Propuesta de trabajo de la Magistratura de la Corte Suprema de Justicia

Período 2009 – 2018

 

Precandidato Jaime Martínez Ventura

                                                                                                                             

SUMARIO: I. Concepto de justicia; II. Concepto de administración de justicia; III. Propuesta de trabajo de la CSJ. Período 2009-2018: 1. Principios; 2. Objetivo general; 3. Objetivos específicos; 4. Acciones.  

 

I. Concepto de justicia

 

Estoy convencido de que la justicia es mucho más que “dar a cada quien lo que le corresponde o le pertenece”, definición clásica, de corte patrimonialista, proveniente del derecho romano que tradicionalmente se enseña en las Facultades de Derecho, repetida en el Diccionario de la lengua española y en la mayoría de diccionarios jurídicos. Esa concepción tradicional de la justicia, excluye abiertamente a todos aquellos y aquellas que no tienen nada, que no ostentan pertenencia alguna por las situaciones de injusticia estructural.  Para mí, justicia es aquella situación en la que todas las personas viven plenamente todos sus derechos, individuales, colectivos y de solidaridad en un contexto de paz y seguridad, de desarrollo económico-social armonioso con el medio ambiente y en condiciones de igualdad y sin discriminación alguna por razones de género, edad, religión, nacionalidad, raza, etnia, clase social o cualquier otra condición. Esto no quiere decir que todas las personas deben ser exactamente iguales, lo cual es imposible, pero sí que todos y todas cuenten con la vivencia real de un cúmulo de derechos que le permitan vivir y desarrollarse con la dignidad propia de un ser humano. 

 

II. Concepto de administración de justicia

 

No comparto definiciones que confunden la justicia con la administración de justicia. La justicia la concibo como la he definido arriba. Para algunos puede parecer sólo un ideal, una utopía, pero para mí es un derecho fundamental y una realidad en sociedades más desarrolladas y equitativas, en las que la vigencia del Estado Social y Democrático de derecho ha permitido erradicar la pobreza extrema y las diferencias socio económicas abismales, dotando a cada habitante de un compendio de derechos que le aseguran una vida digna.  

 

La administración de justicia, es sólo la función estatal que corresponde al Poder u Órgano Judicial de un Estado determinado, que consiste en la aplicación del Derecho a través de jueces y tribunales, de manera ágil, profesional e imparcial, para resolver o transformar determinados conflictos, previamente establecidos en la ley, entre los individuos o personas naturales; entre éstos y las corporaciones o personas jurídicas;  o entre ambas o alguna de dichas personas con el Estado. En pocas palabras, es la función pública ejercida por jueces y tribunales que consiste en aplicar el derecho para la solución de determinados conflictos entre individuos o entre éstos e instituciones.

 

Así definida, la administración de justicia, es decir la función del poder u Órgano Judicial, puede contribuir a alcanzar la justicia pero no es la única entidad responsable de conseguirla, ya que dicha responsabilidad u obligación recae en el conjunto de las instituciones estatales, especialmente sus órganos o poderes principales como son el Ejecutivo y el Legislativo.

 

III. Propuesta de trabajo de la CSJ. Período 2009-2018

 

1. Principios

 

1.1 Legalidad: Pleno respeto a los principios y disposiciones de la Constitución de la República, los tratados e instrumentos internacionales y la legislación nacional vigente.

 

1.2 Independencia: Subordinación exclusiva  a la Constitución, los tratados internacionales y la legislación secundaria y rechazo a toda clase de presión o injerencia de cualquier institución, autoridad o sector social, con el fin de asegurar la imparcialidad de las decisiones.

 

1.3 Transparencia: Actitud abierta al escrutinio del público y de los medios de comunicación social para volver efectivo el principio republicano de publicidad de los actos de gobierno.

 

1.4 Integridad: Actuar siempre con honestidad. Rechazar el uso de los bienes y recursos estatales en beneficio propio o de terceras personas afines. Mantener un estilo de vida y una conducta pública y privada irreprochable. Ser coherente en las actuaciones con los principios que se profesan.

 

1.5  Idoneidad: Demostrar una alta capacidad científica en cada una de las actuaciones y resoluciones, así como una actitud de formación y aprendizaje continuos, abierta a nuevos conocimientos y experiencias novedosas que eleven el nivel de desempeño del cargo. 

 

1.6 Dignidad humana: Respetar plenamente la integridad física, moral y espiritual de todo ser humano y de los derechos que le corresponden por la simple razón de gozar de la condición de persona humana. No utilización de las personas y de sus derechos o necesidades como simples objetos, instrumentos o cosas. 

 

1.7 Justicia social: Obligación estatal de garantizar a todo ser humano la plena vigencia de un mínimo de derechos económicos, sociales y culturales como salud, alimentación, educación, vivienda, trabajo, acceso a la información y recreación, que le permitan desarrollarse plenamente como una persona digna.    

 

1.8 Igualdad: Tratar a todas las personas por igual, sin preferencias ni discriminación alguna. Asegurar una protección adicional a quienes por razones de género, edad, condición económica, social o de otra índole, estén en situación de desventaja o de vulnerabilidad ante su contraparte.  

