INTRODUCCIÓN

PROLEGÓMENOS A UN TIPO DE SOCIOLOGÍA POLÍTICA

I.- ANTECEDENTES DE LA HEGEMONÍA DE ESTADOS UNIDOS SOBRE AMÉRICA LATINA ANTES DE 1945

II.-GUERRA FRÍA: COROLARIO MUNDIAL DE LA DOCTRINA MONROE

 

III.- UNA “INTERVENCIÓN AGRESIVA, CLANDESTINA E ILEGAL”

 

A. ‘Frei y CIA’

 

B. Allende y el ‘Efecto Dominó’

                                   

 

 

INTERVENCIÓN NORTEAMERICANA EN CHILE

 

INTRODUCCION

PROLEGÓMENOS A UN TIPO DE SOCIOLOGÍA POLÍTICA

 

 

I

 

Abundan los juicios y los estudios que presentan el derrumbamiento del gobierno de la Unidad Popular como el inexorable efecto de un intrínsecamente “odioso”, “egoísta” y “perverso” modo de gobernar a los hombres. Del mismo modo, abundan juicios y estudios que explican tal derrumbamiento debido a un intrínseco mal existente en su racionalidad: la ineficacia económica y el desorden político. Abundan  juicios y estudios que presentan las violaciones a los derechos humanos del régimen militar como la simple y “redonda” consecuencia de un ‘caos’ y confrontación social dados, queriendo “explicar” con ello toda el exceso “irreflexivo” de quienes tomaron el poder, olvidando, en este vendaval de juicios asertivos, en esta escueta relación causa-efecto, a quienes quisieron ese destino; a los que digitaron y planearon un curso sucesivo de acontecimientos sociales, económicos, políticos orientados a provocar la máxima presión y el golpe.

Así, el temor, la comodidad, el oportunismo y por qué no la desidia se han impuesto en esta abundancia literaria al punto que se ha eludido la tarea de indicar y determinar la verdadera responsabilidad de cada cual, el carácter jerárquico, estratégico, de las circunstancias creadas y de aquellos individuos que por detrás promovieron, planificaron y financiaron ese clima de tensión, ese caos inducido y la ingobernabilidad resultante que desembocaría en el putsch del 11 de septiembre de 1973.

Hemos querido aquí, indicar con claridad esos agentes activos y laboriosos, esas instituciones responsables del encendimiento propagandístico, de la mentira puesta al servicio de la confusión; del desarraigo que de manera lenta creó el piso de una disposición psicológica traumatizada por el miedo: al fantasma del desposeído tomándose los barrios ricos; imagen traumática que de manera reiterada enciende en los receptores de la propaganda política y de la persuasiva psicología de masas, las más soterradas disposiciones, los más violentos odios irracionales, el más aterrorizante fanatismo. Aquel que en su lapsus de violencia catártica desatada, soterra la racional industria de muerte, tortura y desaparición desplegada, que le es ad hoc. Antes que nada conviene aclarar el carácter profundo y estudiado de ese odio, el que funciona como un odio útil; alimentado estratégicamente. A partir de la operatoria de una maquinaria científicamente optimizada de propaganda, de mentiras estándar, de planes complejos, sustentados por una red mundial de propagación que inunda todos los sitios y estamentos sociales, dividiendo y confundiendo.

Queremos, a partir de la claridad de encontrar e indicar esos agentes y agenciamientos, poder reinstalarlos de vuelta en la actualidad en la que quieren desapercibirse, inmunizarse en el despliegue de otro programa, el del silencio y el olvido planeado, solicitado y propicio. El silencio impuesto en nuestra interminable transición impuesta.

Es por este carácter solapado, pero inmediato e intenso de la intervención que concebimos esta investigación dentro del campo de la sociología política, considerándola como la herramienta más propicia para exponer, analizar y vincular las acciones agenciadas, planificadas e infiltradas desde las más altas esferas de decisión del gobierno de los Estados Unidos sobre la realidad chilena. Rastreando las consecuencias que se generaron desde las directrices de los organismos de inteligencia norteamericanos, en un sentido amplísimo, que abarca todas las instancias de fuerza de la sociedad chilena. Un análisis que pasa por las relaciones entre el Estado y las corporaciones de capital; por la planificación estratégica global de ordenes sociales diversos y experimentales; por el avasallamiento de las fuerzas militares del hemisferio; por el ejercicio de la violencia sin más límites que los impuestos por el propio cálculo; por el despliegue de una política global de desinformación y engaño; por el ejercicio de la guerra irregular en todas sus expresiones: guerra económica, guerra diplomática, presión militar, guerra ideológica, guerra psicológica y agresión militar. En fin, por una capacidad real de movilización de masas y de fuerzas políticas, esto es de partidos y líderes políticos a partir de una política de subversión.[1]

A partir de estos elementos tan reveladores de la operativa norteamericana, es que la sociología política puede mostrar la inmediatez del vínculo que une al ciudadano común, objeto de ese vendaval de acciones confusoras e incidentes, con los máximos organismos decisores, capaces de modificar el destino de una nación, enviando al olvido todo un mundo sociopolítico. Asimismo es por medio de la sociología política que los contenidos de esta historia pueden hacerse aprehensibles por un público abierto, no necesariamente informado, pero que tras su lectura podrá reconocerse en algún lugar de dicho entramado. Reconociendo al tiempo el sentido de lo abyecto que fluye desde esta imposición.

