No hablo del delictivo “bono de salida” con que se premiaron “en lo oscurito” los diputados de la precedente legislatura.

Si existiera voluntad política de hacer bien las cosas, el Congreso ya habría iniciado el procedimiento administrativo para que los diputados de la pasada legislatura DEVUELVAN lo que ilícitamente se asignaron, o enfrenten un PROCESO PENAL por peculado, pero todo indica que la romántica invitación a la conciliación es un tamiz que “justifica” la IMPUNIDAD al grito de “borrón y cuenta nueva”, y que no es otra cosa que un baño de franquicia corsaria, al más puro estilo proverbial: “hoy por ti, mañana por mí.”

Previo a saquear las arcas del presupuesto para auto asignarse un exagerado e ilegal “bono de retiro”, en diciembre del año pasado, nuestros legisladores le dieron una puñalada trapera a nuestro sistema de justicia penal, al reformar de manera irresponsable, diversos artículos del código penal estatal, con lo que acarrearon costosas consecuencias a nuestro entorno social, una de las cuales, ya se empieza a notar de manera alarmante en la exagerada sobrepoblación que presentan los centros de reclusión en el Estado.

Más grave aún resulta que los actuales legisladores apunten en la misma dirección, abordando el problema de la seguridad pública con la solución más simplista, pero al mismo tiempo, más costosa: elevar sin ton ni son las penalidades a los delitos que previene el código penal.

A lo largo del a historia, los estudiosos de las ciencias jurídico forenses han arribado, por distintos caminos, a una misma conclusión: elevar las penas para “disuadir” o “inhibir” al delincuente, es estéril, infructuoso, socialmente costoso y políticamente inconveniente.

Pese a ello, se sigue la inercia. ¿Qué se están cometiendo más robos? Los genios que asesoran a los diputados tienen la solución en el bolsillo: aumenten las penas. Barata solución de pacotilla, que solo sirve para que los diputados se paren el cuello diciendo que “trabajan” legislando, cuando lo único que hacen es entrampar más la problemática social.

Recientemente apuntaba el Lic. Irineo Martínez la imperiosa necesidad de apostarle a la prevención del delito, y en ello tiene toda la razón, pero de nada servirá el modelo policiaco que presente el actual encargado del a Seguridad Estatal, si nuestros legisladores siguen empeñados en su formulita maravillosa de “aumentar las penalidades”.

La mejor inversión es la prevención. Es más económico gastar en inteligencia policiaca que en armamentos y centros de tortura, disfrazados de “casas de arraigo”. Es más económico construir escuelas que ceresos, campos deportivos que centros de rehabilitación. La prevención es la apuesta funcional. Subir las penas únicamente sirve para empapelar más los procedimientos y saturar las prisiones.

Lo que necesitamos es una REFORMA INTEGRAL al sistema de seguridad pública en el Estado, que implique en el área de persecución y sanción de los delitos, un NUEVO CÓDIGO PENAL, congruente con nuestra realidad social, que responda a nuestras necesidades únicas y particulares.

Ningún otro Estado de la República presenta las condicionantes ni geográficas ni culturales ni económicas que tiene nuestra entidad. Por ello, ha sido desastrosa la peregrina práctica legislativa de “copiar y pegar”; de piratearse reformas legales gestadas en otras entidades. El descaro y desenfado de nuestros legisladores llega al colmo de presentar iniciativas en las que se copian hasta los artículos transitorios y en algunos casos, no siquiera leen los proyectos que presentan, pues hemos visto proyectos de iniciativas que conservan el nombre de ciudades de la entidad de la cual se piratearon la iniciativa.

La creación pues de un NUEVO CÓDIGO PENAL, implica una labor de gestación integral, que revise tanto la parte dogmática como el catálogo de delitos, sanciones y medidas de seguridad, y lo haga de manera CONGRUENTE y PROPORCIONAL.

Por citar un ejemplo, nuestro código penal todavía arrastra disposiciones arcaicas, medioevales, atávicas, brutales y anacrónicas, como la excluyente que permite a padres y maestros, golpear a los educandos, en nombre del sagrado “derecho de corrección”, eso sí, siempre y cuando no manden al hospital al educando. Tal barbarie es insostenible en un Estado moderno, y en un código penal que artículos adelante, contempla el maltrato intrafamiliar, físico o mental como delito.

