Alfonso XII se encontraba en el exilio en Gran Bretaña tras el fracaso de la Primera República, y Cánovas del Castillo desde el Partido Liberal-Conservador contacta con él para restaurar el orden monárquico en España. Cánovas hace promesas a la clase política de que se tratará de la superación de la República, pero también de los modos y maneras del reinado de Isabel II, con la última de las guerras carlistas todavía sin finalizar. Convencido el futuro Rey, proclama el Manifiesto de Sandhurst el 1 de diciembre de 1874 en el que comunica que muchos son los que se han puesto en contacto con él para el establecimiento de una monarquía constitucional, considera huérfana a la nación y se considera legítimo heredero del trono por abdicación de su madre, Isabel II, poniéndose a disposición de los españoles.

El sistema político que se estableció fue bipartidista entre el Partido Liberal-Conservador liderado por Antonio Cánovas del Castillo y el Partido Liberal-Fusionista que encabezó Práxedes Mateo Sagasta aunque tuvo mucho que ver en su creación Cánovas del Castillo. Esto permitió superar el sistema de partido único que había abocado a una falta de legitimidad democrática a Isabel II y a su posterior derrocamiento. El nuevo panorama permitirá una mayor estabilidad, pero el encorsetamiento del sistema a la larga, con una alternacia política ficticia, causará graves problemas que desembocarán en la corrupción política, cuya base estaba en el denominado caciquismo.

La legitimidad del nuevo régimen se establece con la Constitución de 1876 que conforma el nuevo modelo de Estado con un poder legislativo dividido en dos cámaras: Congreso de los Diputados y Senado, con un sufragio censitario para elegir el Congreso y un Senado nombrado por el Rey, y en donde el monarca conserva buena parte de las funciones de Jefe del Estado y del poder ejecutivo.

Antonio Cánovas del Castillo es el artífice del proceso, que sigue las líneas marcadas años antes en su exilio en Gran Bretaña Alfonso XII y permite el fin de la guerra carlista.

Disuelta la República, los llamados "partidos dinásticos", conservadores y liberales, encabezados por Cánovas y Práxedes Mateo Sagasta se alternarán en el poder.

La muerte de Alfonso XII, dio paso a la regencia de María Cristina, periodo que se inicia con el gobierno de Sagasta caracterizado por la aprobación de la Ley de Asociaciones, la libertad de prensa, la extensión del sufragio universal a los hombres (1892) y la creación de la institución del jurado, entre otros avances. La nueva regulación permite la aparición de otro partido político en escena, el Partido Republicano de España, que tendrá gran influencia en el futuro. Comienza en este periodo la aparición del anarquismo y del socialismo a través del PSOE (fundado en 1879) con los primeros movimientos obreros que surgen de la revolución industrial.

Una sociedad cambiante [editar]

La Restauración lleva aparejada una profunda centralización administrativa y legal. Los nacionalismos catalán y vasco no tardan en reaccionar. El primero unido a su propia revolución burguesa y a la identidad cultural; el segundo, que había perdido los Fueros tras las guerras carlistas, buscaba definir su futuro. Aparece el Partido Nacionalista Vasco, la Liga de Cataluña y la Unión Catalanista.

El movimiento obrero se agrupa en torno al PSOE que propugna la lucha pacífica y la participación electoral, la UGT (fundada en 1888) y el anarquismo en la Federación de Trabajadores de la Región Española.

La monarquía cuestionará estos movimientos con una fuerte represión, con especial virulencia contra el anarquismo. El territorio de muchos de estos enfrentamientos será Cataluña, donde en 1897 un anarquista asesinará a Canovas.

La Iglesia evoluciona desde una primera posición de intransigencia hacia la conciliación. En la aprobación de la Constitución de 1876, se plantea un duro conflicto en relación a la aplicación del artículo 11, que decía:

«La religión Católica, Apostólica, Romana, es la del Estado. La Nación se obliga a mantener el culto y sus ministros. Nadie será molestado en territorio español por sus opiniones religiosas, ni por el ejercicio de su respectivo culto, salvo el respeto debido a la moral cristiana. No se permitirán, sin embargo, otras ceremonias ni manifestaciones públicas que las de la religión del Estado.»

Inicialmente, los gobiernos conservadores planteaban una interpretación restrictiva, que suscitó numerosas protestas de embajadores extranjeros. El debate se recrudeció en relación a la enseñanza, exigiendo los obispos la garantía de la enseñanza doctrinal, como un derecho reconocido en el concordato, de la supervisión y censura de los contenidos de la enseñanza, en detrimento de la función inspectora que correspondía al propio Estado.

También se extendió el conflicto en la regulación del matrimonio civil, previsto inicialmente, pero sin desarrollo posterior debido a la oposición de la Iglesia. En noviembre de 1886, Alonso Martínez tomó la iniciativa de autorizar el matrimonio para los no católicos. Tras intensas negociaciones se alcanzó un acuerdo con la Santa Sede, por el que ésta reconocía al Estado la potestad de regular los efectos civiles del matrimonio.

La sociedad estaba, pues, dividida en varios sectores. Por un lado la tradición que representan los partidos de Cánovas y Sagasta: monárquicos, defensores de un modelo contenido de apertura y ajenos al sentir de las nuevas clases sociales. Por otra parte unos movimientos de distinto signo, republicanos y nacionalistas, representantes de la nueva burguesía que no encuentra todavía su espacio nacional. En tercer lugar, el proletariado que se agrupará en torno a un partido político, el Partido Socialista Obrero Español y dos sindicatos de clase, la Unión General de Trabajadores y la Confederación Nacional del Trabajo. Todo ello, bajo la atenta mirada de la Iglesia.