Serranía de San Lucas, Sur de Bolívar ¿Habrá futuro?

Publicado en ACODAL 194, 13-17., María D. Álvarez  (published in 2001, citations updated 2007, figures updated 2024)

El Ejército de Liberación Nacional y el gobierno colombiano están avanzando hacia la instalación de una mesa de diálogos en el Sur de Bolívar, incluyendo parte de la Serranía de San Lucas. La mayoría de colombianos no sabe que esta región es una de las más ricas en diversidad biológica y recursos minerales del país. Esta es la perspectiva ambiental de la Serranía, para tener en cuenta entre las muchas y contradictorias exigencias políticas de los acuerdos en la zona. Dedicado a la gente de San Lucas.

Introducción

La Serranía de San Lucas abarca casi dos millones de hectáreas de bosque andino tropical y subtropical. La riqueza biológica de estos bosques, los únicos bosques andinos de su tamaño en el norte de América de Sur, ha sido exaltada por el Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alejandro von Humboldt y por organizaciones internacionales como el Fondo Mundial para la Vida Silvestre (WWF).

De acuerdo con un estudio de las organizaciones The Nature Conservancy, Wings of the Americas y la Universidad de Arkansas, por lo menos 50 aves amenazadas estarían presentes en la región (Brooks et al. 1999). Según estudios del Museo de Copenhague siete especies, por ejemplo el paujil Crax alberti, solamente viven en las zonas aledañas y en la Serranía misma (J. Fjeldså comunicación personal). En mi única visita a la zona, obtuve registros de un mamífero en peligro de extinción, el oso de anteojos. Un sondeo biológico reciente encontró más de 370 especies de aves, de las cuales 10 se consideran amenazadas (T. Donegan comunicación personal). Este tipo de riqueza biológica hace que los bosques de San Lucas sean un recurso estratégico para la conservación no sólo de especies únicas, sino también de las aguas y los suelos que suplen los pueblos y ciudades río abajo. Pero estas riquezas son solamente un aspecto de los recursos naturales de San Lucas: los otros, más importantes para la población local, son el oro y el cultivo y procesamiento de la coca (Dávalos 2001).

El oro en San Lucas se explota de manera artesanal y sin ninguna restricción ambiental. Aunque no hay cifras globales, en un sólo día en La Punta (puesto de mulas en el camino desde Santa Rosa al pueblo minero San Pedro Frío) se despacharon dos toneladas de cianuro de sodio y 325 kilos de mercurio. Estos productos, junto con los reactivos para el procesamiento de coca, van directo a los ríos y quebradas que alimentan el Magdalena y en menor proporción el río Cauca.

El biólogo William Díaz, comisionado por Mineralco y una ONG ambientalista estuvo investigando en 1997 la fauna acuática de la región. Aunque Díaz no pudo realizar análisis químicos, la ausencia de fauna acuática es quizás una señal de las consecuencias ecológicas de este desarrollo desorganizado. Como si este no fuera daño suficiente, la Policía Nacional ha detectado más de seis mil hectáreas de coca sembrada entre los bosques. Esto implica, de acuerdo con las deducciones ya publicadas por investigadores, una cifra aún mayor de 2 a 4 veces el tamaño del cultivo ilícito en deforestación asociada con esta actividad ilícita (Cavelier y Etter 1995, Nyholm 1998).

Los laboratorios de procesamiento de coca que florecen en tantas regiones apartadas de Colombia no han hecho excepción en estos bosques. Lejos de ser un edén, ya sabemos que San Lucas se encuentra en una de las regiones más convulsionadas de nuestro país: el Magdalena Medio. El avance de la frontera agrícolaólícita e ilícitaóse cierne sobre la cara oriental de la Serranía: muy poco bosque es visible desde las trochas que pasan por carreteras en este rincón apartado del país. Los mineros buscan nuevas vetas de oro talando a su paso los bosques, y cazando las aves y mamíferos grandes para comer. Detrás de ellos vienen familias y agricultores dispuestos a sembrar alimentos y, por supuesto, el único cultivo rentable en la montaña: la coca.

La infraestructura para suplir las necesidades básicas de la población de San Lucas es prácticamente inexistente. Las mal llamadas carreteras que salen desde Santa Rosa a los pueblos mineros son trochas de barro (Figura 1). Pueblos relativamente antiguos, como San Pedro Frío (Figura 2), están a varias horas a pie de una escuela primaria y de un centro de salud. Los pueblos mineros en la cara occidental de San Lucas están aún más apartados de estos servicios básicos.

Análisis

Las autoridades ambientales de San Lucas

En San Lucas no había en 1998 oficinas ambientales de la corporación autónoma regional (CorpoSur) y de acuerdo con la comunidad de Santa Rosa del Sur de Bolívar hasta el Programa Nacional para la Erradicación de Cultivos Ilícitos (PLANTE) se retiró a mediados de 1997. L a única autoridad ambiental de la región es el UMATA de Santa Rosa. Los pobladores locales sin embargo han recalcado la necesidad de mayor protección ambiental, aterrados por los derrumbes en los ríos Arenal y Norosí, las inundaciones de las quebradas Tagual, Ventura y Michi Herrera y los derrumbes cerca a Simití (Figura 3).

