Introducción

Los retos de transnacionalismo y codesarrollo

El concepto de codesarrollo lleva varios años en proceso de gestación. Las diferentes aportaciones desde el campo de la investigación tienden a definirlo como una forma de cooperación en la que los migrantes sirven como vector de desarrollo de sus países de origen. Joan Lacomba ha sido uno de los primeros autores en España que han conectado en estudios empíricos Migración y Desarrollo, presentando los resultados de una investigación que explora los diferentes efectos de la emigración en Marruecos. Estos efectos son múltiples e intervienen en contextos multinivel, más allá de lo macroeconómico y superando la soberanía de los Estados. El autor considera que la emigración de jóvenes en edad productiva opera como una válvula de escape para el desempleo de los titulados a quienes urge entrar en el proceso de bienestar que empieza por la renta. Además, esta emigración constituye una importante inyección de divisas mediante las remesas enviadas a los familiares. Partiendo de ello, considera como factores de desarrollo las transferencias de dinero, de mercancías, de tecnología y de ideas^[2]. Las prácticas de los MRE son principalmente económicas, sociales y culturales. Su aportación política no suele ser indagada, aunque se confirma mediante varias iniciativas surgidas en los últimos años y resulta ser el marco oportuno de participación en la configuración de la política migratoria marroquí.

Estamos ante prácticas, enmarcadas en la globalización, que abalizan la distancia. Ésta deja de ser fuente o factor de poder ya que la movilidad y el contacto superan las fronteras geográficas. Estamos en un mundo post-soberano, dónde los países ven cómo actores transnacionales entran el juego institucional, reivindican su derecho de participación y amenazan la soberanía del Estado: “El Estado post-soberano es un Estado fuerte, pero también un Estado vigilado por la emergencia de un espacio público internacional”^[3]. Los emigrantes como actores transnacionales que conforman movimientos sociales más allá del Estado, están pendientes del comportamiento de la estructura de oportunidades e intentan modificar el proceso político jugando el papel de outsiders con el propósito de acceder a los recursos en igualdad de condiciones con los insiders^[4].

Las investigaciones en materia de transnacionalismo nos acercan de los retos emergentes cuyos protagonistas son los emigrantes marroquíes. En Nations unbound^[5], Linda Bash, Nina Glick-Schiller y Cristina Szanton Blanc presentan el transnacionalismo como una organización social específica y una estrategia de resistencia de los migrantes al proyecto hegemónico de los Estados-Naciones: una estrategia que les permite, mediante recursos económicos, culturales y psicológicos,  salir de la situación socio-económica de subordinación que reduce su integración. Del mismo modo, la relación con el país de origen se explica en clave de participación: establecer contactos diferentes y más amplios que las simples relaciones familiares acaba siendo para algunos una necesidad eminente, se convierte en un compromiso y desarrolla prácticas transnacionales mediante proyectos de filantropía diaspórica o reivindicaciones socio-políticas. Estas iniciativas se insertan en un marco organizacional como pueden ser los foros, las asociaciones o las federaciones. Los científicos las suelen presentar en varias categorías que iremos indicando en las diferentes partes de este trabajo, para que sirvan como base explicativa de las políticas dirigidas a los MRE, lanzadas por Marruecos en la última década. Las conexiones tal y como se realizan a lo largo del artículo no son aparentes en la política migratoria marroquí, por lo que es importante resaltar que esta asociación del transnacionalismo y del codesarrollo con el discurso y la práctica política es producto de las interpretaciones del autor y de su esfuerzo analítico. El artículo no analiza la política migratoria marroquí como efecto de los dos fenómenos mencionados, sino como reformas y avances en la relación con los MRE, que toman en cuenta implícitamente ambos retos, pero no llegan a emplear debidamente sus complejas dimensiones.  

La política migratoria marroquí: ¿Cambios forzados?

