ASPECTOS GENERALES

El derecho de daños y la minimización de los costes de los accidentes (Gómez y salvador, InDret)

Revisión casacional de la cuantía indemnizatoria - Comentario a la STS, 1ª, 21.4.2005 (Gili y Azagra, InDret) - STS 21 abr 2005: Falta de razonabilidad de la instancia

Abundante jurisprudencia sobre RC hasta el año 2004

La causalidad puede ser fáctica o jurídica

STS 30 jun 2009 (Rec. 532/2005) -"SEXTO. El tercer elemento para el nacimiento de la obligación de responder es la relación de causalidad, entendida en este caso no tanto como causalidad física, sino en el sentido de causalidad jurídica, con la utilización de los criterios de imputación objetiva, que esta Sala ha venido utilizando. Así, por ejemplo, la STS 14 oct 2008 señala, citando la STS 17 may 2007, que se debe distinguir entre "la causalidad material o física, primera secuencia causal para cuya estimación es suficiente la aplicación de la doctrina de la equivalencia de condiciones, para la que causa es el conjunto de condiciones empíricas antecedentes que proporcionan la explicación, conforme con las leyes de la experiencia científica, de que el resultado haya sucedido", de "la causalidad jurídica, en cuya virtud cabe atribuir jurídicamente - imputar- a una persona un resultado dañoso como consecuencia de la conducta observada por la misma, sin perjuicio, en su caso, de la valoración de la culpabilidad -juicio de reproche subjetivo- para poder apreciar la responsabilidad civil, que en el caso pertenece al campo extracontractual". Concluye este Tribunal que, para "sentar la existencia de la causalidad jurídica, que visualizamos como segunda secuencia configuradora de la relación de causalidad, tiene carácter decisivo la ponderación del conjunto de circunstancias que integran el supuesto fáctico y que son de interés en dicha perspectiva del nexo causal" (ver, entre otras, la STS 16 oct 2007). Aplicando estos criterios al presente caso, debe señalarse que el daño debe imputarse jurídicamente a la madre, por impedir de manera efectiva las relaciones con el padre del menor, a pesar de que le había sido atribuida a éste la guarda y custodia en la sentencia citada. No existe, pues, ninguna incertidumbre sobre el origen del daño, de modo que los criterios de probabilidad entre los diversos antecedentes que podrían haber concurrido a su producción, sólo puede ser atribuida a la madre, por ser la persona que tenía la obligación legal de colaborar para que las facultades del padre como titular de la potestad y guarda y custodia del menor, pudieran ser ejercidas por éste de forma efectiva y al impedirlo, deviene responsable por el daño moral causado al padre. De acuerdo con estos criterios, no puede atribuirse objetivamente a las otras demandadas el daño moral sufrido por el padre."

RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL

Por hecho propio - Cosa Juzgada material

El procedimiento penal previo absolutorio no excluye el ilícito civil - Derribos y Pala retroexcavadora

STS 13 sep 2077 (Rec. 3814/2000) - Determinación judicial. Cosa juzgada material: absolución en juicio penal previo y vinculación para el juez civil. Inexistencia de reproche culpable. - "PRIMERO.- Don Santiago fue absuelto en sentencia penal previa de los hechos acaecidos el día 13 de Junio de 1989 , consistentes en el derrumbamiento de la bóveda del Cine Price de Santa Cruz de Tenerife, cuando se llevaban a cabo obras de demolición, y que ocasionaron el fallecimiento de dos operarios que intervenían en la obra, uno de ellos Don Héctor , hijo y hermano de los actores, los cuales promovieron un juicio de menor cuantía contra Don Santiago , palista, y la entidad Argisey SA, arrendataria y explotadora del edificio, en reclamación de los daños y perjuicios consiguientes. Conviene señalar que en el mismo proceso penal se dictó sentencia condenatoria frente a otras personas implicadas. La sentencia de primera instancia desestimó la demanda al apreciar la excepción de cosa juzgada. Recurrida en apelación, la Audiencia Provincial revocó la del Juzgado porque, aun entendiendo que entre el caso resuelto por la sentencia penal y el sometido al proceso civil, los hechos enjuiciados eran los mismos, "la inexistencia de conducta punible no excluye necesariamente la realidad de un ilícito civil siempre que resulte demostrado. Así para calibrar los efectos reflejos de una sentencia penal en un determinado procedimiento civil hay que partir, única y exclusivamente, del contenido de los hechos probados, pero nunca se puede afirmar que los razonamientos jurídicos de la misma deban ser tenidos en cuenta, inexcusablemente, en el orden civil". En su vista, y tras valorar los hechos estima concurrente los requisitos del artículo 1902 CC ; condena a Don Santiago y absuelve a la codemandada porque los trabajos se realizaron sin conocimiento del Aparejador Centro de Documentación Judicial 2 que había contratado. SEGUNDO.- El primer motivo del recurso considera infringido los arts. 1951 y 1952 del CC, en relación con el art. 544 de la LEC, referidos a la excepción de cosa juzgada. El motivo se desestima, no tanto por el evidente error en de cita de unos artículos que nada tienen que ver con la cosa juzgada, cuanto porque sobre la vinculación de los órganos jurisdiccionales civiles a las sentencias recaídas en un proceso penal previo, existe consolidada jurisprudencia de esta Sala recogida, entre otras, en las SSTS de 16 oct 2000, 27 may 2003 y 17 may 2004, conforme a la cual tratandose de sentencias penales absolutorias, como es el caso para quien ahora recurre, no existe otra vinculación para el juez civil que la declaración de no haber existido el hecho de que la acción civil hubiera podido nacer, y fuera de este supuesto cabe plantear la demanda, cuya respuesta judicial mediante sentencia, debe fijar el "factum" en relación al material probatorio obrante en el pleito. La inexistencia de conducta punible no excluye necesariamente la realidad de un ilícito civil siempre que resulte demostrado. El art. 116 LECr se limita a establecer que si la Sentencia penal resulta absolutoria por declarar que el hecho que fue objeto del enjuiciamiento criminal no existió, esta declaración, una vez que adquiere firmeza, vincula a los Tribunales civiles, y es evidente que la Sentencia recaída en el juicio penal previo no declaró que el hecho enjuiciado no había existido, sino que este hecho no podía atribuirse a la autoría del ahora demandado, a los efectos de imputarle la responsabilidad criminal; declaración que no está cubierta por el efecto positivo de la cosa juzgada que establece la citada norma, ni impide por tanto que los Tribunales civiles puedan valorar las pruebas y apreciar los hechos nuevamente en el plano de la responsabilidad civil, en el que, junto al criterio estricto de la autoría material, pueden utilizarse otros elementos y criterios de imputación (STC 28 de enero 2002). TERCERO.- El segundo motivo acusa infracción del art. 1902 CC porque la sentencia ignora los hechos probados de la sentencia penal sobre la causa del derrumbamiento y porque D. Santiago actuó como palista contratado por horas desconociendo el proyecto de demolición y sin conocimientos técnicos sobre la sujeción de la bóveda, estándo a las ordenes directas del contratista y del encargado de la obra por lo que no le era previsible el riesgo. El motivo se estima. Lo que la sentencia imputa al palista-recurrente es que tuvo "una intervención decisiva en el hecho mediante los golpes que para acelerar la demolición realizaba con la pala, cuando era evidente el riesgo de derrumbe por la oscilación de la bóveda, circunstancia advertida por los operarios y diligencia exigible a un profesional conocedor de la potencia del impacto de la máquina retroexcavadora, para el que no pueden servir de excusa las ordenes del encargado en tal sentido". Lo que la sentencia sienta como probado es la causalidad material o física puesto que la actuación de la pala manejada por el palista determinó la caída de la bóveda y las consecuencias dañosas consiguientes, pues así resulta de los elementos de hecho que resultan de la propia sentencia, tomados de la penal. Ahora bien, lo que no es posible es poner a su cargo el resultado con la consiguiente atribución de culpa y responsabilidad. El relato fáctico pone de manifiesto la existencia de una situación de riesgo para las personas que se encontraban en el interior del local como consecuencia de no haberse adoptado las medidas de seguridad por parte del encargado de la obra, D Carlos Manuel , dirigido por D Ricardo (ambos condenados en vía penal), no obstante haber advertido deficiencias en los pilares, de no haber impedido que la pala golpeara las secciones de los tirantes que se iban cortando, "para hacer más rápido su corte y desmontaje", suspendiendo, en suma, los trabajos pese a haber advertido que "la bóveda comenzaba a oscilar".Y siendo ello así, la conclusión de la resolución de instancia, al entender que el accidente se produjo también por la culpa del palista, es equivocada. En primer lugar, hay causalidad jurídica -atribuibilidad- pues se creó el riesgo del resultado jurídicamente desaprobado y que era previsible dadas las características de la pala (retroexcavadora Proclain 90B, con un brazo de unos 8,90 metros de altura) y la forma de desarrollarse los trabajos, por lo que la falta de las medidas de seguridad aparece como causa próxima y adecuada para producir el daño. Ahora bien, el juicio de reproche subjetivo y consiguiente responsabilidad recae sobre quienes emplearon y dirigieron la actuación del palista y no sobre este que nada pudo hacer por evitar el daño cumplimentando unas medidas de seguridad que no eran de su conocimiento ni incumbencia. En tal condición no es posible imputarle, salvo desde un aspecto meramente especulativo, una acción u omisión jurídicamente relevante, pues su trabajo se ceñía exclusivamente al correcto manejo de la pala, haciéndolo bajo la dirección técnica del encargado, conocedor de la lex artis y del riesgo objetivo que conllevaban los trabajos; todo ello sin que al palista se le achaque desobediencia a las directrices del encargado ni un actuar concreto que incidiese de forma directa en la producción del daño."

