DIOS, PATRIA Y LIBERTAD

República Dominicana

EN NOMBRE DE LA REPUBLICA

 

 

 

 

SENTENCIA No. 024-2009

 

En la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los DIECINUEVE   (19) días del mes de JUNIO del año dos mil nueve (2009), año 166' de la Independencia y 147' de la Restauración.

 

LA PRESIDENCIA DEL TRIBUNAL CONTENCIOSO TRIBUTARIO Y ADMINISTRATIVO, de Jurisdicción Nacional, regularmente constituido en la Sala donde acostumbra celebrar sus audiencias, sito en la calle Juan Sánchez Ramírez, No.1-A, esquina Socorro Sánchez, del sector de Gazcue, Santo Domingo, Distrito Nacional, actuando según lo establecido en el artículo 7 de la Ley No.13-07 de fecha 5 de febrero del año 2007, la  Magistrada SARA HENRÍQUEZ MARÍN Juez Presidente; asistida de la infrascrita Secretaria, ha dictado en sus atribuciones para conocer Medidas Cautelares, y en audiencia pública la sentencia que sigue:

 

CON MOTIVO DE LA SOLICITUD DE MEDIDA CAUTELAR ANTICIPADA, interpuesta por el MOVIMIENTO DE CAMPESINOS TRABAJADORES DE LAS COMUNIDADES UNIDAS INCORPORADAS (MCCU), sociedad sin fines de lucro, representada por su presidente Alejandro García, dominicano, mayor de edad, portador de la cédula de identidad y electoral No. 023-0016538-2, domiciliado en la calle Eladio Ducudray No. 9-B, del municipio Sabana Grande de Boyá, provincia de Monte Plata; y el ESPELEOGRUPO DE SANTO DOMINGO, INC; sociedad sin fines de lucro, representada por su presidente Domingo Abreu Collado, dominicano, mayor de edad, portador de la cédula de identidad y electoral No. 001-0327898-2, domiciliado de la               Av. Independencia No. 518, apartamento 201, de esta ciudad; quienes tienen como abogados constituidos y apoderados especiales a los Dres. Juan B. Frías Agramonte, José Fernando Pérez Volquez, David Santiago Ruiz, Mario A. Guerrero Heredia, Víctor Gómez Berges, Juan Bosco Guerrero, Román E. Caamaño, Bosco Guerrero Heredia, Juan E. Nadal Ponce, Federico M. Núñez Pichardo, Daniel Moreno Cardenas, Luis Moreno Cardenas y José Silverio Almonte, dominicanos, mayores de edad, casados, portadores de las cédulas de identidad y electoral Nos. 049-0034185-2, 069-0001633-5, 090-0013114-5,                        001-0087474-2, 909-707-9505, 001-1394226-9, 001-1306793-8, 001-0061977-4,                    001-1373841-36, 001-1394226-2, 049-0035479-8, 001-0246477-3 y 001-0091560-2, respectivamente, con estudio profesional común en las oficinas del Colegio de Abogados de la República Dominicana, situado en la esquina de la calle El Conde esquina Isabel la Católica, de esta ciudad de Santo Domingo, lugar donde hace formal elección de domicilio para todos los fines y consecuencias legales del presente recurso, CONTRA el Acto Administrativo Licencia Ambiental DEA 0157-09 de fecha 14 de abril del año 2009 otorgada por la Secretaría de Estado de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARENA) al Consorcio Minero Dominicano, S. A.

 

VISTA Y LEIDA la instancia introductiva de Solicitud de Medida Cautelar Anticipada de fecha 20 de mayo del año 2009, depositada en la Secretaría del Tribunal Contencioso Tributario y Administrativo en la misma fecha, suscrita por sus abogados constituidos y apoderados especiales Dres. Juan B. Frías Agramonte, José Fernando Pérez Volquez, David Santiago Ruiz, Mario A. Guerrero Heredia, Víctor Gómez Berges, Juan Bosco Guerrero, Román E. Caamaño, Bosco Guerrero Heredia, Juan E. Nadal Ponce, Federico M. Núñez Pichardo, Daniel Moreno Cardenas, Luis Moreno Cardenas y José Silverio Almonte, de generales que constan, en representación del MOVIMIENTO DE CAMPESINOS TRABAJADORES DE LAS COMUNIDADES UNIDAS INCORPORADAS (MCCU) y ESPELEOGRUPO DE SANTO DOMINGO, INC., los cuales en sus conclusiones expresan lo siguiente: “De manera principal: PRIMERO: Acoger el presente recurso por haber sido interpuesto conforme a la ley y en tiempo hábil; SEGUNDO: Ordenar la suspensión del Acto Administrativo Licencia Ambiental DEA No. 0157-09, de fecha 23 de marzo del año 2009 y se Ordene la Suspensión de los Trabajos tendentes a la instalación a una cementera en el área de la Zona Protegida de Los Haitises, pues el mismo fue hecho en base a un procedimiento que es contrario a la Ley 64-00 y al derecho a un medio ambiente sano que consagran diversos tratados internacionales con rango constitucional.”

 

VISTO Y LEIDO el Auto No.662-2009 de fecha 22 de mayo del año 2009, de la Magistrada Juez Presidente del Tribunal Contencioso Tributario y Administrativo, fijando audiencia pública para el martes día veintiséis (26) de mayo del año 2009, a fin de conocer la Solicitud de Medida Cautelar Anticipada.

 

VISTO Y LEIDO el Inventario de Documentos depositados en la Secretaría del Tribunal Contencioso Tributario y Administrativo en fecha 25 de mayo del año 2009, suscrito por el Dr. Juan B. Frías Agramonte, por sí y por los Dres. José Fernando Pérez Volquez, David Santiago Ruiz, Víctor Gómez Berges, Juan Bosco Guerrero y Mario A. Guerrero Heredia, en representación del MOVIMIENTO DE CAMPESINOS TRABAJADORES DE LAS COMUNIDADES UNIDAS INCORPORADAS (MCCU) y ESPELEOGRUPO DE SANTO DOMINGO, INC.

 

VISTA Y OIDA la Sentencia in-voce de fecha 26 de mayo del año 2009, dictada por este tribunal, cuyo dispositivo es el siguiente: “PRIMERO: Prorroga el conocimiento de la presente audiencia a los fines siguientes: a) De que la parte recurrida y la Procuraduría General Tributaria y Administrativa tomen conocimiento de los documentos que conforman la presente Solicitud de Medida Cautelar, asimismo procedan a depositar todos y cada uno de los documentos que sustenten sus pretensiones; b) Que la parte recurrida proceda a deposito del Acto Administrativo Licencia Ambiental No. 0157-09 de fecha 23 de mayo del 2009; c) Ordena citar por auto de este Tribunal al Consorcio Minero Dominicano, C. por A., para que comparezca a la próxima audiencia como interviniente forzoso; d) Respecto a la solicitud de intervención del Ayuntamiento de Sabana Grande de Boya, la Presidencia de este tribunal se reserva el derecho de citar, si lo considera necesario luego de producirse los debates, para una próxima audiencia; SEGUNDO: Se fija la presente audiencia para el día viernes 29 de mayo a las nueve (09:00 a.m.) horas de la mañana. Vale citación para las partes presentes y representadas”.

 

VISTO Y LEIDO el Auto No.675-2009 de fecha 27 de mayo del año 2009, de la Magistrada Juez Presidente del Tribunal Contencioso Tributario y Administrativo, resolviendo: “PRIMERO: Ordena al Consorcio Minero Dominicano, S A., comparecer a la audiencia que será celebrada el viernes que contaremos a veintinueve (29) del mes de mayo del año dos mil nueve (2009), a las 09:00 horas de la mañana, a fin de conocer la solicitud de Medida Cautelar Anticipada interpuesta por el MOVIMIENTO DE CAMPESINOS TRABAJADORES DE LAS COMUNIDADES UNIDAS INCORPORADAS (MCCU) y ESPELEOGRUPO DE SANTO DOMINGO, INC., a celebrarse en la Sala de audiencia de este Tribunal, sito en la Juan Sánchez Ramírez No. 1, esq. Socorro Sánchez, Gazcue, de esta ciudad; SEGUNDO: Ordena al CONSORCIO MINERO DOMINICANO, C. POR A., a comparecer como interviniente forzoso, y a tomar conocimiento de los demás documentos que conforman el presente recurso”.

 

VISTO Y LEIDO el Inventario de Documentos depositados en la Secretaría del Tribunal Contencioso Tributario y Administrativo en fecha 27 de mayo del año 2009, suscrito por el Dr. Juan B. Frías Agramonte, por sí y por los Dres. José Fernando Pérez Volquez y David Santiago Ruiz, en representación del MOVIMIENTO DE CAMPESINOS TRABAJADORES DE LAS COMUNIDADES UNIDAS INCORPORADAS (MCCU) y ESPELEOGRUPO DE SANTO DOMINGO, INC.

 

VISTO Y LEIDO el Escrito de Intervención Voluntaria de fecha 29 de mayo del año 2009, depositada en la Secretaría del Tribunal Contencioso Tributario y Administrativo en la misma fecha, suscrito por su abogado constituido y apoderado especial el Lic. Robert Martínez Vargas, por sí y  por los Dres. Milton Ray Guevara, Juan ML. Pellerano y Pedro Domínguez Brito, en representación del CONSORCIO MINERO DOMINICANO,                   C. POR A., la cual en sus conclusiones expresa lo siguiente: “PRIMERO: Declarar bueno y válido en cuanto a la forma la presente demanda en intervención voluntaria, por ser hecha conforme a las normas procesales vigentes; SEGUNDO: Que el CONSORCIO MINERO DOMINICANO, C. POR A., hace formal y expresa reserva de invocar y proponer en su momento oportuno los medios de inadmisión, excepciones y/o defensas y conclusiones que fueren procedentes a fin de resguardar y proteger nuestros derechos.”

 

VISTO Y LEIDO el Escrito de Defensa de fecha 28 de mayo del año 2009, depositada en la Secretaría del Tribunal Contencioso Tributario y Administrativo en fecha 29 del mismo mes y año, suscrito por su abogado constituido y apoderado especial la Dra. Marisol Castillo Collado, por sí y  por los Licdos. Rafael Suarez Ramírez, Jean-Alexis Gaugé y Yery Francisco Castro, en representación de la Secretaria de Estado de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la cual en sus conclusiones expresa lo siguiente: “PRIMERO: Declarar inadmisible la solicitud de Medidas Cautelares Anticipadas interpuesta por el MOVIMIENTO DE CAMPESINOS TRABAJADORES DE LAS COMUNIDADES UNIDAS INCORPORADAS (MCCU) y ESPELEOGRUPO DE SANTO                  DOMINGO, INC., contra la Secretaria de Estado de Medio Ambiente y Recursos Naturales, por falta de calidad, de acuerdo a las disposiciones de la ley, en los hechos punibles que afectan intereses colectivos o difusos pueden constituirse como querellante las asociaciones, fundaciones y otros entes, siempre que el objeto de la agrupación se vincule directamente con esos intereses y se hayan incorporado con autoridad al hecho; SEGUNDO: Rechazar la solicitud de Medidas Cautelares Anticipadas interpuesta por el MOVIMIENTO DE CAMPESINOS TRABAJADORES DE LAS COMUNIDADES UNIDAS INCORPORADAS (MCCU) y ESPELEOGRUPO DE SANTO DOMINGO, INC., contra la Secretaria de Estado de Medio Ambiente y Recursos Naturales, ya que la Licencia Ambiental No. DEA 0157-09, de fecha 14 de abril del 2009, emitida a favor de la empresa “Consorcio Minero Dominicano, S. A.” fue otorgada en estricto cumplimiento de todos los procedimientos establecidos por la Ley General de Medio Ambiente y Recursos Naturales, por el Reglamento que establece el Sistema de Permisos y Licencias Ambientales; TERCERO: Condenar a las partes recurrentes al pago de las costas judiciales del presente procedimiento, ordenando la distracción de las mismas a favor y provechos de los abogados concluyente por haberlas avanzado en su mayor parte o en su totalidad”.