Antes de 1989, Marruecos promovía la emigración para aliviar la presión demográfica sobre los mercados laborales saturados y permitir el acceso de parte de la población al empleo y a la renta como fases iniciales del proceso de Bienestar. Además de ello, se consideraba un instrumento para mejorar la calificación de los trabajadores y una fuente de divisas^[6]. Toda la política de atención ciudadana a los Trabajadores Marroquíes en el Extranjero (TME) se centraba en la apertura de sucursales bancarias (Banque Populaire) para canalizar las remesas y en un discurso que pretende conservar los lazos mediante programas de enseñanza del árabe en colaboración con las asociaciones de comerciantes llamadas “amicales” que también jugaban un papel de control y seguridad. La intervención del Estado marroquí a favor de los intereses económicos y de la identidad cultural y religiosa de sus emigrantes ha logrado mantener los lazos con ellos, aunque las cuestiones políticas han perjudicado de vez en cuando esta relación^[7]. En el año 1988, la disminución de 20% en las remesas puso al país ante una nueva realidad: la obsesión por el control impidió a las autoridades públicas detectar la evolución de la población emigrada, su autonomización y su transnacionalización^[8].

Ante este riesgo, básicamente económico, se produjo un cambio en el discurso y la práctica: de los TME pasamos a los MRE, una denominación menos materialista; se pone fin a las asociaciones encargadas de control o espionaje y en lugar del enfrentamiento con los líderes de izquierda exiliados asistimos al regreso de Abderrahmane Youssoufi y su elección en 1998 para presidir el “gobierno de alternancia”. Desde finales de los noventa, la política migratoria marroquí se dota de  nuevos componentes como la protección jurídica de los MRE, la promoción de la inversión y la mejora de los servicios de acogida, manteniendo la línea de preservar los lazos con el país. En este marco ha sido creada en 1996 la Fundación Hassan II para los MRE con siete departamentos que operan en ámbitos diferentes como son la asistencia social, la educación o la promoción económica. La Fundación Mohammed V para la Solidaridad empezó a encargarse de la operación llamada “Marhaba” para la acogida de los MRE en los períodos vacacionales, mediante un dispositivo que incluye la recepción, información, asistencia médica y coordinación con los países de procedencia^[9]. En este mismo contexto de atención a la comunidad marroquí en el extranjero, ha adherido el país al programa Transfer Of Knowledge Through Expatriate Nationals (TOKTEN), lanzado por el PNUD con la idea de emplear la experiencia de los emigrantes altamente cualificados en el apoyo de sectores clave de sus países de origen. Esta adhesión se complementó por una segunda iniciativa en 2004 del Ministerio de Esnseñanaza Superior y de Investigación Científica, denominada FINCOME: Foro Internacional de Competencias Marroquíes en el Extranjero^[10].

Es cierto que las instituciones y acciones promovidas ha ido cubriendo las necesidades de los emigrantes marroquíes en colaboración con las asociaciones instaladas en diferentes países, pero estas necesidades superan los servicios que pueda prestar una fundación y se insertan en un marco más amplio en demanda de una respuesta política e institucional.

Instituciones y representatividad

Algunos Autores prefieren no considerar las iniciativas de conexión entre emigrantes y país de origen como políticas públicas^[11]. Otros distinguen entre políticas de Estado y políticas de gobierno. Las primeras son de largo plazo y están centradas en reforzar el sentimiento de pertenencia, serán expuestas en la presente parte. Las segundas son de corto plazo y promueven acciones específicas en la agenda del gobierno^[12] que abordaremos en el apartado siguiente.

Las reivindicaciones de la comunidad marroquí en el extranjero se manifiestan mediante artículos en la prensa, foros de debate y visitas institucionales para hacer presión de modo a conseguir una representación que garantice sus derechos cívicos y políticos. En las teorías de transnacionalismo, este tipo de actividades políticas relativas al país de origen o Homeland politics sirven para manifestar apoyo u hostilidad de la comunidad emigrada hacia el régimen establecido, como la organización de manifestaciones o la financiación de campañas electorales^[13]. Cuando estas actividades están organizadas por una comunidad que no puede participar en el sistema político del país de origen se llaman Diasporic politics^[14]. Entre estas dos posturas se encuentra la práctica política de los MRE, dependiendo de las decisiones tomadas por el Estado y el gobierno marroquí.

