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Peru.

23/07/2007
PERÚ: EL PUEBLO DE CAJAMARCA RESISTE
El agua es vida, el oro mata...

Por Marcela Lescano y Adriano Prandi - En mayo de este año, mientras la opinión pública de Cajamarca, Perú, volvía a sacudirse con una nueva concesión minera millonaria (Michiquillay), entrevistamos a Mirtha Vásquez Chuquilín, directora de GRUFIDES, una organización que lleva varios años trabajando contra los abusos que comete la minera Yanacocha en la región. Muy valiente es la tarea de enfrentarse a una de las empresas más importantes del continente, dueña de la mina aurífera más grande de toda América Latina. Y lo es aún más cuando, detrás del poder y del dinero, se encuentra todo el aparato represivo y judicial del Estado, en franca protección de las inversiones multinacionales; dando las espaldas, una vez más en nuestra triste historia, al pueblo y sus mayorías.

En esta entrevista pudimos hablar sobre el trabajo que GRUFIDES lleva a cabo en defensa de los campesinos cajamarquinos, los abusos ambientales –y de toda clase– perpetrados por Yanacocha en perjuicio de las comunidades que allí habitan, los violentos asesinatos de los campesinos Isidro Llanos y Edmundo Becerra, los conflictos de Combayo y Cerro Quilish, la complicidad del Estado en cada una de las persecuciones, las represiones violentas, las intrigas y los decretos fraudulentos.
Cajamarca es un fiel reflejo de los tiempos que corren, donde los negocios millonarios valen más que la vida de un campesino o el bienestar de toda una comunidad. Pero Cajamarca es también el escenario en el que, día a día, la valentía y el coraje de quienes luchan por un mundo mejor nos demuestra que es posible sobreponerse a quienes todo lo venden y todo lo compran.

- Cuéntenos un poco cuál es el trabajo que realizan con los campesinos que se ven afectados por la actividad minera
- El enfoque de GRUFIDES para asumir el tema de la minería es el enfoque de los derechos humanos. Si nosotros viéramos otra actividad que lesiona tanto los derechos humanos como lo hace la minería, seguramente, estaríamos luchando también contra esa actividad. Porque no nos definimos como anti-mineros, simplemente, somos una organización que trabaja en pos de los derechos humanos. Trabajamos el tema de empoderamiento de las comunidades, para que los campesinos se reconozcan como "sujetos de derecho". Los principales problemas surgían porque la gente no sabía qué derechos tenía y por eso la minera los podía engañar. Los primeros años fueron terribles. Llegaban, los amenazaban que les iban a expropiar las tierras; y la gente, con el miedo, y como no conocía sus derechos, accedía. Ha habido episodios en el que llegaban los funcionarios de la mina y –a patadas– encerraban a los campesinos en oficinas y les obligaban a vender sus tierras. Y cuando la gente reclamaba, le regalaban baldes de colores, le regalaban pastillas que nadie sabía para qué servían. Y les decían: "miren, nosotros somos buenos, les estamos dando incluso medicina, tienen que estar callados porque les estamos haciendo el favor". Hay unos testimonios muy duros.

- En el caso de la titulación, ¿los campesinos tenían, en general, títulos de propiedad?
- No, algunos ni siquiera tenían título. Entonces, la minera lo que hizo fue hacer un convenio con el PET (que es una institución del Ministerio de Agricultura que titula tierras), y el PET ha entrado a titular. Les ha dicho que iba a titular gratuitamente, y los campesinos creyeron que lo hacían de buena voluntad, pero era que la minera necesitaba que ellos tengan títulos para poder hacer las compra-ventas. El PET se ha metido a hacer titulaciones en comunidades en las que estaba prohibido hacer titulación y parcelación. Por eso estamos trabajando en tema de derechos, de mecanismos de negociación y diálogo; porque si hay un campesino en una zona minera, éste necesita saber cómo dialogar, cómo negociar. Hay que darles ese tipo de herramientas.