 

 

 

II

 

No se trata solamente del bombardeo al Palacio de La Moneda, de la clausura de las instituciones democráticas, de los miles de torturados y muertos, de los centenares de miles de exiliados, o de la condena de nuestros recursos naturales y laborales a la vorágine de las transnacionales. También aparece como raíz, de importancia comprensiva, el hecho histórico de la violación de manera sistemática y planificada de parte del gobierno de los Estados Unidos de América, así como de sus institutos, corporaciones y agencias, tanto del derecho internacional, como de los acuerdos internacionales referentes a los principios de no intervención y no injerencia en los asuntos de otro Estado, produciendo el arrasamiento de las soberanías nacionales y populares; la instalación y despliegue programado de mecanismos y redes de intervención política y económica, de propaganda, de espionaje, de presiones, de confabulaciones, boicot y todo ese clima propicio al golpe, del cual es posible hacerse una memoria vectorial. Aún entre tanta ignorancia.

 

Por eso, bajo estos hechos presentados así, en general, sobre la sospecha y el rumor, cabe preguntarnos ¿Quién manda en Chile? ¿La soberanía del pueblo, ejercida por medio de la elección democrática en el marco de una tradición republicana, o los grupos de poder nacionales e internacionales, confabulados entre sí oscuramente? Saltan a la vista las consecuencias de que dicho poder no se encuentre en nuestro nicho nacional; ayer: por lo que se verá; hoy: aun más versatilizado.

Entre un Estado organizado de acuerdo a los principios racionales del derecho positivo, legitimado interna e internacionalmente por un sistema de relaciones delimitadas y sujetas a penalización; y, la panoplia de fuerzas fácticas capaces de forzar, distorsionar y también determinar el curso político de una Nación, o un grupo de ellas: ¿Quién puede más?

Es de suyo un problema de jerarquía, de poder. Quizás el más alto problema político. El Estado chileno ¿soberano o intervenido? Esto, aunque la respuesta nos asalte con estruendo, merece una explicación.

 

 

III

 

• Algunos antecedentes a considerar

 

En el mes de junio del año 1998 y durante abril de 1999, a petición de muchas organizaciones internacionales y nacionales, y basándose en el Acta de Libertad de Información (Freedom Of Information Act, FOIA) además de otros estatutos federales que regulan la desclasificación y liberación de documentación histórica, el gobierno de los Estados Unidos entregó “nuevos” antecedentes e informaciones secretas acerca de las diversas actividades que dicho gobierno y en especial su Agencia Central de Inteligencia (CIA) habían desplegado en Chile durante la década de los sesenta y de los setenta.

Si bien nos es lícito abrigar esperanzas respecto de estas últimas “liberaciones” de información, es decir, en el sentido de que en su contenido se podría encontrar alguna verdad aún desconocida, o una tesis definitoria que pueda escandalizar a más de alguno y aportar a la claridad de nuestra historia, la mayor parte de la historia de estas decisiones y acciones de intervención norteamericana en Chile ha sido ya establecida con mucha anterioridad, aunque no difundida debidamente, de acuerdo al calibre de las consecuencias que de ello puede colegirse[2]. En efecto, para quien conoce la investigación de la comisión del Senado estadounidense presidida por el senador Frank Church sobre Acción Encubierta en Chile, o los papeles secretos de la ITT sobre Chile, o las mismas declaraciones de Henry Kissinger o el mismo Richard Nixon al corriente de los hechos, no hay muchas novedades en los documentos secretos de la CIA recién liberados por el gobierno norteamericano, excepto para el caso de determinar específicas responsabilidades penales; esta publicación realizada con aspavientos por dicho gobierno es quizá tan solo un gesto irrelevante, orientado a confundir y a dificultar sistemáticamente el acceso a los verdaderos y concretos acontecimientos, imponiendo su propio y sesgado criterio de verdad. Para respaldar esta última afirmación basta mencionar que de las 20.000 páginas liberadas, el 80 % de su texto viene tachado por barras negras, en especial en lo relativo a los nombres propios de agentes y otras informaciones claves. Por lo demás la información que se ha liberado corresponde a hechos establecidos anteriormente y por vías diversas como investigaciones periodísticas, estudios académicos, denuncias, agentes arrepentidos, memorias, etcétera; resulta incluso risible aunque no ridículo encontrar, dentro de la información liberada, testimonios en apariencia superficiales, como por ejemplo los encargados a algunos pasajeros norteamericanos que debían completar una monografía evaluativa de la situación chilena, si viajaban a Chile una vez de vuelta. Informes de gentes que, aunque sin ninguna experiencia, figuración ni conocimiento, resultaban funcionales a las redes de espionaje desplegadas.

 

Hoy los Estados Unidos siguen siendo cómplices de las responsabilidades que a esos tachados nombres, ausentes de las enunciaciones, corresponderían. Las que se escriben con sangre sobre su ausencia secreta.