Como la anterior, hay diversas contradicciones y lagunas, duplicidad normativa y omisiones, todas ellas vergonzosas y generadoras de conflictos jurisdiccionales, pues el juzgador tiene el deber, por mandato constitucional, de estar siempre a lo más favorable al reo, dejando en muchos casos, por falta de técnica legislativa en nuestro código, impunes conductas que deben ser penalmente sancionadas.

Aumentar las penas al alegre son de la moda en turno, solo sirve para sobre poblar los centros de reclusión, negarle oportunidad de remisión a los primo delincuentes y prolongar innecesariamente la pena de prisión preventiva de muchos inocentes, pues no olvidemos que en el Estado, al menos el 70 por ciento de los procesados, contando con defensa adecuada, demuestran su inocencia.

Necesitamos pues, organizar un foro en la entidad, que aglutine el parecer de los diversos grupos sociales con representación en la entidad, y crear una comisión multidisciplinaria para elaborar un NUEVO CODIGO PENAL, acorde a las últimas reformas constitucionales, que responda a nuestra realidad social, que contribuya a la adecuada y eficaz labor encomendada al Estado, de sancionar al delincuente y proteger a la víctima. Y deben escucharse todas las voces.

Debe encargarse la elaboración del nuevo código a profesionales del derecho, que conozcan la realidad de la entidad, y no volver a cometer el error del 2005, que se contrató a un “genio” proveniente y avecindado en otro Estado, que cobró lo que quiso, (dicen que compartió sus “ganancias” con la vitalicia innombrable) y que nos endilgó el adefesio legislativo que actualmente tenemos como código penal en vigor.

Esta mañana, (18 de abril de 2011)  a las 10:00 horas, en representación de la Asociación Ciudadana “Evolución Mexicana” en Baja California Sur, presenté formal DENUNCIA DE HECHOS a mi entender constitutivos del delito de PECULADO y LO QUE RESULTE, cometido en agravio de la sociedad, en lo genérico, y en agravio patrimonial del erario estatal y el erario federal, en lo específico, y en contra de NARCISO AGÚNDEZ MONTAÑO, en su desempeño como Gobernador Constitucional del Estado de Baja California Sur, y JESÚS OMAR CASTRO COTA en su desempeño entonces como Secretario de Educación Pública en el Estado, y/ó QUIEN ó QUIENES RESULTEN RESPONSABLES.

El monto de la disposición ilícita de recursos económicos públicos atribuible en comisión a los indiciados, se encuentra determinado contablemente, y es de$1,220'409,225.21 (UN MIL DOSCIENTOS VEINTE MILLONES, CUATROCIENTOS NUEVE MIL, DOSCIENTOS VEINTICINCO PESOS, 21/100 VEINTIÚN CENTAVOS, MONEDA NACIONAL

            El desvío de recursos es evidenciado como resultado de la auditoría practicada por el Máximo órgano de Fiscalización del Congreso de la Unión, en la que se llegó a las siguientes conclusiones:

“Derivado del desorden administrativo e incorrecta aplicación de los recursos federales, la desviación de recursos financieros, la información incongruente, probablemente dolosa, la evidente malversación de fondos, los pagos indebidos al personal, la corrupción laboral, y la indebida manipulación de los recursos, aparece una DISPOSICIÓN ILÍCITA DE RECURSOS ECONÓMICOS por un TOTAL de $1,220'409,225.21 (UN MIL DOSCIENTOS VEINTE MILLONES, CUATROCIENTOS NUEVE MIL, DOSCIENTOS VEINTICINCO PESOS, 21/100), apreciándose el incumplimiento de, al menos, 14 normas aplicables.”

            La denuncia fue radicada bajo el progresivo LPZ /336/TUR-1/2011, cuya titular habrá de remitirla hoy mismo a la Agencia Especializada en Delitos Cometidos Por Servidores Públicos, en razón de la competencia planteada.

            ¿Cuáles son las expectativas del caso?

            Esperamos que el titular de la Agencia del Ministerio Público especializada en delitos cometidos por Servidores Públicos realice un mínimo de diligencias de investigación previas a la promoción del Juicio de Procedencia y posterior consignación ante el Juez Penal, de quienes resulten responsables, sin perder de vista que los directamente implicados en el caso son el ex gobernador y el ex secretario de educación pública estatal, y lo digo porque luego resulta que encuentran “chivos expiatorios” que sacrifican en aras de purificar su imagen.

