LA CONSTRUCCIÓN DE LA CEMENTERA EN LAS
PROXIMIDADES AL PARQUE NACIONAL DE LOS HAITISES DEBE SER REVOCADA POR
EL SR. PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
10/06/2009
Dr. Leonel Antonio Fernández Reyna,
Presidente Constitucional de la República Dominicana.
Palacio Nacional, Santo Domingo, República Dominicana.
Su despacho.-
Señor Presidente:
Es
por usted bien sabido que la construcción de una cementera en cualquier
lugar del mundo es un hecho que inevitablemente causa daños
irreparables al medio ambiente.
En su más reciente visita a
Madrid España, en su conferencia magistral organizada por el Foro
Nueva Economía y dictada frente a centenares de empresarios y el
Presidente español, José Luís Rodríguez Zapatero, usted afirmó que:
"...a la actual crisis económica le quedan cinco años y que luego de
ese período se iniciará una nueva era económica, sustentada en la
protección del medio ambiente y los avances tecnológicos.”
Precisamente
en España, específicamente en Andalucía, Málaga, se ha abierto un
amplio debate por el impacto negativo que ha tenido sobre el ambiente
la operación de una cementera llevando a esta región a ser considerada
entre las más contaminadas de España y donde mayor es la incidencia de
cáncer. Todo esto es debido a la imposibilidad de controlar eficazmente
las emisiones de las plantas cementeras y la incineración de los
residuos lo que tiene una serie de efectos negativos inmediatos para la
salud y el medio ambiente, al contaminar el aire con diversas
sustancias químicas que tienen consecuencias muy perjudiciales a medio
y largo plazo.
Igualmente, en su discurso en el acto de
proclamación de su candidatura presidencial para los comicios del 16 de
mayo del 2008 recordamos que usted manifestó enfáticamente:
“En
el área de medio ambiente y recursos naturales, reformularemos nuestra
política en relación a la estrategia nacional de conservación y uso
sostenible de la biodiversidad, el manejo y uso de espacios costeros y
marinos, adaptación y reducción de vulnerabilidad al cambio climático,
el manejo integrado de cuencas y el control de la contaminación y
emisiones atmosféricas.”
Y más adelante agregó:
“En las
actuales circunstancias, lo que el Partido de la Liberación Dominicana
somete a la consideración, a la conciencia y a la sensibilidad del
pueblo dominicano es un programa de 6 puntos fundamentales que
consisten en fortalecer el Estado Nacional para ponerlo al servicio de
los ciudadanos; fomentar una economía dinámica y competitiva,
generadora de empleos productivos; promover un pacto social para
erradicar la pobreza y expandir la clase media; enfatizar un compromiso
nacional por la sostenibilidad ambiental; impulsar una estrategia para
la difusión de la educación, la cultura, la ciencia y la tecnología; y
promover una política exterior responsable que concite el respeto y la
admiración hacia la República Dominicana.”
E igualmente le
recordamos que, en su discurso de toma de posesión el pasado 16 de
agosto de 2008 ante la Asamblea Nacional que usted manifestó lo
siguiente:
“Para enfrentar con eficacia esa situación, resulta
imprescindible reformular la Política Nacional de Medio Ambiente y
Recursos Naturales para el Desarrollo Sostenible, razón por la cual
promoveremos la aprobación de las leyes sectoriales y especiales sobre
ordenamiento territorial, bosque, agua, biodiversidad, seguridad de la
biotecnología, manejo de residuos sólidos, espacios costeros y marinos
y la reforma de la ley de áreas protegidas. Con la puesta en ejecución
de estas iniciativas, aspiramos a la sostenibilidad del desarrollo de
la República Dominicana; a vivir en armonía con la naturaleza; a dejar
como legado para las futuras generaciones nuestro actual tesoro
ecológico; y a establecer nuestro compromiso con la preservación de la
Tierra como nuestro hogar común y la supervivencia de la especie
humana. Esas serán nuestras más grandes responsabilidades del siglo
XXI.”