Desde 1996 se vienen llevando a cabo reuniones de las comunidades locales sobre las políticas ambientales de la región. Las peticiones de estas comunidades al gobierno nacional, oficialmente registradas en acuerdos firmados en Santa Rosa, San Pablo, Cartagena y Bogotá no han tenido ningún resultado concreto. En ausencia de autoridades legítimas, los actores armados, en especial la guerrilla, habían hasta hace poco suplido este vacío institucional con sus propias políticas ambientales. Hasta 1998 existían prohibiciones de caza y tala alrededor de algunos pueblos como Santo Domingo, San Luis y Pozo Azul. En ese entonces las FARC mantenían controles sobre el acceso a los pueblos de las zonas bajas, y a su negocio más próspero, la coca .

Sin embargo las políticas ambientales más coherentes las creó e impuso el ELN, por lo menos hasta el año 1998. En la cara oriental de San Lucas, los escasos remanentes de bosques llevaban la bandera roja y negra del ELN y señales indicando campos minados. Algunos avisos contenían órdenes estrictas de no talar, cazar o tumbar monte para la siembra a los mineros que transitan los caminos.

Cerca a San Pedro el ELN había establecido un cerco minado para proteger el cerro La Teta (Figura 4) cuyo bosque alimenta el río Ariza y las quebradas La Honda, Ororía y La Fría (Figura 3). En aquel entonces el ELN también mantenía una campaña en contra del cultivo de coca a través de una tira cómica en su periódico, repartiendo volantes o a la física fuerza, de ser el caso.

¿Conservación ambiental a punta de fusil?

Aunque estas acciones podrían considerarse bien intencionadas, no abarcan la gravedad de los daños ambientales causados por reactivos, pesticidas, aguas negras, ni los efectos de la cacería (aunque sea de baja intensidad) sobre la fauna local.

Peor aún, como estas medidas fueron impuestas a las malas, los hábitos de destrucción ambiental de las comunidades locales siguen imperturbables, de no ser por las acciones coercitivas de estos actores armados. Además de cumplir un papel en la conservación de los recursos, estas medidas también son defensivas contra posibles ataques aéreos del ejército y el cerco de los paramilitares, pues las guerrillas subsisten en parte gracias a la ventaja estratégica que les da los bosques (Álvarez 2003).

Discusión

¿Le debemos los bosques a la violencia?

San Lucas ha escapado a la deforestación y degradación ambiental del resto de la región Andina gracias a su inaccesibilidad y la baja densidad de población en el siglo pasado. La historia reciente, sin embargo, requiere una interpretación más cuidadosa.

Hay dos consecuencias directas de la violencia armada y las políticas ambientales de la guerrilla. Primero: la decisión de las autoridades locales (armadas y civiles) de permitir la minería artesanal sin ninguna restricción ambiental ha afectado irreversiblemente los ecosistemas acuáticos y la fauna a través de la contaminación y la caza selectiva. Los efectos ambientales directos de la explotación minera en la región ya son evidentes: por ejemplo, el sector de Mina Vieja en San Pedro Frío ya debe ser reubicado debido a la erosión que la minería primitiva y sin reglamentación ambiental ha acelerado (Figura 2). Segundo: al bajar la tasa de colonización y generar desplazamiento, el estado de beligerancia ha frenado la deforestación por parte de colonos, especialmente en la cara occidental.

¿Debemos concluir, entonces, que los bosques de San Lucas que aún están en pie le deben su existencia al conflicto? No si examinamos los efectos indirectos de la violencia y las políticas locales. Primero, como los grupos armados impiden la entrada de minería organizada y la inversión en tecnología que esta implicaó, la productividad minera y agrícola es baja. Segundo, dadas la baja productividad agrícola y las dificultades en el mercadeo de todos los productos, la coca es el único cultivo rentable en el monte y las zonas bajas de San Lucas.

Aunque el ELN mantenía en esa época su programa de erradicación, las presiones económicas tendientes a la deforestaciónóencarnadas en los precios de la coca, los impuestos de las FARC, la expansión paramilitar, y las necesidades básicas alimentariasóse mantienen intactas.

Tercero, el estado de conflicto permanente, en el cual ha vivido la gente de San Lucas desde que los grupos guerrilleros establecieron allí su dominio y que se ha agudizado con el ataque paramilitar, no produce incentivos para el manejo de recursos a largo plazo. Las reservas de oro hacen que la conquista territorial en San Lucas sea muy rentable, mientras la inestabilidad social y política aceleran la búsqueda y explotación de recursos a corto plazo. Claramente esta combinación de altas rentas con enormes riesgos a la vida y propiedad privada no conducen al manejo forestal racional a largo plazo o a la conservación de los recursos naturales para las generaciones futuras (Álvarez 2003).

