No hablo del delictivo “bono de salida” con que se premiaron “en lo oscurito” los diputados de la precedente legislatura.

Si existiera voluntad política de hacer bien las cosas, el Congreso ya habría iniciado el procedimiento administrativo para que los diputados de la pasada legislatura DEVUELVAN lo que ilícitamente se asignaron, o enfrenten un PROCESO PENAL por peculado, pero todo indica que la romántica invitación a la conciliación es un tamiz que “justifica” la IMPUNIDAD al grito de “borrón y cuenta nueva”, y que no es otra cosa que un baño de franquicia corsaria, al más puro estilo proverbial: “hoy por ti, mañana por mí.”

Previo a saquear las arcas del presupuesto para auto asignarse un exagerado e ilegal “bono de retiro”, en diciembre del año pasado, nuestros legisladores le dieron una puñalada trapera a nuestro sistema de justicia penal, al reformar de manera irresponsable, diversos artículos del código penal estatal, con lo que acarrearon costosas consecuencias a nuestro entorno social, una de las cuales, ya se empieza a notar de manera alarmante en la exagerada sobrepoblación que presentan los centros de reclusión en el Estado.

Más grave aún resulta que los actuales legisladores apunten en la misma dirección, abordando el problema de la seguridad pública con la solución más simplista, pero al mismo tiempo, más costosa: elevar sin ton ni son las penalidades a los delitos que previene el código penal.

A lo largo del a historia, los estudiosos de las ciencias jurídico forenses han arribado, por distintos caminos, a una misma conclusión: elevar las penas para “disuadir” o “inhibir” al delincuente, es estéril, infructuoso, socialmente costoso y políticamente inconveniente.

Pese a ello, se sigue la inercia. ¿Qué se están cometiendo más robos? Los genios que asesoran a los diputados tienen la solución en el bolsillo: aumenten las penas. Barata solución de pacotilla, que solo sirve para que los diputados se paren el cuello diciendo que “trabajan” legislando, cuando lo único que hacen es entrampar más la problemática social.

Recientemente apuntaba el Lic. Irineo Martínez la imperiosa necesidad de apostarle a la prevención del delito, y en ello tiene toda la razón, pero de nada servirá el modelo policiaco que presente el actual encargado del a Seguridad Estatal, si nuestros legisladores siguen empeñados en su formulita maravillosa de “aumentar las penalidades”.

La mejor inversión es la prevención. Es más económico gastar en inteligencia policiaca que en armamentos y centros de tortura, disfrazados de “casas de arraigo”. Es más económico construir escuelas que ceresos, campos deportivos que centros de rehabilitación. La prevención es la apuesta funcional. Subir las penas únicamente sirve para empapelar más los procedimientos y saturar las prisiones.

Lo que necesitamos es una REFORMA INTEGRAL al sistema de seguridad pública en el Estado, que implique en el área de persecución y sanción de los delitos, un NUEVO CÓDIGO PENAL, congruente con nuestra realidad social, que responda a nuestras necesidades únicas y particulares.

Ningún otro Estado de la República presenta las condicionantes ni geográficas ni culturales ni económicas que tiene nuestra entidad. Por ello, ha sido desastrosa la peregrina práctica legislativa de “copiar y pegar”; de piratearse reformas legales gestadas en otras entidades. El descaro y desenfado de nuestros legisladores llega al colmo de presentar iniciativas en las que se copian hasta los artículos transitorios y en algunos casos, no siquiera leen los proyectos que presentan, pues hemos visto proyectos de iniciativas que conservan el nombre de ciudades de la entidad de la cual se piratearon la iniciativa.

La creación pues de un NUEVO CÓDIGO PENAL, implica una labor de gestación integral, que revise tanto la parte dogmática como el catálogo de delitos, sanciones y medidas de seguridad, y lo haga de manera CONGRUENTE y PROPORCIONAL.

Por citar un ejemplo, nuestro código penal todavía arrastra disposiciones arcaicas, medioevales, atávicas, brutales y anacrónicas, como la excluyente que permite a padres y maestros, golpear a los educandos, en nombre del sagrado “derecho de corrección”, eso sí, siempre y cuando no manden al hospital al educando. Tal barbarie es insostenible en un Estado moderno, y en un código penal que artículos adelante, contempla el maltrato intrafamiliar, físico o mental como delito.

Como la anterior, hay diversas contradicciones y lagunas, duplicidad normativa y omisiones, todas ellas vergonzosas y generadoras de conflictos jurisdiccionales, pues el juzgador tiene el deber, por mandato constitucional, de estar siempre a lo más favorable al reo, dejando en muchos casos, por falta de técnica legislativa en nuestro código, impunes conductas que deben ser penalmente sancionadas.

Aumentar las penas al alegre son de la moda en turno, solo sirve para sobre poblar los centros de reclusión, negarle oportunidad de remisión a los primo delincuentes y prolongar innecesariamente la pena de prisión preventiva de muchos inocentes, pues no olvidemos que en el Estado, al menos el 70 por ciento de los procesados, contando con defensa adecuada, demuestran su inocencia.

Necesitamos pues, organizar un foro en la entidad, que aglutine el parecer de los diversos grupos sociales con representación en la entidad, y crear una comisión multidisciplinaria para elaborar un NUEVO CODIGO PENAL, acorde a las últimas reformas constitucionales, que responda a nuestra realidad social, que contribuya a la adecuada y eficaz labor encomendada al Estado, de sancionar al delincuente y proteger a la víctima. Y deben escucharse todas las voces.

Debe encargarse la elaboración del nuevo código a profesionales del derecho, que conozcan la realidad de la entidad, y no volver a cometer el error del 2005, que se contrató a un “genio” proveniente y avecindado en otro Estado, que cobró lo que quiso, (dicen que compartió sus “ganancias” con la vitalicia innombrable) y que nos endilgó el adefesio legislativo que actualmente tenemos como código penal en vigor.