En efecto, tras la renuncia a los votos de los emigrantes y su representación en el parlamento desde 1993, en un contexto de proteccionismo político que trataba de evitar la posibilidad de que la comunidad se divida en función de ideologías partidistas, sus demandas continuaron y alcanzaron mejores niveles de organización, pues el interés político transnacional de los emigrantes no desaparece necesariamente con el tiempo, tampoco es posible reemplazarlo por la inclusión en la vida política del país de residencia^[15].  

Es en 2005 que se conseguirá la vuelta de estos asuntos participativos a la agenda política del país: el discurso del Rey Mohammed VI del 6 de noviembre anuncia cuatro medidas en este sentido: la representación de los MRE en la “Cámara de Representantes”; la creación de circunscripciones legislativas electorales en el extranjero; la concesión del derecho de voto a las nuevas generaciones, con la revisión correspondiente de la legislación electoral y la creación del Consejo Superior de la Comunidad marroquí en el extranjerotas. El discurso presenta estas decisiones como una respuesta a las “aspiraciones legítimas de diferentes generaciones de la comunidad, que deseen ejercer su ciudadanía plena y entera”^[16] con el fin de implicar a los ciudadanos emigrados en todas las instituciones y asuntos públicos. Es una respuesta estatal a las diasporic politics para contenerlas e insertarlas en el debate interno antes de verlas pasar a niveles incontrolables.

El desarrollo de las medidas anunciadas en 2005 corrobora esta premisa. Las dos primeras medidas correspondientes a la representatividad de los MRE se iban a aplicar en las elecciones legislativas de septiembre de 2007. Al final, las autoridades anularon esta intención por motivos técnicos y logísticos, relativos a la dificultad de organizar elecciones en los diferentes países de residencia de los emigrantes marroquíes. A pesar de este incidente, el código electoral dio derecho a las nuevas generaciones nacidas en el extranjero de inscribirse en las listas electorales generales ya sea para votar o para presentar una candidatura. Las solicitudes han sido descentralizadas al facilitar su presentación en los consulados que los transmitía a las comisiones competentes en las diferentes provincias marroquíes mediante el ministerio de asuntos exteriores y el ministerio de interior. La escasa participación e inviabilidad del voto^[17], ya que era necesario estar en Marruecos el día de elecciones y no existe el voto por correo, reduce el impacto de esta medida aunque se puede considerarla más bien una muestra de interés por parte del Estado hacia una categoría de MRE que tienen la nacionalidad del país de residencia, dándole contenido a la nacionalidad marroquí.

Se produjo entonces un retroceso en cuanto a las bases anteriormente mencionadas en materia de representatividad, pues ésta, en palabras del Rey “corre el riesgo de convertirse  en un simple ejercicio formal, si no cuenta con la credibilidad, la elegibilidad, la competencia leal y la movilización de nuestros ciudadanos emigrados”^[18].

La cuarta medida anunciada en 2005 preveía constituir el Consejo de la Comunidad Marroquí en el Extranjero (CCME) de “manera democrática y transparente, beneficiando de todas las garantías de credibilidad, de eficiencia y de representatividad auténtica”^[19]. Si es cierto que la creación del CCME ha sido fruto de un proceso consultivo, bajo la responsabilidad del Consejo Consultivo de los Derechos Humanos (CCDH) por petición del Rey, el informe elaborado y transmitido al gabinete real  ha sido criticado por parte de los actores relacionados con el ámbito. Varios partidos han considerado el proceso consultivo insuficiente e incluso discriminatorio, con la ausencia de metodología transparente y democrática. El debate se centró en el nombramiento de los miembros del CCME en vez de la elección de representantes según las circunscripciones consulares: las propuestas formuladas por asociaciones de MRE no han sido incluidas en las conclusiones del proceso consultivo^[20]. Se cuestionar en este caso la diferencia entre la práctica que ha llevado a la creación del consejo y el discurso que lo anunció: “La creación de esta instancia se inserta en el marco de una reflexión renovada y racional y de una visión profunda de la política de inmigración, a través de la adopción de una estrategia global, poniendo fin al solapo de los papeles y a la multiplicidad de los actores”^[21]. 

