CASTELLANO

                       

                                                                                   




  






Las papas queman en congreso con nivel de aprobación a la miseria


WASHINGTON, 1/12/11 (Por Anibal Ibarra) -- Los miembros del congreso estadounidense, con un grado de aceptación pública miserable, están presionados a prestar atención a la opinión que algunos legisladores se enriquecieron con información confidencial del mercado financiero. 


Tanto en la Cámara de Representantes y Senado se están realizando audiencias y el comité de ética de Representantes ha enviado una nota que recordaba a legisladores que transacciones financieras con información confidencial no pública podría violar la ley y las reglas de la Cámara. 


El interés explotó luego de un reporte televisivo de CBS, 60 Minutes, develando la historia el 13 de noviembre cómo legisladores y legisladoras pueden negociar legalmente en el mercado financiero basada en información privada. La nota de la cámara claramente evidencia lo contrario. 


Las audiencias llevadas a cabo intentan prohibir el comercio interno a los miembros del congreso y de sus empleados. El principal patrocinador es el senador Scott Brown, representante republicano de Massachuttes, quien corre por reelección en el estado tradicionalmente demócrata contra la activista del consumidor Elizabeth Warren. 


La representante Louise Slaughter, demócrata de New York, ha estado introduciendo su proyecto de ley para prohibir el comercio interno de los legisladores desde 2006. Antes del programa de 60 Minutes contaba con 9 patrocinadores, repentinamente el número aumentó a 118 y el comité de Servicios Financieros de la cámara tiene fijada audiencia el 6 de diciembre. 


Conforme a la propuesta de Brown se prohibiría a los empleados del congreso y del Poder Ejecutivo realizar cualquier transacción financiera, compra o venta de acciones de empresas, cuando la información confidencial de esas fueran obtenidas mientras ejerzan cargos públicos o estén trabajando para el Estado.


El caso de Martha Stewart es uno de los más renombrados. La empresaria obtuvo información interna no pública del posible descalabro de la compañía y vendió sus acciones. La misma fue a para a la cárcel como algunos otros 

del sector privado pero la acción de los legisladores, hecha de la misma manera, no es considerada criminal y la práctica ha sido por años considerada como “negocio habitual” de los congresistas y senadores. Incluso gobiernos estaduales y locales han estado siendo cuestionados por grupos cívicos pero sin que se tomen las medidas correspondientes ya que los jueces serían los mismos sospechosos de estas prácticas anti éticas.


El segmento de 60 Minutes destacó las transacciones financieras que implicarían al líder demócrata Nancy Pelosi y al republicano John Boehner, actual titular de la cámara de Representantes, entre otros. Sin embargo ambos negaron contundentemente que hayan realizado operaciones de ventas o compras de acciones de compañías basada en inteligencia política. Cuando fueron cuestionados por el programa televisivo en rueda de prensa separada, ambos se mostraron irritados por la consulta e incluso atacaron al segmento por llegar a conclusiones con premisas falsas.


Cabe apuntar que en el Senado nunca se presentó un proyecto de ley que restrinja el comercio interno por inteligencia política. Muchos de los representantes y senadores acceden a informaciones confidenciales que luego serían utilizadas para provecho personal, que si bien no es ilegal es considerado anti ético por la ciudadanía. Otro aspecto es que compran propiedades a costo barato, sabiendo que serían utilizadas para proyectos con dinero de los contribuyentes en base a leyes analizadas, y luego venden a costo abultado. Nada es ilegal, sostienen.


El congreso está luchando con un grado de aprobación que vaticina hundirse más bajo. Una encuesta nacional reveló una aprobación del 16 por ciento y la desaprobación del 82 por ciento. Por su parte el presidente Barack Obama, ex senador demócrata de Illinois, quien recibiera un alto porcentaje de aceptación ciudadana, en las últimas semanas igualmente ha decaído a un 43 por ciento 

conforme a varias encuestas de cadenas televisivas.