 

VISTA Y OIDA la Sentencia in-voce de fecha 29 de mayo del año 2009, dictada por este tribunal, cuyo dispositivo es el siguiente: “PRIMERO: Prorroga el conocimiento de la presente audiencia a los fines de que el CONSORCIO MINERO DOMINICANO, S. A., tome conocimiento de todos y cada uno de los documentos que conforman la presente solicitud de adopción de medida cautelar, para preservar su derecho de defensa. SEGUNDO: Ordena depositar al MOVIMIENTO DE CAMPESINOS TRABAJADORES DE LAS COMUNIDADES UNIDAS INCORPORADAS (MCCU) y ESPELEOGRUPO DE SANTO DOMINGO, INC., los documentos relativos a su incorporación; TERCERO: Se fija audiencia para el día miércoles tres (03) de junio del presente año a las nueve (09:00) horas de la mañana. Vale citación para las partes presentes y representadas.”

 

VISTA Y OIDA la Sentencia in-voce de fecha 03 de junio del año 2009, dictada por este tribunal, cuyo dispositivo es el siguiente: “PRIMERO: Se reserva el fallo para ser dictado en una próxima audiencia, cuya fecha será comunicada a las partes mediante auto de este Tribunal. SEGUNDO: Se concede un plazo común de 5 días a las partes a los fines de depositar escrito ampliatorio de conclusiones”.

 

VISTO Y LEIDO el Escrito de Defensa de fecha 03 de junio del año 2009, depositada en la Secretaría del Tribunal Contencioso Tributario y Administrativo en la misma fecha, suscrito por su abogado constituido y apoderado especial el Dr. Milton Ray Guevara, por sí y  por los Licdos. Robert Martínez Vargas, Juan ML. Pellerano y Pedro Domínguez Brito, en representación del CONSORCIO MINERO DOMINICANO, C. POR A., la cual en sus conclusiones expresa lo siguiente: “PRIMERO: Que la Licencia Ambiental DEA                     No. 0157-09 dictada el 14 de abril de 2009 por el Secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, fue precedida de los tramites, estudios ambientales y distintos procedimiento de investigación y control estabilidad en la ley, en razón de lo cual, fue dictada en el ámbito de los poderes que la ley otorga a dichos funcionarios del Estado, por lo cual está revestido de la legalidad constitucional que corresponde a ese documento de acuerdo a la Constitución y a la ley; SEGUNDO: Que dicha licencia ambiental otorga a la concluyente, derechos que están protegidos por la legalidad del acto administrativo otorgado por dicho Secretario de Estado; TERCERO Que el derecho a la legalidad que la Constitución garantiza a toda persona para la protección de todos los derechos que ha adquirido conforme a la Constitución y las leyes, impide que sea afectado por la presente demanda en ordenamiento de medidas cautelares, lo cual solo podrá ocurrir cuando fueren anulados los derechos de que es titular el Consorcio Minero Dominicano, S.A., el cual ha sido demandado en este caso; CUARTO: Que se rechace en todas sus partes la pretensión de aprobación de medidas cautelares anticipadas que ha sido demandada por los mencionados demandantes”.

 

VISTO Y LEIDO el Escrito de Defensa de fecha 03 de junio del año 2009, depositada en la Secretaría del Tribunal Contencioso Tributario y Administrativo en fecha 04 del mismo mes y año, suscrito por su abogado constituido y apoderado especial la Dra. Marisol Castillo Collado, por sí y  por los Licdos. Rafael Suarez Ramírez, Jean-Alexis Gaugé y Yery Francisco Castro, representación de la Secretaria de Estado de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la cual en sus conclusiones expresa lo siguiente: “PRIMERO: Declarar inadmisible la solicitud de Medidas Cautelares anticipadas interpuesta por el MOVIMIENTO DE CAMPESINOS TRABAJADORES DE LAS COMUNIDADES UNIDAS INCORPORADAS (MCCU) y ESPELEOGRUPO DE SANTO DOMINGO, INC., contra la Secretaria de Estado de Medio Ambiente y Recursos Naturales, por falta de calidad, de acuerdo a las disposiciones de la ley, en los hechos punibles que afectan intereses colectivos o difusos pueden constituirse como querellante las asociaciones, fundaciones y otros entes, siempre que el objeto de la agrupación se vincule directamente con esos intereses y se hayan incorporado con autoridad al hecho. Que en cuanto a la calidad de la misma tiene varias condiciones y una de ella es tener un interés, por lo que los recurrentes carecen y no tienen interés de acuerdo el objeto de su creación (ver estatuto constitución), que además no establecen como uno de sus objetivos en sus estatutos de incorporación la Protección del Medio Ambiente; SEGUNDO: Que la solicitud de Medida Cautelar Anticipada carece de objeto en el entendido de que se trata de un acto administrativo dictado por un órgano en calidad de ente rector especializado, de lo que procede solicitar, como por la presente se solicita rechazar la misma atendido a que el alcance del control judicial de la actuación de la Administración, está sujeto al principio de separación e independencia de los poderes, fundamentado en el principio de legalidad, mediante el cual la acción administrativa esta condicionada a una previsión normativa, por lo que la legalidad atribuye potestades a la Administración, y si el juez cautelar ordena lo solicitado, estaría inmiscuyéndose en la actuaciones de otro poder del Estado, por lo que en el caso de la especie procede rechazar la adopción de la medida cautelar interpuesto por el MOVIMIENTO DE CAMPESINOS TRABAJADORES DE LAS COMUNIDADES UNIDAS INCORPORADAS (MCCU) y ESPELEOGRUPO DE SANTO DOMINGO, INC., por carecer de objeto; lo que además ha sido un criterio constante de esta honorable Presidencia del Tribunal Contencioso Tributario; IMPROCEDENTE Y CARENTE DE BASE LEGAL: TERCERO: Rechazar la solicitud de Medidas Cautelares Anticipadas interpuesta por el MOVIMIENTO DE CAMPESINOS TRABAJADORES DE LAS COMUNIDADES UNIDAS INCORPORADAS (MCCU) y ESPELEOGRUPO DE SANTO DOMINGO, INC., en contra del Acto Administrativo Licencia Ambiental DEA 0157-09, de fecha 14 de abril del año 2009 expedido por la Secretaría de Estado de Medio Ambiente y Recursos Naturales, por improcedente y carente de base legal, ya que la Licencia Ambiental DEA 0157-09, de fecha 14 de abril del año 2009, ha sido emitida y otorgada en estricto cumplimiento de todos los procedimientos establecidos por la Ley General de Medio Ambiente y Recursos Naturales 64-00 y el Reglamento que establece el Sistema de Permisos y Licencias Ambientales; que además la parte recurrente no ha aportado las pruebas que demuestren que la SEMARENA no ha cumplido con los procedimientos establecidos en el capítulo IV de la Ley No. 64-00 General del Medio Ambiente, y sus artículos 38 y siguientes (De la Evaluación Ambiental), y el Reglamento que establece el Sistema de Permisos y Licencias Ambientales promulgada mediante Resolución No. 06/2004, de fecha 27 de mayo del 2004, contrario a las pretensiones del recurrente ciertamente fue llevado a cabo el proceso de evaluación ambiental cumpliendo de manera estricta con las etapas siguientes: Proceso de EIA, Fase de análisis previo: 1. El proyecto Consorcio Minero Dominicano, S.A., ingreso al proceso de evaluación de impacto ambiental en junio de 2008, como proyecto de exploración de piedra caliza con el nombre de Cemento Estrella y/o Concesión la Osúa. 2. Luego, someten la solicitud para la instalación de una planta de cemento, junto al cambio de nombre como Consorcio Minero Dominicano, S.A. 3. Visita Técnica al proyecto, informe de la visita y solicitud de información complementariamente relevante para el mismo, julio 2008. 4. Se entregaran términos de Referencias para la elaboración de un estudio de impacto ambiental el 30 de octubre del año 2008. 5. El estudio de impacto ambiental fue entregado el 31 de octubre del 2008 y fue elaborado por la empresa Desarrollo Agropecuario Gómez y Rojas, C. por A., Ingenieros Consultores (DESAGRO, S. A.), y cuyo contenido general fue el siguiente: 1. Introducción. 1. Memoria descriptiva del proyecto y plan maestro 2. Descripción del medio. 3. Cartografía de la descripción del proyecto línea base.  4. Consulta Pública. 5. Marco jurídico y legal. 6. Identificación, caracterización y valoración. 6. Identificación, caracterización y valoración de impactos. 7. Análisis de riesgo y plan de contingencia. 8. Programa de Manejo y Adecuación Ambiental (PMAA). 9. Análisis de alternativa para la instalación de la planta productora de cemento.10. Bibliografía y Apéndices. 6. Publicación de entrega de estudio y puesta a disposición del publico del EIA del proyecto. 7. Consulta pública: el proceso incluyo el análisis de interesados y la vista pública. La vista pública se realizo el 3 de octubre del 2008, en los salones de la cooperativa Nuestra Señora de Sabana Grande de Boyá, con la asistencia de 130 personas. 9. Fase de evaluación por parte del Comité Técnico de Evaluación: Ultima fase del proceso de evaluación ambiental y donde se concluye que la revisión ha sido completada y aprobado finalmente, siempre y cuando cumpla las medidas siguientes: a) Que deber ser señaladas específicamente las áreas que serán dejadas para reforestar, para que de esa manera se observen los beneficios de este proyecto de manera inmediata. El Consorcio se debe iniciar con la asignación de los recursos, para los fines de poder reforestar. b) Aquellas áreas que no van a ser explotadas deben ser reforestadas (se debe de desarrollar un subprograma), antes del desarrollo de las operaciones mineras. c) Identificar las áreas propuestas para llevar a cabo la reforestación, también debe ser agregadas al PMAA. d) La licencia debe especificar que no deben ser afectados los mogotes. Se deben establecer los bornes físicamente de los polígonos autorizados para la licencia. 10. Emisión de la Licencia Ambiental No. DEA 0157/09, acompañada de las disposiciones y recomendaciones técnicas obligatorias para llevar a cabo la actividad. MAL FUNDADA: TERCERO: Rechazar dicha solicitud por infundada ya que para la realización del informe al cual hace referencia la parte recurrente en su instancia, la Subsecretaria de Áreas Protegidas partió de una información equivocada, ya que nuestros mapas cartográficos incluían las coordenadas conjuntas de tres (3) concesiones mineras a favor del Consorcio Minero Dominicano, S. A.: El Cedrito, Pirado y la Osua. Es la concesión el Cedrito, que incluye menos del 3.0% dentro del territorio del Parque Nacional los Haitises y no la que actualmente cuenta con la Licencia Ambiental y que es objeto de la presente acción de solicitud de medida cautelar. Que en la Secretaría solo se ha manejado el caso de la concesión minera La Osua, la cual está y siempre ha estado fuera de los limites de esta importante área protegida, cuyo punto más próximo al Parque Nacional los Haitises se sitúa a 3.5 Km. y que no corresponde al área de explotación. Que el procedimiento para la evaluación de impacto ambiental de proyectos nuevos, los informenes y estudios ambiéntales son realizados por un grupo interdisciplinario de técnicos cuyas características profesionales dependerán de la naturaleza del estudio, por lo que las consideraciones técnicas de un solo técnico realizadas fuera del proceso de evaluación no constituye de  modo alguno la decisión institucional definitiva de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente y Recursos Naturales, ni tampoco cumple con los requisitos y condiciones legales establecidas en la Ley No. 64-00 ni del Reglamento que establece el Sistema de Permisos y Licencias Ambientales para el otorgamiento de una licencia; Por otro lado, las Zonas de Amortiguamiento no están legalmente definidas, la Ley Sectorial de Áreas Protegidas y Biodiversidad solamente define el concepto de Zona de Amortiguamiento, contrario a esto la Ley No. 64-00 y la Ley No. 67 de Parques si establece cuales son las zonas de amortiguamiento en los Parques, al promulgarse la Ley Sectorial 202-04 quedó eliminado la delimitación de zona de amortiguamiento. En cuanto a lo que establece la UICN, está es una ONG internacional que hace recomendaciones que no son jurídicamente vinculantes, (no obligan a los Estados a acatar o cumplir las mismas). Por lo tanto las reglas establecidas por la UICN solamente pueden ser vinculantes si son incorporadas en la legislación nacional (como es el caso de la Ley No. 64-00 que en su numeral 19 del artículo 34 (transitorio) adopta las categorías establecidas en las normas de la Unión Mundial para la naturaleza (IUCN). Este artículo fue derogado por la Ley Sectorial de Áreas Protegidas”.

