Corresponde al Estado, por mandato constitucional, brindar al gobernado la certeza de contar con tribunales competentes, encargados de dirimir controversias de manera justa, pronta y expedita.

Pese a ser imperativo emanado tanto de la norma suprema como del reclamo social, la impartición de justicia en BCS ha sido implementada en su funcionamiento y diseñada en su planteamiento, como herramienta de control político, a un alto costo social, pues al prostituirse la administración de justicia en tal proceso, el acceso a resoluciones judiciales satisfactorias quedó reservado exclusivamente para aquellos que cuentan con el poder político o económico suficiente para comprar las conciencias de quienes tienen a su cargo la labor de decir el derecho en los tribunales.

De ahí pues, la exigencia popular de brindar a los gobernados, un sistema de administración de justicia pronta y expedita, que no se encuentre sujeta a la dádiva económica o a la especulación política.

El reto para la actual administración es promover, gestionar y obtener una reforma INTEGRAL al aparato judicial, sin violentar el equilibrio de poderes y sin vulnerar la autonomía constitucional de los órganos judiciales.

Nuestra justicia estatal, se presenta como esa vieja prostituta, que por más maquillaje que usa, y pese a las múltiples cirugías y afeites cosméticos, no logra ocultar su nefasta decrepitud.

Se sigue vendiendo al mejor postor, y lo hace al cobijo de una TOTAL IMPUNIDAD, fincada en una falsa interpretación de la autonomía judicial.

El grupo de magistrados judiciales estatales están enfrascados en estos momentos, en una feroz lucha por permanecer indefinidamente aferrados a la ubre estatal, viviendo del presupuesto.

Alentados por la inamovible garra que menea el caldero, recurren al amparo federal para perpetuarse en el poder, capitalizando para su mezquino interés, los vacíos que presenta la legislación estatal.

Pese a que ha terminado su periodo como magistrados, se empeñan en seguir gozando de privilegios y canonjías, y con mórbido afán, obstaculizan la implementación de reformas torales, como la creación del Consejo de la Judicatura, pues saben bien que en la impunidad que hoy impera respecto de sus abusos, tienen un espacio de enriquecimiento y posicionamiento político inmejorable.

Es urgente sanear al interior nuestro Tribunal de justicia.

Cualquier costo mediato es inferior al costo que socialmente habremos de pagar si seguimos tolerando a la gavilla entogada que tiene secuestrado al poder judicial.

Magistrados corruptos, incompetentes, improvisados, alcohólicos, acosadores sexuales, chantajistas sectarios, conforman una plataforma gestora de abusos y componendas a nombre de nuestra malograda justicia.

LA SOLUCIÓN:

a)    La creación del Consejo Estatal de la Judicatura.

b)   La separación de las labores administrativas de las labores jurisdiccionales al interior del Tribunal.

c)    La creación de la carrera judicial, para garantizar que lleguen al encargo de jueces y magistrados, profesionales del derecho capaces, honestos, en lugar de improvisados y comprometidos con el grupo que los entroniza.

d)   Supervisión y evaluación de la labor judicial.

e)    Jueces y oficiales judiciales bien pagados, y en la misma medida, comprometidos con el encargo.

f)     La exigencia de experiencia judicial previa y estrictos controles sobre adicciones y vicios, para evitar que se sigan coronando como magistrados, a incondicionales del gobernador en turno, pues de improvisados e incompetentes ya estamos saturados. No es lo mismo corretear camiones de carga que dictar resoluciones judiciales, pero eso poco importa si se entrona en la magistratura a un incondicional del gobernador que a su salida se sabe protegido por el esbirro que desde el escaño magisterial sabrá cubrir la espalda de su generoso benefactor.

Es urgente que el poder legislativo y el poder ejecutivo, desde su enclave competencial, cierren filas con el actual presidente del Tribunal Superior de Justicia en Baja California Sur, y procedan a estructurar un procedimiento legítimo, simple y funcional que nos permita arrancar de la teta estatal a los magistrados que habiendo cumplido su periodo, se aferran a 20 uñas del encargo. Y con ellos, deben ser erradicados los viejos vicios y las corruptas prácticas que hoy por hoy tienen hundida a la justicia.

La vieja prostituta agoniza, y se empeña en ejercer su nefasto poder de manera vitalicia.

Es tiempo de sacudir la estructura y renovar la administración de justicia.

La sociedad lo reclama. La sociedad lo merece. La Constitución lo exige.