            El Ministerio Público deberá Solicitar a la Contraloría Estatal, a la Secretaría de Finanzas y a la ASF (Auditoría Superior de la Federación) dependiente de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, los informes respectivos y la documentación idónea, para compulsa y cotejo de los datos que en ella se asientan, respecto al desvío de recursos detectados en los hechos por los que formulamos nuestra denuncia. Derivado de lo anterior, habrá de precisar cuales corresponden al quebranto económico del erario estatal, proceder en consecuencia, y turnar el desglose de indagatoria al Ministerio Público de la Federación, por cuanto hace al quebranto económico ocasionado al erario federal.

            Hemos solicitado el reconocimiento como Coadyuvantes del Ministerio Público, para seguir de cerca el desarrollo de la integración del expediente de indagatoria, y para seguir aportando elementos de prueba, pues pretendemos además AMPLIAR LA DENUNCIA, pues estamos por concluir nuestra búsqueda de irregularidades cometidas en los periodos comprendidos de 2007 a 2011.

            En Evolución Mexicana estamos convencidos de que la participación ciudadana hará la diferencia en el manejo de los recursos públicos, y por ello seguiremos promoviendo la rendición de cuentas, tanto de la administración saliente como de la entrante. Nos convertiremos en celosos guardianes del quehacer gubernamental. Nuestra meta es que los servidores públicos sirvan y los funcionarios públicos funcionen.

            Con esta denuncia y el cúmulo probatorio que la sostiene, hemos puesto nuestro aporte para que la rendición de cuentas sea ya una realidad en el Estado.

            Ahora toca a Marcos gobernador actuar en consecuencia. Que el llamado a la reconciliación no se convierta en un contubernio protector del deleznable proceder de quienes saquearon a placer las arcas públicas.

Sr Gobernador: La pelota está en su cancha.

LIC. ARTURO RUBIO RUIZ

COORDINADOR ESTATAL EN BCS

“EVOLUCIÓN MEXICANA” A. C.

La Paz, B.C.S., a 18 de abril de 2011

REFORMA INTEGRAL DEL SISTEMA DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA

 ANTECEDENTES

Atendiendo a las metas planteadas en el Plan Estatal de Desarrollo, y a las necesidades reales de la sociedad sudcaliforniana en materia de SEGURIDAD PÚBLICA, al término de la administración actual, el gobierno se encuentra muy lejos de concretar los objetivos planteados.

a)    Los niveles de confianza de la ciudadanía respecto a las autoridades encargadas de procurar y administrar justicia, son los más bajos de los últimos diez años.

b)   Derivado de la escalada delictiva, el incremento de la tasa de delitos violentos, la proliferación de micro centros de distribución de drogas de abuso, la falta de preparación y capacitación del personal, y los altos niveles de corrupción al seno de las instituciones encargadas de procurar y administrar justicia, la sociedad refleja un descontento que detonó con los trágicos acontecimientos acaecidos en un bar del malecón paceño. Hoy más que nunca, la ciudadanía reclama un cambio sustancial en los esquemas de procuración y administración de justicia.

c)    El gasto ejercido en materia de Seguridad Pública, destinó más del 80% en adquisición de vehículos y armamento. Se destinó menos del 01% en la capacitación del personal de Procuración y Administración de Justicia.

d)   Los salarios y prestaciones laborales de agentes del Ministerio Público y personal judicial, están muy por debajo de la media nacional, propiciando con ello corrupción y desánimo laboral.

e)    En materia de investigación forense, se sigue trabajando con metodología de mediados del siglo pasado.

f)     En la designación de mandos se sigue privilegiando el amiguismo y el compromiso de grupo, a la capacidad y el perfil de servicio.

g)    En materia penitenciaria, la sobrepoblación al interior de los ceresos, el consumo de drogas y la venta de privilegios, son la constante.

SÍNTESIS DE ACCIONES NECESARIAS A EMPRENDER EN MATERIA DE: PROCURACIÓN DE JUSTICIA.

Ciudadanizar la contraloría interna de la PGJE, a efecto de garantizar la objetividad e imparcialidad en el cumplimiento del encargo.