Pero si la mayoría de las decisiones y acciones de esta intervención ya han sido determinadas estableciéndose culpas sobre los Estados Unidos, sobre los agentes locales, en especial la Empresa de publicaciones El Mercurio y su dueño el agente señor Agustín Edwards, comandos militares, en especial los agentes generales Viaux, Valenzuela, Arellano, almte. Carvajal, y otros, ¿qué puede tener de nuevo nuestro estudio? Creemos que si bien la trama general de maniobras y procedimientos de esta extensa intervención ya se ha determinado, no se ha convertido por ello en una materia de dominio público, no se discute sobre ellos, no son herramientas para el lenguaje de la historia y de la sinceridad[3]. Por eso el objetivo más general que se plantea esta investigación es convertir en vox populi todas aquellas decisiones, maniobras y procedimientos de subversión[4] que, como mal endémico, marcaron al gobierno del presidente Salvador Allende. La investigación, en ese sentido, entregará una serie de elementos pedagógicos para la formación de un juicio histórico tanto sobre el sentido y alcances de esta intervención como del carácter del proceso democrático abierto por el Frente Popular que desemboca en el triste septiembre chileno y que inaugura una nueva –aunque no tan nueva- realidad económico  política.

En particular, la investigación quiere ensayar la formación de un juicio “histórico” acerca de la responsabilidad que tanto al gobierno norteamericano como a los sectores derechistas, centristas y militares de Chile les caben en los acontecimientos que desembocan en septiembre de 1973. De este modo, se desprenderán dos reflexiones corolarias: una, sobre el desenvolvimiento del gobierno de la Unidad Popular y su final a la luz de la política de subversión emprendida por Estados Unidos; y, la otra, sobre la soberanía de un país confundido en su historia y conceptos. Con el desarrollo de estas ideas queremos entregar algunos elementos pedagógicos y claves para la formación de una memoria pública al tanto de lo sucedido, una memoria con herramientas que faciliten la formación de un juicio “histórico” respecto del gobierno del presidente Salvador Allende desde la mentada intervención. Conseguir dichos objetivos nos permitirá establecer la conexión entre estos sucesos y los que vendrían con la dictadura, hasta llegar al Chile de hoy, estableciendo una línea comprensiva que haga posible hurgar en una genealogía de las fuerzas dispuestas. Es una investigación que tiene que realizarse, puesto que además de ser un problema de memoria histórica, creemos que el público chileno espera esa información, está curioso y expectante.

La apuesta por desnudar radicalmente el carácter gatopardista de la transición chilena, es decir, donde cambia la testa para que el sistema de dominación desplegado se mantenga incólume, ha sido tratada por Tomás Moulián en su ensayo muy difundido, llamado Chile Actual: Anatomía de un Mito, de 1997. Este trabajo estuvo en el tope de las ventas durante más de un año, lo cual en sí constituye un síntoma de la nueva curiosidad de los chilenos, más si consideramos lo que dice. Este libro trató, de manera llana y directa, más desde el sentido de la apuesta que de la obra docta, de mostrar un importante vector o línea de fuerza que nace durante la dictadura y que permanece como su mayor obra durante la extensa transición de la Concertación y que llevaría por lo menos hasta el 2005 con Ricardo Lagos E.: La inserción de Chile dentro de los procesos de capitalismo global gobernado por la ley de las transnacionales, que lleva al Estado chileno, convertido en un agente ad hoc con escasa facultades de fiscalización, vinculado a la privatización del patrimonio, el incentivo a la producción y al capital, la seguridad pública, a quedar con las manos atadas para lograr los objetivos asistenciales que demanda una parte creciente de población empobrecida hasta la miseria por estas medidas, aún bajo un marco democrático transicional. Incapaz y ya no responsable de esa población instaura el dominio de facto de la exclusión, el dominio de la desesperanza.

El dispositivo transformismo es para Moulián una guía del acrecentamiento de estas medidas y también de sus sucesivas consecuencias. Pero también es una guía del miedo y del terror totalitario de la dictadura chilena. En este aspecto tan dramático del proceso de instauración de las nuevas reglas de mercado, el miedo generado, el terror criminal sin fronteras era no tanto una manifestación pasional del poder como una instancia programada, calculada, de reforzar en el campo de la represión el cambio decisivo que la dictadura estaba forjando. De tal manera este transformismo permite trazar esa línea maquiavélica que une y vincula al régimen del terror con el régimen de mercado y con la democracia de mercado en un mismo vector, bajo una misma voluntad, la voluntad de la permanencia de los cambios impuestos. Cambios a todas luces perjudiciales para la población -y también para el medio. Indican que, en su permanencia condenatoria está inscrita la responsabilidad común de sus autores: los creadores del diseño económico no menos que el funcionario de la DINA, los autores de la constitución del '80 no menos que los que acordaron, con secuaces y cómplices, condenar por el espíritu del consenso, a un país a una transición inacabable, a una democracia tutelada, amarrada y regida por el principio privatizador, represivo y excluyente del miedo. El primer momento marcado por la represión aterrorizante, queda signado en Moulián como el ‘dispositivo terror’, el último con el blanqueo de ese pasado mediante la aceptación de la constitución del '80 como modelo institucional de una democracia procedimental secuestrada por reglas económicas y políticas tan antidemocráticas que mantienen sistemas electorales excluyentes.