Por facilitar veneno a un suicida. Relación de causalidad

Análisis de diveros tipos de imputablidad, por hecho propio o ajeno, subjetiva, objetiva, cuasi objetiva,... Puede no bastar la adopción de las medidas requeridas administrativamente

STS 16 oct 2007 (Rec. 3816/2000) - Desestima la responsabilidad extracontractual por facilitar (una tienda de productos químicos) veneno a un suicida. Relación de causalidad. . "Por lo que atañe a la infracción de los arts. 1.902 y 1.903 CC la argumentación del motivo resulta inconsistente. El eje de la misma se centra en que habida cuenta las características de la sustancia vendida constituida por un producto venenoso de letales consecuencias se debe extremar la diligencia a la hora de poner en manos del público tal producto, y que en el caso las medidas de seguridad adoptadas, como se reconoce por el empleado y la vendedora que admitieron que fueron modificadas a raíz del luctuoso suceso, eran torpes e insuficientes. Sin embargo, tomadas en cuenta las circunstancias concurrentes no hay base para sentar un juicio de reproche en el ámbito de la culpabilidad -comportamiento negligente, o falta de diligencia-, ni siquiera cabe admitir la atribuibilidad del resultado, con arreglo a los criterios de imputación objetiva (causalidad jurídica), a la demandada Sra. Rita , ni en la perspectiva de la responsabilidad propia (ex art. 1.902 CC), ni en la de una responsabilidad por hecho ajeno (ex art. 1.903 CC) al no apreciarse la de la persona por quien se ha de responder. Las circunstancias del caso revelan que no hay regla normativa alguna -específica o genérica- de imputación objetiva que permita establecer la denominada causalidad jurídica, pues la mera expendición de la sustancia (causalidad física) opera como un elemento remoto, abundando en la exclusión de aquélla los criterios de la prohibición de regreso, riesgo general de la vida, imprevisibilidad racional y causalidad adecuada. Las circunstancias contempladas para sentar la anterior apreciación, y que justifican la "ratio decidendi" de las sentencias dictadas en instancia son: que la sustancia vendida era de libre comercio en el sentido de que no estaba condicionada su expedición a ninguna exigencia reglamentaria; el comprador era una persona mayor de edad, de apariencia normal, sin el menor síntoma que pudiera hacer sospechar un desequilibrio o trastorno síquico, y el cual conocía perfectamente el carácter tóxico o nocivo del producto comprado; y el empleado vendedor desconocía totalmente las condiciones personales del comprador y, dentro de la normalidad de las cosas, entendió justificado el destino de la mercancía, en virtud de la exhibición por el comprador de una tarjeta de una joyería, que es una de las actividades industriales de posible utilización, y a cuyo efecto había sido requerido por el dependiente del establecimiento. El que éste haya sido engañado, como lo hubiera podido ser cualquier otra persona en tales circunstancias; no permite dar lugar a su responsabilidad, como tampoco cabe derivarla del hecho de que a partir del suceso examinado se hayan extremado por el establecimiento las medidas tendentes a evitar que lleguen a manos del público el cianuro, o cualquier otro producto nocivo, pues de ello, como del eventual hecho de dejar de vender tales sustancias tóxicas, no cabe derivar que el resultado era previsible, ni que se incidió en un comportamiento negligente. Apunta la parte recurrente la doctrina jurisprudencial relativa a que no supone concurrencia de diligencia debida la mera observancia de disposiciones reglamentarias o administrativas cuando no han ofrecido resultados positivos y eficaces en orden a evitar daños, pues revelan su ineficacia e insuficiencia en cuanto a las garantías que ofrecen. Y aun cuando es cierto que, como reitera este Tribunal, puede no resultar suficiente justificación para excluir la responsabilidad la aplicación de las medidas previstas administrativamente, ello no quiere decir que siempre que se produzca un resultado dañoso debe responderse porque las medidas adoptadas resultaron ineficaces e insuficientes, pues tal conclusión, sin matices, conduce a la responsabilidad objetiva pura o por daño, que no es el sistema que regulan los arts. 1.902 y 1.903 CC. El matiz, de contemplación necesaria, incide en la naturaleza del riesgo, las circunstancias personales, de lugar y tiempo concurrentes, y la diligencia socialmente adecuada en relación con el sector de la vida o del tráfico en que se produce el acontecimiento dañoso. En el caso, la ponderación de tales datos, en relación con los hechos anteriormente expresados, no permiten sentar un juicio de valor distinto del plasmado en las sentencias de instancia. Casi siempre hay en la "praxis" posibilidades de aumentar la seguridad, pero en el supuesto que se examina habrían supuesto pesquisas o investigaciones que no se acomodan a la normalidad comercial seguida con anterioridad, por lo que ningún reproche social ni jurídico cabe hacer a la expendición realizada. Finalmente alude el motivo a la STS 19 dic 1994, de la que se dice que "analizó y estimó el recurso de casación en un supuesto análogo". La alegación no tiene fundamento alguno, pues no hay el mas mínimo parecido entre los casos enjuiciados. Baste decir, al respecto, que la Sentencia citada se refiere a un producto pirotécnico en cuanto al que se cometieron varias infracciones reglamentarias en su elaboración, venta y presentación al público, infracciones que fueron determinante de la explosión producida, y consecuente daño para el comprador. SEXTO.- En el motivo cuarto se denuncia infracción de la doctrina jurisprudencial que interpreta los arts. 1902 y 1903, párrafos primero y cuarto, del Código Civil que consagra el principio de responsabilidad por riesgo o cuasi-objetiva, especialmente cuando se trata de actividades peligrosas o que pueden entrañar riesgo, cual la venta al público del cianuro, debiendo ser considerada negligente la actuación empresarial de farmacia relatada. El motivo se desestima porque, con independencia de que el establecimiento en que se vendió la sustancia no fue una farmacia, sino de otro tipo, cuyo objeto es, entre otras aspectos, la expendición de sustancias químicas, no hay infracción del art.1903 CC, que sanciona la responsabilidad por hecho ajeno, porque su aplicación, centrada en la existencia de una culpa "in eligendo" o "vigilando", exige la previa declaración de culpa extracontractual por parte de la persona de que se debe responder, respecto de la cual se ha producido la deficiente elección como empleado del establecimiento o la falta de la