El ambiente social está contaminado con violencia policial contra un vasto sector de la población que ha salido a la calle a reclamar justicia y cambios en el manejo de la cosa pública. Los denominados 99% comprende gente de los más variados segmentos de la sociedad americana hastiados por la manera egoísta que actúan los gobernantes para enfrentar la falta de empleo, la falta de financiamiento para retener sus casas y el creciente alto costo de vida. El reporte de 60 Minutes viene a agudizar el descontento.



De SB 529 a HB 87



Cambios en deportaciones ni reforma migratoria ni amnistía


Los 10 puntos más importantes acerca de los cambios en la política de deportación del DHS anunciados el 18 de Agosto, 2011. 

La administración de Obama anunció cambios muy importantes al proceso de deportación del DHS (Departamento de Seguridad Nacional). Estos cambios, implementados apropiadamente, son un paso hacia el progreso y nuestra meta: Una reforma migratoria comprensiva y humanitaria. 

Al momento, existe mucha información errónea acerca de este anuncio, y por esta razón, hemos compilado los 10 puntos más importantes de este nuevo anuncio.

1.- Los actuales 300,000 casos de personas que están en proceso de deportación serán revisados individualmente por oficiales del Departamento de Seguridad Nacional (DHS). Jueces de inmigración y abogados también estarán revisando estos casos diariamente y semanalmente para asegurarse que solo los casos que sean consistentes con las prioridades establecidas por el Departamento de Seguridad Nacional prosigan en el proceso de deportación. 

2.- El anuncio es un intento de DHS de apartar los casos considerados de “Baja prioridad” y enfocarse en individuos quienes posan un serio peligro a nuestras comunidades y país “Alta prioridad.” 

3.- Individuos considerados “Alta prioridad” incluyen aquellos que posan un serio peligro a nuestra seguridad nacional, personas con delitos graves o repetidas ofensas, miembros de pandillas, y personas con repetidas violaciones de inmigración. 

4.- Individuos considerados “Baja prioridad” incluyen veteranos del ejecito, personas que han vivido en este país por largo tiempo y han seguido la ley, estudiantes que califican para el Acta DREAM, aquellos traídos a este país como niños, mujeres embarazadas, personas víctimas de violencia domestica y aquellos casados con ciudadanos Americanos incluyendo parejas del mismo sexo. 

5.- Individuos que actualmente están en proceso de deportación y son considerados “Baja prioridad” recibirán una carta de parte de DHS estipulando que su caso ha sido “cerrado”. 

6.- Aquellos que reciban la carta indicando que su caso ha sido cerrado tendrán la oportunidad de aplicar para un permiso de trabajo. Decisiones referentes a dichos permisos serán tomadas caso por caso. Inmigrantes indocumentados que actualmente no están en proceso de deportación no podrán aplicar para un permiso de trabajo. 

7.- Individuos NO DEBEN intentar ser arrestados y puestos en proceso de deportación para obtener un permiso de trabajo. 

8.- Si estos cambios son implementado correctamente, individuos de “Baja prioridad” que no están en proceso de deportación no correrán el riego de ser puestos en proceso en el futuro, siempre y cuando los cambios de este anuncio estén vigentes. 

9.- Este anuncio no cambia nada acerca de programas de colaboración entre ICE y departamentos de policía como 287g y Comunidades Seguras (S-COMM). 

10.- Este cambio no es “una Amnistía”. Es solamente un cambio en la manera que DHS implementa las políticas de seguridad, y poder enfocarse en aquellos individuos con largo record criminal y que posan serias amenazas a los Estados Unidos.

GLAHR - Georgia Latino Alliance for Human Rights www.glahr.org



Abandonan Arizona tras mejor suerte

Editado por Anibal Ibarra

La juez federal Susan Bolton frenó las provisiones más ásperas de la 

nueva ley de inmigración del estado, pero eso no ha parado el flujo de emigrantes a New Mexico. En la última hora de la tarde del 29 de julio, después que centenares de manifestantes y de manifestaciones inundaron las calles de Phoenix en oposición a las políticas en materia de inmigración de Arizona, un estudiante universitario

de 20 años actualizó su Facebook vía teléfono móvil:  “Acabo de pasar el cartel debienvenida de New México”.