Moulián, ateniéndose a la flexibilidad que da el ensayo como género literario se permite asumir un discurso metasociológico que da sustento a un modelo de investigación flexible, aquí comienzan algunos problemas respecto de la forma del texto y de algunas promesas que deja en el tintero: las que en todo caso para nosotros resultan un pivote por ausencia. En cualquier caso, Moulián comienza "poniéndose el parche antes de la herida"(p.7) en su prólogo. Asumiendo haber realizado un trabajo demasiado ensayístico hace las paces con quienes se quejen por su falta de rigidez científica: él prefiere "enfrentar los peligros del exceso retórico antes que el vacío de la pulcritud, las ambigüedades antes que el helado rigor de un saber redondo."(p.11) Por el contrario la verdad es que el ensayo resulta bastante preciso y restringido a los hechos, cumple el objetivo de la comprensión en el sentido weberiano de la sociología comprensiva (verstehende Soziologie, gran proyecto sociológico de Max Weber) y en general es un buen libro respecto del proceso chileno. Pero en medio de tanta promesa de arqueología, de genealogía a lo Foucault-Deleuze, paradojalmente es posible que el ensayo de Moulián quede corto de este recurso poético, un diferencial de capacidad expresiva quizás, del que no lo podemos culpar. En realidad lo que tiene de reflexión filosófica, de método tan solo se encuentra al comienzo de la obra y al final. El resto es un análisis claro, informado, donde abundan los datos politológicos, sociológicos e históricos. Sin embargo esa introducción, con toda su promesa de novedad en el lente, en la pluma y en la factura del texto, así tanto como lo actual del problema, hicieron que las esperanzas de esclarecimiento de lo que sucedió en esa historia, desde un punto de vista genealógico, indicaran, para nosotros, una fuerza o un cúmulo de ellas no mencionadas por el autor. La genealogía de Moulián, la que va en busca de los orígenes íntimos del Chile actual, no llega a ese espacio de significación al que nosotros apuntamos. En los ‘orígenes’ de Moulián faltan aquellas fuerzas incidentes, que al nivel hemisférico marcaron época, tanto por su violencia como por los cambios decisivos que impusieron, falta la mención explícita del inmenso papel bélico que jugaron los norteamericanos en el proceso chileno.

 

Siguiendo esta inquietud hemos llegado, a partir de la pregunta genealógica por la historia de Chile, a establecer un origen específico, ligado a la jerarquía y a la unicidad de la fuerza y del vector del que forma parte el transformismo, la represión y el blanqueo. Remontando responsabilidades querríamos mostrar los otros dispositivos que actuaron para crear las circunstancias propicias del proceso transformista chileno, reuniéndose en este gesto, ‘solidariamente’ las culpas de la intervención norteamericana, con las culpas de la actualidad.

Es así que nuestra investigación no se concentra en el período de la dictadura propiamente tal. Esta lleva a cabo el rastreo de múltiples elementos que ahora, a posteriori, es posible unificar como vector, como línea de fuerza o sangría que abonó el suelo para la cosecha del llamado transformismo. Constituyen datos fiables no precisamente para una mayoría de la población. Sin embargo, la ignorancia y la negación de los hechos criminales probados por la comisión Rettig[5] y corroborados por personalidades como el presidente de la República; ignorancia y negación de crímenes contra la humanidad, pero también ignorancia y negación de delitos contra la soberanía, manifestada por los partidarios de Augusto Pinochet, los que, sin embargo han ido progresivamente cediendo en el problema de las violaciones a los Derechos Humanos, de los Detenidos Desaparecidos, de los crímenes de lesa humanidad, hasta aceptar su existencia[6], permitir la creación de una “mesa de diálogo”, contemplar la posibilidad de juzgar a Pinochet en Chile y finalmente desvincular a Pinochet de la imagen de la nueva derecha en la plataforma electoral de Joaquín Lavín 1999-2000. Esa ignorancia y negación está siendo puesta a prueba más aún, por la nueva curiosidad del público chileno, curiosidad por su historia, por completar la memoria y tener una palabra de claridad para explicar y para comprender ese pasado común.

Como se verá, el conocimiento o desconocimiento de estos crímenes y delitos son parte del contenido mismo del conflicto político en Chile[7].

        

Ahora bien, en este campo, -el de saber o de no saber lo que sucede, lo que sucedió- funcionan específicas fórmulas relativas a la creación de una verdad y ocultamiento de otras. La posibilidad política del uso de la información para enmarcar a la población en un cierto margen de certezas, en un sentido común llevadero, en fin enmarcada desde patrones de des-información sistemática encuentra aquí su tiempo, como moldeadora de verdades para la población durante la dictadura. Contra esta maquinaria performante que actúa con todo el aparataje de un Estado totalitario debe luchar y establecer su verdad: lo acallado, el lugar del silencio forzoso de los derrotados, cuya voz difusa se escucha poco, solo en lugares ocultos, nunca en público. Multiplicando los rumores, entre falsos y verdaderos, respecto de esos hechos secretos, hasta un punto de no vuelta atrás, en que sea imposible para la verdad imponerse ante las ‘verdades’ fácticas, ante la industria propagandística y sus burdas y trágicas consecuencias deseadas de confusión y más miedo.

Informar de acuerdo a las normas del poder autoritario equivale a crear verdad, como regla de un discurso efectivo para aquella parte de la población que se identifica con el régimen, y no solo para ellos. Con todos los medios controlados, es casi imposible saber lo que no quiere ser dicho, lo que el régimen no quiere que se diga, imperando con ello la ley del secreto y la difamación contra el enemigo. Ya desde antes de la dictadura, desde esas primeras campañas de publicidad negra, que se remontan por lo menos a los tiempos de Gabriel González Videla, cuando se infundían temores (con efectos positivos) en la población acerca del ‘rojo’, acerca de su intrínseco peligro y malignidad.