vigilancia adecuada en el desempeño del trabajo encomendado, y en el caso sucede que no se ha apreciado la existencia de un comportamiento negligente por parte del dependiente que vendió el producto tóxico, ya que en absoluto incurrió en la omisión de las más elementales cautelas que se le imputa por la parte demandante, aquí recurrente. Este Tribunal ya tiene declarado que los denominados principios de la solidaridad social y "cuius commoda, eius incommoda" a que se refiere el motivo no son idóneos por si solos para fundar una responsabilidad subjetiva, ni quasi-objetiva. Por lo que respecta a la responsabilidad por riesgo, obviamente la creación del mismo se traduce en una acentuación del nivel de diligencia exigible por parte de quien lo crea y lo controla, o debe controlar, pero el riesgo no es un concepto unitario, sino graduable, que puede presentarse con diversa entidad, y ello es relevante para la ponderación del nivel de diligencia requerido, que en todo caso ha de ser el proporcionado a la importancia del riesgo concreto, y en atención a las circunstancias de la actividad, personas, tiempo y lugar. Y en el caso, como ya se ha examinado, no cabía exigir al empleado una diligencia superior a la observada. SEPTIMO.- En el enunciado del motivo quinto se alega infracción de los arts. 25, 27 y 28 LCU (de 1984), y en el cuerpo del motivo se alude a que en ningún caso se efectuaron las garantías y advertencias a que hace referencia el art. 13 de la Ley de Consumidores y Usuarios. El motivo se desestima porque en el recurso de casación no basta indicar unos preceptos como infringidos sin razonar en que sentido lo han sido. Una denuncia genérica dificulta la contradicción de la otra parte, a la que se le produce indefensión, y, también, la respuesta judicial, sobre la que no cabe hacer recaer una argumentación sobre todas las posibilidades del conculcación legal. De ahí de que una mera negativa de la existencia de la infracción constituye suficiente respuesta casacional. Sin embargo, con el propósito de agotar la efectividad de la tutela judicial, y más allá del rigor casacional, deben añadirse las siguientes reflexiones. Carece de sentido insistir en que se debió informar exhaustivamente del peligro del producto y en que no se advirtió al cliente del mismo, ni de los riesgos, ni de la responsabilidad en que se incurre con el manejo de la sustancia, porque claramente consta como probado que el comprador conocía las características tóxicas del producto y, precisamente, lo adquirió para provocarse la muerte. Igualmente no tiene la más mínima consistencia la referencia a "la inversión de la carga de la prueba a tenor del art. 25 LCU, y que debe entenderse que el cianuro se encuentra dentro de las prevenciones señaladas en el art. 28 LCU ", pues el daño causado por el producto no se produjo por su correcto uso, sino por su uso indebido, y por culpa exclusiva del afectado. Finalmente, en lo que hace referencia a las Sentencias que se citan en el último párrafo del motivo, la de 19 dic 1994 ya fue examinada en el fundamento quinto de esta resolución, a propósito del motivo tercero, y la de 29 may 1993 se refiere a un caso que no guarda similitud con el de autos, pues "en la etiqueta adhesiva al envase (de benceno nitración) no se hizo constar que la sustancia química en él contenida no era apta para el uso doméstico, por lo que la conducta de la sociedad envasadora y distribuidora del producto actuó de forma negligente", lo que supuso una conducta concurrente a la producción del daño, y en el supuesto de autos no existió falta de información del carácter tóxico de la sustancia adquirida, como se ha reiterado a lo largo de esta resolución."

Responsabilidad de la Comisión Europea

STJCE (Gran Sala) 16 jul 2009 (Asunto C-440/07 P) — Operaciones de concentración entre empresas — UE Reg 4064/1989 — Decisión de la Comisión por la que se declara incompatible con el mercado común una operación — Anulación — Responsabilidad extracontractual de la Comunidad debido a la ilegalidad declarada — Requisitos - Recurso de casación formulado contra la STJCE-PI que condenó a la Comunidad Europea a indemnizar a Schneider Electric SA, por una parte, los gastos a los que ésta tuvo que hacer frente para participar en la reanudación del procedimiento de examen de la operación de concentración que tuvo lugar tras el pronunciamiento de las SSTJCE-PI (T-310/01 y T-77/02) y, por otra parte, dos tercios de los daños que sufrió Schneider Electric debido al importe de la reducción del precio de cesión de Legrand SA que Schneider Electric tuvo que ofrecer al cesionario para compensarle por el aplazamiento de la realización efectiva de la venta de Legrand hasta el 10 de diciembre de 2002 — Requisitos para la generación de la responsabilidad extracontractual de la Comunidad — Conceptos de falta, perjuicio y relación de causalidad directa entre la falta cometida y el perjuicio sufrido — Infracción «suficientemente caracterizada» del Derecho comunitario que afecta a un procedimiento de examen de la compatibilidad de una operación de concentración con el mercado común. - Fallo. 1) Anular la STJCE-PI en la medida en que: — condenó a la Comunidad a reparar dos tercios del daño invocado por Schneider debido al importe de la reducción del precio de cesión de Legrand que hubo de ofrecer al cesionario para compensarle por el aplazamiento de la realización efectiva de la venta hasta el 10 de diciembre de 2002; — ordenó un dictamen pericial con objeto para evaluar dicho elemento del perjuicio; 2) Desestimar el recurso de casación en todo lo demás 3) Las partes comunicarán al TJCE, en un plazo de tres meses a partir de la fecha en que se dicte la presente sentencia, la evaluación del perjuicio constituido por los gastos a los que Schneider tuvo que hacer frente con el objeto de participar en la reanudación del procedimiento de examen de la operación de concentración que tuvo lugar tras el pronunciamiento de las SSTJCE-PI (T-310/01 y T-77/02), evaluación que se determinará de común acuerdo con arreglo a las modalidades indicadas en el apartado 216 de la presente sentencia.concedió intereses sobre la indemnización correspondiente a dicho perjuicio. 4) A falta de tal acuerdo, las partes presentarán al TJCE, en ese mismo plazo, sus pretensiones cuantificadas. 5) Desestimar el recurso de Schneider Electric SA en todo lo demás. 6) Condenar a Schneider Electric SA a soportar además de sus propias costas correspondientes al presente procedimiento y al de primera instancia, los dos tercios de las costas de la Comisión de las Comunidades Europeas en el marco de dichos procedimientos.