“Martina,” de Facebook, su hermano de 19 años y sus padres son inmigrantes desautorizados que se trasladaron desde Pho

enix a Albuquerque, New Mexico el día que la ley entró en efecto. Una serie de leyes cada vez más duras de inmigración decretadas en Arizona, culminaron con el paso de SB 1070 de abril. Eso incitó la decisión de la familia para ensamblar, lo que dicen algunos funcionarios, el éxodo constante de inmigrantes desautorizados de Arizona- que ha continuado incluso después que un j

uez federal en Phoenix puso de golpe los frenos a elementos claves de la ley más áspera de inmigración del estado el 27 de julio.

“Nos sentimos más seguros, no hay racismo aquí,” dijo un nómada desautorizado de 19 años que se trasladó a Albuquerque desde Arizona el mes pasado. Algunos, por supuesto, han huido a través de la frontera a Mexico. Otros han viajado  a estados de Utah, Washington, Illinois, Pennsylvania. Pero como Martina, muchos de los refugiados de Arizona optaron New Mexico, cada vez más popular entre la población ansiosa de Arizona de inmigrantes indocumentados, según dos oficialesdel gobierno  que hablaron en condición anónima, y las entrevistas con docenas de inmigrantes de Arizona.

New Mexico es una alternativa atractiva, por varias razones más allá de su proximidad a Arizona. 

En New Mexico se otorga licencia de conducir a sus residentes indocumentados y  se reconoce la

tarjeta de identificación del consulado mexicano. De hecho, el departamento de New México de impuestos y rédito, que supervisa el departamento automotor, divulga un aumento del 30 por ciento en el número de nuevas licencias sumistradas por el estado esta primavera durante el mismo período el año pasado. Preguntado si esto pudo ser debido a una migración de Arizona, S.U. Mahesh, portavoz para el New México MVD, dijo, “no podemos especular”.

New Mexico también permite que los emigrantes desautorizados paguen la cuota normal de la universidad, mientras que Arizona anula a la mayoría de los inmigrantes desautorizados ir a la universidad forzándolos pagar costosas matrículas. El gobierno estadual tampoco criminaliza a los indocumentados ni persigue a quienes contratan a ellos para realizar trabajos. El problema mayor que enfrentan en New Mexico es precisamente la falta de fuentes de trabajo.

Larry Waldman, científico de la oficina de negocio y de investigación económica en la universidad de New México, advierte que su estado no es tierra de oportunidad. “Esta no es una buena situación para los inmigrantes en New México. Los trabajos no están aquí”.

En New Mexico el 45 por ciento de sus dos millones de personas es latino, comparado con una población latina del 30 por ciento entre 6 millones 600 mil residentes de Arizona.

El Departamento de Seguridas estima que en 2009, cerca de 10.8 millones de inmigrantes desautorizados vivieron en los Estados Unidos. Unos 460.000 residían en Arizona antes de que SB 1070 fuera promulgada.

“Martina” relató que su familia construyó una vida en Phoenix después de comenzar hace ocho años casi sin dinero después de saltar la cerca de la frontera, así que el movimiento de New México parece doméstico por la comparación. “Lo hicimos cuando vinimos a Arizona, y podemos hacerlo otra vez,” asegura.

México reconoce decisión judicial en torno a SB1070 

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) expresa el pleno reconocimiento del Gobierno de México por la decisión de la Corte Federal de Distrito en Arizona de suspender provisionalmente la entrada en vigor de algunas disposiciones de la Ley SB1070. Es un primer paso en la dirección correcta.