Objetivo de esta desinformación era (y es) confundir la perspectiva, incitar a los actores, desencadenar los acontecimientos en términos de la máxima utilidad táctica[8]. "Usando intensivamente toda clase de recursos para la divulgación de absurdos embustes, ha generado estados de opinión que no descansan en el objetivo análisis de procesos e ideologías, sino en verdaderas psicosis de angustia y de reacciones irracionales o histéricas -análogas a las que existen en los Estados Unidos- frente a los partidos y a las ideologías populares, sobre todo frente al socialismo. Los pueblos de América Latina reciben día tras día torrentes de propaganda que tienden a deformar su espíritu, a aletargar su capacidad de crítica"[9].

Recordemos que el objetivo de infundir terror psicológico a partir de la propaganda negra, poniendo en circulación información falsa acerca del partido comunista, de los movimientos de liberación nacional y de izquierda en general, y toda aquella constante política de atemorización contra el peligro rojo tiene antecedentes en informes de inteligencia norteamericana ya en el año 1945[10]. "Tal propaganda, sencilla, pero insistente, maneja los mismos razonamientos en todas partes"[11]. Como contenido de una estrategia comunicacional mundial.

 

Ya que los datos, sin duda alguna, de estas innumerables intervenciones contra los intereses y valores independientes y soberanos del Estado nación chileno son de un valor inconfesable, dignos de olvido para esos mismos grupos de poder (y otros más que se han consolidado y algunos re-consolidado), la información y su uso dan una posibilidad política; pues lo inmediato que queremos es, sí, hacer resaltar el carácter genérico de crimen, de delito, que implica intervenir contra un Estado soberano; que implica entregar un terreno para ser intervenido por una potencia a todas luces imperialista; que implica transformarse en medios, en agentes locales de esa intervención, encubiertos y semiencubiertos, negando la posibilidad de una acción política, económica y social, de un curso independiente al que todo Estado aspira[12]. Crimen y delito es el aceptar, co-optar disposiciones manadas desde organizaciones, agencias o grupos de decisiones que no pertenecen al país; de aliarse con estos intereses externos en contra de los intereses nacionales, contra los deseos y dictados dados en los soberanos fueros públicos, en las atribuciones presidenciales, en las gestiones parlamentarias -y en el sistema democrático en general. Haciendo posible la ruptura, un quiebre en la vida política a partir de un clima de caos creado artificialmente desde el exterior -bloqueo económico[13] a todo el Estado con excepción de ciertas instituciones y agentes- y desde directrices que rigen no sólo en la oposición de la derecha nacional, sino también con sujetos económicos, militares, eclesiásticos, académicos, tanto abiertos como encubiertos (creación de un clima de miedo, de confrontación[14], escasez de productos básicos, etc.).

Estos actores locales resultan verdaderos agentes de un bloque de poder opuesto, cursores de sus designios, coautores de las fechorías contra las decisiones tomadas en Chile, cuando estas iban contra los intereses del capital internacional[15]. Coautores de programas conjuntos de represión, como la operación Cóndor, en donde se pone en ejercicio efectivo el singular método para actuar contra el enemigo anatemizado como comunista (gracias a un arreglo semántico). A nivel mundial mediante la guerra sucia con sus doctrinas de seguridad nacional, de contrainsurgencia, su concepto de guerra interna, sus preceptos higienistas de limpieza social que traían aparejado la tortura, la desaparición y otras técnicas aprendidas ex catedra.

        

Como parte del conflicto político, el estudio se plantea polémico. La materia sigue considerándose lo indecible. Hablar, acusar aquello que se tiene por olvidado, que se tiene enterrado, que no se nombra; aquello que yace entre fuentes varias y muchas veces erráticas; insistir en eso es reanudar en la actualidad una lucha por establecer la verdad de los vectores de fuerza, de las trayectorias políticas y públicas, de los juegos encubiertos. Todo aquel material, toda aquella información es potencialmente inflamable (existe como inmediatez en la memoria desde que ésta está traumada, es decir, siempre disponible para mostrarse patológica), puede ser orientada en dicha dirección: activar una opción política, desatar el nudo. Más allá del juzgamiento de personajes militares por sus crímenes inmediatos sobre cuerpos, existe otra gran culpa radicada en las características del vector que mostraremos.

 

Esta es una investigación política, social, y también pretende ser el juzgamiento de una trayectoria, de un vector, cual es el que identificamos como la intervención norteamericana en Chile, con las clases dominantes chilenas, y el daño final ejecutado por la Junta Militar y sus socios concertados sobre la convivencia y la tradición política chilena, sobre su soberanía, sobre cuerpos, y sobre la verdad misma.

 

I.- ANTECEDENTES DE LA HEGEMONÍA DE EEUU SOBRE AMÉRICA LATINA ANTES DE 1945

 

 

“Cuando el presidente de Estados Unidos James Monroe formuló esa primera

 doctrina global de su país, América para los americanos un chileno que comerciaba en los

puertos  del Pacífico escribió a un amigo, “Sí, pero hay que tener

 mucho cuidado: para los americanos del norte los únicos americanos son ellos mismos“.

