineficiente, dado que en el siglo XXI contamos ya con traductores e intérpretes profesional y académicamente cualificados.

Asimismo, el hecho de que el único criterio en la adjudicación sea la oferta de precio más baja fomenta que la remuneración de los traductores e intérpretes sea consecuentemente muy inferior a las condiciones normales del mercado, con las consecuencias que ello puede tener sobre la calidad. Llama poderosamente la atención que en el curso del proceso de adjudicación haya sido necesario solicitar a una de las licitadoras que justificara la bajada anormal y esproporcionada de tarifas. Esta empresa presentó una oferta un 21% inferior a la oferta de la otra licitadora, quien, a su vez, ya presentaba una oferta que reducía en un 25% la tarifa inicial de salida por hora de interpretación ofrecida por la Administración. Finalmente, la mesa de contratación ha considerado justificada la oferta de la licitadora más baja, a la que ha propuesto adjudicar el concurso por una tarifa que disminuye en un 46% el precio inicial de salida por hora de interpretación. El resultado no será otro que una merma considerable en las condiciones económicas de los traductores e intérpretes, pues no en vano la propia empresa a la que se propone adjudicar el contrato reconoce en sus alegaciones que la tarifa neta que puede abonar a sus intérpretes en el marco de este contrato es de 9,98 euros/hora (incluida una mejora voluntaria).

 

Además, resulta también llamativo que la propia Administración andaluza admita las justificaciones de la licitadora, habida cuenta de que esta misma Administración cuenta con traductores-intérpretes en plantilla a los que sí ha exigido titulación superior. La empresa ganadora del concurso afirma que las tarifas que abona corresponden a la categoría profesional de oficial de primera, es decir, personal de tipo administrativo sin cualificación universitaria alguna. La Junta de Andalucía lo acepta, a pesar de que cuenta con traductores-intérpretes judiciales en plantilla encuadrados en el grupo 2 (diplomados universitarios), según recoge el VI Convenio Colectivo para el Personal Laboral al servicio de la Junta de Andalucía. Es más, a estos profesionales, tal y como recogieron las bases de la última convocatoria pública de oposiciones (BOJA de 4 de julio de 2008), se les exige estar en posesión de una diplomatura universitaria en traducción e interpretación, titulación extinta desde hace ya veinte años, por lo que, de facto, se les ha exigido contar con una Licenciatura en Traducción e Interpretación.

Toda esta situación, además de constituir una distorsión de las tarifas profesionales actuales, implica que en la mayoría de los casos se contrate a personas no cualificadas para desempeñar este trabajo, que requiere de una sólida formación en traducción, interpretación, idiomas, derecho comparado y medicina forense, entre otros campos del saber, para garantizar la profesionalidad y la calidad en la prestación del servicio, como se viene denunciando de manera

incansable desde los colectivos que suscriben este comunicado. El peligro de no contar con personal que pueda acreditar capacitación para ejercer como traductor-intérprete judicial es el de poner en manos de cualquier persona la enorme responsabilidad de actuar como puente lingüístico en un contexto altamente especializado en el que se dirimen cuestiones que afectan directamente a los derechos de la ciudadanía.

Con este modelo de contratación, se aparta a muchos profesionales con formación y trayectoria reconocida en el ámbito de la traducción y la interpretación jurídica y judicial de trabajar en la Administración de Justicia andaluza. Buena parte de este colectivo profesional ha recibido formación específica en universidades públicas y otros tantos cuentan con una trayectoria profesional muy sólida, pero ven cómo se les niega el trabajo en condiciones dignas, acordes con su currículum y experiencia, en la propia Administración pública.

La Junta de Andalucía pone en peligro el derecho de defensa La Administración, en este caso la Junta de Andalucía, debe velar por la tutela de las garantías fundamentales del derecho de defensa y la consecución de un juicio justo de las personas procesadas, y para ello debe cumplir con lo dispuesto en la Directiva 2010/64/UE disponiendotodos los recursos técnicos, administrativos, económicos y humanos que sean necesarios, no solo limitarse a optar por la opción que conlleve menos recursos económicos a corto plazo. 

Poner los servicios de interpretación judicial en manos de personas sin la formación suficiente implica el riesgo de obtener una interpretación deficiente y, por lo tanto, viciar la posible defensa del acusado. Como representantes de numerosos colectivos profesionales y académicos del sector, nos vemos en la obligación de advertir a la Junta de Andalucía que esto puede ocasionar unos enormes costes cuando la labor de traducción se realiza inadecuadamente y como consecuencia hay que invalidar la instrucción de una causa o repetir algún acto procesal, con lo que ello supone sobre el bolsillo del contribuyente. A la larga, puede tener consecuencias muy graves sobre la operatividad de los juzgados y, por ende, sobre la impartición de justicia a la ciudadanía.