El formato actual del consejo no ha contado con la metodología democrática, lo que pone en duda su legitimidad, a pesar de que se considera su mandato actual transitorio de unos 4 años como máximo. La misión principal del consejo es alimentar la reflexión sobre el tema de representatividad con el fin de generar una participación amplia de los MRE en la elección de sus representantes, pues ha sido pensado -tal y como lo confirma el real decreto del 21 de diciembre de 2007^[22]- con unas  amplias competencias para que sea una fuerza de propuesta en cuanto a todas las cuestiones y políticas públicas relacionadas con la comunidad marroquí en el extranjero, como los temas de identidad, la defensa de los derechos y el apoyo de las iniciativas de desarrollo en las zonas de origen. Ha sido diseñado tal y como lo califica su secretario general para ser un laboratoro de ideas para contribuir a la puesta en marcha de políticas públicas, mediante un informe anual dirigido al gabinete real y un informe bi-anual sobre la situación de los MRE^[23].

La comparación entre el CCME y las instituciones similares en otros países resalta el procedimiento democrático que organiza éstas. La legitimidad del Consejo General de los Italianos en el Exterior (CGIE) por ejemplo, creado por la Ley del 6 de noviembre de 1989, se basa en la elección de más de dos tercios^[24]. En el caso de países latinoamericanos como Brasil o Perú, se optó por la creación de consejos consultivos en las circunscripciones consulares, aunque el proceso de constitución resultó conflictivo, debido a la lucha de intereses entre los líderes de la diáspora o la politización de estos consejos por partidos políticos^[25]. El formato del CCME está pensado para madurar la reflexión sobre las diferentes prácticas de los emigrantes, cuando éstos esperan menos debate y más acción.

Las prácticas transnacionales de los emigrantes tienen dos vías: desafiar las instituciones estatales o servir sus intereses^[26]. En este sentido, el retroceso en materia de representatividad y la legitimidad cuestionada del CCME son susceptibles de convertir el apoyo de los MRE al Estado marroquí en una postura diferente, pues al verse reducidas las posibilidades de participación, se convertirán las Homeland politics en actividades de Diasporic politics^[27]. En efecto, la diáspora marroquí está empleando nuevos instrumentos para presionar, como puede ser el contacto con instituciones internacionales, la creación de redes^[28], la organización de foros de debate con difusión mediática o la creación de partidos políticos liderados por MRE^[29]. Es cierto que la organización de elecciones en las diferentes circunscripciones consulares en los países donde reside la comunidad marroquí puede resultar complicada y costosa, sobre todo sin tener la garantía de que los MRE acudan a las urnas, como ha pasado en experiencias similares de países latinoamericanos como México, cuando en las elecciones presidenciales de 2006, sólo han votado 32000 mexicanos en el extranjero  de un total de 4 millones de potenciales electores^[30]. Pero, por mucho que prime el peso de la variable coste, la lógica que ha de plantearse es la de derechos cívicos y políticos: los emigrantes ven el voto como un derecho simbólico que concreta sus demandas de reconocimiento por parte del país de origen^[31]. Quizás sea entonces el paso más importante para devolverles el sentimiento de seguir perteneciendo a la otra orilla, lo que sería el comienzo de una mayor implicación ciudadana, pues no se puede tomar o dejar de tomar una decisión similar –la de voto y representatividad- en función de las previsiones en materia de participación^[32].