Ese chileno se llamaba Diego Portales.“

 

Armando Uribe[16]

 

 

Una mirada estratégica, expansiva y hegemónica sobre Latinoamérica de parte de Estados Unidos ya existía en el siglo XVIII. De hecho podemos remontarnos a los primeros días de la independencia de ese país, mostrando opiniones de un marcado corte expansionista. Así en 1754, tres décadas antes de la declaración de independencia norteamericana, Benjamín Franklin definía al “padre de su nación” como el hombre que “desplaza a los indígenas para dar espacio a su propio pueblo”. En 1776 George Washington como buen padre envió una campaña militar de exterminio contra los iroqueses, un pueblo avanzado cuyos despojos podían verse merodear sin techo ni abrigo, a la deriva de su país arrebatado. En 1786, Thomas Jefferson describió “nuestra confederación” como “el nido, desde el cual, toda América, norte y sur, va a ser poblada”[17], indicando con ello el objetivo que sentaría las bases de una nueva doctrina, la doctrina Monroe. Semejantes antecedentes no debieran ser olvidados en el desarrollo de una mirada, por superficial o rudimentaria que ésta fuera, sobre este expansionismo.

James Monroe, presidente estadounidense entre 1817 y 1825, estableció el criterio por el cual dicho país se atribuyó por vez primera y de manera explícita el papel de garante de la independencia de toda América, proyectando para el continente una senda de relación conjunta, de “armonía natural”, excluyendo cualquier intervención extra continental. De hecho, la declaración se condensaba en la frase “América para los americanos”.

Los antecedentes inmediatos que justificaron esta declaración célebre de “América para los americanos” del 2 de diciembre de 1823 ante el Congreso norteamericano, fueron: “1) Las pretensiones invasoras no manifestadas por el gobierno de Rusia en la costa NorOeste del continente americano, y 2) los propósitos o conatos de la llamada Santa Alianza en Europa, de intervenir en América, con el fin de reducir de nuevo a la obediencia de su antigua metrópoli –España- a las colonias sublevadas”[18]. A partir de esta declaración y bajo estos objetivos se creaba el piso para un nuevo curso de acción de parte de la nación del norte respecto al resto de América.

 

Desde una postura complaciente, pasiva, desinformada, la frase –slogan ya-; ‘America para los americanos’ para nosotros, para ese espectro diferencial que se reconoce como tal, incluso para los canadienses, se presta a engaños. Desde el comienzo, ¿debiéramos considerar esta declaración como bien intencionada, que vela por la independencia de los países de América contra cualquier intervención proveniente de las potencias coloniales, esto es de Inglaterra, de Francia, de España?. Contra interpretaciones ingenuas y definiendo una línea citamos la frase de Simón Bolívar sobre los Estados Unidos, en la que los define como: “destinados a acosar y a atormentar al continente en nombre de la libertad”[19], o con nuestro encabezado hurtado a Armando Uribe, en la que Diego Portales aleja dudas sobre la definición que los norteamericanos dan al gentilicio americano, a saber: americano es aquel que pertenece a la confederación de los Estados Unidos de América, más exclusivamente a sus ciudadanos.

En esta declaración, y tal como lo plantean Bolívar y Portales, la definición tautológica y unilateral de América y americanos, y su conjugación maniquea del concepto de libertad hacia el economicismo, en que su principal facultad libertaria es la de comprar y vender, abrir mercados, apoderárselos   -es decir la misma libertad como es definida hoy por los neoliberales-; esta declaración, decimos, ilustra de antemano, en sus propios términos, el interés por contar con los recursos que el resto de América poseía y posee, no para engrandecer los pueblos del continente, puesto que “para los americanos del norte los únicos americanos son ellos mismos”, sino para explotar sin límite a sus gentes, a sus tierras, a sus riquezas, para dominar y explotar.

Contando con la no intervención de las potencias europeas, los Estados Unidos quedaron en una situación privilegiada para dar inicio al juego expansivo del que somos consecuencia, quiérase o no. Listos para imponer su propia voluntad en el hemisferio, sin límites en su expansionismo y en su disposición a la posesión del continente: se permite la intervención de todo tipo en los asuntos del resto del continente, único Estado autorizado a intervenir.

Así quedará patentado en la historia con violentas campañas de conquista, en México en 1823, en 1840 y en 1853; campañas de matonaje en Nicaragua en 1855; acciones violentas en Paraguay en 1858; invasiones en Cuba desde 1899 a 1902, desde 1906 a 1909 y desde 1917 a 1922; invasión y apropiación de Puerto Rico en 1898; secesión de Panamá a Colombia mediante una invasión naval en 1898; invasión de República Dominicana e instauración de protectorados en 1904 y entre 1915 y 1926; invasiones y entronización de títeres dictatoriales en Haití entre 1915 y 1934[20], y los sucesivos hechos a la luz de lo que será la “guerra fría”[21]. Conforme transcurre el siglo XIX esta doctrina irá siendo hábilmente manejada, justificada y complementada, encontrando en los sucesivos presidentes norteamericanos y sus asesores voces siempre claras respecto de sus objetivos expansionistas, con corolarios de mayor o menor violencia.

Desde los tiempos de la formulación de la Doctrina Monroe en marzo de 1823, se ha establecido un “destino manifiesto” de parte de los Estados Unidos hacia América Latina, luego al resto del mundo.