Crear la figura del Visitador Honorario, mediante la cual, los ciudadanos que así lo deseen y reciban la capacitación para el encargo, podrán constituirse en visitadores honorarios de las agencias del Ministerio Público, garantizándose así el escrutinio directo del gobernado, al quehacer institucional en materia de procuración de justicia.

Eliminar los privados y las oficinas cerradas en las instalaciones de la PGJE, a efecto de que los ciudadanos que acudan a las mismas, tengan a la vista al personal de actuaciones, y pueda constatar la presencia o ausencia en su caso, de los servidores públicos, y su desempeño en el encargo.

Profesionalizar a la policía ministerial y agentes del Ministerio Público, mediante un programa de capacitación y formación profesional y de especialización permanente, aprovechando para ello los programas y convenios de colaboración y actualización que oferta el gobierno federal y las procuradurías de justicia de otros estados de la República, y en lo conducente, el departamento de Justicia de Estados Unidos y la Unión Europea.

Promover la estricta aplicación del mandato constitucional que establece como exclusiva de la autoridad judicial la práctica de cateos, y erradicar la práctica actual en que se autoriza al Ministerio Público a realizar cateos “bajo su más estricta responsabilidad”.

Erradicar los cateos ilegales y allanamientos domiciliarios por encapuchados y sin mandato judicial.

Los cateos domiciliarios deberán practicarse en presencia del personal judicial, y con el testimonio de un representante de los Derechos Humanos y de la Sociedad Civil Organizada, y se documentará su celebración en memoria magnética de audiovideo.

Dotar a la Procuraduría de Justicia de autonomía administrativa y presupuestal, para que deje de ser una dependencia del ejecutivo utilizada como herramienta de control político.

Crear el Instituto Estatal de Ciencias Forenses, con patrimonio propio y autonomía administrativa y presupuestal, en lugar de la actual Dirección de los Servicios Periciales de la PGJE, a efecto de garantizar la OBJETIVIDAD e IMPARCIALIDAD de los dictámenes emitidos tanto en averiguación previa como en procesos judiciales. Actualmente, los peritajes se emiten “bajo pedido” y a satisfacción del Procurador de Justicia Estatal, en detrimento de la sana procuración de justicia.

Celebrar a la brevedad posible, convenios con las universidades estatales, para que se actualicen todos los programas de estudio en la licenciatura en derecho, pues a la fecha, los programas escolares no contemplan los juicios orales, ni los medios alternos de solución de conflictos. En todas las universidades estatales se siguen implementando programas de estudio que contemplan exclusivamente el método de los juicios acusatorios, los cuales serán obsoletos en breve, por mandato constitucional.

LIC. ARTURO RUBIO RUIZ

REPRESENTANTE LEGAL

“CONSEJO CIUDADANO PARA LA ATENCIÓN A VÍCTIMAS DEL DELITO”. A.C.

La Paz, B.C.S.

En la confidencialidad de su despacho, un juez penal es cuestionado por un viejo compañero de estudios.

El tema: la condena impuesta por el juez a unos procesados, a todas luces, inocentes.

-¿Por qué los condenaste, si sabes que son inocentes?

-Que los libere el Magistrado en la apelación. No quiero broncas con la familia del occiso. ¿No viste como me amenazaron? Y con eso de que están posicionados en el partido. No tengo por qué correr riesgos. De por sí me pagan una miseria.

-Pero son inocentes

-No pasa nada, unos meses más en la cárcel no les va a hacer daño. Además tengo mucho trabajo, y tenemos instrucciones de sacar el trabajo, como sea, pero sacar el trabajo. Hay que emparejar la estadística, y sobre todo este año que es preelectoral.

-Tu compromiso, por encima de todo es con la justicia, no con las estadísticas. Estás consciente de que condenas a unos inocentes, a muchos años de prisión, únicamente porque antepones intereses ajenos a tu labor, y no tienes el menor empacho en admitirlo. Y te vas de vacaciones, como si no hubiera pasado nada. ¿Cómo puedes dormir con ese cargo en tu conciencia?

-Si cumpliera con mi labor con estricto rigor, tendría que absolver a casi todos los procesados. Y entonces me correrían. En estos tiempos ¿dónde conseguiría trabajo? Esto es lo único que se hacer. No tengo experiencia laboral en otro campo. No puedo arriesgar el ingreso de mi familia. Y no todo es culpa mía. Tú sabes que la Procuraduría acusa en la mayoría de los casos, sin suficiente evidencia, y nos obligan a condenar para evitar el descontento popular.