La suspensión provisional impedirá a la policía del estado de Arizona, con base en esa Ley SB1070, investigar, a partir de una sospecha razonable, la condición migratoria de una persona cuando sea detenida; detener sin orden de arresto a un individuo bajo sospecha de ser indocumentado o requerir que porte documentación que lo identifique como inmigrante; y, a las autoridades estatales, criminalizar el trabajo indocumentado. Estas son las partes de la Ley que han quedado suspendidas con la decisión del día de hoy.

El Gobierno de México ha instrumentado y seguirá fortaleciendo acciones para prevenir violaciones a los derechos de los migrantes y para proporcionarles protección consular en los casos en los que desafortunadamente nuestros connacionales son objeto de violación de sus derechos. 

En sus cinco consulados en Arizona, el Gobierno de México ha es

tablecido y fortalecido diversos mecanismos de respuesta rápida para garantizar que se brinde asesoría legal efectiva en los casos específicos donde se presenten estas violaciones de los derechos de nuestros nacionales. 

En este sentido, ha ampliado y seguiremos fortaleciendo la Red de Abogados del Programa de Asistencia Jurídica a Través de Asesorías legales (PALE), así como la Red de Abogados Consultores. Al mismo tiempo, incrementaremos la presencia consular en los centros de detención en Arizona

y la comunicación permanente con las autoridades federales para conocer de cualquier incidente que involucre a un connacional.

He instruido al Director General de Protección a Mexicanos en el Exterior a que se desplace a Phoenix para supervisar estas medidas de protección consular previstas por la Cancillería que se pusieron en marcha, desde que se aprobó la Ley SB1070.

Con el apoyo de las organizaciones de la sociedad civil activas en la defensa de los derechos humanos, identificaremos y registraremos posibles casos de violaciones de los derechos de los nacionalesmexicanos. Informaremos a la comunidad migrante sobre los efectos de la Ley SB1070 a través de un mayor número de foros comunitarios y educativos. Seguiremos fortaleciendo la atención personalizada las 24 horas del día mediante el centro de llamadas establecido en Arizona para brindar orientación a los afectados (1-877-63CONSUL). 

Intensificaremos la capacitación del personal consular sobre los alcances de la SB1070 y ampliaremos la distribución de materiales de protección preventiva, mediante folletos y tarjetas que promueven el conocimiento de los derechos básicos de nuestros connacionales.

También he instruido a los cinco consulados de México en Arizona que sigan visitando a nuestras comunidades a través de los consulados móviles y a que, en adición a sus horarios habituales, sigan trabajando los sábados hasta nueva orden para garantizar la atención consular.

El Gobierno de México expresa su reconocimiento a la determinación mostrada por el Gobierno Federal de Estados Unidos y las acciones de las organizaciones civiles que entablaron demandas contra la Ley SB1070.

Asimismo, el Gobierno de México agradece a los gobiernos de Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Paraguay y Perú que se sumaron a la moción de “Amigo de la Corte” presentada por México.

En concordancia con su firme compromiso con la protección de los d

erechos de los mexicanos en el exterior, independientemente de su condición migratoria, el Gobierno de México continuará dando seguimiento puntual al proceso judicial que se derive de la decisión de la Corte de Distrito y en instancias superiores hasta que se produzca la declaración de inconstitucionalidad de la Ley SB1070.

Patricia Espinosa Cantellano, Secretaria de Relaciones Exteriores.

Miércoles 28 de julio | Comunicado #228 | México, D.F.

Editado por Anibal Ibarra
Č
ċ
ď
SB1141.mp3
(943k)
Anibal Show,
Feb 3, 2011 7:15 PM
Ć
ď
ShoutFestAnibal.mp3
(838k)
Anibal Show,
Sep 13, 2011 7:52 AM

HOME


“The citizen journalist 

 is not trying to undo 

      the traditional 

       mass media, 

but rather, contribute 

    to the diversity, 

  transforming itself 

  into a compliment, 

  clear example of a 

     democratizing 

      movement.”