Este destino manifiesto comienza con los primeros movimientos de expansión territorial, primero a costa de los indios, mediante campañas contra pueblos originarios de América y cuya sublimidad impresionaron en 1831 a Alexis de Tocqueville, por la manera en que los exterminaban “con gozo singular, tranquila, legalmente..... Era imposible, observó, destruir a todo un pueblo, con más respeto por las leyes de la humanidad”[22]. Ese era el criterio genocida para el americano no americano. Luego, hacia 1827 comienza la campaña de anexión de la tierra mejicana, de los inmensos territorios norteños, al igual que en el Caribe, donde también se sentirá el largo brazo de sus intereses y Centro América arderá a manos de filibusteros y conquistadores corporativos. La historia de estas usurpaciones continuaría en el siglo XX: Cuba convertida en un protectorado, Puerto Rico en una colonia, Panamá usurpada a Colombia con once buques de guerra y tropas para construir el necesario y mortífero Canal de Panamá, invasiones, intervenciones, gobernantes impuestos, plutocracias disfrazadas de democracias, negocios oscuros, jugosos remanentes, financieras dueñas de estados, estados financistas de financieras, y en fin pueblos trabajadores sometidos por esta torsión de avaricia. Todas estas acciones violatorias resultan ser una casuística de dicho “destino manifiesto” instalado como doctrina Monroe.

Theodore Roosevelt reforzó el compromiso establecido en la doctrina Monroe, puesto que cauteló la estabilidad de las repúblicas americanas supuestamente amenazadas de ser intervenidas por potencias europeas si no cumplían con sus débitos. En 1902 Alemania quiso forzar a Venezuela al pago de ciertos deberes adeudados. La situación, que quería tornarse más compleja, fue resuelta con la mediación de T. Roosevelt. Luego en 1904 se produjo la intervención de República Dominicana bajo el pretexto de temer una violenta intervención europea por deudas que ese país mantenía con el exterior. En su declaración anual al congreso Roosevelt declaró: “Un mal comportamiento crónico o una debilidad que dé por resultado el alejamiento de los lazos de una sociedad civilizada pueden acabar exigiendo, en América como en cualquier parte del mundo, la intervención de una nación civilizada.” El alejamiento de esta norma puede llevar a “los Estados Unidos, aunque contra su voluntad, a ejercer una función de policía internacional”[23]. Esta renovada fuerza dada a la doctrina Monroe es lo que se conoce como el corolario Roosevelt, quien lo resumía en el siguiente aforismo diplomático: “habla suavemente y lleva un gran garrote”. Dedicada a sentar seguridades políticas y económicas en el territorio del sur del Río Bravo y el Caribe, fue realmente eficaz: “A partir del corolario Roosevelt, América Latina quedó incluida estrictamente dentro de la zona de influencia –quizás sería apropiado, incluso, hablar de zona de dominación- de los Estados Unidos.”[24]

Con Woodrow Wilson, siguiente corolario de importancia, la opción por la violencia policial dio paso a una nueva aplicación que ampliaba dicha medida de protección contra las potencias en el ámbito de la circulación financiera: “Wilson formuló una ‘declaración’ que aplicaba la doctrina Monroe a ‘los financieros y contratistas europeos’ ”[25]. Es decir: que los agentes extra continentales debían ver bloqueado su acceso al comercio en las zonas que los Estados Unidos consideran propias. Estas posturas agresivas que habían logrado instalar la supremacía norteamericana en el continente, tal como lo contemplaba el ‘destino manifiesto’ de la doctrina Monroe, durarán, al menos conceptualmente, hasta la autocrítica que derivó en la política del “buen vecino” de J. Edgar Hoover y Franklin Delano Roosevelt la que, sin embargo, “perpetuó el intervencionismo en América Central y recrudeció el sistema mucho más allá de lo que Theodore Roosevelt y Woodrow Wilson hubiesen podido imaginar”.[26]

El ‘buen vecino’ muestra la manera en que se disfraza una actitud que en el fondo no varía de su definición original, en palabras de  Robert Lansing secretario de Estado de Wilson, resumiendo el carácter de la doctrina Monroe: “..simple egoísmo, el autor de la doctrina no tenía ningún otro móvil más elevado o generoso en su declaración.”[27]

 

“Objetivamente, hacia 1930, el imperialismo norteamericano había afianzado completamente su hegemonía en el hemisferio; una preponderancia construida a base de penetración económica profunda, intervenciones armadas y abiertas presiones políticas, aparecía dotada de inquebrantable solidez”. A su vez por esos años también se estaba afianzando una postura crecientemente anti-norteamericana en los pueblos de América Latina: “Los factores condicionantes de esta nueva y promisoria actitud fueron las renovadas y violentas contradicciones que comenzaban a manifestarse con redoblada energía en el campo imperialista; los graves efectos de la crisis económica mundial y sus perturbadoras repercusiones en América Latina.“ Estas manifestaciones eclosionaron dando origen a un nuevo paisaje en el ámbito de las relaciones interamericanas manifestadas en la VII Conferencia Panamericana de Montevideo en 1933: las posturas de la República del Salvador, Uruguay, Colombia y México, originaron una cierta doctrina colectiva que permitiría a cada país del continente un nivel autónomo de acción, rechazando la injerencia extranjera y  sindicando a la doctrina Monroe como un mal precedente ‘inconveniente e inaplicable’[28].