Empresas de Seguridad

Causalidad jurídica

STS 17 may 2007 (Rec. 1876/2000) - "PRIMERO.- El objeto del presente recurso de casación se refiere a la responsabilidad civil extracontractual de una empresa de vigilantes de seguridad, uno de cuyos empleados fue condenado en sentencia penal por haber matado a su ex compañera, con la cual tenía dos hijos, y herido a la hermana de ésta, utilizando el arma reglamentaria facilitada por la empresa, la cual no había adoptado las medidas oportunas para evitar la disponibilidad del arma fuera del tiempo y lugar de trabajo. (...) SEGUNDO.- En el primer motivo del recurso se denuncia infracción del art. 1902 del Código Civil por inexistencia de la relación de causalidad. En el cuerpo del motivo se argumenta: a) Que no existe relación de causalidad entre la carencia de armero en las instalaciones de Campsa y los delitos de asesinato y lesiones cometidos por Gabriel con el arma propiedad de la recurrente. El asesinato de Dña. Celestina y las lesiones producidas a la hermana de ésta, Magdalena , por Gabriel , no son la consecuencia necesaria de la carencia de armero, ni tampoco de que aquél portara el arma fuera de la jornada de trabajo, pues el crimen podía haberse llevado a cabo por cualquier otro medio (arma blanca, veneno, incendio, etc.), es decir, el arma no era indispensable para cometerlo; y, por otro lado, la inexistencia de armero nunca puede tener la consideración de concausa del resultado, puesto que ello significa la aplicación de la teoría de que "el que es causa de la causa es causa del mal causado", cuando la muerte tuvo lugar única y exclusivamente por decisión del autor de la misma. La conclusión de la resolución recurrida conculca, por ello, la doctrina de la causalidad adecuada o de la consecuencia necesaria; y, b) Que, de existir relación de causalidad, el nexo causal quedó interrumpido por la actuación dolosa del Sr. Gabriel , pues el resultado no vino determinado por la del agente inicial, es decir, por la entidad recurrente, sino por la actuación delictiva de Gabriel , así y en este sentido la STS de 11 de marzo de 1988 . Y, por ello, la conclusión de la resolución recurrida contradice la teoría de la prohibición de retroceso o de regreso con arreglo a la cual la acción y el resultado producido (el nexo entre ambos) se interrumpe cuando interfiere entre aquélla y ésta la acción antijurídica y dolosa de un tercero que constituye la causa material, directa e inmediata del resultado, puesto que esta acción dolosa del tercero constituye un elemento extraño con virtualidad suficiente para romper el nexo de causalidad. El motivo no puede ser estimado. La parte recurrente podría tener razón posiblemente si el único dato fáctico contemplado por el juzgador "a quo" hubiera sido la inexistencia del armero, en que fundamenta su discurso. Sin embargo, la resolución recurrida toma en cuenta, además, otras circunstancias especialmente significativas para la configuración de la relación de causalidad, pues se refiere en el fundamento tercero a "la falta de colocación tanto en los lugares de trabajo como en sus propias oficinas de los armeros y cajas de seguridad necesarios para la custodia de las armas de los vigilantes fuera de las horas de sus servicios y la autorización dada a éstos para que mantuvieran la tenencia de dichas armas fuera de las citadas horas en sus personas o en sus respectivos domicilios, todo ello con clara y consciente infracción de las obligaciones que el art. 10 del Decreto de 10 de mar 1978 le impedía, y máxime cuando su dependiente autor material del daño ya tenía antecedentes siquiátricos y se encontraba aquejado de graves problemas familiares". La expresada relación fáctica ha devenido incólume en casación, y su adecuada ponderación revela la existencia, no sólo de la causalidad material o física -primera secuencia causal para cuya estimación es suficiente la aplicación de la doctrina de la equivalencia de condiciones, para la que causa es "el conjunto de condiciones empíricas antecedentes que proporcionan la explicación, conforme con las leyes de la experiencia científica, de que el resultado haya sucedido"-, sino también la causalidad jurídica, en cuya virtud cabe atribuir jurídicamente -imputar- a una persona un resultado dañoso como consecuencia de la conducta observada por la misma, sin perjuicio, en su caso, de la valoración de la culpabilidad -juicio de reproche subjetivo- para poder apreciar la responsabilidad civil, que en el caso pertenece al campo extracontractual. Para sentar la existencia de la causalidad jurídica, que visualizamos como segunda secuencia configuradora de la relación de causalidad, tiene carácter decisivo la ponderación del conjunto de circunstancias que integran el supuesto fáctico y que son de interés en dicha perspectiva del nexo causal. No sólo se toma en consideración la inexistencia del armero, aspecto al que reduce su discurso la parte recurrente, sino también la disponibilidad privada del arma, y las circunstancias personales que concurrían en el vigilante jurado, tanto más preocupantes por su relación con aspectos siquiátricos y de grave desarmonía con su pareja. No cabe comparar el arma de fuego, por su potencial mortífero y facilidad para la ejecución del hecho lesivo, con otras posibilidades de ejecutar el crimen, ni cabe prescindir de las relevantes circunstancias concomitentes, no contradichas en casación, y especialmente teniendo en cuenta el tipo de arma utilizado y el sistema restrictivo para su tenencia y disponibilidad que rige en nuestro ordenamiento jurídico. Es cierto que el autor directo e inmediato del hecho ha sido el condenado penalmente como tal, pero no lo es menos que para la comisión utilizó un arma perteneciente a la entidad demandada- recurrente Segur Ibérica S.A., y que ésta no había controlado en su tenencia y disponibilidad con medida alguna, o cuando menos en lo que reglamentariamente le era exigible, y por ello contribuyó de modo relevante, transcendente, a la creación del riesgo del resultado jurídicamente desaprobado. Se trata de una causalidad contributiva que ha favorecido decisivamente la causación final del daño. Las sentencias de instancia examinan el tema desde la óptica de la moderna doctrina de la imputación objetiva (referida aquí la expresión al ámbito meramente causal, y no como criterio, contrapuesto a subjetivo, de determinación de la responsabilidad), cuyos criterios o pautas extraídas del sistema normativo, han sido tomados en cuenta en diversas SS de esta Sala (SSTS, entre las más recientes, 2 y 5 ene, 2 y 9 mar, 3 abr, 7 jun, 22 jul, 7 y 27 sep, 20 oct 2006). De esos diversos criterios, algunos de los cuales se enumeran por las resoluciones de primera instancia y de apelación, los denominados del "fin de protección de la norma fundamentadora de la responsabilidad" y del "incremento del riesgo" justifican la existencia de la causalidad jurídica que se niega en el motivo, pues si la entidad demandada hubiera cumplido la normativa reglamentaria habría evitado la disponibilidad del arma y el incremento del riesgo derivado de la posibilidad de utilización privada. Establece al efecto el art. 10.4 del RD 6291/1978, de 10 de marzo sobre Vigilancia y Seguridad (vigente en la fecha del hecho fuente de la responsabilidad) que "las armas se adquirirán por las Entidades o Empresas y serán de su propiedad, siendo entregadas y recogidas a los Vigilantes Jurados al principio y fin del servicio, estando, en tanto no se usen, en cajas fuertes o armeros que reúnan las suficientes condiciones de seguridad, a juicio de la Guardia Civil, que, en todo caso, podrá fijar las condiciones mínimas. En ningún caso el Vigilante Jurado podrá ser portador del arma, que tenga designada, fuera de las horas de prestación de su servicio, siendo responsables del cumplimiento de esta obligación las Empresas o Entidades de los que dependan". Por consiguiente, ha habido la omisión de deber de cuidado que opera como contribución causal, y con la entidad suficiente para que la actuación del empleado no absorba en exclusiva el desencadenante causal, lo que se traduce en la exclusión de la doctrina de la prohibición de regreso que se aduce en el motivo. Y aún contemplando el caso a la luz de la doctrina de la causalidad adecuada (que sea de examen previo, o de aplicación en defecto de otra pauta, es también de imputación objetiva), invocada expresamente por la recurrente, no se excluye su responsabilidad -imputabilidad- porque, habida cuenta las circunstancias expuestas, no cabía descartar como extraordinariamente improbable ("ex ante" y por un observador experimentado, suficientemente informado) el resultado producido. Por otra parte, este Tribunal viene declarando (SSTS, entre otras, 24 may 2004, 26 may 2005, 9 feb 2007 y 1 mar 2007) que "no cabe considerar como no eficiente la causa que concurriendo con otras condiciona o completa la acción de la causa última", y tal carácter condicionante, en relación con las circunstancias concurrentes, debe atribuirse a la conducta de la entidad demandada que actuó con evidente negligencia, (recientemente la STS 7 sep 2006, apreció culpa "in vigilando" de la empresa porque el arma se utilizó fuera del servicio), y por ello también resulta incuestionable la concurrencia del requisito subjetivo -juicio de reproche de la culpabilidad- el cual, sin embargo, no es objeto de debate en el recurso."