Finalmente, la conservación de bosques en las condiciones actuales requiere de la participación y el respeto de las comunidades locales para ser exitosa (Redford & Mansour 1996, Western & Wright 1994). El desplazamiento a Barrancabermeja y Bogotá podría ser el efecto del conflicto con las más drásticas consecuencias ambientales. Hoy en día las poblaciones locales están amedrentadas por el caos del conflicto. El futuro de los bosque de San Lucas está en la duración y el desenlace incierto del conflicto, y en los efectos que esta tenga sobre la explotación de recursos naturales.

En este contexto son particularmente preocupantes el avance de los paramilitares y las políticas de fumigación de cultivos ilícitos y de promoción de la explotación minera del gobierno nacional. Primero, históricamente las acciones paramilitares han resultado en la destrucción de los bosques para la ganadería y el tráfico de ilícitos en todos sus territorios (por ejemplo, en el Guaviare, Reyes 1999). Segundo, según informes de biólogos involucrados en un sondeo de diversidad biológica a principios del año 2001, algunas de las zonas fumigadas en San Lucas no corresponden a cultivos ilícitos, además de afectar en muchos casos los bosques adyacentes a los sitios donde si los hay (T. Donegan, comunicación personal). Teniendo en cuenta que desde 1984 las fumigaciones se han multiplicado 80 veces y los cultivos ilícitos casi 5 veces, es claro que esta política es completamente inútil a la hora de combatir las actividades ilícitas (UN-ODCCP 2001). Tercero, al mismo tiempo el gobierno intenta promocionar los recursos mineros de San Lucas ante inversionistas colombianos y extranjeros a través de informes sobre perspectivas de explotación en el país (Villarruel et al. 2000), sin mencionar las restricciones ambientales que son necesarias en la región.

Estos tres fenómenos recientes apuntan hacia el aumento de la deforestación y la necesidad de protección ambiental inmediata para conservar no sólo las especies endémicas, sino también los recursos naturales que suministran los ingresos a los pueblos locales. La protección de los bosques de San Lucas de la deforestación debe abarcar la eliminación de los cultivos ilícitos y de la fumigación, además de la restricción mediante reglamentación ambiental de actividades económicas legales como la minería y la colonización (Álvarez 2001). Además, si los esfuerzos por crear una zona desmilitarizada para el ELN en San Lucas prosperan, a la par con las prebendas políticas propias de las negociaciones de paz, un plan serio de conservación de los bosques y la fauna debe concretarse y respetarse en la región. Ya hay casi 200 kilómetros de carretera en el área de manejo especial de la Macarena. Que no nos vuelva a pasar, esta vez en San Lucas.

Agradecimientos

Gracias a W. Álvarez, EDA, T. Donegan, J. Fjedså, R. Guzmán, D. Kwan, C. Padoch, N. Peluso, M. Pinedo. Columbia University patrocina a MDA.

Referencias

Álvarez, M.D. 2003. Forests in the time of violence: conservation. Journal of Sustainable Forestry. 16, 49-70.

Álvarez, M.D. 2001. Could peace be worse than war for Colombia's forests?  The Environmentalist. 21(4), 305-315.

Brooks, T., D. Mehlman, R. Roca, A. Jahn, F. Limp, K. Smith, & P. Williams. 1999. Worldmap for birds at risk in Latin America. The Nature Conservancy, Washington, D.C.

Cavelier, J., & A. Etter. 1995. Deforestation of montane forest in Colombia as a result of illegal plantations of opium (Papaver somniferum). Pp. 541-549 En Biodiversity and conservation of neotropical montane forests. P. Churchill, H. Baslev, E. Forero & J.L Luteyn (eds.). New York Botanical Garden, Bronx, New York.

Dávalos, L.M. 2001. The San Lucas mountain range in Colombia: how much conservation is owed to the violence?. Biodiversity and Conservation 10, 69-78.

Nyholm, K. 1998. Narcotráfico, medio ambiente & paz. Pp. 147-148 En Ambiente para la paz. Fonseca, C.H., A. González Posso & E. Falla Duarte (eds.). Ministerio del Medio Ambiente & Cormagdalena, Bogotá.

Redford, K. H., & J. A. Mansour, (eds). 1996. Traditional Peoples and Biodiversity Conservation in Large tropical Landscapes. America Verde Publications, Arlington.

Reyes, A. 1999. Especial: 35 años de conflicto. Lecturas Dominicales-El Tiempo (Bogotá) 17 Octubre: 2-11.

U.N. Office for Drug Control and Crime Prevention (UN-ODCCP). 2001. Global illicit drug trends 2001. United Nations Publication E 01 X 11. United Nations, Nueva York.

Villarruel. J., J.H. Ochoa, J.M. Molina, L. Alvarado, J.L. Navarro, L. Bernal, L.E. Jaramillo, R. Salinas, C. Sánchez, H. Castro, and J. Buenaventura. 2000. Minerales estratégicos para el desarrollo de Colombia. UPME, Minercol, Ingeominas, Bogotá.

Western, D. & R. M. Wright, (eds). 1994. Natural Connections. Island Press, Washington, D.C.