- Y por todo este trabajo han recibido bastantes presiones...
- Sí, ¿qué pasa? Es que las empresas mineras tienen la percepción de que nosotros manipulamos a los campesinos y que organizamos los conflictos, los levantamientos. Y eso es mentira. Yo creo que algo de lo que nosotros nos sentimos, no sé si llamarlo "responsables", es que nosotros logramos que la gente del campo se reconozca como sujetos de derecho. Enseñarle derecho a alguien es hacerle reconocer que no debe permitir que pisoteen sus derechos. Entonces, pasa que los campesinos, una vez que se reconocen como sujetos de derecho, reclaman. Y, como tienen una barrera puesta por el Estado –que no les permite canalizar sus reclamos legalmente-, lo que hacen es enfrentarse. Tanto la empresa como el Estado nos vieron como un enemigo por este trabajo. Vino un tiempo de muchas amenazas, nos trataron de asustar. De pronto, veníamos a abrir la oficina y nos encontrábamos con pintadas que decían que nos iban a matar. Amenazas por mail, por teléfono, etc. Como eso no les funcionó, porque seguíamos adelante, en otro tiempo, Yanacocha intentó llevarnos para su lado, como lo hizo con otras ONGs. Nos han ofrecido proyectos millonarios, pero obviamente nos negamos porque cómo los campesinos iban a seguir confiando en nosotros si cobrábamos un sueldo de la minera.

- El año pasado hubo un conflicto muy grande en Combayo, en el que mataron a Isidro Llanos, ¿cuál fue la responsabilidad de Yanacocha?
- Combayo se levantó para reclamar por cuestiones laborales. Ni siquiera fue toda la comunidad la que se fue a reclamar; fue un grupito de personas que va a pedir a la mina que venga a dialogar con ellos por el tema laboral, sobre si les iban a cumplir el convenio, etc. Y la minera, en lugar de salir sus gerentes y hablar con ellos, sacaron a la gente de su seguridad privada (Forza), y la gente de Forza los empezó a gasear y cogió a dos campesinos. La empresa llamó inmediatamente a la policía; fueron casi 200 efectivos policiales, armados. También sacaron a su seguridad privada, además de Forza, ellos tienen policías que –en sus tiempos libres– actúan con el uniforme, con el armamento del Estado, a favor de ellos. Y les pagan por eso. Sacaron a todo su regimiento de seguridad, hubo un enfrentamiento con los campesinos y mataron a un campesino.

- A Isidro Llanos...
- A Isidro Llanos. Al siguiente día, llegaron los campesinos de Combayo a pedir ayuda. Y empezamos nosotros a decirlo en los medios de comunicación: "hay una persona muerta, es por bala, es un conflicto que obedece –además– a varias cuestiones". Porque los campesinos dijeron: "sí, habíamos salido por el tema del trabajo, pero nosotros sí tenemos reclamos respecto al tema del agua, que nos está afectando, nos han incumplido el convenio". Y la minera, claro, quiso salir a minimizar el asunto; salió a decir: "bueno, bueno, ya... vamos a solucionar el asunto, entremos a diálogo". Claro, querían dialogar sobre un muerto. Y nosotros exigíamos que se establezcan responsabilidades sobre la persona que habían matado.

- ¿Por defender a los campesinos de Combayo recibieron amenazas muy violentas, no?
- Muy violentas; llamaban para decirnos que nos iban a matar. A nosotras, a mí personalmente, me llamaban para decir que no sólo me iban a matar, que primero me iban a violar y luego iban a botar mi cuerpo por un basural; cosas así, muy feas.