 

VISTO Y LEIDO el Escrito de Conclusiones de fecha 08 de junio del año 2009, depositada en la Secretaría del Tribunal Contencioso Tributario y Administrativo en la misma fecha, suscrito por el Procurador General Tributario y Administrativo, el cual en sus conclusiones expresa lo siguiente: “UNICO: Rechazar en todas sus partes la Solicitud de Medida Cautelar solicitada por el MOVIMIENTO DE CAMPESINOS TRABAJADORES DE LAS COMUNIDADES UNIDAS INCORPORADAS (MCCU) y ESPELEOGRUPO DE SANTO DOMINGO, INC., contra la Licencia Ambiental DEA No. 0157-09 emitida en fecha 17 de mayo de 2009, por la Secretaria de Estado de Medio Ambiente y Recursos Naturales, por improcedente, infundado y carente de base legal”.

 

VISTO Y LEIDO el Escrito de Conclusiones de fecha 08 de junio del año 2009, depositada en la Secretaría del Tribunal Contencioso Tributario y Administrativo en la misma fecha, suscrito por sus abogados constituidos y apoderados especiales los Dres. Juan B. Frías Agramonte, José Fernando Pérez Volquez, David Santiago Ruiz, Mario A. Guerrero Heredia, Víctor Gómez Berges, Juan Bosco Guerrero, Román E. Caamaño, Bosco Guerrero Heredia, Juan E. Nadal Ponce, Federico M. Núñez Pichardo, Daniel Moreno Cardenas, Luis Moreno Cardenas y José Silverio Almonte, de generales que constan, en representación del MOVIMIENTO DE CAMPESINOS TRABAJADORES DE LAS COMUNIDADES UNIDAS INCORPORADAS (MCCU) y ESPELEOGRUPO DE SANTO DOMINGO, INC., la cual en sus conclusiones expresa lo siguiente: “PRIMERO: Rechazar los incidentes de falta de calidad y prescripción propuestos, así como cualquier oto planteado por improcedente, mal fundado y carente de base legal, de conformidad con lo anteriormente planteado en el cuerpo de este escrito ampliatorio; SEGUNDO: Acoger el presente recurso por haber sido interpuesto conforme a al Ley y en tiempo hábil; TERCERO: Ordenar la suspensión del Acto Administrativo Licencia Ambiental DEA No. 0157-09, de fecha 23 de marzo del año 2009 y se ordene la suspensión de los trabajos tendentes a la instalación de una cementera en el área de la zona protegida de los Haitises; pues la misma ha sido hecha siguiendo un procedimiento contrario y violatorio a la Ley 64-00, a otros textos legales, reglamentos y a la ley 64-00, a otros textos legales, reglamentos y a la Constitución, al transgredir el derecho a un medio ambiente sano que consagran diversos tratados internacionales conforme a los motivos expuestos; CUARTO: Ordenar la confirmación de un grupo técnico para evaluar la magnitud de los daños ya ocasionados y establecer la posibilidad técnica y material de restaurarlos o mitigarlos; y cuyo comité deberá estar conformado por la Secretaría de Estado de Medio Ambiente (SEMARENA), la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), la Academia de Ciencia de la República Dominicana (ACRD), la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados, el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INDRHI), le Instituto Agrario Dominicano (IAD) y otros organismos estatales y no estatales vinculados, además del propio Consorcio Minero Dominicano, S.A.

 

VISTO Y LEIDO el Escrito de Ampliatorio de Conclusiones de fecha 09 de junio del año 2009, depositada en la Secretaría del Tribunal Contencioso Tributario y Administrativo en la misma fecha, suscrito por su abogado constituido y apoderado especial la Dra. Marisol Castillo Collado, por sí y  por los Licdos. Rafael Suárez Ramírez, Jean-Alexis Gaugé y Yery Francisco Castro, en representación de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARENA).

 

VISTO Y LEIDO el Escrito de Conclusión Ampliada de fecha 09 de junio del año                 2009, depositada en la Secretaría del Tribunal Contencioso Tributario y                     Administrativo en la misma fecha, suscrito por su abogado constituido y apoderado especial el Lic. Robert Martínez Vargas, por sí y  por los Dres. Milton Ray Guevara, Juan ML. Pellerano y Pedro Domínguez Brito, en representación del Consorcio Minero Dominicano, C. por A.

 

VISTA Y LEIDA la Solicitud de Exclusión y/o No Ponderación de Escrito                     Ampliatorio de Conclusiones de fecha 09 de junio del año 2009, depositada                            en la Secretaría del Tribunal Contencioso Tributario y Administrativo en                                       la misma fecha, suscrito por sus abogados constituidos y apoderados especiales                           los Dres. Juan B. Frías Agramonte, José Fernando Pérez Volquez, David                          Santiago Ruiz, Mario A. Guerrero Heredia, Víctor Gómez Berges, Juan Bosco Guerrero, Román E. Caamaño, Bosco Guerrero Heredia, Juan E. Nadal Ponce, Federico                              M. Núñez Pichardo, Daniel Moreno Cardenas, Luis Moreno Cardenas y José                           Silverio Almonte, de generales que constan, en representación del                                  MOVIMIENTO DE CAMPESINOS TRABAJADORES DE LAS COMUNIDADES UNIDAS INCORPORADAS (MCCU) y ESPELEOGRUPO DE SANTO                          DOMINGO, INC., la cual en sus conclusiones expresa lo siguiente: “UNICO: Que                   tengáis a bien excluir del proceso todos aquellos escritos ampliatorios                                   justificativos de conclusiones depositados fuera del plazo otorgado por este                          honorable Tribunal en la audiencia del pasado día 3 de junio y que prescribió el día 8 de junio, y por ende que este honorable Tribunal tenga a bien no ponderarlos al momento de rendir su decisión final sobre la procedencia o no de las medidas cautelares anticipadas solicitadas”.

 

VISTOS  Y  LEIDOS  LOS  DEMÁS  DOCUMENTOS  DEL EXPEDIENTE:

 

RESULTA: Que en fecha 20 de mayo del año 2009, el MOVIMIENTO DE CAMPESINOS TRABAJADORES DE LAS COMUNIDADES UNIDAS INCORPORADAS (MCCU) y ESPELEOGRUPO DE SANTO DOMINGO, INC., depositaron por ante este Tribunal Contencioso Tributario y Administrativo una Solicitud de Medida Cautelar Anticipada a los fines de suspender la Licencia Ambiental DEA No. 0157-09, de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARENA) que otorga la licencia necesaria para que sea instalada una fábrica de cemento en la Zona de Amortiguamiento del Parque Nacional de los Haitises.

 

RESULTA: Que mediante Auto No.662-2009 de fecha 22 de mayo del año 2009 la  Presidencia del Tribunal Contencioso Tributario y Administrativo, fijo audiencia pública para el martes día veintiséis (26) de mayo del año 2009, a fin de conocer la Solicitud de Medida Cautelar.

 

RESULTA: Que en audiencia celebrada en fecha 26 de mayo del año 2009, la Presidencia del Tribunal prorrogó la presente audiencia para que la parte recurrida y la Procuraduría General Tributaria y Administrativa tomaren conocimiento de los documentos, asimismo procedan a depositar todos y cada uno de los documentos que sustenten sus pretensiones;   la parte recurrida proceda a depositar el Acto Administrativo Licencia Ambiental                     No. 0157-09 de fecha 23 de mayo del 2009; ordeno citar por Auto de este Tribunal al CONSORCIO MINERO DOMINICANO, C. POR A., para comparecer a la próxima audiencia como interviniente forzoso; se reservo el derecho de citar para una próxima audiencia al Ayuntamiento de Sabana Grande de Boyá, si lo considera necesario luego de producirse los debates, y fijo audiencia para el día viernes 29 de mayo a las nueve (09:00 a.m.) horas de la mañana. 

 

RESULTA: Que en audiencia celebrada en fecha 29 de mayo del año 2009, la Presidencia del Tribunal prorrogo el conocimiento de la audiencia a los fines de que el CONSORCIO MINERO DOMINICANO, S. A., tome conocimiento de todos y cada uno de los documentos que conforman la presente solicitud de adopción de medida cautelar, para preservar su derecho de defensa; Ordeno al MOVIMIENTO DE CAMPESINOS TRABAJADORES DE LAS COMUNIDADES UNIDAS INCORPORADAS (MCCU) y ESPELEOGRUPO DE SANTO DOMINGO, INC., depositar los documentos relativos a su incorporación, y fijo audiencia para el día miércoles tres (03) de junio a las nueve (09:00 a.m.) horas de la mañana.

 

RESULTA: Que en audiencia celebrada en fecha 03 de junio del año 2009, la Presidencia del Tribunal reservo el fallo para ser dictado en una próxima audiencia, cuya fecha será comunicada a las partes mediante auto de este Tribunal, y concedió un plazo común de 5 días a las partes a los fines de depositar escrito ampliatorio de conclusiones.

 

LA PRESIDENCIA DEL TRIBUNAL CONTENCIOSO TRIBUTARIO Y ADMINISTRATIVO  DESPUÉS  DE  HABER  DELIBERADO:

 

CONSIDERANDO: Que en fecha 20 de mayo del año 2009, el MOVIMIENTO DE CAMPESINOS TRABAJADORES DE LAS COMUNIDADES UNIDAS INCORPORADAS (MCCU) y ESPELEOGRUPO DE SANTO DOMINGO, INC., depositaron una instancia en Solicitud de Medida Cautelar Anticipada contra la Secretaría de Estado de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARENA), con la finalidad de suspender la Licencia Ambiental DEA No. 0157-09, que otorga la licencia necesaria para ser instalada una fábrica de cemento en la Zona de Amortiguamiento del Parque Nacional de los Haitises.

CONSIDERANDO: Que como es de principio legal que el tribunal apoderado de un asunto deba determinar su competencia, que en el caso que nos ocupa, previo estudio y examen del mismo, se ha comprobado que se trata de una Solicitud de Medida Cautelar, motivo por el cual procede declarar, la competencia de la Presidencia del Tribunal Contencioso Tributario y Administrativo para conocer, deliberar y fallar el mismo de acuerdo con las disposiciones del artículo 7 de la Ley 13-07, de fecha 5 de febrero del año 2007.

 

CONSIDERANDO: Que señala el recurrente, MOVIMIENTO DE CAMPESINOS TRABAJADORES DE LAS COMUNIDADES UNIDAS INCORPORADAS (MCCU) y ESPELEOGRUPO DE SANTO DOMINGO, INC., que tuvieron conocimiento de forma extraoficial de que en fecha 14 de abril del 2009, fue concedida la Licencia Ambiental DEA No. 0157-09, por la Secretaría de Estado de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARENA), y que se ha iniciado las actividades extractivas y de remoción de la corteza terrestre, principalmente explotaciones de piedra caliza en los mogotes que constituyen un relieve cárstico único del país, proceso que tendrá impactos ambientales negativos en la región, entre lo que podemos citar la tala discriminada de árboles para la instalación de la indicada fábrica productora de cemento Pórtland, destrucción de los sueldos, daños a la biodiversidad, contaminación de los suelos y del subsuelo, y efectos negativos al microclima, ya que las excesivas emisiones de dióxido de carbono CO2 afectan al aire circúndate, además de que la licencia DEA No. 0157-09 otorga autorización para operar sobre la inmensa superficie de catorce millones novecientos ochenta mil setecientos ochenta y ocho punto noventa y tres metros cuadrados (14,980,788.93 metros cuadrados) de terreno, los que abarcan la mayor parte de los parajes Batey Sabana Grande, Batey Gonzalo y Batey Boyá, del municipio de Sabana Grande de Boyá, Provincia Monte Plata; al amparo de la irregular licencia otorgada, pues la concesión minera otorgada de la Ley Minera 146, de junio de 1971, tiene una extensión superficial del orden de los 55.2 millones de metros cuadrados, equivalentes a unas 88,000 tareas aproximadamente.