-Entonces condenar a inocentes es únicamente un “pequeño inconveniente laboral” que no puede poner en riesgo la comodidad de tu ingreso quincenal. Me entristece y avergüenza tu proceder.

No pensabas así cuando ingresaste a la universidad. Te recuerdo como estudiante empeñoso y responsable. No pensabas así cuando ingresaste al poder judicial. Estabas lleno de proyectos. Te recuerdo comprometido y empeñado en la seriedad y honestidad al desempeñarte en tus inicios. ¿Qué fue lo que te hizo cambiar? ¿Dónde quedaron tus principios? ¿Cuándo cambiaste tu integridad por la comodidad de un mediocre emolumento?

-Es fácil para ti acusarme, porque no estás en mi lugar. Tienes que entender: Primero están mis obligaciones familiares, y si poner en libertad a unos inocentes pone en riesgo mi cargo, no tengo mucho que pensarlo.

Y así termina el diálogo con el juez penal sudcaliforniano.

El sistema de administración de justicia está en crisis.

Los ceresos llenos de gente inocente, mientras en las calles pululan muchos criminales, al amparo de la impunidad que genera la complicidad policiaca y la incompetencia de los órganos encargados de investigar y perseguir los crímenes.

El enramado procesal se presta para convertir a cualquier vicioso en “narcotraficante”, y a cualquier roba tendederos  en “criminal de alta peligrosidad”.

Un Secretario de Seguridad Pública declarado judicialmente como torturador y violentador de la legalidad. Bueno para el discurso y el boletín de prensa. Pésimo dando resultados.

Un procurador de justicia impuesto e improvisado, una estructura policiaca ineficaz; una dinámica engorrosa y desaseada en la integración y consignación de los expedientes penales.

Jueces mal pagados, exceso de carga de trabajo, falta de alicientes al empeño laboral en el área judicial, y un presidente del tribunal que nada de muertito, que dispone del Fondo Auxiliar para gastos de nómina, a sabiendas de que eso es ilegal, y tiembla cada vez que el gobernador lo increpa.

En resumen: la impartición de justicia en la Entidad es el campo de ejercicio gubernamental donde peores resultados ha brindado la actual administración,  y junto a los escándalos de corrupción y saqueo de las arcas públicas, a la ciudadanía lo que más le duele es la justicia que día a día le es negada en nuestros tribunales.

Es evidente que a la Justicia en Baja California Sur, la han traicionado.

El Nazareno tuvo un judas entre doce apóstoles.

La Justicia Sudcaliforniana en cambio, tiene muchos judas y si acaso un par de seguidores, que nunca llegarán a redentores.

En vísperas de iniciarse el proceso de sucesión gubernamental en el Estado, redimir a la justicia en Baja California Sur es tarea de Titanes. El problema es que en el horizonte gubernamental de continuidad oficial, únicamente enanos y corruptos se vislumbran.

El pueblo, como siempre, sigue siendo el gran perdedor en el proceso.

Es incuestionable que la crisis por la que pasa la administración pública estatal, derivada de la corrupción e incompetencia de quienes detentan la titularidad del encargo público, en áreas tan delicadas como seguridad pública, procuración de justicia, salud, educación y finanzas públicas, ha llevado a la ciudadanía en general a una sentir enorme desconfianza por aquellos que incursionan en la política con el afán de alcanzar un cargo público.

De ahí que sea necesario, como valor fundamental que quien pretenda asumir un encargo de elección popular, nos demuestre ante todo, HONESTIDAD.

Entendemos que la honestidad es una forma de vivir congruente entre lo que se piensa, lo que se dice,  y lo que se hace.

Para ser honesto es importante ser sincero con uno mismo, fiel a la promesa hecha con las personas con quienes convivimos o tratamos.

Ser honesto es tener un comportamiento adecuado, correcto, justo y desinteresado.

la honestidad garantiza confianza, seguridad, responsabilidad, confidencia, lealtad y en una palabra, integridad.

Esta exigencia de HONESTIDAD, debe quedar manifiesta desde el momento previo a las campañas políticas oficiales.