- Y ante estas presiones, ante esta violencia, ¿el Estado les brindó algún tipo de seguridad?
- No, absolutamente nada. Es más, el día que vinieron los trabajadores de la empresa a protestar contra nosotros (que, además, muchos venían obligados porque ellos mismos nos llamaron anónimamente y nos decían: "nos están obligando, nos han dicho que si no vamos a protestar nos van a quitar el trabajo y nos van a botar definitivamente"), llamamos a la policía y nadie, absolutamente nadie, vino en nuestra ayuda. Llamamos incluso al asesor del ministro, a decirle: "esto está pasando"; y nos dijo: "mmm, voy a ver qué se puede hacer", y nunca hizo nada por nosotros. El Estado no nos ayudó en ningún momento, no nos brindó ningún tipo de seguridad. Y yo creo que todos los ataques que vinieron contra nosotros fueron parte de una estrategia de la minera para distraer la atención pública. Porque, claro, ya no se estaba cuestionando lo que estaba causando la minera, que había un muerto. Ahora, todo el mundo estaba distraído en que si GRUFIDES debería o no actuar en los conflictos.

- ¿Fue en esa época que los empiezan a investigar?
- Sí, nos empiezan a seguir, a filmar, a fotografiar. Y nos damos cuenta porque eran muy obvios; gente que pasaba en motocicleta y nos fotografiaba, nos filmaba. Nos preocupamos y presentamos una denuncia. Y el Estado nos decía: "bueno, pero si no saben quién es, ¿qué vamos a hacer?" Logramos atrapar, ya en octubre, a uno de estos tipos que nos seguía. Y ahí se descubrió este operativo que era de espionaje contra nosotros. Y hay una conexión con Forza, que es la empresa de seguridad privada de Yanacocha. Y era un operativo impresionante: tenían alquilado casi todo un edificio de cinco pisos, solamente para eso; tenían varias oficinas con computadoras, cámaras, procesadores, etc. Sólo dedicado al espionaje que nos hacían. Por lo menos, eran doce personas siguiéndonos a tiempo completo. Personas traídas desde fuera, cámaras muy sofisticadas, vehículos, motociclistas. ¿Quién puede financiar todo esto?, sólo empresas como Yanacocha. Ese nivel de presión hemos tenido acá.

- Y con respecto al asesinato de campesinos... ¿cuántos son los
campesinos que han sido asesinados desde el 93´ hasta aquí?
- Yo creo que antes, la empresa amenazaba a muchos campesinos. Pero muertos, como tal, hemos tenido ya a partir de estos últimos años. Una de las primeras personas que mataron a causa de estos conflictos ambientales fue a Juan Montenegro Lingán (noviembre de 2004), en el proyecto de La Zanja. La comunidad va a protestar y un vigilante de la empresa le dispara a quemarropa y lo mata. Ese fue el primer muerto por conflictos. Y después ha habido otros. Ahora, el ambiente está muy caldeado, sobre todo, en la zona de Yanacanchilla y San Cirilo, donde la gente ha entrado en conflicto con la minera.

- Nos decían que Yanacocha ha intentado dividir a la población de esa zona...
- La minera siempre opera con esta estrategia. Los de la parte baja, obviamente, no quieren a la mina porque son ganaderos y se sirven del agua que viene de la parte de arriba. Y los de la parte alta sí quieren la mina y están vendiendo sus tierras. Y la mina lo que les ofrece es: "véndanme sus tierras y yo les ofrezco trabajo". Un trabajo que no es seguro, que es eventual, que seguramente no le van a pagar la cifra que le prometen. Y es justamente la minera la que ha provocado esas divisiones en las poblaciones; es una estrategia que les da muchos resultados. Entran y dividen, en todas las zonas es así. Y la gente se resiste, obviamente. Ahí están defendiendo su vida: "si nosotros dejamos que se malogre la zona, se acabó nuestra vida. Nosotros no tenemos qué hacer en la ciudad, no queremos ir. Esto es lo que tenemos y por esto vamos a luchar y vamos a morir".

