REFORMA INTEGRAL DEL SISTEMA DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA

 ANTECEDENTES

Atendiendo a las metas planteadas en el Plan Estatal de Desarrollo, y a las necesidades reales de la sociedad sudcaliforniana en materia de SEGURIDAD PÚBLICA, al término de la administración actual, el gobierno se encuentra muy lejos de concretar los objetivos planteados.

a)    Los niveles de confianza de la ciudadanía respecto a las autoridades encargadas de procurar y administrar justicia, son los más bajos de los últimos diez años.

b)   Derivado de la escalada delictiva, el incremento de la tasa de delitos violentos, la proliferación de micro centros de distribución de drogas de abuso, la falta de preparación y capacitación del personal, y los altos niveles de corrupción al seno de las instituciones encargadas de procurar y administrar justicia, la sociedad refleja un descontento que detonó con los trágicos acontecimientos acaecidos en un bar del malecón paceño. Hoy más que nunca, la ciudadanía reclama un cambio sustancial en los esquemas de procuración y administración de justicia.

c)    El gasto ejercido en materia de Seguridad Pública, destinó más del 80% en adquisición de vehículos y armamento. Se destinó menos del 01% en la capacitación del personal de Procuración y Administración de Justicia.

d)   Los salarios y prestaciones laborales de agentes del Ministerio Público y personal judicial, están muy por debajo de la media nacional, propiciando con ello corrupción y desánimo laboral.

e)    En materia de investigación forense, se sigue trabajando con metodología de mediados del siglo pasado.

f)     En la designación de mandos se sigue privilegiando el amiguismo y el compromiso de grupo, a la capacidad y el perfil de servicio.

g)    En materia penitenciaria, la sobrepoblación al interior de los ceresos, el consumo de drogas y la venta de privilegios, son la constante.

SÍNTESIS DE ACCIONES NECESARIAS A EMPRENDER EN MATERIA DE: PROCURACIÓN DE JUSTICIA.

Ciudadanizar la contraloría interna de la PGJE, a efecto de garantizar la objetividad e imparcialidad en el cumplimiento del encargo.

Crear la figura del Visitador Honorario, mediante la cual, los ciudadanos que así lo deseen y reciban la capacitación para el encargo, podrán constituirse en visitadores honorarios de las agencias del Ministerio Público, garantizándose así el escrutinio directo del gobernado, al quehacer institucional en materia de procuración de justicia.

Eliminar los privados y las oficinas cerradas en las instalaciones de la PGJE, a efecto de que los ciudadanos que acudan a las mismas, tengan a la vista al personal de actuaciones, y pueda constatar la presencia o ausencia en su caso, de los servidores públicos, y su desempeño en el encargo.

Profesionalizar a la policía ministerial y agentes del Ministerio Público, mediante un programa de capacitación y formación profesional y de especialización permanente, aprovechando para ello los programas y convenios de colaboración y actualización que oferta el gobierno federal y las procuradurías de justicia de otros estados de la República, y en lo conducente, el departamento de Justicia de Estados Unidos y la Unión Europea.

Promover la estricta aplicación del mandato constitucional que establece como exclusiva de la autoridad judicial la práctica de cateos, y erradicar la práctica actual en que se autoriza al Ministerio Público a realizar cateos “bajo su más estricta responsabilidad”.

Erradicar los cateos ilegales y allanamientos domiciliarios por encapuchados y sin mandato judicial.

Los cateos domiciliarios deberán practicarse en presencia del personal judicial, y con el testimonio de un representante de los Derechos Humanos y de la Sociedad Civil Organizada, y se documentará su celebración en memoria magnética de audiovideo.

Dotar a la Procuraduría de Justicia de autonomía administrativa y presupuestal, para que deje de ser una dependencia del ejecutivo utilizada como herramienta de control político.

Crear el Instituto Estatal de Ciencias Forenses, con patrimonio propio y autonomía administrativa y presupuestal, en lugar de la actual Dirección de los Servicios Periciales de la PGJE, a efecto de garantizar la OBJETIVIDAD e IMPARCIALIDAD de los dictámenes emitidos tanto en averiguación previa como en procesos judiciales. Actualmente, los peritajes se emiten “bajo pedido” y a satisfacción del Procurador de Justicia Estatal, en detrimento de la sana procuración de justicia.

Celebrar a la brevedad posible, convenios con las universidades estatales, para que se actualicen todos los programas de estudio en la licenciatura en derecho, pues a la fecha, los programas escolares no contemplan los juicios orales, ni los medios alternos de solución de conflictos. En todas las universidades estatales se siguen implementando programas de estudio que contemplan exclusivamente el método de los juicios acusatorios, los cuales serán obsoletos en breve, por mandato constitucional.

LIC. ARTURO RUBIO RUIZ

REPRESENTANTE LEGAL

“CONSEJO CIUDADANO PARA LA ATENCIÓN A VÍCTIMAS DEL DELITO”. A.C.

La Paz, B.C.S.