LOS DIPUTADOS LOCALES, EN UN VERGONZOSO EJERCICIO DE SUMISIÓN AL EJECUTIVO ESTATAL, ASESINARON ARTERAMENTE LA CARRERA JUDICIAL.

El viernes 16 de octubre de 2009, el gobernador del Estado ejerció a su favor la prerrogativa constitucional de proponer la terna para elegir al nuevo magistrado judicial.

Bien pudo el gobernador proponer a verdaderos juristas, preferentemente, emanados del poder judicial, con experiencia y formación especializada en la elevada responsabilidad de impartir justicia, pero le ganó el egoísmo y la ambición personal. Propuso en una terna palomeada, a su “Juanito”, y así se aseguró de contar con un incondicional en tal alta responsabilidad.

Con la complicidad de los diputados, se eligió como magistrado a un sujeto sin el perfil profesional ni la experiencia necesaria para encarar tan alta responsabilidad. Un empleado administrativo que cuenta con el señalamiento periodístico local de haber falsificado un documento oficial para favorecer ilegalmente a su entonces subordinada laboral.

Si públicamente fue señalado como alguien que no tiene escrúpulos para violar la ley en su beneficio, ¿Qué podemos esperar de él cuando tenga a su encargo la importantísima labor de decidir sobre libertades y derechos?

Si carece de experiencia judicial, si nunca ha dictado una sentencia, ¿cómo podemos esperar que sea capaz de enmendarlas en aras de la justicia y el derecho?

Una anacrónica constitución estatal permite que el gobernador posicione como magistrados a quienes mejor respondan a sus intereses. Esto tiene que cambiar. Por el bien de todos, y principalmente, para salvaguardar la legalidad y la eficacia en la labor de administrar justicia.

El próximo año dispondrá el gobernador de dos magistraturas más, las cuales, nos queda claro, serán asignadas a dos de sus subordinados. Con ello se asegura el posicionamiento suficiente al seno del Poder Judicial, como para tener garantizada su impunidad por al menos los próximos seis años; ello a costa del buen desempeño de la labor judicial en el Estado, pero eso, desde luego al gobernador no le importa, pues el poder le permite servirse en beneficio propio del anacrónico esqueleto constitucional del estado, y del patiñismo legislativo que ejercen sus legisladores comparsas.

Por eso digo que la Justicia está de luto.

¿Y los jueces? ¿Por qué su silencio? ¿Por qué no alzan la voz en defensa de su legítima aspiración a ser magistrados? ¿Por qué nuestros jueces renuncian a la exigencia de una carrera judicial?

Existe una asociación de jueces, y es el momento de que alcen la voz y se hagan presentes.

Todos perdemos cada vez que se designa un improvisado como magistrado. Aún está fresca en la memoria colectiva la incapacidad manifiesta del último de los arribados, que incluso tuvo que ser depuesto, ante la escalada de pifias que cometió desde la presidencia del pleno del Tribunal Estatal.

Este puede ser uno de esos momentos que cambian el rumbo de la historia, y la asociación de jueces tiene la oportunidad de hacer valer sus derechos.

Nuestros jueces han vivido los últimos 18 años bajo el sometimiento oficial y los designios de una presidenta cuasi vitalicia. Finalmente se rompió la dictadura de facto al interior del Tribunal, y cuando parecía que finalmente se enderezaría el rumbo de la administración de justicia hacia la profesionalización, hacia la creación de un Consejo de la Judicatura, hacia la búsqueda de la eficiencia y la eficacia en la tarea jurisdiccional, enfrentamos la nefasta y retrógrada expectativa de permitir que el actual gobernador secuestre por los próximos seis años el control interno del poder judicial, con todos los inconvenientes sociales y legales que ello conlleva, y truncando de tajo las legítimas aspiraciones de los jueces estatales.

Exhorto a los integrantes asociación de jueces para que se fajen los pantalones y actúen en consecuencia.

Deben promover cuanto antes ante el Congreso, una REFORMA CONSTITUCIONAL que excluya al gobernador del monárquico privilegio del que hoy goza, y establecer en la norma fundamental estatal, un mecanismo de elección y designación para el cargo de magistrado judicial, que exija ante todo PREPARACIÓN, CAPACIDAD, y EXPERIENCIA, vinculadas a la carrera judicial.

No más “Juanitos”. No más incondicionales del gobernador en turno.

Acceder a la modernidad requiere en este momento, de la participación significativa de nuestros jueces, amparados por la representación que le confieren a su asociación.

Cabría incluso considerar la posibilidad de plantear una controversia constitucional, o cualquiera otra figura procesal constitucional que les permita a los jueces acceder a la magistratura, para garantizar a toda la sociedad sudcaliforniana, que tal alta responsabilidad caerá en profesionales empapados en el diario acontecer jurisdiccional.

Hay tiempo, motivos, argumentos y fundamentos suficientes para enderezar el devenir de la justicia en el Estado. Solo necesitamos que nuestros jueces actúen en consecuencia.

LIC. JESÚS ARTURO RUBIO RUIZ