 

1.9 Solidaridad y bien común: Obligación ética, política y jurídica de los individuos o sectores sociales con mejores condiciones económicas, de contribuir a satisfacer los derechos y las necesidades de los sectores sociales más vulnerables o menos favorecidos, a efecto de lograr el bienestar común.

 

1.10 Primacía del interés público sobre el interés privado: La aplicación de la ley y  las actuaciones y decisiones de todo funcionario o autoridad pública, deben estar orientadas a favorecer al interés de la colectividad y evitar que se favorezcan intereses personales, de grupos, de partidos, facciones o corporaciones en detrimento o con menosprecio de los intereses de la sociedad en su conjunto.

 

2. Objetivo general:

 

Contribuir a la realización de la justicia y a la construcción del Estado Social y Democrático de Derecho, mediante actos, decisiones y resoluciones fundadas exclusivamente en los hechos demostrados y en los principios, derechos y garantías contemplados en la Constitución, en los instrumentos internacionales y en las leyes secundarias, sin permitir influencias, presiones o injerencias de ninguna persona, institución, agrupación ni sector político, social, económico, ideológico o de otra índole.

 

“En concreto, luchar por la justicia y por la edificación del Estado Social y Democrático de Derecho con absoluta independencia e imparcialidad”

 

3. Objetivos específicos

 

3.1 Contribuir al fortalecimiento de los derechos humanos mediante la aplicación racional y equitativa del Derecho, sin discriminación alguna pero con especial protección de los sectores sociales excluidos y vulnerados, así como la promoción de los tratados internacionales todavía no ratificados;

3.2 Luchar por la plena vigencia del principio republicano de división de poderes, exigiendo respeto a la separación de funciones y al carácter indelegable de las atribuciones y competencias, sin menoscabo de la colaboración inter órganos;

3.3 Ejercer, promover y defender hasta sus últimas consecuencias la independencia judicial y el fortalecimiento de las condiciones jurídicas, materiales e inmateriales que la potencian;

3.4 Impulsar el fortalecimiento de planes, programas, proyectos y acciones concretas orientadas a lograr la equidad de condiciones laborales, materiales y económicas de los funcionarios y empleados, administrativos y judiciales, del Órgano Judicial;

3.5 Promover e impulsar acciones y condiciones materiales e inmateriales que mejoren el acceso a la justicia de las personas usuarias del sistema judicial, particularmente de los abogados y abogadas en el libre ejercicio de su profesión;

3.6 Impulsar la capacitación y formación continuas de Magistrados/as, Jueces, Juezas, funcionarios, colaboradores jurídicos, demás empleados judiciales y abogadas/as litigantes, para elevar la calidad, la agilidad, efectividad e imparcialidad de las resoluciones judiciales;

3.7 Promover el mejoramiento de la atención y la agilización de resoluciones a los abogados/as, notarios/as y demás personas usuarias de los diversos servicios administrativos del Órgano Judicial;

3.8 Impulsar medidas y condiciones orientadas a prestar un trato amable, eficiente, ágil, digno y humano a las personas más pobres que buscan acceso a la justicia, sean éstas denunciantes, denunciadas, víctimas, victimarias, parientes o allegadas;

3.9 Ejercer, promover y defender la máxima transparencia de las actuaciones jurisdiccionales y administrativas del Órgano Judicial, así como el máximo posible de acceso a la información;

3.10 Proponer e impulsar medidas orientadas a la lucha contra la corrupción y prácticas jurisdiccionales o administrativas que riñan con la ética gubernamental, que incurran en favoritismos o sean constitutivas de delitos. 

4. Acciones

Las acciones que se presentan en esta propuesta tienen como fundamento los principios y objetivos expuestos arriba, especialmente los principios de justicia social, igualdad y solidaridad que deben orientar todo el quehacer jurídico, según nuestra Constitución de la República. Al mismo tiempo pretenden volver efectivos esos principios para los propios abogados y abogadas y demás usuarios del sistema judicial, de modo que dentro del Órgano Judicial se cuente con un contexto institucional adecuado para el desarrollo de las prácticas laborales vinculadas con la administración de justicia.

 

Estas acciones, no pretenden más que hacer efectivas tanto las demandas de unas condiciones de trabajo dignas para los empleados y empleadas del Órgano Judicial, como las pretensiones de una pronta y cumplida justicia y de un trato digno, humano y equitativo para las personas usuarias de los servicios judiciales.