EMPRESA Y TRABAJO

Responsabilidad de los administradores sociales

Accidentes de trabajo

Responsabilidad por cuota de mercado (Market share liability)

La responsabilidad por cuota de mercado a juicio (Albert Ruda, InDret)

Responsabilidad por incumplimiento de cláusula de sumisión a un orden jurisdiccional

STS 6/2009 de 12 ene (Rec. 3327/2001) - Contrato de participación en SL. El incumplimiento de una cláusula de sumisión al Derecho y a los tribunales de un país determina la existencia de
responsabilidad civil con obligación de indemnizar los daños y perjuicios causados cuando el cumplimiento de las citadas cláusulas se manifiesta como determinante de la celebración del contrato y la reclamación se funda en conceptos, como los daños punitivos, no susceptibles de ser reclamados ante la jurisdicción señalada en el contrato

SANIDAD

Médicos

Malformaciones en feto no detectadas en embarazo

STS 1094/2008 de 17 nov - Inexistencia de responsabilidad civil contractual de médico  malformaciones en feto no detectadas en embarazo... el deber de información sobre la posibilidad de práctica de pruebas para comprobar la posibilidad de que el feto estuviera afectado por malformaciones, con el fin de permitir a la gestante hacer efectivo su derecho a abortar por causas eugenésicas dentro de las veintidós semanas de embarazo, "únicamente existe cuando se dan circunstancias que evidencien o permitan sospechar con arreglo a la lex artis (reglas del oficio) la existencia de un riesgo de que el feto presente algún tipo de anomalía psíquica, pero no en los casos de embarazos que pueden considerarse normales y no afectados por circunstancias extraordinarias".

Lesión del nervio ciáticvo en operación de cadera

STS 30 jun 2009 (Rec. 137/2002) - Lesión del nervio ciático por elongación durante una implantación de prótesis de cadera; inexistencia de culpa o negligencia durante la intervención; riesgo típico en un porcentaje del 3'5%. Infracción del deber de información por no haber comunicado a la paciente, antes de la intervención, de ese riesgo típico; distinción entre frecuencia y previsibilidad;  indemnización de cuantía inferior a la procedente en caso de negligencia durante la intervención pero para cuyo cálculo también se valoran el resultado, la edad de la paciente, su larga hospitalización y todos los padecimientos posteriores. Improcedencia de indemnización por falta de consentimiento informado si el acto médico produce la mejoría del paciente.