 CONSIDERANDO: Que continúa señalando el recurrente que conforme a estudios hidrogeológicos realizados por el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, dentro del Plan Nacional de Investigación, Aprovechamiento y Control de Aguas Subterráneas (PLANIACAS), y dentro del denominado programa Aquater, Los Haitises, al ser la primera barrera topográfica que ofrece el país a los vientos alisados cargados de humedad, constituyen un sistema de capacitación de agua, con una recarga al acuífero del orden de los 1,1000 millones de metros cúbicos de agua anualmente, siendo un sistema de almacenamiento, conservación y distribución de aguas subterráneas que se mueven sub superficialmente a través de un complejo sistema de carvenas en el subsuelo, y constituye una reservan estratégica de agua potable futura del país, teniendo importancia comprobada para Santo Domingo, Boca Chica, San Pedro de Macorís, La Romana, Hato Mayor, El Seibo, Bávaro, Monte Plata, Bayaguana y otras comunidades vecinas, y la instalación de esta cementera ha de crear distorsiones en el patrón climático local y ha de influir en la frecuencia de las lluvias de regiones vecinas y alejadas, incluyendo Cotuí, Villa Altagracia, Bonao y otras, conforme a las exposiciones públicas, a través de los medios de comunicación, del especialista Osirisde León, Coordinador de la Comisión de Ciencias Naturales y Medio Ambiente de la Academia de Ciencias de la República Dominicana.

 

CONSIDERANDO: Que expresa además el recurrente que la Comisión Ambiental de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y el Equipo Ambiental de la Academia de Ciencias de la República Dominicana, en fecha 8 de mayo de 2009 rindieron un informe conjunto en base a estudios realizados, en el que entre las recomendaciones hechas esta el de impedir que se establezca una cementera en la formación del Carso de los Haitises, por sus impactos negativos, por conllevar una agresión al ambiente en la indicada área protegida, de la que no estaría en capacidad de reponerse, convirtiéndose en un daño permanentemente irreparable.

 

CONSIDERANDO: Que expresa el recurrente que no se ha cumplido con los procedimientos y normas que establece la Ley 64-00, para la concesión de permisos y licencias por parte de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARENA), entre lo que se puede citar el hecho de no haberse motivado la licencia otorgada, e incluso, se desoyeron informes preparados por los técnicos y por el Director de la Dirección de Áreas Protegidas y Biodiversidad (Ing. Manuel Mateo), de la propia Secretaría, por lo que se ha otorgado una licencia ambiental por encima de las recomendaciones internas de la Dirección que tiene mayor potestad en este caso, por tratarse de una zona protegida, y en su lugar se ha acogido una recomendación incompleta, y con pocos detalles técnicos y ambientales, firmada por técnicos que pertenecen a otras instancias de la Secretaria..

 

CONSIDERANDO: Que además expresa el recurrente que el artículo 8 de la Ley General de Medio Ambiente y Recursos Naturales establece que: “El criterio de prevención prevalecerá sobre cualquier otro en la gestión pública y privada del medio ambiente y los recursos naturales. No podrá alegarse la falta de una certeza científica absoluta como razón para no adoptar medidas preventivas y eficaces en todas las actividades que impacten negativamente el medio ambiente, conforme al principio de precaución”.

 

CONSIDERANDO: Que alega el recurrente que el Síndico del Ayuntamiento del Municipio de Sabana Grande de Boyá, ha desmentido en el Programa “Gobierno de la Tarde” que se transmite por la emisora radial “La Z 101”, la información de que ese ayuntamiento haya dado no objeción a la construcción de la cementera, aclarando que se trata de un error de la Secretaría y mostrando a los presentes una certificación aclaratoria de que en realidad se dio no objeción a que se realizaran los estudios correspondientes para dichos estudios, pero no para la construcción propiamente dicha de la cementera. Esto es un elemento más de irregularidad en torno a los trabajos de instalación de la cementera.

 

CONSIDERANDO: Que continúa alegando el recurrente que el Director Técnico Sectorial de Áreas Protegidas, objetó el Proyecto cuando fue propuesto después de un estudio realizado, mientras que otros técnicos de áreas que no tienen que ver con el Proyecto opinan que si, por lo que ese solo hecho siembra una duda razonable que en el marco del principio de precaución que establece la Ley 64-00, hace de alto interés nacional que este proyecto se detenga porque es evidente que no ha surgido la licencia, de estudios y del seguimiento del protocolo de investigación establecidos.

CONSIDERANDO: Que expresa el recurrente que el artículo 7 del párrafo IV de la Ley 13-07 establece que: “Las Medidas Cautelares podrán ser solicitadas al Presidente del Tribunal Contencioso Tributario y Administrativo, antes de iniciarse el proceso contencioso administrativo. En caso de que la medida cautelar sea concedida, el recurso contencioso administrativo o contencioso tributario deberá presentarse en el plazo previsto en esta ley; de lo contrario, se ordenará su levantamiento y se condenará a la parte solicitante al pago de las costas. En caso de que el administrado haya interpuesto recurso en vía administrativa el plazo para interponer el recurso contencioso administrativo o contencioso tributario, a los fines de este párrafo, se computa a partir del momento en que se haya agotado la vía administrativa”.

CONSIDERANDO: Que continúa expresando el recurrente que a la fecha no tienen un conocimiento oficial, cabal, total e integro de la disposición adoptada, por no haber sido notificada, ni publicada y en ese sentido, no ha intervenido el plazo de prescripción en las condiciones establecidas por el artículo 5 de la Ley 13-07, que señala que el plazo “será de treinta (30) días a contar del día en que el recurrente reciba la notificación del acto recurrido” puesto que el acto atacado no ha sido publicado oficialmente, ni ha sido comunicado a los solicitantes de la medida cautelar anticipada”.

CONSIDERANDO: Que en audiencia celebrada en fecha 26 de mayo del año 2009, los representantes de la  recurrida, Secretaría de Estado de Medio Ambiente y Recursos Naturales, solicitaron en sus conclusiones: “UNICO: Solicitamos el aplazamiento de la presente audiencia, para una comunicación de documentos, tomar conocimiento de los documentos depositados y poder realizar los reparos a dichos documentos”. La representante del Procurador General Tributario y Administrativo, Licda. Evelyn Escalante, solicito en sus conclusiones: “PRIMERO: Solicitan el aplazamiento de la presente audiencia a los fines de tomar conocimiento de los documentos depositados y poder preparar nuestro medio de defensa; SEGUNDO: Solicitamos que se ordene la intervención del Consorcio Minero Santo Domingo, S. A., en el entendido de que cualquier decisión tomada por el Tribunal le afectara, toda vez que la medida cautelar que se esta solicitando es tendente a detener una supuesta construcción que la empresa esta realizando, es por esto que para salvaguardar el sagrado derecho de defensa solicitamos que se ponga en causa a la empresa; TERCERO: Solicitamos la suspensión a los fines de tomar conocimiento de los documentos depositados por la parte accionante”. Los representantes de la parte recurrente, MOVIMIENTO DE CAMPESINOS TRABAJADORES DE LAS COMUNIDADES UNIDAS INCORPORADAS (MCCU) y ESPELEOGRUPO DE SANTO DOMINGO, INC., solicito en sus conclusiones: “PRIMERO: Que se ordene a la Secretaría de Estado de Medio Ambiente y Recursos Naturales que deposite la Licencia Ambiental DEA No. 0157-09 en la Secretaría de este Tribunal; SEGUNDO: Solicitamos la comparecencia en el proceso del Ayuntamiento de Sabana Grande de Boyá, porque es el Síndico de ese municipio quien dice que el todavía no ha autorizado el uso de ese suelo”. Los representantes de la parte recurrida, Secretaría de Estado de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y del  Procurador General Tributario y Administrativo, Licda. Evelyn Escalante, no se opusieron al pedimento de incluir en el proceso al Ayuntamiento de Sabana Grande de Boyá.

 

CONSIDERANDO: Que en su Escrito de Conclusiones el Interviniente Voluntario, Consorcio Minero Dominicano, S. A., señala que en fecha 28 de mayo del 2009, mediante Acto No. 250/2009, instrumentado por el ministerial Ruperto de los Santos Maria, Alguacil Ordinario del Juzgado de Paz de la Cuarta Circunscripción del Distrito Nacional, el MOVIMIENTO DE CAMPESINOS TRABAJADORES DE LAS COMUNIDADES UNIDAS INCORPORADAS (MCCU) y ESPELEOGRUPO DE SANTO DOMINGO, INC., notifican al Consorcio Minero Dominicano, S. A., dos inventarios de documentos de fechas 25 y 27 de mayo del presente año, depositados por ante la Secretaria de este Tribunal. Que el examen de esta notificación se colige que hay cuestionamientos a los derechos que le han sido legítimamente otorgados al Consorcio Minero Dominicano, S. A., por la Secretaría de Estado de Medio Ambiente y Recursos Naturales en virtud de la Licencia Ambiental No. DEA 0157-09.

 

CONSIDERANDO: Que continúa señalando el Interviniente Voluntario que habiendo cumplido con todos y cada uno de los procedimientos, requisitos y condiciones legales que le hicieron merecedor de una licencia que hoy se intenta cuestionar, muy en particular con las disposiciones del capítulo IV de la Ley General de Medio Ambiente y Recursos Naturales, No. 64-00, requerimiento que, dicho sea de paso, sirven para evitar procesos como el de la especie, es licito y oportuno evitar que derechos legalmente adquiridos sean arbitrariamente despojados.

 

CONSIDERANDO: Que alega el Interviniente Voluntario que el artículo 339 de nuestro Código de Procedimiento Civil dispone que: “La intervención se formará por medio de escrito que contenga los fundamentos y conclusiones, y del cual se dará copia a los abogados de las partes en causa, así como de los documentos justificativos”.

 

CONSIDERANDO: Que continúa alegando el Interviniente Voluntario que nuestra Suprema Corte de Justicia se ha pronunciado en el sentido de que ante las jurisdicciones de primer grado, la intervención de los terceros es posible, conforme al derecho común, en todos los casos en que ellos tengan un interés jurídico en el resultado de la litis, y aún cuando no se encuentren en las condiciones requeridas para impugnar la sentencia por medio del recurso de tercería.

 

CONSIDERANDO: Que en su Escrito de Defensa la recurrida, Secretaría de Estado de Medio Ambiente y Recursos Naturales, señala que corresponde al Estado Dominicano, a través de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente y Recursos Naturales asegurar la protección de los espacios que comprenden los bienes de dominio público, marítimos o terrestres, y garantizar que los recursos acuáticos, geólogos, incluyendo flora y fauna comprendidas en ellos, no sean objeto de destrucción, y contaminación. Que la Ley General sobre Media Ambiente y Recursos Naturales, No. 64-00, dispone en su artículo 27 que los instrumentos para la gestión del medio ambiente y los recursos naturales son los permisos y licencias ambientales; la evaluación de impacto ambiental estratégica.

 

CONSIDERANDO: Que continúa señalando la recurrida que los artículos 29, 38, 40, 41 y 44 de la Ley No. 64-00, establece que: Artículo 29. “todos los planes, programas y proyectos de desarrollo de carácter nacional, regional, provincial o municipal, deberán elaborarse o adecuarse, según proceda, orientados en los principios rectores de la presente ley, las políticas, estrategias y programas ambientales establecidos por las autoridades competentes”. Artículo 38. “Con la finalidad de prevenir, controlar y mitigar los posibles impactos sobre el medio ambiente y los recursos naturales ocasionados por obras, proyectos y actividades, se establece el proceso de evaluación ambiental con los siguientes instrumentos: 1) Declaración de impacto ambiental (DIA); 2) Evaluación ambiental estratégica; 3) Estudio de impacto ambiental; 4) Informe ambiental; 5) Licencia ambiental; 6) Permiso ambiental; 7) Auditorias ambientales; y 8) Consulta pública”.                          Artículo 40. “Todo proyecto, obra de infraestructura, industria, o cualquier otra actividad que por sus características pueda afectar, de una u otra manera, el medio ambiente y los recursos naturales, deberá obtener de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente y Recursos Naturales, previo a su ejecución, el permiso ambiental o la licencia ambiental, según la magnitud de los efectos que pueda causar”. Artículo 41. “Describe cuales son los proyectos o actividades que requieren la presentación de una evaluación de impacto ambiental”. Artículo 44. “En la licencia y el permiso ambiental se incluirá el programa de manejo y adecuación ambiental que deberá ejecutar el responsable de la actividad, obra o proyecto, estableciendo la forma de seguimiento y cumplimiento del mismo”.

