Manifiesto de Castellón (20/01/2013)

Sobre la transposición de la Directiva Europea 2010/EU/64
sobre el derecho a la interpretación y traducción de calidad en los procesos penales

Recientemente se han celebrado en la Universidad Jaume I de Castellón de la Plana las VIII Jornadas de Traducción Jurídica en las que se han puesto una vez más de manifiesto las carencias del servicio de interpretación y traducción en nuestros juzgados. Cualquier letrado que se vea en la tarea de tener que asistir a un ciudadano extranjero que no hable castellano ha podido sufrir las consecuencias de la deficiencia denunciada en dichas jornadas por representantes de la Universidad, asociaciones profesionales y juristas.

Actualmente la Administración de Justicia tiene externalizados los servicios de interpretación y traducción en los juzgados por medio de un sistema de licitación pública. La empresa adjudicataria del contrato en cada caso (por ejemplo Ofilingua o Seprotec), es la que se encarga de organizar la provisión de un intérprete cuando se hace necesario en un proceso y es igualmente la que retribuye dicho servicio directamente al intérprete. Los foros de intérpretes y traductores echan humo cuando se refieren a estas empresas, denunciando unas condiciones laborales ínfimas y la contratación de personal no cualificado. Hablan de remuneraciones de 12 € la hora efectiva de trabajo (que no incluye desplazamientos ni tiempos de espera). Y en definitiva, todo ello redunda en perjuicio del derecho de defensa, cuya garantía se ve mermada ante una provisión deficiente del servicio. Estos foros nos reclaman a los abogados que nos impliquemos en la exigencia de un servicio de calidad. Y es cierto que los propios operadores jurídicos solemos pecar de un desconocimiento de la labor que debe desempeñar un intérprete. La Magistrada Pilar de Luna, titular del Juzgado de lo Penal Nº 29 de Madrid, viene siendo en cambio un referente en la defensa de un servicio de calidad y ha denunciado en múltiples ocasiones la situación actual de la interpretación judicial. En su ponencia para el Congreso de Jueces para la Democracia en Bilbao, Pilar de Luna, al referirse a este sistema de licitación y externalización del servicio de traducción e interpretación judicial, afirmaba: Ante la gravedad de la situación planteada decidí convertir mi propio órgano jurisdiccional en un observatorio durante el segundo trimestre del año 2.009, y durante esos meses me dediqué concienzudamente a analizar qué tipo de personas me enviaba la empresa adjudicataria al juzgado de lo penal para actuar como intérprete judicial. Pude comprobar que se trataba de personas no cualificadas, con empleo precario, explotadas laboralmente, que venían a hacer las funciones de intérpretes judiciales a los tribunales de justicia.

Esta es la situación actual en nuestros juzgados y ello pese a la existencia de una España cada vez más plural en la que cada día es más frecuente encontrarnos con litigios que involucran a personas de nacionalidades extranjeras que no dominan nuestro idioma. Como describe profusamente el abogado e intérprete Fernando Gascón en este artículo, ya no se trata de situaciones aisladas. Como consecuencia de estas Jornadas, el mundo de la traducción y la interpretación ha decidido comenzar a movilizarse para pedir otro sistema. Como muestra tenemos el llamamiento a la movilización desde las asociaciones profesionales APTIJ y VERTICE, así como del ámbito académico a través de la Red Comunica y la carta abierta de la Conferencia de Centros y Departamentos Universitarios de Traducción e Interpretación de España (CCDUTI). Como respaldo a este llamamiento se encuentra EULITA, la asociación europea de intérpretes y traductores legales, patrocinada por la Unión Europea.

Y es que existen experiencias, como la de Canarias, que demuestran que sin duda existen otras maneras más eficaces de organizar el servicio sin merma de la calidad del mismo y, por ende, del derecho de defensa. En este sentido se pronuncia la Directiva de la UE relativa al derecho a interpretación y a traducción en los procesos penales (Directiva 2010/64/ EU de 20 de Octubre) que deberá ser incorporada a la legislación española antes de octubre de 2013. La norma comunitaria habla ya de la calidad en la interpretación y traducción y de la obligación de los Estados miembros de establecer uno o varios registros de traductores e intérpretes independientes debidamente cualificados.
La concienciación debe empezar por los propios operadores jurídicos, sin duda. Un juez no debe admitir ciertas situaciones y desde luego menos debe hacerlo un letrado que defienda los intereses de una persona extranjera a la que un servicio precario pueda generar una manifiesta indefensión y merma de sus derechos. Así, por ejemplo, no son pocos los casos en los que al acusado sólo se le interpreta cuando se le formulan preguntas directamente y permanece el resto del juicio sin saber qué es lo que ocurre. Existe una técnica de interpretación que se conoce como susurrada (chuchotage) en la que el intérprete susurra al acusado cuanto se dice en la vista, algo que pocos jueces admiten por resultarles “molesta” pero que es fundamental y debemos exigir que se practique.

Mejorar el panorama actual es labor de todos y necesariamente algo que va a tener que producirse de cara a la inmediata transposición de la Directiva antes citada, ya de obligado cumplimiento desde su aprobación en 2010. Como letrados es también labor nuestra, y como ciudadanos, quizás nos baste pensar que en uno de nuestros viajes de placer, podamos vernos incursos en una causa y encontrarnos nosotros mismos en una situación similar a la que permitimos que se de en nuestro país.

“El límite para la transposición de la Directiva es el 27 de octubre de 2013. Las novedades que introduce dicha Directiva con respecto a lo que existe actualmente según la ley española son:

   - Posibilidad de reclamación si la calidad de la interpretación no garantiza la equidad en el proceso
   - Garantiza el derecho a intérprete en la entrevista abogado-acusado

La directiva establece que se ha de garantizar la calidad de la interpretación mediante un sistema de acreditación para acceder a un registro profesional, que garantice que los profesionales se rigen por un código deontológico que garantice la confidencialidad. Además, establece la formación de personal judicial para trabajar con intérpretes.

A dicha directiva hay que añadir la Directiva 2012/13/UE sobre el derecho a la información en los procesos penales, y la propuesta de directiva sobre protección a las víctimas de delitos; todas ellas recogen los aspectos ya señalados en la directiva sobre el derecho a la calidad en la interpretación y traducción en los procesos penales.

Hay que recordar que el sistema público desembolsa 60 euros por hora de interpretación, y las empresas adjudicatarias del servicio están pagando 12 euros; por tanto los profesionales cualificados no trabajan para las empresas, tampoco éstas lo exigen porque en ese caso no tendrían intérpretes.”