Matronas

STS 5 abr 1995 (Rec. 2/1994) - Delito de lesiones - STS 5 abr 1995 - "Ciertamente que el delito de lesiones, aceptando que pueda surgir de comportamientos activos o de comisión por omisión, lleva embebida la idea de alteridad -herir, golpear o maltratar a otro, decía el texto vigente en el momento de los hechos-, y "el otro", mientras no alcance la categoría de persona (el caso del feto o embrión humano) es más objeto que sujeto pasivo del delito; pero puede afirmarse que, en estos supuestos de vida dependiente, las lesiones causadas durante el curso de la gestación deben tener relevancia penal porque la acción -en sentido lato- se intenta y realiza sobre una persona, la madre, y el resultado -demostrada la relación causal- trasciende al feto por ser parte integrante de la misma, aunque las taras somáticas o psíquicas no adquieran notoriedad o evidencia hasta después del nacimiento. Este razonamiento en el mismo plano argumentativo del recurso tiene una indudable inspiración civilista al tomar como "punctus saliens" el momento en que se inicia la personalidad, situada fuera de la realidad de las cosas como evidencia el mismo Texto civil que se ve forzado a tener por persona al concebido a todos los efectos favorables (artículos 29 y 30), y no hay efecto más beneficioso para el ser humano en gestación que el de conservar la integridad física y psíquica; si se añade, en armonía con los avances científicos, que el concebido tiene un patrimonio genético totalmente diferenciado y propio sistema inmunológico, que puede ser sujeto paciente dentro del útero -conforme a las técnicas más recientes- de tratamiento médico o quirúrgico para enfermedades y deficiencias orgánicas, y que la dependencia de la madre, abstracción del tiempo biológico de la gestación, no es un término absoluto por cuanto se prolonga después del nacimiento, negar al embrión o al feto condición humana independiente y alteridad manteniendo la idea preterida de la "mulieris portio", es desconocer las realidades indicadas. La regulación penal anunciada, primero en el Proyecto de 1992 y actualmente en el de 1994 en proceso de elaboración legislativa, otorga a estos hechos una tipificación clara y realista que es eco de las razones últimamente expuestas, pero no implica que llene un vacío normativo porque desde la perspectiva actual es posible dotarles de una construcción jurídico-penal, tal como ha venido haciendo implícitamente la jurisprudencia de esta Sala en sentencias de 29 de mayo de 1965, 5 de mayo de 1988 y 1 de abril de 1992 referidas a las DIRECCION002 , y otras a ginecólogos, como las de 29 de marzo de 1988 y 4 de octubre de 1990. En conclusión, afirmada como realidad penal el delito de lesiones al feto a través de la violencia ejercida sobre la madre embarazada, o, atribuyéndole, con un sentido progresivo que se emancipa de las ficciones civiles, condición humana diferenciada de su progenitora y penalmente protegible, la posibilidad del delito doloso y, consecuentemente, del delito imprudente no es cuestionable en nombre del principio de legalidad."

STS 5 abr 1995  y STS 5 abr 1995 - entre las funciones que reglamentariamente corresponde desarrollar a las matronas en las instituciones cerradas de la Seguridad Social, la de asistir a los partos normales en los casos en que el médico haya comprobado la normal evolución clínica de aquéllos, siendo obligado avisarle sin pérdida de tiempo y bajo su responsabilidad en cuanto observe cualquier anormalidad en su evolución, y como obligaciones accesorias las de cuidar de las historias clínicas y demás antecedentes necesarios para el buen orden de la asistencia.

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Nota sobre las posibles responsabilidades civiles por los daños asociados a la vacuna Gardasil® contra el virus del papiloma humano (VPH) (Ramos, Indret)

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El art. 11 de la Ley 19/1.988, de 12 de julio, de auditoria de cuentas - en la redacción entonces vigente, anterior a la que le dio la Ley 44/2.002, de 22 de noviembre -, establecía:
"1. Los auditores de cuentas responderán directa y solidariamente frente a las empresas o entidades auditadas y frente a terceros, por los daños y perjuicios que se deriven del incumplimiento de sus obligaciones.
2. Cuando la auditoría de cuentas se realice por un auditor que pertenezca a una sociedad de auditoría, responderán tanto el auditor como la sociedad en la forma establecida en el apartado 1. Los restantes socios auditores que no hayan firmado el informe de auditoría de cuentas, responderán de los expresados daños y perjuicios de forma subsidiaria y con carácter solidario."

Tras la reforma de la Ley 44/2002, dicho art. 11 dice:
"1. Los auditores de cuentas responderán por los daños y perjuicios que se deriven del incumplimiento de sus obligaciones según las reglas generales del derecho privado con las particularidades establecidas en el presente artículo.
2. Cuando la auditoría de cuentas se realice por un auditor que pertenezca a una sociedad de auditoría, responderán solidariamente tanto el auditor que haya firmado el informe de auditoría como la sociedad."

STS 14 oct 2008 (rec. 2963/2002) -  criterios para determinar si existe relación de causalidad entre su actuación y el daño patrimonial. Causalidad material o física y causalidad jurídica. Proyección general del trabajo del auditor.