 

 CONSIDERANDO: Que alega la recurrida que fue realizada la Vista Pública, que es un proceso de participación utilizado para conocer las primeras impresiones de la comunidad acerca de las acciones que se van a realizar o las ideas preliminares con respecto al proyecto, difundir los resultados del Estado Ambiental o de una de sus etapas o analizar las formas en que se incorporaron las opiniones de la comunidad a dicho estudio. Que luego de cumplir con el requisito anteriormente expuesto se inicio el proceso de Consulta Pública, el cual incluyo el análisis de los interesados y la vista pública. La vista pública se realizó el 3 de octubre del 2008, en los salones de la Cooperativa Nuestra Señora de Sabana Grande de Boyá, con la asistencia de 130 personas. El 90% de los entrevistados dijo estar de acuerdo con la planta y donde también estuvo presente un representante del Ayuntamiento de Sabana Grande de Boyá.

 

CONSIDERANDO: Que continúa alegando la recurrida que en la fase del proceso de Evaluación Ambiental (EIA), el Estudio fue realizado conjuntamente por técnicos de las distintas subsecretarias temáticas de la Secretaria de Estado de Medio Ambiente y Recursos  Naturales. Que el reglamento dispone la conformación en la letra i) del Comité Técnico de Validación, quien es el organismo responsable de la recomendación final sobre la pertinencia de emitir una Licencia Ambiental a un proyecto dado y las condiciones de la misma. Esta decisión se basa en la evaluación del Informe Técnico de Revisión del Estudio del Impacto Ambiental y los resultados de todo el proceso de evaluación.

 

CONSIDERANDO: Que señala la recurrida que el promotor completó y depositó los documentos solicitados y el proceso de revisión del Estudio de Impacto Ambiental fue completado, el Comité Técnico de Evaluación, en fecha 26 de marzo de 2009, procedió a aprobar el otorgamiento de una Licencia Ambiental a favor del proyecto “Consorcio Minero Dominicano, S. A.”, con las siguientes condiciones: 1. Que deben ser señaladas específicamente las áreas que serán dejadas para reforestar, para que de esta manera se observen los beneficios de este proyecto de manera inmediata. El consorcio se debe iniciar con la asignación de los recursos, para los fines de poder reforestar. 2. Aquellas áreas que no van a ser explotadas deben ser reforestadas (se debe de desarrollar un Subprograma), antes del desarrollo de las operaciones mineras. 3. Identificar las áreas propuestas para llevar a cabo la reforestación, también debe ser agregada al PMAA. 4. La licencia debe especificar que no deben ser afectados los mogotes. Se deben establecer los bornes físicamente de los polígonos autorizados para la licencia.

 

CONSIDERANDO: Que alega además la recurrida que en el informe realizado por la Subsecretaría de Áreas Protegidas y Biodiversidad de fecha 17 de marzo del 2009 se establece que: “Esta muy claro que la parte de la concesión (mas del 90%) que esta fuera del Parque Nacional Los Haitises, forma parte de la estructura gomorfológica y la característica Cárstica de esta importante área protegida”. Además de los planos que muestran la localización de este proyecto, esta Subsecretaría de Áreas Protegidas, considera que el mismo no es viable en termino ambiental, y en consecuencia sugiere que sea desestimado, o que en su defecto sea movido a aquellos espacios que se alejen y dejen fuera la estructura de mayor perímetro de los mogotes que caracterizan la región de los Haitises, así como también del territorio protegido. Que para la realización de dicho informe la Subsecretaría de Áreas Protegidas partió de una información equivocada, ya que nuestros mapas cartográficos incluían las coordenadas conjuntas de tres (3) concesiones mineras a favor del Consorcio Minero Dominicano, S. A.: El Cedrito, Pirado y la Osua. Es la concesión El Cedrito, que incluye menos del 3.0% dentro del territorio del Parque Nacional Los Haitises y no la que actualmente cuenta con la Licencia Ambiental y que es objeto de la presente acción de solicitud de medida cautelar.

 

CONSIDERANDO: Que señala la recurrida que en esta Secretaría solo se ha manejado el caso de la concesión minera La Osua, la cual está y siempre ha estado fuera de los limites de esta importante área protegida, cuyo punto más próximo al Parque Nacional Los Haitises se sitúa a 3.5 KM y que corresponda al área de explotación. Que el procedimiento para la evaluación de impacto ambiental de proyectos nuevos, los informes y estudios ambientales son realizados por un grupo interdisciplinario de técnicos cuyas características profesionales dependerán de la naturaleza del estudio, por lo que las consideraciones técnicas de un solo técnico realizadas fuera del proceso de evaluación no constituye de modo alguno la decisión institucional definitiva de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente y Recursos Naturales, ni tampoco cumple con los requisitos y condiciones legales establecidas en la Ley 64-00 ni del Reglamento que establece el Sistema de Permisos y Licencias Ambientales para el otorgamiento de una licencia.

 

CONSIDERANDO: Que continúa alegando la recurrida que el informe que tiene valor técnico y jurídico para los fines de aplicación de la            Ley sobre Medio Ambiente y Recursos Naturales y el Reglamento que establece el Sistema de Permisos y Licencias Ambientales, es aquel que fue elaborado por un equipo multidisciplinario de especialistas con conocimiento en la materia y que al mismo tiempo este investidos por las leyes para tales fines. Que el informe sobre el cual los recurrentes apoyan sus pretensiones no tienen ningún valor jurídico con relación al procedimiento de evaluación ambiental, ya que este fue realizado de forma personal y no como lo establece el Reglamento en cuestión y que además no estuvo fundamentado en informaciones correctas relativas a las coordenadas de ubicación del proyecto.

 

CONSIDERANDO: Que señala la recurrida que en virtud de lo antes expuesto se evidencia que el alegato de la parte recurrente carece de fundamento cuando la Licencia DEA              No. 0157-09 otorga autorización para operar en una superficie de 14,980,788.93. La Licencia autoriza al Consorcio Minero Dominicano, S. A., a ser ejecutado en área de concesión minera de 55.4 KM cuadrados de los cuales dicha licencia es válida dentro de un área total de 14.76 KM cuadrados: 5.66 KM cuadrados correspondientes al área de explotación; 3.0 KM cuadrados destinados para la instalación de la planta procesadora; y el 6.1 KM cuadrados destinados para el área de reserva. Las coordenadas de los puntos que limitan cada uno de estos polígonos están descritos de manera detallada en la Licencia Ambiental DEA No. 0157-09. Que en la visita de la comisión técnica no se observaron cuerpos de aguas superraciales en el área de explotación y solo se observo una pequeña laguna en el área de procesamiento hacha por lugareños como bebedero para animales.

 

CONSIDERANDO: Que en audiencia en audiencia celebrada en fecha 29 de mayo del año 2009, los representantes del interviniente voluntario, Consorcio Minero Dominicano, S. A., solicitaron en sus conclusiones: “PRIMERO: Declarar buena y válida la intervención voluntaria hecha por el Consejo Minero Dominicano, S. A., por instancia depositada en la Secretaría y que ahora ratificamos en audiencia; SEGUNDO: Ordenar el sobreseimiento de la demanda interpuesta contra el Estado; TERCERO: Que se ordene la comunicación de documentos; CUARTO: Que se nos haga saber quien viola los derechos que sirven de fundamento a la demanda; QUINTO: Disponer el aplazamiento de la presente audiencia, de manera que la parte interviniente pueda tener conocimiento de los documentos”. La representante del Procurador General Tributario y Administrativo y de la parte recurrida se adhirieron a los pedimentos hechos por la representante de la parte interviniente voluntario. Los representante de la parte recurrente, MOVIMIENTO DE CAMPESINOS TRABAJADORES DE LAS COMUNIDADES UNIDAS INCORPORADAS (MCCU) y ESPELEOGRUPO DE SANTO DOMINGO, INC., solicitaron que se rechazara el pedimento hecho por parte del interviniente voluntario.

 

CONSIDERANDO: Que en audiencia celebrada en fecha 03 de junio del año 2009, los representantes de la recurrida, Secretaría de Estado de Medio Ambiente y Recursos Naturales, solicitaron en sus conclusiones: “PRIMERO: Que tenga a bien declarar inadmisible la solicitud de Medidas Cautelares Anticipadas interpuesta por el MOVIMIENTO DE CAMPESINOS TRABAJADORES DE LAS COMUNIDADES UNIDAS INCORPORADAS (MCCU) y ESPELEOGRUPO DE SANTO DOMINGO, INC., contra el Acto Administrativo Licencia Ambiental DEA No. 0157-09 de fecha 14 de abril del 2009, expedido por la Secretaría de Estado de Medio Ambiente y Recursos Naturales, por falta de calidad de los recurrentes, de acuerdo a las disposiciones de la ley, atendido que en los hechos punibles que pudieran afectar intereses colectivos o difusos pueden constituirse como querellantes las asociaciones, fundaciones y otros entes, siempre que el objeto de la agrupación se vincule directamente con esos intereses y se hayan incorporado con anterior al hecho. Que en cuanto a la calidad de la misma tiene varias condiciones y una de ella es tener un interés, por lo que la recurrente carece y no tiene interés de acuerdo al objeto de su creación, que además no establecen como uno de sus objetivos en sus estatutos de incorporación la Protección del Medio Ambiente; SEGUNDO: Que la solicitud de medida cautelar anticipada carece de objeto en el entendido de que se trata de un acto administrativo dictado por un órgano en calidad de ente rector especializado, de lo que procede solicitar, como por la presente se solicita rechazar la misma atendido a que el alcance del control judicial de la actuación de la Administración, está sujeto al principio de separación e independencia de los poderes, fundamentado en el principio de legalidad, mediante el cual la acción administrativa esta condicionada a una previsión normativa, por lo que la legalidad atribuye potestades a la Administración, y si el juez cautelar ordena lo solicitado, estaría inmiscuyéndose en la actuaciones de otro poder del Estado, por lo que en el caso de la especie procede rechazar la adopción de la medida cautelar interpuesto por el MOVIMIENTO DE CAMPESINOS TRABAJADORES DE LAS COMUNIDADES UNIDAS INCORPORADAS (MCCU) y ESPELEOGRUPO DE SANTO DOMINGO, INC., por carecer de objeto; lo que además ha sido un criterio constante de esta honorable Presidencia del Tribunal Contencioso Tributario y Administrativo; TERCERO: Rechazar la solicitud de Medidas Cautelares Anticipadas interpuesta por el MOVIMIENTO DE CAMPESINOS TRABAJADORES DE LAS COMUNIDADES UNIDAS INCORPORADAS (MCCU) y ESPELEOGRUPO DE SANTO DOMINGO, INC., en contra del Acto Administrativo Licencia Ambiental DEA 0157-09, de fecha 14 de abril del año 2009 de expedido por la Secretaría de Estado de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en su condición de órgano rector del Medio Ambiente y Recursos Naturales, por improcedente y carente de base legal, ya que la Licencia Ambiental DEA 0157-09, de fecha 14 de abril del año 2009, ha sido emitida y otorgada en escrito cumplimiento de todos los procedimientos establecidos por la Ley General de Medio Ambiente y Recursos Naturales 64-00 y el Reglamento que establece el Sistema de Permisos y Licencias Ambientales; que además la parte recurrente no ha aportado las pruebas que demuestren que la SEMARENA no ha cumplido con los procedimientos establecidos en el capitulo IV de la Ley No. 64-00 General del Medio Ambiente, y sus artículos 38 y siguientes  (De la Evaluación Ambiental), y el Reglamento que establece el Sistema de Permisos y Licencias Ambientales promulgada mediante Resolución No. 06/2004, de fecha 27 de mayo del 2004, contrario a las pretensiones del recurrente ciertamente fue llevado a cabo el proceso de evaluación ambiental cumpliendo de manera estricta con las etapas”.