 

A continuación se exponen:

 

4.1 Abogados/as y demás funcionarios y empleados del Órgano Judicial:

 

1)     Mejorar la condiciones laborales, el equipamiento, la logística y otras condiciones materiales de todos los Juzgados y Tribunales del país, especialmente de los Juzgados de Paz;

 

2)     Impulsar en las cabeceras departamentales un plan de desarrollo de infraestructura y equipamiento administrativo y tecnológico para atender con mayor eficiencia y agilidad las necesidades de soporte informático, de mantenimiento mecánico de los automotores y prestaciones laborales;

 

3)     Promover la horizontalidad de la función judicial y erradicar la clasificación de los Juzgados y Tribunales por categorías;

 

4)     Ampliar las prestaciones sociales como servicios de guardería o centro de desarrollo infantil, atención médica y odontológica a todos los tribunales y oficinas administrativas del país o por lo menos en lugares que sean más accesibles para todos/as los empleados/as judiciales;

 

5)     Impulsar la construcción de comedores o áreas para tomar alimentos dentro de las instalaciones de los centros judiciales y oficinas administrativas;

 

6)     Extender las condiciones materiales, infraestructura, comunicación y tecnología de punta a todos los empleados y empleadas del Órgano Judicial en todos los lugares del país;

 

7)     Ampliar y profundizar los cursos de formación y capacitación inicial y continua para operadores judiciales, en las diversas ramas del Derecho pero con énfasis en las leyes nuevas o reformadas (Procesal penal, procesal civil, mercantil etc.) mediante convenios con el CNJ y mediante esfuerzos propios de la CSJ;

 

8)     Desconcentrar los servicios de capacitación en la capital, y que por consecuencia el derecho a la capacitación se haga efectivo para todos los operadores judiciales de la República;

 

9)     Impulsar la revisión de los procedimientos para asignación de recursos de todo tipo con la finalidad de que las áreas administrativas y financieras brinden un servicio ágil, eficiente y equitativo a todos los tribunales y demás unidades organizativas del Órgano Judicial;

 

10) Promover que los procedimientos de contratación de personal, ascensos aumentos de salarios, y otros asuntos similares se hagan con total transparencia y con total respeto a la legalidad;

 

11) Proponer e impulsar  la restitución de plazas por Ley de Salarios y reducir los puestos por contrataciones temporales con el fin de fortalecer la estabilidad laboral de empleados y funcionarios;

 

12)   Promover un programa para la erradicación de favoritismos y prácticas contrarias a la ética en la asignación de recursos de todo tipo a los distintos tribunales y unidades organizativas;

 

 

13) Potenciar e impulsar un programa de revisión del mapa judicial de distribución de juzgados y tribunales de la República desde una lógica de la distribución de la carga de trabajo, pero sin olvidar el principio de accesibilidad a la justicia;

 

14) Impulsar un proceso de estandarización de los criterios de evaluación del trabajo de los diferentes juzgados y tribunales de justicia.

4.2 Abogados/as litigantes, miembros de otras instituciones de gobierno (FGR, PGR, PDDH etc.) y demás usuarios/as del Órgano Judicial:

 

1)     Ampliar y profundizar los cursos de formación y capacitación inicial y continua para abogados y abogadas litigantes o miembros de otras instituciones gubernamentales en las diversas ramas del Derecho pero con énfasis en las leyes nuevas o reformadas (Procesal penal, procesal civil, mercantil etc.) mediante convenios con el CNJ y mediante esfuerzos propios de la CSJ;

 

2)     Desconcentrar los servicios de capacitación en la capital, y que por consecuencia el derecho a la capacitación se haga efectivo para todos los abogados y abogadas de la República;

 

3)     Impulsar un programa de mejoramiento permanente de la atención y la agilización de resoluciones a los abogados/as, notarios/as y demás personas usuarias de los diversos servicios administrativos del Órgano Judicial, con participación activa de dichos usuarios;

4)     Promover un programa de mejoramiento permanente de la atención que se  brinda a las personas que requieren los servicios judiciales sean éstas denunciantes, denunciadas, víctimas, victimarias, parientes o allegadas;

5)     Proponer e impulsar la edificación de salas de recepción debidamente diseñadas, amuebladas y equipadas para brindar un trato amable, eficiente, ágil, digno y humano a las personas que acuden a los servicios de las morgues del Instituto de Medicina Legal;

6)     Propugnar por el máximo cumplimiento de la legislación nacional e internacional vigente, así como apoyar la aprobación de nuevas leyes o tratados relacionados con la ética pública, la transparencia y el acceso a la información del Órgano Judicial;

7)     Impulsar un programa anticorrupción para la prevención, detección, combate y erradicación de prácticas jurisdiccionales o administrativas que riñan con la ética gubernamental, que incurran en favoritismos o sean constitutivas de delitos;

8)     Impulsar la ampliación de convenios entre el Órgano Judicial e instituciones relacionadas con la administración de justicia como el Ministerio Público, la Policía Nacional Civil, Ministerio de Seguridad y Justicia etc., para el fortalecimiento de la capacitación común, el mejoramiento de la coordinación institucional en diversos procedimientos y el apoyo tecnológico mutuo, con recursos propios o con apoyo de la cooperación internacional;

9)     Proponer e impulsar la participación activa de Magistrados/as de la Corte Suprema de Justicia, en programas, proyectos y acciones interinstitucionales relacionadas con la detección y prevención de la delincuencia y la violencia en todas sus formas como la violencia de género, intrafamiliar, contra la niñez etc.;

10) Impulsar el fortalecimiento de la Comisión Coordinadora del Sector Justicia, especialmente de la Unidad Técnica Ejecutiva, mediante la creación de Mesas Temática de Coordinación Institucional, a efecto de mejorar la colaboración inter órganos para la mayor eficacia del sistema judicial.