- ¿Cómo puede ser que el Estado concesione una zona altamente productiva como Yanacanchilla, en la que viven cientos de familias?
- El Estado concesiona irresponsablemente desde un escritorio. Porque, además, ni siquiera vienen aquí a verificar qué concesionan. Con la gente de Yanacanchilla fuimos al Ministerio de Energía y Minas, y los campesinos les pidieron que manden una comisión para ver qué cosa habían concesionado. Y es que la zona de Yanacanchilla, además, tiene cerca de 200 lagunas naturales. Y los campesinos le decían a la comisión: "¡Miren lo que han concesionado! ". Y la comisión miró, inspeccionó, dejó constancia que había unas lagunas muy bonitas, que la zona era muy productiva, pero –al final– dijo: "la concesión está otorgada". Y a los campesinos ¿qué les queda por hacer?

- Les niegan toda posibilidad de hacer valer su vida campesina...
- Sí, a nosotros ya nos han dicho: "miren, nosotros les agradecemos mucho porque nos han ayudado a hacer nuestras gestiones, sabemos que están de nuestro lado, que quieren ayudarnos. Pero, por favor, ya no se metan porque ahora vamos a tomar la justicia por nuestras propias manos. Sabemos que el Estado no nos va a hacer caso, que las autoridades no nos van a escuchar, que nadie nos va a defender". Y, en verdad, esto es muy triste para nosotros. Pero es verdad que ellos están obligados a tomar medidas de fuerza. Lo entiendo, pero también sé que no van a tener un resultado positivo en un enfrentamiento, porque el Estado sale con armas, con policías.

- ¿De esta zona es Edmundo Becerra, el dirigente que asesinaron en noviembre del año pasado?
- Sí, a Edmundo Becerra lo asesinaron de 17 balazos. Él era nuestro segundo dirigente más importante. Alguien de la mina nos pasó anónimamente unos powers que la mina había pasado al servicio de inteligencia del ejército y la policía, identificando a todos los "enemigos de la minería". Y dentro de los líderes ambientales, estaba él.

- Se había difundido que, quien lo mató, fue otro campesino...
- Lo mató un campesino que es conocido como sicario en la zona. Mata por dinero, y lo que es curioso es que este campesino llama a un congresista, y le dice que él quiere declarar quién le pagó para matar a Becerra. Dos días después que se comunica con él, la policía va a capturarlo y lo mata con 20 disparos. ¿Y cuál es el pretexto?, ¡que opuso resistencia! Van a detenerlo 20 policías, y nos vienen con el cuento que opuso resistencia.

- Y puntualmente con el caso de Edmundo Becerra, ¿ha avanzado la mina en Yanacanchilla?
- Sí, en este momento están elaborando su estudio de impacto ambiental, en etapa de exploración. El año pasado, estuvo la mina explorando con policías apuntándoles a la cabeza. A eso llegamos en este país: la minería armada. Y así han terminado la etapa de exploración. Y, en este momento, están tramitando el comienzo de la explotación. Y la gente ahí dice: "nos vamos a matar". Y es que el Estado le quita a la gente la posibilidad de reclamar. El Estado da una concesión y no hay forma de reclamar legalmente. Uno no puede anteponer un recurso de revisión, no puede realizar ningún mecanismo legal. El Estado autoriza una acción de exploración y explotación y tampoco puede uno utilizar ningún mecanismo legal.

- Menos ahora que el gobierno de Alan García publicó los decretos 014 y 015, ¿no?
- Claro, lo único que quedaba es que las municipalidades –con el fin de proteger sus zonas– estaban declarando áreas de reserva municipal. Y el Estado saca el decreto 015 (el 014 y el 015 fueron sacados los dos el mismo día). El 015 lo saca diciendo que las municipalidades no tienen atribuciones para tramitar las áreas de conservación municipal. Y ese era uno de los pocos mecanismos legales que quedaban y que, haciendo un buen estudio técnico, podíamos demostrar que esas zonas tienen que preservarse, tienen que protegerse. Pero el Estado nos coarta también esa posibilidad. Es bien curioso porque el 015, incluso, es un decreto supremo que firma el presidente con el Ministro de Energía y Minas. Un ministro que no tiene absolutamente nada que ver en el asunto, firmando esa resolución. Y firman el 014, que es la "agilización" de los procedimientos para obtener autorizaciones de exploración. Ahora hay tres clases de exploraciones (tipos A, B y C), diferentes por la magnitud. Y, ahora, la tipo A y la tipo B tienen autorización automática. Es decir, ni siquiera tienen que presentar una evaluación ambiental. Y la tipo C sí necesita una evaluación ambiental; pero antes, las evaluaciones ambientales se presentaban en el Ministerio y se podían anteponer observaciones. Y lo hemos hecho; en un caso lo hemos logrado hacer. Y creo que eso les enojó mucho y han reducido el plazo a ¡5 días! Ya era muy restringido, ahora nos están quitando esa posibilidad.