 

CONSIDERANDO: Que la representante del Procurador General Tributario y Administrativo, Licda. Evelyn Esaclante, en dicha audiencia solicito que se declare inadmisible la presente Solicitud de Medida Cautelar Anticipada, toda vez que la misma no cumple con los requisitos establecidos en la ley 13-07; y que el plazo de la interposición de la solicitud el cual esta ampliamente vencido, ratificamos en el sentido de que la solicitud es improcedente, mal fundada y carente de toda base jurídica sólida que la sustente. El representante del interviniente voluntario, CONSORCIO MINERO DOMINICANO, S. A., solicitaron en su conclusiones que: “PRIMERO: Que la Licencia Ambiental DEA No. 0157-09 dictada el 14 de abril de 2009 por el Secretario de Estado de Medio Ambiente y Recursos Naturales, fue precedida de los tramites, estudios ambientales y distintos procedimientos de investigación y control de estabilidad en la ley, en razón de la cual, fue dictada en el ámbito de los poderes que la ley otorga a dichos funcionarios del Estado, por lo cual esta revestido de la legalidad constitucional que corresponde a ese documento de acuerdo a la Constitución y a la Ley; SEGUNDO: Que dicha licencia ambiental otorga a la concluyente, derechos que están protegidos por la legalidad del acto administrativo otorgado por dicho Secretario de Estado; TERCERO: Que el derecho a la legalidad que la Constitución garantiza a toda persona para la protección de todos los derechos que ha adquirido  conforme a la Constitución y a las leyes, impide que sea afectado por la presente demanda en ordenamiento de medidas cautelares, lo cual solo podrá ocurrir cuando fuesen anulados los derechos de que es titular Consorcio Minero Dominicano, S. A., lo cual ha sido demandado en este caso; CUARTO: Rechazar en todas sus partes las pretensiones de aprobación de medidas cautelares anticipadas que ha sido demandada por los mencionados demandantes”. Los representantes de la parte recurrente, MOVIMIENTO DE CAMPESINOS TRABAJADORES DE LAS COMUNIDADES UNIDAS INCORPORADAS (MCCU) y ESPELEOGRUPO DE SANTO DOMINGO, INC., solicito en sus conclusiones: “PRIMERO: Que se acoja como buena y válida la presente Solicitud de Medida Cautelar anticipada, por estar de acuerdo a la ley, en consecuencia se ordene la suspensión de los trabajos de la instalación de la fábrica de cemento y que se acojan en todas sus parte las conclusiones del acto introductivo; SEGUNDO: Que se ordene al Secretario de Estado de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados, a la Academia de Ciencias, a la Universidad  Autónoma de Santo Domingo, al Instituto de Recursos Hidráulicos y a la Comisión de Minería de la Cámara de Diputados, a los fines que formen una comisión para evaluar los daños”. La representante del Procurador General Tributario y Administrativo, Licda. Evelyn Esaclante, solicito un plazo para ampliar sus conclusiones.

 

CONSIDERANDO: Que en su Escrito de Ampliatorio de Conclusiones el recurrente,  MOVIMIENTO DE CAMPESINOS TRABAJADORES DE LAS COMUNIDADES UNIDAS INCORPORADAS (MCCU) y ESPELEOGRUPO DE SANTO DOMINGO, INC., señala que existen dos informes sobre la solicitud de licencia ambiental para la explotación de la piedra caliza, uno realizado por la Dirección de Áreas Protegidas en el que expresa que por encontrarse en una zona ecológicamente frágil y por estar en un área de protección para los recursos hídricos era un proyecto no viable; y un segundo elaborado por una Comisión designada al efecto por el Secretario de Medido Ambiente y Recursos Naturales por la Subsecretaría de Recursos Costeros y Marinos, en el cual se establece la posibilidad de la instalación de la Planta cementera previo cumplimiento de varios requisitos, y en el cual no se utiliza en ningún caso el tecnicismo de viable. Que sin duda este informe crea una nebulosa científica sobre la veracidad de los dos informes realizados, ya que el primer informe realizado por la Subsecretaria competente (Áreas Protegidas y Biodiversidad), es contradictorio por otro informe posterior de una Subsecretaría no competente (Recursos Costeros y Marinos), trayendo consigo la falta de certeza científica sobre el impacto negativo que traería a la zona de influencia del Parque Nacional Los Haitises, la instalación de la planta cementera.

 

CONSIDERANDO: Que continúa señalando el recurrente que el segundo informe realizado por la Secretaría de Estado de Medio Ambiente y Recursos Naturales, establece que: “el proyecto utilizara las fuentes de aguas subterráneas para abastecer el proyecto, así como de lagunas próximas a la zona,  todas las cuales se encuentran protegidas por tratados internacionales, entre ellos el de Ramsar sobre humedades del 1971”. Que dicho informe también viola la Ley 202-04 sobre Sectorial de Áreas Protegidas en su artículo 7 párrafo 7 y el artículo 161 de la Ley 64-00 sobre Medio Ambiente y Recursos Naturales, los cuales establecen: Artículo 7, párrafo 7. “Proteger los sistemas subterráneos, incluyendo sus acuíferos, ecosistemas y las muestras culturales indígenas”. Artículo 161. “Se pondrá especial énfasis en la protección de los acuíferos subterráneos, evitándose cualquier tipo de contaminación o uso contrario al interés de esta ley”.

 

CONSIDERANDO: Que alega el recurrente que la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados, luego de una evaluación del proyecto con la presencia de los técnicos de Secretaría de Estado de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y de los técnicos ambientales opuestos al proyecto, resolviendo solicitar la revocación de la licencia ambiental otorgada al Consorcio Minero Dominicano, S. A., para la explotación de la piedra caliza y solicito la suspensión inmediata de los trabajos que allí se realizan.                    Que en al Conferencia del Episcopado Dominicano, solicito la suspensión de                           los trabajos de construcción de la planta cementera en el área del Parque                         Nacional de los Haitises en virtud de la falta de certeza científica, e instó a las                         partes de la falta de certeza científica, e imparcial a los fines de que                                determine la viabilidad o no del proyecto. Que la Conferencia del                                Episcopado Dominicano, solicito la suspensión de los trabajos de construcción de la            planta cementera en el área del Parque Nacional de los Haitises en virtud de la falta de certeza científica, e insto a las partes invitar a una empresa internacional imparcial a los fines de que determine la viabilidad o no del proyecto.

 

CONSIDERANDO: Que continúa alegando el recurrente que la Academia de Ciencias de la República Dominicana, solicito la revocación de la licencia ambiental otorgada al Consorcio Minero Dominicano, S. A., por que según sus estudios el proyecto es no viable y también solicito la suspensión inmediata de los trabajos de construcción que se realizan actualmente en detrimento de la zona. Que la Comisión Ambiental de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), luego de un estudio ponderado del tema resoluto que el proyecto es no viable porque se encuentra en un área protegida y ecológicamente frágil y por ser reserva hídrica del mas del 40% de la población dominicana. Que todas las instituciones anteriormente indicadas, solicitan las mismas medidas cautelares solicitadas mediante la presente instancia pero de manera pública y mediática, es decir, la paralización de los trabajos por parte del Consorcio Minero Dominicano, S. A., en el área de influencia del Parque Nacional Los Haitises.

 

CONSIDERANDO: Que señala el recurrente que el informe técnico de revisión elaborado por la Secretaría de Estado de Medio Ambiente y Recursos Naturales en torno a dicho proyecto establece que: “en vista de que algunos tramos de influencia del proyecto coincide con el área de amortiguamiento del Parque Nacional de Los Haitises y bordea sus lados norte y este, así como también, con la Sierra Yamasa cuenca Payabo (sistema                      Yuna- Barracote) y la y la cuenca del río ozama; en vista de que este proyecto tiene un impacto de una magnitud considerable en el aspecto hidrológico y el ecosistema en general si no se toman las medidas compensatorias de lugar, en tal sentido, queda a decisión del comité técnico otorgar la licencia ambiental”. Que dicho informe cita los impactos negativos al agua durante la fase explotación: “Disminución de la calidad de las aguas superficiales y subterráneas debido a los residuos en suspensión y disminución del agua potable”.

 

CONSIDERANDO: Que continúa señalando el recurrente que en la audiencia celebrada el día 3 de junio, sobre la falta de calidad de las asociaciones recurrentes bajo el supuesto de que sus objetos sociales no reflejan vinculación alguna respecto a la conversación y preservación del medio ambiente o actividades similares, debemos empezar por anunciar los artículos 4, 5 y 178, de la Ley No. 64-00 sobre Medio Ambiente y Recursos Naturales, los cuales establecen que: Artículo 4. “Se declara de interés nacional la conservación, protección, restauración y uso sostenible de los recursos naturales, el medio ambiente y los bienes que conforman el patrimonio natural y cultural”. Artículo 5. “Es responsabilidad del Estado, de la sociedad y de cada habitante del país proteger, conservar, mejorar, restaurar y hacer un uso sostenible de los recursos naturales y del medio ambiente, y eliminar los patrones de producción y consumo no sostenibles”. Artículo 178. “Toda persona o asociación de ciudadanos tiene legitimidad procesal activa para enunciar y querellarse por todo hecho, acción, factor, proceso, o la omisión u obstaculización de ellos, que haya causado, esté causando o pueda causar daño, degradación, menoscabo, contaminación y/o deterioro del medio ambiente y los recursos naturales”. Que conforme a los textos de ley indicados precedentemente, se puede precisar claramente la legitimidad procesal activa o calidad para actuar en justicia que tienen las organizaciones recurrentes.

 

CONSIDERANDO: Que alega el recurrente que sobre la presunción de legalidad de la licencia ambiental es un requisito sine qua non para la realización de un acto administrativo la competencia de la autoridad administrativa, lo que significa que un acto administrativo realizado por una autoridad administrativa sin calidad, no es válido. Que el otorgamiento de dicha licencia ambiental por la Secretaría de Estado de Medio Ambiente y Recurso Naturales constituye un delito ecológico que se define como: “Aquel que, sin justificación de interés social, realiza por incuria o interés lucrativo, una acción que tenga por efecto la modificación de modo grave e irresistible del equilibrio ecológico”.

 

CONSIDERANDO: Que continúa alegando el recurrente que si bien es cierto que los actos administrativos gozan de una presunción de validez “juris tantum”, no es menos cierto que dicha validez no es absoluta y acepta prueba en contrario.

 

CONSIDERANDO: Que señala el recurrente que el párrafo IV del artículo 7 de la Ley            13-07 expresa que: “Las medidas cautelares podrán ser solicitadas al Presidente del Tribunal Contencioso Tributario y Administrativo, antes de iniciarse el proceso contencioso administrativo. En caso de que la medida cautelar sea concedida, el recurso contencioso administrativo o contencioso tributario deberá presentarse en el plazo previsto en esta ley; de lo contrario, se ordenará su levantamiento y se condenará a la parte solicitante al pago de las costas. En caso de que el administrado haya interpuesto recurso en vía administrativa el plazo para interponer el recurso contencioso administrativo o contencioso tributario, a los fines de este párrafo, se computa a partir del momento en que se haya agotado la vía administrativa”. Que las medidas cautelares son decisiones de carácter provisional, cuyo fundamento es garantizar la efectividad de la sentencia que recaiga sobre el recurso.

 

CONSIDERANDO: Que continúa señalando el recurrente que no tienen conocimiento de la fecha oficial, total e íntegro de la disposición adoptada, por no haber sido notificada, ni publicada y en ese sentido, no ha intervenido el plazo de prescripción en las condiciones establecidas en el artículo 5 de la Ley 13-07, que señala que el plazo: “será de treinta (30) días a contar del día en que el recurrente reciba la notificación del acto recurrido”, puesto que el acto atacado no ha sido publicado oficialmente, ni ha sido comunicado a los solicitantes de la medida cautelar anticipada.