Estamos conscientes de que, en los aprestos electorales,
se hacen promesas de campañas para las grandes mayorías con discursos
sustentantes de cuestiones que resultan atractivas para los electores y
que también se reciben adhesiones y apoyo de sectores económicos
agrupados en pro de mantener privilegios permanentes e impunidad en sus
acciones ilícitas contra el Estado y la Sociedad en su conjunto. Sin
embargo, las posibles deudas y las gratitudes personales contraídas
con estos reducidos sectores que viven bajo el amparo y la sombra del
Poder y de los distintos gobiernos de turno, no pueden obligar a un
Presidente que asume bajo un mandato Constitucional que lo obliga a
ejercer su cumplimiento y hacer cumplir las leyes de manera estricta, a
obrar ya sea en beneficio propio o a favor de un grupo y en contra del
interés de las mayorías; más aún, a comprometer la integridad
territorial y sus recursos naturales (flora y fauna) en todos sus
aspectos y poner en peligro el futuro de las cuencas fluviales que
abastecen a más de la mitad de toda la población del país. No hay
excusas valederas o invocaciones que justifique tan desproporcionado
interés en dañar una zona tan sensible e importante del país para
satisfacer la desmedida ambición de un grupo que, por demás, es
poseedora de una gran parte del 90% de la totalidad de las riquezas que
se concentra en menos de 20 familias de esta empobrecida nación.
Señor
Presidente, no es cierto que la proyectada cementera generará miles de
empleos; en el propio estudio presentado a penas se establecen 200
puestos directos. Lo es cierto es que las cuencas fluviales que
alimentan la ciudad capital en su conjunto y varias de las provincias
del este sufrirán dentro de pocos años peores condiciones que las
actuales con sus fuentes abastecedoras de agua. También es cierto que
no solamente se dañará el ambiente y los recursos naturales y todo el
ecosistema de una región si no que, además, los contribuyentes reales
que conformamos la mayoría del pueblo dominicano veremos destruir una
autopista que costó miles de millones de pesos y que el Consorcio
minero no pagará y que a costa de nuestros hombros y el sufrimiento de
limitaciones tendremos que saldar las deudas contraídas de por siglos;
que los puertos de Samaná y de Punta Caucedo tampoco recibirán
beneficios algunos de estos magnates trogloditas insaciables que,
parece ser, poseen licencias de por vida para recibir exenciones. Lo
cierto es que, Señor Presidente, mientras millones de dominicanos no
poseen como propio un solo metro cuadrado de tierra para construir una
vivienda digna o producir alimentos para el sustento familiar, este
grupo encabezado por dos socios aventajados e inseparables en todos sus
propósitos económicos, recibirá primero a precio de centavos (3.50
dólares anuales por tarea) para el arrendamiento por 20 años unas
23,821.99 tareas, es decir, aproximadamente unos 2,888,379.59 metros
cuadrados de terrenos del CEA con la opción supuesta de la compra
futura; pero la historia de estos aventajados señores nos muestra que,
como diría nuestro Señor Jesucristo, antes de que el gallo cante tres
veces, harán las gestiones y lograrán que los reciban en donación.
Señor
Presidente, con una extensión de tierra así y con la crisis mundial de
alimentos se pueden asignar con estos fines a 2382 familias a razón de
10 tareas cada una y 238 familias a razón de 100 tareas cada una y, en
última instancia, como todos somos dueños de este país, bien podrían
asignárseles 1 tarea (equivalente a 629 metros cuadrados) a 23821
dominicanos y dominicanas que de seguro estarían dispuestos a pagar
mucho más que los míseros 3.50 dólares anuales que corresponden y que,
a la tasa actual de cambio de la moneda estadounidense, corresponde a
menos de 1 centavo de dólar por día, es decir, a menos de 36 centavos
dominicanos diarios, costo imposible de saldar diariamente porque ya ni
siquiera existe la posibilidad de reunir en efectivo un valor tan
ínfimo y no hay monedas para hacerlo posible.
Señor Presidente,
no solo le pedimos, le exigimos enérgicamente con todo el derecho que
la ley nos otorga como ciudadanos que, en aras de preservar los
intereses nacionales y de todos los dominicanos y usted como guardián
responsable de garantizar la integridad de todo el patrimonio del país,
revoque de manera inmediata el contrato de concesión otorgada
Consorcio Minero Dominicano, S. A. para explotar el subsuelo en las
proximidades del Parque Nacional de Los Haitises. Está demás decir que
es un hecho que no amerita comprobación que todo el petróleo del mundo
ni todo el oro del planeta, que aparentan ser las cosas más valiosas,
no pueden quitar la sed mientras que el agua sí. El agua es nuestra
vida y la vida vale mucho más que el oro.
En sus manos está la
decisión de gobernar con sabiduría y a favor del bien común para el
futuro de nuestros hijos y de sus hijos y de todas las generaciones
futuras.
Firman:
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