Políticas gubernamentales

En cuanto a las acciones de gobierno, se canalizan a través del Ministerio Delegado encargado de la Comunidad Marroquí en el extranjero que por primera vez depende del primer ministerio, en los gobiernos anteriores dependía del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación. Elaborando el “Plan de acción nacional preliminar para la promoción de la situación de los ciudadanos marroquíes en el extranjero 2008-2012”, el ministerio ha superado la situación estancada en materia de atención social y ha puesto en marcha varias medidas sectoriales como la creación de una “ventanilla única central” para recibir todas las quejas de los MRE, bajo el nombre de “Sistema Integrado de Gestión de las Peticiones”^[33]; la mejora de la acción social y el acompañamiento de los grupos más desfavorecidos resucitando los servicios sociales en unos 15 consulados y solucionando los problemas de los MRE jubilados sobre todo en materia de atención sanitaria; La consolidación de lazos sobre todo de los jóvenes con el país de origen mediante el plan de acción Enseñanza de la Lengua y la Cultura de Origen (ELCO) y el apoyo al tejido asociativo se por su papel en preservar la identidad cultural y religiosa. En paralelo con estas intervenciones sectoriales, el gobierno  tiene la intención de abrir puntos de atención a los MRE en algunas administraciones, particularmente en las consejerías de gobernación de cara a ofrecerles asistencia y orientación en las diferentes tareas que quieran emprender dentro del país^[34].

Además de estos instrumentos sectoriales, se han tomado medidas extraordinarias  en el marco del Plan Anti-crisis, diseñado para disminuir el impacto de la crisis económica mundial sobre los MRE y sobre su contribución al desarrollo del país. Marruecos se ha visto afectado por la crisis económica mediante cuatro canales principales ligados a la coyuntura internacional: el primer canal se refiere a los intercambios comerciales de bienes y se manifiesta mediante el repliegue de la demanda extranjera dirigida a Marruecos por la disminución del consumo. El segundo es relativo a la bajada de los ingresos turísticos, por la reducción de los gastos de los hogares en los países emisores de turistas y la intensa competencia regional e internacional. El tercero se  resume en la contracción de las IDE, bajo el efecto de las incertidumbres, las dificultades de financiación a escala mundial y los eventuales aplazamientos de proyectos de inversión. En cuanto al cuarto canal, es el relativo a la caída de las transferencias de los MRE^[35]. Las cifras disponibles hasta finales de junio muestran una disminución de 15,5% en cuanto al primer semestre de 2009. Las medidas en cuestión se resumen en cuatro puntos esenciales:

La posibilidad de acceso a un crédito bancario para adquirir un alojamiento, en el marco del mismo programa ofrecido a los autóctonos llamado Fondo “garantía de alojamiento”.

Aplicar hasta el 31 de diciembre de 2009 la gratuidad de las transacciones que transitan por bancas marroquíes o sus redes en el extranjero, para bajar el coste de los envíos monetarios a Marruecos.

Para promover las inversiones de los Marroquíes del Mundo (MDM), se ha creado el fondo “MDM Invest”.

El Plan Estado-GPBM (Agrupación Profesional de Bancas de Marruecos) ofrece a los MRE, influidos directamente por la crisis, la posibilidad de reescalonar las deudas. 

El mayor riesgo social ante la disminución de los envíos monetarios es perder esta fuente de ingresos que mantenía a las familias de emigrantes en posiciones de vida dignas. La fragilidad de las familias receptoras de remesas está siendo puesta a prueba, pero las medidas del plan anticrisis no han valorado este hecho y están encaminadas fundamentalmente a frenar las consecuencias a nivel económico, anteriormente citadas, provocadas por el retroceso en la entrada de remesas^[36].

Un capital humano desconfiado

El Informe General 50 años de Desarrollo Humano y Perspectivas 2025^[37] que se considera un documento de referencia actualmente en materia de las problemáticas de desarrollo en Marruecos,  dedica una parte del análisis de potencial humano a la evolución de la comunidad marroquí en el  extranjero incidiendo en la necesidad de considerarla más que un actor económico: “Si la contribución de esta diáspora a la economía nacional es real desde hace mucho tiempo, Marruecos debe también tener la ambición de beneficiarse de los aportes de todos sus componentes en términos de irradiación exterior, de lobbying económico y financiero, de transferencias de pericia y tecnología y de enriquecimiento cultural”^[38].