STS 798/2008 de 9 oct - Responsabilidad civil del auditor por deficiente cumplimiento de su prestación profesional: daños a terceros. Prueba pericial: la valoración de los dictámenes periciales no se rige por reglas tasadas, sin que la valoración de dicha prueba efectuada por el tribunal de instancia incurra en error o arbitrariedad. Relación
de causalidad: debe distinguirse entre la causalidad física o material, para cuya estimación es suficiente la aplicación de la doctrina de la equivalencia de las condiciones, de la causalidad jurídica, teniendo en este último supuesto caracter decisivo la ponderación del conjunto de las circunstancias que integran el supuesto fáctico y que son de interés en dicha perspectiva del nexo causal. La determinación de la existencia o no de causalidad jurídica o imputación objetiva es una cuestión jurídica a los efectos de la casación. Inexistente imputación objetiva o causalidad jurídica entre el deficiente cumplimiento por el auditor de la obligación de detectar errores y fraudes y el daño patrimonial sufrido por los inversores demandantes, máxime cuando a tales daños concurrieron comportamientos ajenos al del auditor, a saber el de la Agencia de Valores y la CNMV. - "III. Para decidir este motivo del recurso se tiene en cuenta, como criterio sustantivo de valoración, que la auditoría de cuentas se considera necesaria - en el caso, por la disposición adicional primera de la Ley 19/1.988 - con una finalidad empírica: la de obtener un medio que garantice, en la medida de lo razonable, que los estados financieros auditados no adolecen de inexactitudes significativas. Que, como consecuencia se exige al auditor una prestación profesional que posibilite dicha función. Esa utilidad, por un lado, y la naturaleza profesional y el contenido técnico de la prestación de la auditoría, por otro, determinan el nivel de la exigencia no sólo según el contrato sino también según la ley, que la impone como premisa necesaria para el cumplimiento de aquella misión. Que cumple el auditor su obligación contractual y los deberes vinculados a su función por la norma cuando actúa con la pericia y diligencia de un buen profesional en la ejecución de la auditoría, lo que en muchos casos dependerá del diseño de la misma. Y que, en definitiva - lo puso de relieve el Tribunal de apelación -, no cabe hacer responsable al auditor por no detectar todos los errores o fraudes que puedan cometer los administradores, directivos o personal de la entidad auditada - algunos realizados con la intención de mantenerlos ocultos a toda investigación ajena -, sino no sólo aquellos que con una correcta ejecución de su prestación profesional debería haber descubierto. La diligencia y pericia del auditor constituyen una regla de determinación de la exactitud del cumplimiento de la prestación por él debida y, a la vez, un criterio de imputación subjetiva de responsabilidad. (...) CUARTO. En el tercer motivo del recurso los demandados afirman que habían sido condenados a indemnizar a los demandantes sin existir la necesaria conexión causal entre el daño patrimonial sufrido por ellos y el comportamiento que la sentencia recurrida les había imputado. Lo que, consideran, constituye violación de la jurisprudencia que condiciona la responsabilidad civil a la existencia de una causalidad adecuada entre el acto reprochado y el daño. Alegan que los actores efectuaron las inversiones frustradas dando a la agencia instrucciones concretas sobre cada una, pero sin tener conocimiento de las cuentas revisadas y verificadas por el auditor ni del informe del mismo, como expresamente habían admitido. Y niegan que hubiera superado en el proceso el nivel de las meras hipótesis o conjeturas la afirmación de que Comisión Nacional del Mercado de Valores, en el caso de que el informe de auditoria hubiera contenido reparos, habría paralizado la actividad de AX Patrimonios Agencia de Valores, SA de inmediato o, al menos, antes de haber tenido lugar las inversiones de los demandantes. I. Como al principio se indicó, los demandantes no se presentaron en el proceso como unos inversores confiados en el contenido del informe de auditoría sobre la normalidad de los estados financieros de AX Patrimonios Agencia de Valores, SA, que hubieran sido llevados con engaño a invertir y, al fin, a sufrir los perjuicios consecuentes a la anómala y previsible frustración de la rentabilidad de sus inversiones por causas ajenas al riesgo que implicaban. Antes bien, en el escrito de demanda describieron una conexión causal indirecta entre sus pérdidas económicas y el deficiente cumplimiento por el auditor de la prestación profesional, al situar entre unas y otro la omisión de una oportuna intervención sancionadora por parte del organismo administrativo de supervisión de la actividad de las sociedades y agencias de valores. La omisión de esa actuación sancionadora del organismo regulador la identifican los demandantes como un efecto futuro, pero ineluctable, de una supuesta auditoría bien hecha y, a la vez, como un indiscutible obstáculo o impedimento para que ellos hubieran invertido - o el factor determinante de que hubieran retirado las inversiones efectuadas -. Con otras palabras, la expresión formal del resultado de la revisión y verificación de los documentos contables, atribuida al auditor, se señala - en la demanda y en la sentencia recurrida - como causante de la ausencia de la actuación sancionadora inmediata y, por repercusión, de que las inversiones de los actores hubieran tenido lugar, pese a estar normalmente destinadas al fracaso. II. No hay duda de que la actividad de los auditores como garantía de la veracidad de las cuentas auditadas, señaladamente en los casos en que la norma la impone - como es el que contempla el recurso - tiene un indudable interés general - al que se refiere la sentencia de 10 de diciembre de 1.998 -, además de aquel particular de que es portadora la otra parte del contrato de auditoría. Hoy destaca ese aspecto el considerando noveno de la Directiva 2006/43 / CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de mayo de 2006 - relativa a la auditoría legal de las cuentas anuales y de las cuentas consolidadas, por la que se modifican las Directivas 78/660/CEE y 83/349/CEE del Consejo y se deroga la Directiva 84/253/CEE del Consejo -, al indicar que "una amplia comunidad de personas e instituciones confían en la calidad del trabajo de un auditor legal" y añadir que "la buena calidad de las auditorías contribuye al correcto funcionamiento de los mercados al incrementar la integridad y la eficiencia de los estados financieros". El artículo 1.1. de la Ley 19/1.988, de 12 de julio , de auditoría de Cuentas, atribuye esa misma proyección al objeto de la auditoría, identificado con "la emisión de un informe que pueda tener efectos frente a terceros". Y, con mayor detalle descriptivo, lo hace la exposición de motivos de la propia Ley, según la que "la auditoria de cuentas es, por tanto, un servicio que se presta a la empresa revisada y que afecta e interesa no sólo a la propia empresa, sino también a terceros que mantengan relaciones con la misma, habida cuenta que todos ellos, empresa y terceros, pueden conocer la calidad de la información económico contable sobre la cual versa la opinión emitida por el auditor de cuentas". La publicidad del informe de auditoría, de la que depende la posibilidad de un general conocimiento, en beneficio de todos los que participan en el mercado y del propio mercado, está expresamente exigida en diversas normas para el logro de los fines empíricos a que responde esa técnica - artículos 212.2, 218 y 220.2 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas , Real Decreto Legislativo 1.564/1.989, de 22 de diciembre ; artículo 86.1 de la Ley 2/1.995, de 23 de marzo, de Sociedades de Responsabilidad Limitada ; artículos 23 del Código de Comercio, 12 y 366.5 del Real Decreto 1.784/1.996, de 19 de julio , por el que se aprobó el Reglamento del Registro Mercantil; artículos 35 y 92 de la Ley 24/1.988, de 28 de julio, del mercado de valores, 1 y 11 del Real Decreto 1.636/1.990, de 20 de diciembre , por el que se aprobó el Reglamento que desarrolla la Ley de auditoría de cuentas... - y constituye la evidencia de que, en nuestro vigente ordenamiento, son beneficiarios de la protección que ofrecen las normas reguladoras de la auditoría no sólo la sociedad auditada, sino también los terceros que se relacionen con ella. La publicidad constituye un instrumento jurídico por medio del que se traduce un interés general difuso - no ajeno a la conveniencia de aumentar de modo efectivo la calidad de la información financiera -, en el concreto de cada uno de los terceros que entren en relación con la sociedad auditada, confiados en la fiabilidad que ofrece un sistema de regulación del mercado de capitales tan sofisticado como costoso. Por ello - como señala el considerando decimonoveno de la Directiva 2.006/43/C - los auditores, obligados a llevar a cabo su trabajo con la diligencia debida, son responsables de los perjuicios financieros que hayan causado por negligencia, no sólo frente a quienes a ellos estén vinculados por la relación contractual en cuyo funcionamiento se produjo el deficiente cumplimiento de la prestación de auditoría, sino también frente a los terceros que se