Vemos como algunos candidatos, sin romper la ley, pero retorciendo su interpretación, adelantan campañas.

Esto es: en lugar de cumplir la ley, en lugar de ser honestos y esperar a que den inicio las campañas conforme marca la legislación, de manera DESHONESTA, tuercen el sentido de la ley, y hacen actos de proselitismo, que sin ser ilegales, si resultan deshonestos, al ir contra el espíritu de la ley, cuya intención al marcar los tiempos electorales, es evitar que algunos candidatos tomen ventaja de su posición en el servicio público, o de sus recursos económicos.

Así, cuando un servidor público usa sus iniciales para hacerlas coincidir con las de una “asociación civil” que lo promueve, en estricto sentido, NO VIOLA LA LEY, pero si trastoca el espíritu de la ley. No es ilícito lo que hace, pero si es deshonesto.

Mucho cuidado con ese tipo de candidatos.

El mensaje subliminal es muy claro: “Yo puedo burlarme de la ley, sin que me atrapen.”

Eso es deshonesto, y si son deshonestos desde su precampaña, evidentemente serán deshonestos al momento de manejar los recursos del encargo público.

Quien es deshonesto en lo poco, es deshonesto en lo mucho, y la práctica de retorcer el sentido de la ley y jugar con sus límites, en beneficio propio, tal y como hacen estos candidatos en abierta campaña, no se limitará a las campañas. De alcanzar el encargo público, su deshonestidad se verá traducida en rapiña. Si desde la candidatura proyecta su deshonestidad, lo más seguro es que al alcanzar el encargo público, vacíe las arcas y deje aún más endeudado al Estado, en perjuicio de quienes con nuestro voto o con nuestro abstencionismo, los llevemos al poder.

El gobernador del Estado, el Secretario General de Gobierno, y los Presidentes municipales de Los Cabos y La Paz, dejan acéfala la administración estatal y municipal, para reunirse en horario destinado al servicio público, para discutir cuestiones meramente partidistas, con fines electorales y de estrategia de campaña.

    El acto en que incurre cada uno de esos funcionarios, se constituye en un delito, de abandono de las funciones públicas, en aras de un interés personalísimo, ajeno por completo a la labor que el voto popular les encomendó, y en franca violación a la ley que juraron cumplir y hacer cumplir.

    Con cargo al erario público, y en detrimento a la función pública, la quinteta de burócratas de alto nivel, abandonan el encargo y dejan temporalmente la Entidad sin responsables directos de la labor que exclusivamente a ellos fuera encomendada por la ciudadanía en virtud del mandato popular que los colocó en el encargo oficial del cual gozan plenamente, incluso como en el caso, pasando por alto el mandato legal que les prohíbe expresamente utilizar su puesto y los recursos a ellos encomendados, para labores propias de su filiación partidista y de los intereses de grupo.

    La Contraloría del Estado, de ninguna manera velará por descontar el día que no laboraron esos malos servidores públicos, ni se ocupará de descontarles el costo de los boletos de avión ni los gastos de su estancia en la Capital de la República. Si el Contralor del Estado quiere seguir gozando del privilegio que detenta, mucho se cuidará de contrariar al grupo en el poder. Después de todo, a él ¿quién le pide cuentas?.

    Es vergonzosa la complicidad del Congreso, que con su silencio complaciente avala por omisión la ilegítima actuación de los malos servidores públicos que abandonan el encargo que les fuera conferido en virtud del mandato popular expresado en las urnas.

    hora entendemos por qué algunos diputados estrenan suntuosas mansiones y lujosos vehículos con una frecuencia que sus haberes honestos simplemente nunca les permitirían comprar. Eso y las promesas de importantes cargos en la próxima administración pública estatal, garantiza la complicidad por omisión de un congreso lacayuno y servicial, que todo lo aprueba, todo lo perdona, todo lo tolera.

    Indigna, además, la pasiva inactividad de los partidos de oposición, que lucen desdentados y sin garras, ante la descarada violación que del marco legal realizan los titulares de los poderes ejecutivos del Estado y los dos municipios más influyentes del Estado

    Es imperativo que la ciudadanía se organice. Que los ciudadanos honestos, que sí trabajamos, que sí pagamos impuestos, nos organicemos para hacer un frente común que ponga un alto definitivo a tanto abuso de poder, a tan descarada violación al marco legal en la Entidad.