Estas nuevas modalidades de implicación tienen un impacto confirmado en el caso de los turcos en Alemania por ejemplo: para el caso marroquí, podrían generar una promoción exterior relevante y defender los intereses del país ante organismos internacionales o por el simple contacto con la sociedad civil de los países de residencia. Para ello, el país debe reconquistar la confianza de la diáspora marroquí. Son numerosos los retos a los que se enfrenta y que debe ganar mediante una política apropiada: la redacción y aprobación de textos legislativos respecto a los derechos civiles y políticos de los ciudadanos emigrados; la atención a los MRE en situación precaria para garantizar sus derechos; la incitación a participar en las instituciones del país; promover el asociacionismo y sus actividades en el país de residencia y de origen; ofrecer facilidades para la inversión en sectores productivos y reforzar la contribución al desarrollo del país y la modernización de la sociedad movilizando las competencias científicas y profesionales para la integración del país en la economía del conocimiento.

La pérdida del capital humano a través del proceso emigratorio constituye un coste para las posibilidades de desarrollo del país emisor, por su papel crucial en la dinámica económica. Las teorías de transnacionalismo consideran las Translocal politics actividades cuyo objetivo es mejorar la situación de la población que vive en las  localidades de origen, este tipo de acciones se convierte en políticas sólo si cuenta con una institucionalización por parte de los organismos públicos^[39]. Aunque existen en este marco iniciativas de los MRE en materia de inversión o de intervención social, hace falta que estas acciones sean continuas y sistemáticas, aprovechando el apoyo estatal y el acompañamiento jurídico y administrativo. Condición sin la cual no resulta benéfico emprender en el país.    

Un estudio realizado por el Alto Comisariato del Plan (HCP) en 2008 sobre la “Inserción socioeconómica” de los inmigrantes^[40] confirma esta premisa al indicar que las cifras de los jóvenes interesados en volver al país para invertir son netamente inferiores en comparación con sus padres. El interés diminuye de generación en generación: los que inmigraron entre los años 1970 y 1980 invierten 2 veces más en Marruecos que en los países de acogida, este ratio se establece a 1,5 veces en los años 1980, luego 1,4 veces en los años 1990. Los MRE que inmigraron desde el año 2000 invierten a parte igual en Marruecos que en los países de acogida. Aquí el sentimiento de pertenencia no interviene, priman las ventajas económicas: 90% se muestran dispuestos a abandonar la inversión en Marruecos en ausencia de facilidades comparables a las ofertadas en los países de acogida^[41].

De igual modo que la inversión, las intenciones de envíos monetarios se ven alteradas de generación en generación, aunque aquí, además de los lazos que mantiene la comunidad con sus familiares, entran otras variables en relación con el proyecto migratorio: si está asentado sobre bases personales y estratégicas de personas “cualificadas”^[42], el objetivo es más bien individual en referencia a la formación o a la mejora profesional, la familia se ve relegada a un segundo plano. La posibilidad de reducción significativa de las transferencias pone a Marruecos ante el gran reto de involucrar a su diáspora en las dinámicas de desarrollo pensando en la fase post-remesas.

Para abordar estos desafíos, es imprescindible conseguir una armonía dentro de la infraestructura institucional creada y adoptar un enfoque participativo que implique a los propios emigrados en el diseño de las políticas a emprender.

Hacia una gobernanza participativa

El CCME como institución creada en Marruecos para generar debate y servir de referencia   consultiva no ha logrado apoyarse en la metodología participativa para evitar el rechazo manifestado por algunas organizaciones de la diáspora. La exclusión del diálogo de la Plataforma Intercontinental de los MRE, como ejemplo de asociación representada en varios continentes, ha sido una manera de alimentar corrientes opuestas al trabajo de la institución, a su composición y a su esencia, mediante notas de prensa y peticiones de disolución del consejo actual con la idea de organizar “elecciones libres y democráticas” y crear un nuevo “consejo representativo de los marroquíes del extranjero”^[43].       

