Eliseo Zuloaga Canchola / cortesía de El Peninsular

    Al señalar que al cuarto año la presente administración enfrenta entre muchas deficiencias administrativas y un enorme deterioro en el campo del combate a la delincuencia, el Presidente del Consejo Ciudadano para la Atención de Víctimas del Delito A.C, Jesús Arturo Rubio Ruíz, apuntó que 30 ejecuciones ocurridas en el marco común de la impunidad, son un claro referente de la suma de factores que generan la elevada inseguridad que priva ahora en la otrora pacífica media península.

Y apuntó que la impunidad que reflejan los homicidios por consigna, son el resultado de la coincidencia de tres factores interactuantes: incapacidad en los cuerpos policíacos; corrupción burocrática en todas las esferas de procuración de justicia, e indiferencia de los diputados integrantes del Congreso Local, que han tolerado a ciencia y paciencia las constantes violaciones a le ley, cometidas por el procurador de justicia y su cuerpo de allegados.

Refirió en ese sentido que entre dichas violaciones del propio Procurador General de Justicia del Estado, destacan: la participación descarada en juegos de apuesta, en carreras de caballos y peleas de gallos, donde funcionarios de la procuración de justicia, encabezados por el titular de la misma, conviven y cruzan apuestas con delincuentes conocidos, locales y de estados circunvecinos; la participación de elementos de la PME en robo a cajeros automáticos, secuestros, portación de armas de fuego reservadas para uso exclusivo del ejército, tráfico de unidades motrices de procedencia ilícita.

También la fabricación de "culpables" mediante la tortura, la incomunicación, el chantaje, la extorsión; el uso de cárceles privadas, (hoteles de mala muerte y las celdas del área femenil del antiguo tutelar para menores), disfrazadas de "casas de arraigos".

La intimidación a víctimas de secuestro, para que no denuncien el secuestro como tal, sino "por lo que resulte", para no elevará la estadística de criminalidad en el estado, añadió.

Dijo existe un blindaje poroso que permite la entrada al estado de drogas y armas de alto calibre, y la salida de avionetas cargadas con millones de dólares de procedencia ilícita.

"Llamar a cuentas al procurador de justicia es una asignatura pendiente que los diputados han postergado, propiciando con ello que la ciudadanía sufra cada día con mayor temor e impotencia, el flagelo de la delincuencia. Y en materia de procuración de justicia, o en materia de Procuración de Impunidad, el siguiente acróstico refleja la realidad que hemos sufrido estos últimos cuatro años:

Narcomenudeo

Asesinatos

Robos

Corrupción

Incompetencia

Secuestros

Opresión".

En los últimos cuatro años han ocurrido treinta narcoejecuciones en Baja California Sur, las cuales no han sido esclarecidas: Gabriel Esteban Palomino, Salomón Magaña Moya, Ernesto Alfonso Domínguez Raya, Cristina Sarabia Osuna, Abraham Martínez, Anselmo Martínez Núñez, Andrés Arámbula Murillo, Cuitláhuac Martínez Márquez, -dos cuerpos en calidad de desconocidos más hallados en la zona de Los Cabos y Los Barriles con disparos de armas de fuego-, Edgar Fregoso Sosa, Fabían Armando Medrano Mata, Héctor Martínez, Miguel Angel Téllez Ventura, Fidencio Morales Espinoza, Ricardo Rodríguez Lizárraga, Rúben Avilés Meza, José Antonio Osuna Matteoti, José Luis León Sánchez, José González Murillo, José Guadalupe Díaz Salazar, Josué Guadalupe Ojeda Cota, Yeysi Yaneth Montoya Encinas, y el piloto Héctor Manuel Verdugo Talamantes.