relacionen con la sociedad auditada - como expresamente establecía el artículo 11.1 de la Ley 19/1.988 , en la redacción vigente cuando la demanda fue interpuesta -. Claro está, siempre que, en este último caso, concurran los requisitos precisos para afirmar una responsabilidad extracontractual conforme a las normas generales del Código Civil - a las que se remite el artículo 11.1 citado, en la redacción dada al mismo por la Ley 44/2.002, de 24 de noviembre -. Precisamente para hacer compatible esa regla general de responsabilidad con un correcto funcionamiento del mercado de capitales, con una capacidad de auditoría que resulte sostenible y con un mercado competitivo de servicios de esa clase, en el derecho comunitario se proponen medios diversos de limitación de la responsabilidad de los auditores, salvo que hayan incumplido sus deberes dolosamente - artículo 31 de la Directiva 2.006/43 / CE y Recomendación de la Comisión de 5 de junio de 2.008 -. Las propuestas van desde la limitación de la responsabilidad, por pacto o por ley, a la "fijación de un conjunto de principios en virtud de los cuales un auditor legal o una sociedad de auditoría únicamente sean responsables dentro de los límites de su contribución real al perjuicio sufrido por el reclamante y, por tanto, no sean conjunta y solidariamente responsables con otros causantes del perjuicio". III. De los presupuestos de la responsabilidad extracontractual prevista en el artículo 1.902 del Código Civil , aplicable al caso, tiene particular importancia el referido a la relación causal entre la conducta y el daño. A él se refiere el motivo que estamos examinando. Dicha relación se reconstruye, en una primera fase, mediante la aplicación de la regla de la "conditio sine qua non", conforme a la que toda condición, por ser necesaria o indispensable para el efecto, es causa del resultado; y la de la "equivalencia de condiciones", según la cual, en el caso de concurrencia de varias, todas han de ser consideradas como iguales en su influencia causal si, suprimidas imaginariamente, la consecuencia desaparece también. Afirmada la relación causal según las reglas de la lógica, en una segunda fase se trata de identificar la causalidad jurídica, para lo que entran en juego los criterios normativos que justifiquen o no la imputación objetiva de un resultado a su autor, en función de que permitan otorgar, previa discriminación de todos los antecedentes causales del daño en función de su verdadera dimensión jurídica, la calificación de causa a aquellos que sean relevantes o adecuados para producir el efecto. Se trata, con ello, de construir la causalidad según una visión jurídica, asentada sobre juicios de probabilidad formados con la valoración de los demás antecedentes causales y de otros criterios, entre ellos el que ofrece la consideración del bien protegido por la propia norma cuya infracción atribuya antijuricidad al comportamiento fuente de responsabilidad. El referido planteamiento es el seguido por la jurisprudencia en la aplicación del artículo 1.902 del Código Civil - sentencias de 29 de marzo y 6 de septiembre de 2.005 y 10 de junio de 2.008 , entre otras muchas -. En particular, la sentencia de 17 de mayo de 2.007 distingue "la causalidad material o física, primera secuencia causal para cuya estimación es suficiente la aplicación de la doctrina de la equivalencia de condiciones, para la que causa es el conjunto de condiciones empíricas antecedentes que proporcionan la explicación, conforme con las leyes de la experiencia científica, de que el resultado haya sucedido", de "la causalidad jurídica, en cuya virtud cabe atribuir jurídicamente -imputar- a una persona un resultado dañoso como consecuencia de la conducta observada por la misma, sin perjuicio, en su caso, de la valoración de la culpabilidad -juicio de reproche subjetivo- para poder apreciar la responsabilidad civil, que en el caso pertenece al campo extracontractual". Concluye este Tribunal que, para "sentar la existencia de la causalidad jurídica, que visualizamos como segunda secuencia configuradora de la relación de causalidad, tiene carácter decisivo la ponderación del conjunto de circunstancias que integran el supuesto fáctico y que son de interés en dicha perspectiva del nexo causal". III. El Tribunal de apelación, según afirma en la sentencia recurrida, aplicó "criterios de lógica humana sobre el antecedente del resultado favorable, aunque erróneo, de la auditoría del ejercicio de mil novecientos noventa y tres y la consecuencia de la continuidad sin problemas de la actividad de la agencia en el seno de la cual se produjeron expolios del producto de las inversiones de los actores... por parte del administrador... a partir de junio de mil novecientos noventa y cuatro", para afirmar como indiscutible la relación de causalidad entre el deficiente cumplimiento por el auditor de la obligación de detectar errores y fraudes y el daño patrimonial sufrido por los inversores demandantes. En otro pasaje de su sentencia, la Audiencia Provincial de Barcelona califica como "segura [la] intervención de Comisión Nacional del Mercado de Valores, a la vista del resultado desfavorable que debería haber tenido la auditoría" e identifica la misma como la causa probable de que "la evolución descrita de las inversiones de los actores no [hubiera] tenido lugar" y, al fin, de que "los títulos se [hubieran] mantenido incólumes a su disposición". IV. El respeto que merece la declaración de hechos probados en la instancia - reafirmado, entre otras, en la sentencia de 29 de marzo de 2.005 - y la naturaleza básicamente fáctica de la afirmación de una equivalencia de condiciones del daño patrimonial, no pueden, sin embargo, impedir que, en esta sede, revisemos los criterios empleados por el Tribunal de apelación para, con base en aquella, afirmar o negar la causalidad jurídica o imputación objetiva, investida de los caracteres propios de una "quaestio iuris" a los efectos de la casación - sentencias de 5 de octubre de 2.006, 22 de febrero y 17 de abril de 2.007 y 10 de junio de 2.008 -, dada su naturaleza valorativa o de toma de posición para la integración de lo que constituye un tipo jurídico abierto. V. Como se indicó, la sentencia recurrida no afirma que el auditor responda por haber posibilitado que los demandantes invirtieran con una conciencia viciada por un error, sobre la situación financiera de XM Patrimonios Agencia de Valores, SA, provocado por el ofrecimiento de una información económico contable que no era fiel y veraz sobre las cuentas anuales auditadas. Sino por no haber determinado la actuación de Comisión Nacional del Mercado de Valores, organismo administrativo de supervisión e inspección de dicho mercado. Pues bien, la que, para los demandantes y el Tribunal de apelación, fue causa inmediata del daño - identificada, se insiste, en el hecho de que el órgano de supervisión no hubiera actuado a tiempo de impedir las inversiones efectuadas por aquellos - debe ser calificada como extraña al ámbito de protección proporcionado por la normativa a cuya infracción se ha vinculado la responsabilidad del auditor. No cabe desconocer, como también se ha expuesto, que la finalidad de la norma infringida no era otra que permitir, además de a la sociedad auditada, a los terceros "conocer la calidad de la información económico contable sobre la cual versa la opinión emitida por el auditor de cuentas" - en términos de la exposición de motivos de la Ley 19/1.988 -. Es cierto que el auditor, en los casos de violación grave de normas, de riesgo para la continuidad de la empresa auditada o de comprobación de determinadas irregularidades, asume ex lege un deber de denuncia. Pero, además, de que el incumplimiento del mismo no se presentó en la demanda como autónomo, sino como la consecuencia de no haber descubierto el auditor las irregularidades y fraudes en la revisión y verificación de los documentos contables de XM Patrimonios Agencia de Valores, SA, por razón de una prestación profesional negligente, no cabe prescindir de que la norma que le obligaba a colaborar, mediante la denuncia - disposición final primera de la Ley 19/1.988 -, con el organismo supervisor en la defensa del mercado, sólo remotamente coincidía en su finalidad con la realmente infringida. Si a ello se une que comportamientos ajenos al del auditor, cual el de la agencia de valores - merecedor de la tramitación de un proceso penal y de la aplicación de sanciones por el Consejo de Ministros - concurrieron a la producción del daño, así como que las competencias de supervisión e inspección a cargo de Comisión Nacional del Mercado de Valores, que implican un control continuado del cumplimiento de la normativa vigente por aquellos que desarrollan su actividad profesional en los mercados financieros - artículos 13 y 84 de la Ley 24/1.988 -, las debe ejercer por propia iniciativa dicha entidad, se llega a la conclusión de que la imputación objetiva o causalidad jurídica se ha llevado por el Tribunal de apelación demasiado lejos, dadas las circunstancias, al considerar a Price Waterhouse Auditores, SA y D. Iván , en la condición de vigilantes o garantes últimos de la"

CONSUMIDORES Y USUARIOS

General

Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios (RDLeg 1/2007)

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