La práctica de la ciudadanía por parte de los MRE podría funcionar mediante el contacto directo de las instituciones con los sujetos, pero se limitaría a acciones intervencionistas y reducidas en el espacio y en el tiempo por mucho que sean bien elaboradas. Lo que aportarían las organizaciones supera los impactos individualistas ya que tienen la visión desde dentro de los problemas y los recursos humanos necesarios para el diseño y ejecución de programas. La promoción del asociacionismo en beneficio de las zonas de residencia y de origen es prioritario y urgente ya que “sigue existiendo una notable falta de apoyo a los que deberían ser los actores del codesarrollo: las asociaciones de inmigrantes”^[44]. Se trata de explorar e instalar los mecanismos de inserción de estas entidades en los diferentes programas y proyectos sociales^[45]. Un programa tan ambicioso como la Iniciativa Nacional de Desarrollo Humano (INDH)^[46] no cuenta con la diáspora marroquí en el momento en que podía afirmarse como marco prospectivo de reorganización de solidaridades sociales y territoriales contando con todos los actores dispuestos a involucrarse voluntariamente en proyectos desarrollistas.

La multiplicidad de actores que se dirigen a la diáspora marroquí pone en dificultad la consecución de los objetivos planteados por el Estado ya que las actividades se ven solapadas sin racionalización de los gastos, e incluso escapan al control político sin rendición de cuentas. La Fundación Hassan II para los MRE cuenta con su propio observatorio en colaboración con la Organización Internacional de Migraciones, con fines de investigación, análisis y difusión de información sobre temáticas en relación con la diáspora marroquí: su papel es repetitivo al compararlo con la misión del CCME^[47]. La Fundación Mohamed V para la Solidaridad lleva muchos años encargándose de la operación de tránsito en los meses de verano, ofreciendo asistencia médica y orientación a los MRE, se calculan 12 mil intervenciones por ejemplo en la operación de 2009^[48]. 

Por la dependencia directa del gabinete real, estas dos instituciones asumen funciones que competen más bien al gobierno, sin que estén expuestas al cuestionamiento por parte de las comisiones apropiadas del parlamento. La prensa tampoco se dedica a criticar sus labores, ya que por el estatuto de fundación no se puede evaluarlas según los mismos criterios aplicados a las instituciones públicas. El ministerio se ve por esta situación reducir sus ámbitos de actuación por ausencia de alineación y armonización de programas. Hoy en día es necesario que cada autoridad pública o  institución opere en complementariedad para llevar a cabo las misiones que le competen, aunque sería más razonable limitar la intervención a dos órganos, uno gubernamental (el ministerio)  para diseñar la política general y fomentar-coordinar la acción no gubernamental, y uno consultivo (el CCME) como instancia para la investigación y la propuesta. 

Las investigaciones sobre codesarrollo y la implicación de las diásporas aclaran aspectos básicos para llevar a cabo procesos participativos de desarrollo sin la exclusión de colectivos con destacado interés en apoyar los avances del país de origen. Hein de Haas elaboró en 2006 para el International Migration Institute un documento de trabajo sobre las líneas que los políticos han de reforzar a fin de aprovechar el capital que ofrecen sus emigrantes. Destaca en este sentido el aspecto de apoyo a las redes de la diáspora y la creación de alianzas eficientes con actores oficiales del desarrollo. Esto es posible si se dinamiza el trabajo en red de las diferentes organizaciones, sin instrumentalizar las estructuras consultivas o las plataformas existentes, aunque es delicado mantener el equilibrio entre “reforzar” y “tutelar” las organizaciones diaspóricas^[49]. Esta tarea no es factible sin la coordinación de los diferentes actores anteriormente mencionados, dentro de un modelo organizativo que prime la alineación de las acciones con las necesidades de los MRE, la gestión orientada a resultados y la implicación de la diáspora en los diferentes procesos de decisión y de configuración de las políticas.

¿Hasta qué punto está dispuesto el Estado marroquí a realizar estos avances? Los cambios de la última década han favorecido el refuerzo de las estructuras de oportunidad centradas en el Estado^[50] precisamente las estructuras institucionales como la planificación de las acciones gubernamentales y la creación del CCME. Sin embargo varios investigadores dudan de la sinceridad de las reformas emprendidas en los últimos años: analizando las dimensiones de la nueva imagen de la monarquía, se detecta un doble juego que pretende cubrir los modos de ejercicio del poder por contenidos materiales como las iniciativas de desarrollo y las reformas anunciadas. En este marco, la creación de nuevas instituciones por parte del rey se ve como una estrategia de marginación de las estructuras formales del poder, reduciendo las capacidades de decisión y ejecución política^[51]. Es posible que la impresión que da Marruecos a la comunidad internacional sea de un movimiento de avance-retroceso que lo deja al final en el mismo sitio, aunque el cartel colgado sea el de cambio. Pero el discurso actual niega esta versión, confirma el progreso y justifica los entorpecimientos con argumentos basados en la necesidad de una planificación idónea, en los  obstáculos relativos al cambio social o en la falta de claridad que paraliza la escena política.

