Reunidos en Santiago de Chile, los días 8 y 9 de noviembre de 2007, en el marco de la Cumbre por la amistad e integración de los pueblos iberoamericanos, los representantes de organizaciones sociales, políticas y culturales, de pueblos originarios, entidades académicas, artísticas y ciudadanos en general, hemos debatido, en un marco de pluralismo y respeto, las contradictorias realidades de nuestra región y concordado acciones que permitan avanzar hacia la democratización, unidad, soberanía y autodeterminación de nuestros pueblos y naciones.

EL NUEVO PROTAGONISMO SOCIAL

Constatamos, esperanzados, el resurgimiento de un extendido protagonismo de los movimientos sociales, y fuerzas políticas progresistas cuyas luchas articuladas, cada vez más amplias y persistentes, han influido decisivamente en la elección –en diversos países– de gobernantes afines y sensibles al gran ideario de emancipación, unidad e integración latinoamericana, impulsando procesos de cambio en la región, que valoramos como un avance de gran proyección histórica.

Ya podemos hablar de futuro y diseñar estrategias basadas en la solidaridad y la cooperación de nuestros pueblos, porque tenemos presente y evocamos, hoy, a líderes y movimientos que ayer derrocharon heroísmo y tenacidad inconmensurables. Lo decimos desde Chile, donde la codicia entró con la espada y la cruz para aplastar, después de 300 años, la resistencia ejemplar del pueblo mapuche; a 100 años de la masacre de trabajadores chilenos, peruanos, bolivianos, argentinos y españoles en la Escuela Santa María de Iquique. En este país, donde las empresas transnacionales activaron la maquinaria militar y financiera del imperio para derrocar al Presidente Constitucional Salvador Allende e impedir su proyecto de transformaciones sociales y de unidad latinoamericana; donde las bayonetas sirvieron a la plutocracia y al capital extranjero para entronizar un modelo neoliberal que se traduce en la extrema concentración de la riqueza, la exclusión social y política de las grandes mayorías, donde los poderes fácticos y el gran capital han pasado a controlar la política, los medios de comunicación y la institucionalidad.

La nueva realidad política del continente y sus promisorias perspectivas reconoce una multiplicidad de vertientes sociales, culturales e ideológicas que adoptan originales métodos y estructuras, diversos lenguajes, formas de lucha y propuestas programáticas. En esa diversidad, antitesis del dogmatismo, sectarismo y hegemonismo, radica su fuerza y su legitimidad histórica. A partir de las demandas por la protección del eco sistema, la defensa de la tierra, los territorios y los derechos de los pueblos originarios, el rechazo a la expoliación y enajenación de nuestros recursos naturales, las reivindicaciones de los trabajadores, el rechazo a la expropiación de los ahorros previsionales, la denuncia de las bases militares estadounidenses en sectores estratégicos del continente, la defensa de los derechos humanos, el fortalecimiento del rol del Estado en los emprendimientos productivos y para garantizar el derecho ciudadano a la Salud, Educación y Vivienda, Trabajo y Previsión, contra la discriminación de la mujer y los adultos mayores, por los derechos de la juventud y otros sectores avasallados por las políticas neoliberales, los movimientos sociales avanzan hacia propuestas políticas unitarias ante los grandes problemas nacionales y contribuyen a levantar una nueva alternativa que permita a Latinoamérica y el Caribe intervenir con fuerza propia en los candentes problemas que afronta la humanidad.

Por lo mismo es que rechazamos aquellas prácticas que buscan atomizar a las organizaciones sociales subordinándolas como insumo de políticas estatales funcionales que apuntan a perpetuar el modelo económico e institucional. Los movimientos sociales ya no se conforman con cambios cosméticos sino plantean un rechazo total al actual modelo de dominación económica, política y cultural que implica la comercialización de todos los ámbitos de la vida pública y personal y el ánimo de lucro como supremo valor de una sociedad que percibe a cada individuo como rival del otro. Lo anterior, en consonancia con la crítica que hacen los pueblos, a nivel mundial, a la globalización depredadora y a la guerra como solución a los problemas de la humanidad.

Por su parte, las fuerzas políticas que buscan alternativas al sistema imperante, tienen el desafío de encontrar nuevas formas de interlocución y complementación con las luchas sociales, en el entendido que ambas esferas se retroalimentan y se necesitan.

UNA INTEGRACIÓN DESDE LOS PUEBLOS Y PARA LOS PUEBLOS

Entendemos la integración regional como un proceso de enriquecimiento mutuo, de potenciamiento de nuestras fortalezas, de nuestra capacidad de intercomunicación con el mundo, partiendo del reconocimiento del ser humano a cuyo bienestar y felicidad deben subordinarse todas las políticas públicas. En la forja del futuro de América Latina y el Caribe, podemos construir ciudadanía con lo mejor de cada pueblo y cultura que la compone. Su integración debe darse desde la misma base social, partiendo de las siguientes premisas esenciales:

– La recuperación de los recursos naturales, mineros, hídricos, pesqueros, forestales y energéticos; la reforma agraria y la soberanía alimentaria como procesos que salvaguarden la participación y los intereses de los pueblos y naciones.

– La integración energética en armonía con el medio ambiente.

– Los acuerdos de integración económica deben poner el acento en las múltiples formas de economía solidaria, protegiendo el rol de la micro, pequeña y mediana empresa.

– Este proceso admite múltiples modalidades institucionales en el ámbito sectorial y territorial, con diversos grados según la realidad de cada región. En tal sentido, apoyamos el surgimiento de instrumentos tales como el ALBA, Banco del Sur y otros, que son expresión de la voluntad integradora de nuestros pueblos.

– La lucha democrática debe fortalecer los procesos constituyentes y la creación de una nueva institucionalidad que considere el rol protagónico del movimiento sindical, de los trabajadores de la ciudad y del campo, de los pueblos indígenas originarios y del conjunto de las fuerzas sociales. En ese contexto, saludamos la aprobación, por parte de las Naciones Unidas, de la Declaración Internacional sobre los derechos de los pueblos indígenas.

– El desmantelamiento de los mecanismos de opresión que conjugan edad, clase, sexo, género y etnia.

– La activa solidaridad con los pueblos y gobiernos que construyen caminos alternativos al capitalismo neoliberal. En este sentido, denunciamos al gobierno de Estados Unidos por su constante satanización y criminalización de las luchas sociales y sus actividades de agresión y hostigamiento a los gobiernos que adoptan el rumbo de la emancipación popular.

– El respeto y reconocimiento a las culturas y autonomías de las comunidades originarias.

– La resolución de los conflictos históricos entre las naciones, la reducción de los presupuestos bélicos, el desarme proporcional y progresivo en todos los países de la región para reorientar estos recursos a las necesidades de salud y educación.

– El libre tránsito de las personas y sus derechos migratorios. Nuestros pueblos están en capacidad de unirse a pesar de la diversidad geográfica, étnica, cultural y política, para imaginar y construir otras soluciones para este único mundo. Sabemos que esta lucha se enfrenta a enemigos carentes de escrúpulos, cuya voracidad y hegemonismo han significado enormes tragedias para nuestros pueblos. Aún así, tenemos fe en la justicia de nuestros postulados y nos hacemos cargo de las grandes epopeyas que a lo largo de cinco siglos nos han permitido avanzar hacia la condición de pueblos dignos, sujetos de nuestra propia historia.