 

 CONSIDERANDO: Que alega el recurrente que la acción interpuesta no perjudica ilícitamente el interés público o de terceros, puesto que su fin fundamental es tendente a la transparencia y el respeto de la institucionalidad, a través del sometimiento al imperio de la ley en las actuaciones de la administración; razón por la cual están reunidos todos los requisitos exigidos por la ley para que se ordene la medida cautelar solicitada.

 

CONSIDERANDO: Que en su Escrito de Ampliatorio de Conclusiones la recurrida señala que el área del polígono de exploración minera del proyecto Consorcio Minero Dominicano, S. A., no toca el área protegida Parque Nacional de los Haitises cuyo punto mas cercano se sitúa a tres (03) Kilómetros de dicho parque, mientras que el área de procesamiento de acuerdo con la Licencia Ambiental otorgada se sitúa a cuatro (04) Kilómetros del punto mas cercano al limite noroeste de los limites del Parque. Que en la visita de la comisión técnica no se observaron cuerpos de aguas superraciales en el área de explotación y solo se observo una pequeña laguna en el área de procesamiento hecha por lugareños como bebedero para animales.

 

CONSIDERANDO: Que continúa señalando la recurrida que la licencia fue emitida posterior al informe de la comisión técnica interdisciplinaria cuya especificación es Licencia Ambiental No. DEA-0157-09 del catorce (14) de abril del año 2009, por lo que no se explican que los recurrentes cuestionen un documento Público que para ellos es desconocido ignorando inclusive el numero de registro que lo encabeza.

 

CONSIDERANDO: Que en su Escrito de Conclusiones del Procurador General Tributario y Administrativo señala que los recurrentes no han probado (de manera incuestionable) los supuestos daños causados con el inicio del proyecto planta de cemento de parte del Consorcio Minero Dominicano, S. A. Que independientemente de lo anterior los reclamantes de la medida cautelar no pueden predecir consecuencias futuras que afecten el medio ambiente y los recursos naturales cuando los artículos 18, 45 y 46 de la Ley General de Medio Ambiente de fecha 18 de agosto de 2000, no solo le impone obligaciones civiles, penales y administrativas al beneficiario de la licencia a los fines de evitar estos daños sino que además facultan la Secretaría de Estado de Medio Ambiente y Recursos Naturales a supervisar y realizar la auditoria de evaluación ambiental cuando lo considere conveniente así como a un auto monitoreo a cargo de la empresa la que deberá informar periódicamente de los resultados del mismo a la Secretaría de Estado de Medio Ambiente, pudiendo esta Secretaría paralizar dicha obra en caso de comprobar los daños aludidos por los recurrentes.

 

CONSIDERANDO: Que continúa señalando dicho funcionario que la empresa Consorcio Minero Dominicano, S. A., en su proyecto plantea lo siguiente: “El Proyecto de Planta de Cemento consiste en una instalación y operación de una fabrica de cemento con tecnología de punta y altos estándares sociales y ambientales. Dicha planta ha sido diseñada usando como referencia la normativa ambiental internacional y local, que garantiza su funcionamiento bajo el concepto de planta verde, que implica muy bajos niveles de contaminación. En este sentido, la fase de diseño tanto preliminar como definitivo de la planta, se adopto como filosofía, entre otras, el concepto de cero tolerancia al material particulado, que permitirá un alto desempeño ambiental. Con esta planta, se pretende iniciar una nueva etapa de desarrollo en la industria minera, con altos estándares ambientales”.

 

CONSIDERANDO: Que alega dicho funcionario que el artículo 7, párrafo I, literal c) de la Ley No. 13-07, establece que: “No perturbare gravemente el interés público o de terceros que sean parte en el proceso. Si de la medida cautelar pudieran derivarse perjuicios podrá exigirse la constitución de una garantía o acordarse las medidas que sean adecuadas para evitar o paliar dichos perjuicios. En este caso la medida cautelar adoptada no se llevará a efecto hasta que se acredite el cumplimiento de la garantía”.

 

 CONSIDERANDO: Que continúa alegando dicho funcionario que de acceder a la solicitud de la parte recurrente y suspender la ejecución de la Licencia Ambiental DEA No. 0157-09 emitida en fecha 17 de mayo de 2009, por la Secretaría de Estado de Medio Ambiente y Recursos Naturales se estaría causando grandes perjuicios al Estado Dominicano (arrendador de parte de los terrenos) así como a la Empresa Consorcio Minero Dominicano, S.A., y a los habitantes de las comunidades que rodean dicho proyecto. Que ha quedado fehacientemente demostrado que el recurrente no cumple con los presupuestos establecidos en el artículo 7, párrafo I de la Ley No. 13-07, por lo que ha lugar a rechazar en todas sus partes la solicitud de medida cautelar interpuesta en fecha 20 de mayo de 2009.

 

CONSIDERANDO: Que señala dicho funcionario que la Secretaría de Estado de Medio Ambiente y Recursos Naturales en todo el proceso seguido en el caso que nos ocupa ha actuado dentro del marco de la ley que regula la materia, por lo que todas las alegaciones y pretensiones de la parte recurrente carecen de base jurídica sólida que la sustente.

 

CONSIDERANDO: Que en su Escrito de Ampliatorio de Conclusiones el interviniente voluntario señala que los demandantes ignoran o simulan ignorar que el apoderamiento de este Tribunal une en esta jurisdicción tres ámbitos de competencia para decidir tres clases de asuntos que en puridad amalgaman en una tres jurisdicciones distintas, que son las del: “a) Tribunal Contencioso Administrativo organizado por la Ley 1494 del año 1947;                  b) Tribunal Contencioso Administrativo de lo Monetario y Financiero creado por la Ley 183-02, Ley Monetario Financiera; c) Tribunal Contencioso Tributario instituido por la Ley 11-92 de 1992 del Código Tributario”. Que en el caso que nos ocupa es por la Ley 1494 de 1947, que instituye la jurisdicción contenciosa administrativa, por tales motivos que rigen este caso para que pueda ser demandada cualquier medida cautelar anticipada o no, debe preexistir el apoderamiento regular de esta jurisdicción.

 

CONSIDERANDO: Que continúa señalando el interviniente voluntario que el artículo 7 de la Ley 1494 orgánica de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa expresa que: “No corresponde al Tribunal Superior Administrativo: …b) los actos que dicten o realicen los Poderes del Estado el uso de atribuciones constitucionales”. Que de acuerdo con el artículo 4 de la Constitución se establece que: “El gobierno de la Nación es esencialmente civil, republicano, democrático y representativo. Se divide en Poder Legislativo, Poder Ejecutivo y Poder Judicial. Estos tres poderes son independientes en el ejercicio de sus respectivas funciones. Sus encargados son responsables y no pueden delegar sus atribuciones, las cuales son únicamente las determinadas por esta Constitución y las leyes”. Sin embargo la Ley 1494 de 1947 instituye esta jurisdicción contenciosa administrativa con fines de controlar el ejercicio abusivo del poder administrativo. Y, precisamente, la competencia para entender de los actos del poder administrativo está en controlar los actos abusivos que emanen de dicho poder, lo que no acontece en este caso, porque la Licencia Ambiental de que se trata, es un acto administrativo regular, dictado dentro de las previsiones de la ley y en el ámbito de la competencia del Secretario de Estado de Recursos Naturales y Medio Ambiente.

 

CONSIDERANDO: Que alega el interviniente voluntario que los demandantes para solicitar las medidas cautelares solicitadas se basan en un informe suscrito por el Sr. José Manuel Mateo Feliz, quien afirma que la petición de que se apodero a la Secretaria de Medio Ambiente no es viable en el termino ambiental y en consecuencia sugiere se ha desestimado” terminan los demandantes. Sin embargo, en las conclusiones de Mateo Feliz, se expresa seguidamente “o que en su defecto sea movido aquellos espacios que se alojen y dejen fuera la estructura de mayor perímetro de los mogotes que caracterizan la región de los Haitises así como también el territorio protegido. Que precisamente esa sugerencia no solo es tomada en consideración, sino, que forma parte de la delimitación de la licencia de medio ambiente concedida al Consorcio Minero Dominicano, S. A., de modo que la mayor distancia de los Haitises que era tres kilómetros, fue traslada a unos 5.4 kilómetros, por lo que vale decir que se acogieron las recomendaciones de todos los informes técnicos que tomó en cuenta la Secretaría de Estado de Medio Ambiente y Recursos Naturales para dictar el auto administrativo que le concede la Licencia Ambiental No. 0154-09.

 

CONSIDERANDO: Que continúa alegando el interviniente voluntario que el proyecto de que se trata tiene un costo de trescientos millones de dólares (US$ 300,000,000.00) que se financiará con un préstamo del Banco Mundial, institución que además de prestamista, garantiza que el proyecto sea ejecutado dentro de los lineamientos ambientales fijados por la licencia que otorgara la Secretaría de Estado de Medio Ambiente y Recursos Naturales, al punto de que dicho préstamo no será desembolsado si se infringen tales lineamientos.

 

CONSIDERANDO: Que en su escrito ampliatorio de conclusiones el recurrente solicita a la Presidencia de este Tribunal, la Exclusión y/o No Ponderación del Escrito Ampliatorio de Conclusiones del Interviniente Voluntario, Consorcio Minero Dominicano, S. A., y la recurrida, Secretaría de Estado de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARENA), bajo el alegato de que al día 8 de junio de 2009, vencía el plazo para el depósito del mismo y al realizarse dicho depósito con posterioridad a esta fecha por parte de la recurrida, Secretaría de Estado de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARENA) así como del interviniente voluntario, el Consorcio Minero Dominicano, S. A., recae en inadmisiblidad por extemporáneo.

 

CONSIDERANDO: Que respecto a la Solicitud de Exclusión del Escrito Ampliatorio de Conclusiones del Interviniente Voluntario, Consorcio Minero Dominicano, S. A., y la recurrida, Secretaría de Estado de Medio Ambiente y Recursos Naturales, formulado por la parte recurrente, es preciso señalar que tanto la Secretaría de Estado de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARENA) como el Consorcio Minero Dominicano, S. A., depositaron su escrito ampliatorio de conclusiones dentro del plazo de 5 días laborables otorgado por este Tribunal, por lo que procede rechazarlo por improcedente, mal fundado y carente de base legal.

 

CONSIDERANDO: Que lo que se plantea a la Presidencia de este Tribunal es la Solicitud de Adopción de Medida Cautelar Anticipada, tendente a lograr la Suspensión del Acto Administrativo de la Licencia  Ambiental DEA No. 0157-09, otorgada por la Secretaría de Estado de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARENA) al Consorcio Minero Dominicano, S. A., en fecha 14 de abril del año 2009.

 

CONSIDERANDO: Que antes del examen al fondo de la presente Solicitud de Adopción de Medida Cautelar Anticipada, examinaremos los medios de inadmisión propuestos por la Secretaría de Estado de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARENA) y la Procuraduría General Tributaria y Administrativa.

 

CONSIDERANDO: Que en cuanto al primer medio planteado por la Secretaría de Estado de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARENA) invocando falta de calidad e interés de los hoy recurrentes para solicitar la Adopción de Medida Cautelar Anticipada en razón de que en los objetivos de su incorporación no se establece la protección del medio ambiente, es preciso señalar que dentro de los atributos, con que cuenta el derecho a la protección del medio ambiente se encuentra el interés difuso, el cual permite que cualquier persona pueda reclamar la protección de este derecho, sin necesidad de probar el daño que directamente se le ha causado.