- ¿Y qué recursos legales quedan?
- Creo que ya no nos quedan. Las leyes están hechas para que la población esté atada de pies y manos. Por ejemplo, en la cuestión de las tierras. La ley dice: "otorgada la concesión minera, el minero tiene dos posibilidades: 1) negociar la compra-venta con el propietario del suelo, pacíficamente, llegar a un acuerdo. 2) pero si no llega a un acuerdo, se le puede imponer a ese predio una servidumbre minera. ¿Qué es la servidumbre minera?, es una expropiación, pero en 30 días. ¿Por qué no les convenía la figura de la expropiación? ¿Por qué la cambiaron?, porque la expropiación, legalmente, tendría que hacerse por medio de un juicio, y los juicios llevan mucho tiempo. Entonces modificaron la ley con esto de las servidumbres mineras. Y luego los funcionarios de la empresa se dan el lujo de decir: "yo cumplo con la ley". Y es cierto, cumplen con todas las leyes porque las leyes están hechas para ellos. A la población siempre la califican de salvaje, ignorante, que está en contra del desarrollo. Los periodistas de Lima (que además, no tienen ni idea de la realidad), en tiempos del Quilish, decían: "¿Qué se han creído estos campesinos de Cajamarca? Además, no entienden ni el idioma. Mándenles un traductor quechua que les explique lo que es el desarrollo". Y todas las comunidades hablan el español.

- ¿En qué quedó lo del cerro Quilish?
- En realidad, ellos pidieron la concesión minera del cerro Quilish, y la tienen. También tienen la propiedad superficial, porque la lograron comprar mediante una serie de abusos. Todo el Quilish. Y pidieron autorización para iniciar las labores de exploración. Y el Estado se las dio. Ellos las querían iniciar en el 2004, metieron maquinaria, y la gente se opuso porque el Quilish es una montaña que funciona como almacenador de agua. Es una fuente que proporciona agua a la planta de tratamiento "El Milagro", que da agua a la ciudad de Cajamarca. Entonces, se dio un conflicto muy fuerte que unió a la gente del campo y de la ciudad, ya que iba a afectar a ambos sectores. Y nos opusimos. Hubo un enfrentamiento muy fuerte; los campesinos tomaron el Quilish, vino la policía y los atacó con helicópteros. Hubieron muchas personas heridas, detenidas, niños, incluso... Pero los campesinos fueron lo suficientemente inteligentes y valientes de salir por algunas zonas y tomar la carretera de acceso a la mina. Se unieron muchos campesinos allí y estuvieron apostados como 15 días. El Estado quería solucionar el problema a la fuerza. Trajeron 800 efectivos de la DINOES, armados. Incluso, dieron la orden de que entrasen a "limpiar la carretera", –como así lo llamaban– a cualquier costo. Pero también se dieron cuenta que los campesinos eran muchos y, además, venían más a apoyarlos. Y el Estado mismo, cuando vio que la cosa estaba muy severa, quitó la autorización para explorar. Pero Yanacocha sigue manteniendo la concesión, sigue manteniendo la propiedad y, en cualquier momento, puede volver a pedir la exploración de la zona. Tienen 4 millones de onzas de oro en ese cerro y no piensan renunciar a ellas.
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