En el contexto de las revueltas árabes, Marruecos parece decidido a operar cambios profundos en su sistema político mediante la revisión de la constitución anunciada por el rey en el discurso del 9 de marzo de 2011 cuyo propósito fue: “abordar el inicio de la siguiente etapa del proceso de regionalización avanzada, que supone un perfeccionamiento de nuestro destacado modelo democrático y de desarrollo, con la consiguiente profunda revisión constitucional que requiere, y que consideramos como el pilar de las nuevas reformas globales que queremos lanzar, en permanente armonía con todos los componentes de la Nación”^[52]. Se trata entonces de una reforma constitucional global, que tiene por finalidad “modernizar y habilitar los órganos del Estado” a través de un proceso consultivo llevado a cabo desde la fecha del discurso real hasta finales de junio de 2011, por parte de la comisión especial para la revisión de la Constitución.

En el mismo discurso, se hace referencia a la Cámara de Consejeros así como al Consejo Económico y Social como dos instituciones de representatividad tanto de los órganos regionales como de las organizaciones profesionales y sindicales. Es seguramente el momento de reflexión sobre la práctica política de los MRE y las instituciones en las que podrían verse representados y sus demandas reflejadas. Para ello, se constituyó el 21 de marzo de 2011 el Comité de Marroquíes del Exterior para la Revisión de la Constitución^[53] con el fin de participar en el proceso consultivo. La revisión de la composición y las competencias de la Cámara de Consejeros tal y como la anuncia el discurso real podría ser el marco más adecuado de representatividad de los MRE, las noticias que relatan el contenido de algunas memorandas de propuesta presentadas por los partidos políticos corroboran esta opción^[54].   

Conclusión

Se deduce de este ejercicio de análisis que Marruecos ha optado por la alianza y no por el choque con los movimientos transnacionales. Las colectividades humanas existían antes del Estado, éste para construirse ha tenido que componer con estas entidades sociales incluyéndolas en el juego. Podemos asentir entonces que Marruecos está desarrollando estrategias que permitan desviar los recursos del espacio transnacional para reforzar su propia territorialidad^[55].

Asistimos hoy en día a una emergencia de la Sociedad Civil Marroquí en el Extranjero cuya organización está asegurada por asociaciones activas, federaciones y plataformas que a la vez apoyan los avances del país sin dejar de recordar los fracasos y las necesidades^[56]. Sus actividades son de carácter reivindicativo tanto en origen como en destino, aunque buena parte de su trabajo se centra en levar a cabo pequeñas iniciativas de desarrollo en origen. Estas prácticas transnacionales manifiestan las conexiones positivas entre migración y desarrollo que están siendo desaprovechadas por el país, en ausencia de lo que hemos llamado gobernanza participativa: si las medidas estatales mencionadas en este trabajo tienen por objetivo que los marroquíes residentes en el extranjero no se sientan como proveedores de fondos sino como verdaderos actores socioeconómicos, la infraestructura institucional creada para ello aun no ha conseguido este reto y debe solucionar antes de cualquier acción el reparto adecuado de funciones para una intervención armonizada. 

Quizás el Estado marroquí haya optado por una política progresiva para facilitar a los MRE la participación en las elecciones como principal canal de inserción en los asuntos públicos del país, pero los partidos políticos se han quedado a la expectativa pasiva de estos avances: comentan en sus congresos la situación, pero ninguno ha tomado la iniciativa de abrir el debate con la comunidad marroquí en el extranjero para sondear sus percepciones e inquietudes ni para practicar la función tan legítima de orientación política. Los retos son inminentes y las iniciativas no cuentan con los partidos políticos.