Carta abierta (CCDUTI) en defensa de los profesionales de la traducción en el ámbito jurídico (19/07/2012)

En relación con las irregularidades y la falta de garantías procesales en los procedimientos judiciales mediados por intérpretes en los juzgados de la Comunidad de Madrid y en otras comunidades autónomas, que han sido objeto de denuncia por parte de profesionales de la justicia, la traducción y la interpretación y que han aparecido publicados en todos los medios de comunicación, los abajo firmantes, todos ellos profesionales, directores de programas de formación de traductores y decanos de los departamentos y facultades de Traducción e Interpretación del Estado Español, quieren hacer constar lo siguiente:

1) Que como máxima autoridad oficial en materia de formación de traductores e intérpretes del Estado Español, manifestamos nuestra disconformidad ante estos hechos, que son consecuencia única y exclusivamente de la contratación por parte de las empresas adjudicatarias del servicio de Interpretación ante los juzgados de personas que no ostentan ningún título oficial para ejercer como tales.

 2) Que dichas irregularidades se derivan directamente del escaso reconocimiento que, hasta el momento, ha sufrido la profesión del traductor y del intérprete por parte de los organismos públicos. Prueba de ello, ha sido el reciente decreto del Ministerio de Asuntos Exteriores, en el que, la condición mínima para presentarse al examen de Traductor-Intérprete Jurado es tan sólo haber superado un Título de Grado, sin especificar ningún tipo de especialización en traducción e interpretación, dando por sentado que el sólo conocimiento de las lenguas implica la adquisición de las competencias en traducción e interpretación necesarias para realizar un trabajo de calidad ante la Administración de Justicia. Esta situación se hace extensiva a los criterios de contratatación de la misma Administración de Justicia para los traductores e intérpretes en plantilla, criterios que no tienen en cuenta la existencia de la formación en Traducción e Interpretación en 29 de las Universidades españolas.

 3) Que los estudios oficiales de Grado en Traducción e Interpretación de las universidades del Estado Español habilitan para el ejercicio de la profesión. En la actualidad, el artículo 4 del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, recoge que los títulos universitarios regulados en el citado Real Decreto (que son los títulos de Grado, Master y Posgrado) tendrán carácter oficial y validez en todo el territorio nacional, surtirán efectos académicos plenos y habilitarán, en su caso, para la realización de actividades de carácter profesional reguladas, de acuerdo con la normativa que en cada caso resulte de aplicación.

4) Que la mayoría de títulos de grado se integran en Sistemas de Gestión de la Calidad según estándares internacionalmente reconocidos de excelencia en la formación superior, como son las normas de calidad ISO y EFQM, y que todos ellos han sido verificados por el Ministerio de Educación, siendo objeto de un seguimiento continuado de la calidad de los mismos.

Teniendo en cuenta lo expuesto arriba, esta Conferencia de Centros de Traducción e Interpretación propone las siguientes medidas de actuación para garantizar que se cumplen los requisitos mínimos que deben imperar en las futuras licitaciones del Estado:

 1) Que se convoque a los representantes de la CCDUTI a cualquier mesa técnica en la que se trate la transposición de la directiva europea, cuyo plazo finaliza en noviembre de 2013.

2) Que se observen los principios establecidos en dicha directiva europea, de creación de un registro nacional de intérpretes y traductores debidamente acreditados para ejercer la profesión en el ámbito judicial (juzgados, tribunales, policía).

 3) Que se exija el título oficial expedido por las universidades que han verificado sus títulos por el Ministerio de Educación español en las convocatorias públicas de puestos como traductores e intérpretes en las distintas administraciones del estado (especialmente en Justicia, Interior, Defensa).

4) Que el Estado mejore las condiciones económicas de contratación de manera que sea posible contratar a profesionales con la debida formación en traducción e interpretación. La presente situación creada por la presencia de una agencia intermediaria entre el Estado y la contratación de los servicios de traducción e interpretación ha mermado considerablemente la calidad de los honorarios recibidos, forzando a traductores e intérpretes profesionales a rechazar un trabajo para el que han recibido una formación especializada.

5) Que la Administración de Justicia estatal y de las Comunidades Autónomas con competencias en la materia adecúen sus criterios de contratación a la realidad existente, que es la gran cantidad de licenciados en traducción e interpretación con la formación profesional y especializada necesaria para desarrollar este trabajo, y determinen el adecuado marco laboral. Para ello, nos remitimos a la recientemente aprobada Directiva 2010/64/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 20 de octubre de 2010 relativa al derecho a interpretación y a traducción en los procesos penales.

CCDUTI 5 de marzo de 2012

 Esta Carta Abierta es un documento consensuado por la Conferencia de Centros y Departamentos de Traducción e Interpretación del Estado Español.