 

CONSIDERANDO: Que este derecho de accionar en materia ambiental está consagrado en el artículo 178 de la Ley General de Medio Ambiente y Recursos Naturales No.64-00 que establece: “Toda persona o asociación de ciudadanos tiene legitimidad procesal activa para denunciar y querellarse por todo hecho, acción, factor, proceso, o la omisión u obstaculización de ellos, que haya causado, esté causando o pueda causar daño, degradación, menoscabo, contaminación y/o deterioro del medio ambiente y los recursos naturales”; de ahí que los actuantes tienen interés para actuar en el presente caso; en tal virtud la Presidencia de este Tribunal procede a rechazarlo por improcedente, mal fundado y carente de base legal.

 

CONSIDERANDO: Que en cuanto al medio de inadmisión propuesto por la Secretaría de Estado de Medio Ambiente y Recursos Naturales invocando que la Medida Cautelar Anticipada debe ser declarada inadmisible por carecer de objeto, en razón de que la emisión de la Licencia Ambiental hoy cuestionada fue emitida en base al principio de legalidad y el alcance del control judicial está sujeto al principio de separación de los poderes, establecido en el artículo 4 de la Constitución de la República; es necesario precisar que es la misma  ley que otorga el control a esta instancia de la actividad administrativa del Estado, al instituir mediante la Ley No. 14-94 la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, modificada por la Ley No. 13-07 de Transición hacia el Control Jurisdiccional de la Actividad Administrativa del Estado; la que establece que “Toda persona, natural o jurídica, investida de un interés legítimo, podrá interponer el recurso contencioso administrativo contra los actos administrativos violatorios de la ley, los reglamentos y decretos”, asimismo la Ley No. 64-00 de Medio Ambiente y Recursos Naturales en sus artículos 167, párrafo II y 168, la que conceden además la competencia a este tribunal para conocer de los recursos contra las resoluciones dictadas por la Secretaría de Estado de Medio Ambiente y Recursos Naturales; por lo que procede rechazar dicho medio de inadmisión.  

 

CONSIDERANDO: Que en cuanto al medio de inadmisión propuesto por el Procurador General Tributario y Administrativo, invocando el plazo prefijado de treinta (30) días establecido en el artículo 5 de la Ley 13-07 para interponer el recurso contencioso administrativo; esta instancia es de criterio que a los fines de la interposición de solicitud de adopción de medidas cautelares, dicho plazo resulta improcedente, toda vez que el artículo 7 de la Ley No. 13-07 prevé que se podrá solicitar la medida cautelar en cualquier momento del proceso administrativo; asimismo el párrafo IV del referido artículo, que consagra las medidas cautelares anticipadas señala, que en el caso de que la medida cautelar sea concedida, el recurso contencioso administrativo deberá presentarse en el plazo previsto en esta ley.

 

CONSIDERANDO: Que de lo anterior se infiere, que la Medida Cautelar Anticipada no tiene plazo para su interposición, si no que su caducidad se produce en caso de no depositarse el recurso contencioso administrativo en el plazo de 30 días a partir de su otorgamiento, por lo que procede rechazar el medio de inadmisión propuesto por mal fundado y carente de base legal.

 

CONSIDERANDO: Que luego de rechazar los medios de inadmisión propuestos procede analizar el fondo de la presente Solicitud de Adopción de Medida Cautelar Anticipada.

 

CONSIDERANDO: Que de conformidad con el artículo 7 de la Ley No. 13-07 de fecha 5 de febrero del año 2007, el recurrente podrá solicitar, en cualquier momento del proceso, al Presidente del Tribunal Contencioso Tributario y Administrativo, la adopción de cuantas Medidas Cautelares sean necesarias para asegurar la efectividad de una eventual sentencia que acoja el recurso contencioso administrativo.

 

CONSIDERANDO: Que el párrafo IV del referido artículo consagra las Medidas Cautelares Anticipadas, al señalar que “Las Medidas Cautelares podrán ser solicitadas al Presidente del Tribunal Contencioso Tributario y Administrativo antes de iniciarse el proceso contencioso administrativo”.

CONSIDERANDO:  Que al tenor del párrafo I, incisos a, b y c, del artículo 7 de la               Ley 13-07, el Presidente del Tribunal  Contencioso Tributario y Administrativo podrá adoptar la medida cautelar idónea siempre que: “a) Pudieran producirse situaciones que impidieran o dificultaran la efectividad de la tutela que pudiera otorgarse en la sentencia, b) De las alegaciones  y documentos aportados por el solicitante, sin prejuzgar el fondo del asunto, parezca fundada la pretensión; y c) No perturbe gravemente el interés público o a terceros que sean partes en el proceso”.

 

CONSIDERANDO: Que el objeto de la adopción de Medidas Cautelares es lograr la suspensión provisional del acto dictado por la Administración y que afecta al accionante, evitando que durante el tiempo que dure el proceso, ese derecho sufra un daño de tal magnitud que resulte imposible o muy difícil repararlo, cuando finalmente se dicte la sentencia que pueda reconocerlo.

 

CONSIDERANDO: Que la tutela cautelar es una garantía de la efectividad                                de la tutela judicial, que salvaguarda la pertinencia de la decisión judicial final,                              es así como las medidas cautelares persiguen garantizar que cuando se                               produzca la comprobación jurisdiccional de la existencia del derecho,                                          tal reconocimiento, que tiene los caracteres de definitivo y certeza del                                           derecho preexistente, no se haga ilusorio, sino que por el contrario pueda hacerse                 efectivo.

 

CONSIDERANDO: Que las Medidas Cautelares pretenden conjugar el peligro que                    para una futura ejecución representa la propia existencia de un proceso declarativo,                     es decir que el tiempo que el juicio declarativo tarda en sustanciarse                                                las medidas provisionales por su carácter preventivo o asegurador, tiendan                                       a garantizar la eficacia de la sentencia que pudiere recaer en el procedimiento administrativo.

 

CONSIDERANDO: Que en materia ambiental el principio de precaución                                exige tomar medidas que reduzcan la posibilidad de sufrir un daño ambiental                              grave a pesar de que se ignore la probabilidad precisa de que este ocurra,                              principio declarado también de “cautela” que exige la adopción de medidas de                            protección antes que se produzca realmente el deterioro del medio ambiente, operando ante la amenaza a la salud o al medio ambiente y la falta de certeza científica sobre sus causas y efectos.

 

CONSIDERANDO: Que de conformidad con lo establecido en el artículo                                  8 de la Ley General de Medio Ambiente y Recursos Naturales No. 64-00 del 18                                  de agosto del año 2000: “El criterio de prevención prevalecerá sobre                                  cualquier otro en la gestión pública y privada del medio ambiente y los recursos                      naturales. No podrá alegarse la falta de una certeza científica absoluta como                                razón para no adoptar medidas preventivas y eficaces en todas las actividades                                que impacten negativamente el medio ambiente, conforme al principio de                          precaución”.

 

CONSIDERANDO: Que las Medidas Cautelares no exigen un examen de certeza                    sobre la existencia del derecho pretendido, sino sólo su verosimilitud,                                   pues resulta preferible el exceso de acordarla que la estrechez o parquedad                                       en negarla, dado que existe en el caso menor perjuicio en otorgarla que                                        no hacerlo. Que la tutela preventiva del medio ambiente cuando se trata                                        de soluciones jurisdiccionales siempre llevará implícito el cumplimiento del                       periculum in mora, al cursar los procedimientos legalmente previstos para proveer la tutela ambiental.

 

CONSIDERANDO: Que la tutela integral y completa del medio ambiente exige                          hoy la participación, el compromiso y la acción de todos y, a esos efectos, los                        instrumentos procesales constituyen herramientas de las que no se puede prescindir,                       la presunción resulta de capital importancia en todo lo relativo al medio ambiente y fundamentalmente, en lo que tiende a evitar la producción del daño ambiental en cualquiera de sus manifestaciones.

 

CONSIDERANDO: Que el juez para ordenar la Medida Cautelar solicitada,                          pondera y valora las circunstancias de hecho de todos los intereses en conflicto, sin                       entrar a valorar el fondo del asunto, ya que la finalidad de la misma es                                asegurar el cumplimiento de una posible decisión sobre lo principal, que busca                              lograr que el tiempo que debe transcurrir entre la existencia del derecho                                       y el reconocimiento del mismo, no afecte la efectividad  de tal reconocimiento, al                    extremo de hacer ilusorio el derecho y en consecuencia inútil la función de control jurisdiccional.

 

CONSIDERANDO: Que en el caso de la especie de las alegaciones de la                           recurrente, sin prejuzgar el fondo, parece fundada su pretensión, con apariencia                               de buen derecho, dada la presencia de presupuestos característicos que                                 determinan el otorgamiento de Medidas Cautelares Anticipadas, por lo que                                   este tribunal procede a acoger la Solicitud de Medida Cautelar Anticipada, y                          ORDENA la suspensión provisional del Acto Administrativo, Licencia Ambiental DEA                              0157-09 de fecha 14 de abril del año 2009 otorgada por la Secretaría de Estado                              de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARENA), al Consorcio Minero Dominicano, S. A., y en consecuencia ORDENA la paralización de los trabajos o actividades que estuviere realizando dicho Consorcio amparado en la referida licencia; hasta tanto se conozca el recurso contencioso administrativo a interponerse.

 

POR TALES MOTIVOS Y VISTOS LOS ARTICULOS 4 y 8 de la                               Constitución Política de la República Dominicana; 8 y 178 de la Ley No. 64-00                        General de Medio Ambiente y Recursos Naturales; y 5, 7, párrafos I y IV de                               la Ley No. 13-07 de Transición hacia el Control Jurisdiccional de la                             Actividad Administrativa del Estado de fecha 5 de febrero del año 2007.

 

LA PRESIDENCIA DEL TRIBUNAL CONTENCIOSO TRIBUTARIO Y ADMINISTRATIVO, administrando justicia, en nombre de la República, por autoridad de la Constitución y la Ley, y en mérito de los citados artículos:

 

F  A  L  L  A :

 

PRIMERO:  DECLARA, buena y válida en la forma, la solicitud de Adopción                           de Medida Cautelar Anticipada interpuesta, por MOVIMIENTO DE                           CAMPESINOS TRABAJADORES DE LAS COMUNIDADES UNIDAS INCORPORADAS (MCCU) y ESPELEOGRUPO DE SANTO DOMINGO, INC., en fecha  20 de mayo del año 2009.

 

SEGUNDO: ORDENA la suspensión provisional del Acto Administrativo                          Licencia Ambiental DEA 0157-09 de fecha 14 de abril del año 2009 otorgada                             por la Secretaría de Estado de Medio Ambiente y Recursos Naturales                         (SEMARENA) al Consorcio Minero Dominicano, S. A., y en consecuencia ORDENA la paralización de los trabajos o actividades que estuviere realizando dicho Consorcio amparado en la referida licencia; hasta tanto se conozca el recurso contencioso administrativo a interponerse.

 

TERCERO: COMPENSA, las costas pura y simple por tratarse de una solicitud de  Medida Cautelar.

 

CUARTO: ORDENA, la comunicación de la presente sentencia por Secretaría                            a las partes recurrentes MOVIMIENTO DE CAMPESINOS TRABAJADORES                       DE LAS COMUNIDADES UNIDAS INCORPORADAS (MCCU) y                     ESPELEOGRUPO DE SANTO DOMINGO, INC., a la SECRETARÍA DE                      ESTADO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES                         (SEMARENA), al interviniente voluntario CONSORCIO MINERO                         DOMINICANO, S. A. y al PROCURADOR GENERAL TRIBUTARIO Y ADMINISTRATIVO.

 

QUINTO: ORDENA, que la presente sentencia sea publicada en el Boletín del Tribunal Contencioso Tributario y Administrativo.

 

Y por esta nuestra Sentencia, así se pronuncia, ordena, manda y firma.

 

 

 

 

SARA HENRÍQUEZ MARÍN

  Juez Presidente

 

 

 

 

                                                                                                     GREISY RIJO GOMEZ

                                                                                                         Secretaria General                                          

                      

DADA Y FIRMADA  ha sido la Sentencia que antecede por la Juez antes mencionada,  celebrando Audiencia Pública el mismo día, mes y año expresados, la que fue leída por mí, Secretaria que Certifica.

 

 

 

 

                                                                                                          GREISY RIJO GOMEZ

                                                                                                             Secretaria General