Sin embargo, como consecuencia de esta animadversión que estaba tomando forma y vuelo, surge, como acabamos de mencionar, la política de la “buena vecindad”, lanzada por el presidente F. D. Roosevelt: “Dedicaré esta nación a la política del buen vecino –del vecino que resueltamente se respeta a sí mismo y, porque hace esto, respeta los derechos del otro- el vecino que respeta sus obligaciones y respeta la santidad de los acuerdos en y con un mundo de vecinos”[29]. Por primera vez se habló en la Casa Blanca de un reconocimiento a la libre determinación política de los pueblos latinoamericanos.

En realidad el cambio planteado en la doctrina de F. D. Roosevelt es el consentimiento para las repúblicas latinoamericanas tan solo en cuestiones de segundo rango, más bien simbólicas; su rechazo del intervencionismo es tan solo teórico, puesto que se trata de hacer más sutiles los procedimientos, respaldándolos con apariencias formales. El hecho es que no resultó más que una piel de oveja, para un mismo lobo:

“En resumen: con nuevos procedimientos, empleando nuevos métodos, el imperialismo se proponía realizar dos órdenes de propósitos íntimamente ligados entre sí:

[1]. Proteger la hegemonía ya detentada en el continente, atribuyéndole un carácter paternalista, benefactor, amistoso, comprensivo;

2. Trazar líneas estratégicas de más largo alcance que hicieran perdurable esa hegemonía y la pusieran a cubierto de las contingencias de cualquier orden -algunas de las cuales ya se insinuaban claramente- que pudieran presentarse en el futuro.”[30]

De hecho podemos leer en las “Instrucciones a la delegación norteamericana ante la conferencia de Montevideo, 10 de noviembre de 1933” que “no hay nada en la Doctrina Monroe que sea opuesto a la cooperación panamericana”[31]. Con esto se establecía el patrón de valoración histórica y diplomática de dicha doctrina. Ante las críticas que venían de los países latinoamericanos, ante los reclamos por la violación constante de su soberanía, y demás tratos arbitrarios, la doctrina Monroe podía dar un marco de comprensión estratégica de esta situación a los estadounidenses: así lo explicaba el secretario del Interior de Wilson, Taft, a Robert Lansing, secretario de Estado: “hay unos niños desobedientes que están ejerciendo todos los privilegios y derechos de los adultos”, necesitan una “mano rígida”.. Y Lansing sabía a qué se refería. En un pasaje explica objetivamente la posición de sus intereses imperiales: “En su defensa de la doctrina Monroe los Estados Unidos consideran sus propios intereses. La integridad de otras naciones es un incidente, no un fin.”[32]

Se deja ver que no hay mayor cambio en la política estadounidense sobre América Latina: la política de la ‘buena vecindad’ con todas sus retóricas reconciliadoras no se desliga de esa tradición imperial. Solo un engaño retórico, útil si de ganar tiempo y olvidar el pasado se trata. “En la época en que se anunció oficialmente la política de la ‘buena vecindad’, Nicaragua estaba eficazmente controlada por el más importante de los guardianes del orden doméstico, la Guardia Nacional de Somoza, al tiempo que la dictadura de Trujillo gobernaba en la República Dominicana por mediación de la Guardia Nacional, establecidas ambas como resultado de la intervención estadounidense... La administración Roosevelt confió en la amenaza de la fuerza para instaurar la dictadura de Fulgencio Batista en Cuba, cuando temió que los intereses de los Estados Unidos pudieran ser amenazados por el gobierno civil del doctor Ramón Grau San Martín.”[33]

 

A su vez, sin embargo, F. D. Roosevelt en el campo de la política interior estaba sentando un precedente con la instauración del nuevo trato (New Deal), que impulsó políticas populistas destinadas a favorecer a las clases trabajadoras obedeciendo las nuevas reglas económicas de Keynes para el capitalismo, en medio del caos y la miseria dejados por la crisis financiera mundial de 1929-30. Medidas reformistas, como las que se estaban tomando en Estados Unidos aplacaban la sólida disposición de la política exterior de ese país sobre el hemisferio, permitiendo pequeñas brechas como la abierta en materia interamericana, durante la conferencia de Montevideo de 1933.

En Chile, el Frente Popular, que había ganado las elecciones en 1938 con Pedro Aguirre Cerda del partido Radical, contando con la participación del partido Socialista y Comunista, encontró, se puede decir, un respaldo ejemplificador en el New Deal y resto de las políticas que de alguna u otra manera estaban orientadas por la nueva teoría de Keynes[34] para la implantación de políticas de bienestar orientadas a las clases menos favorecidas, como acicate a la producción y el consumo; medidas como la creación de la Corporación de Fomento a la Producción, comprometidas con la industrialización nacional, la sustitución de importaciones y el aprovechamiento de las materias primas como bienes nacionales. Para esos desarrollos tanto la buena vecindad (Good Neighbor) como el nuevo trato se declaraban al menos en teoría, dispuestos a respetar la libre determinación de las naciones del continente americano. Incluso se pudo ver a un Estados Unidos pasivo ante la expropiación petrolera de Lázaro Cárdenas en Méjico en 1938. “Estados Unidos reaccionó con moderación y cautela mirando el desarrollo de sus intereses globales y privilegiando la necesidad de crear condiciones de confianza y legitimidad para sus enfoques en la opinión pública latinoamericana que le permitieran más adelante disponer de su apoyo en enfrentamientos más decisivos con las potencias del eje”[35]. Respuesta que explicaría dicha buena vecindad, que permitiría al menos en Chile, un gobierno centro-izquierdista.

Pronto las trompetas de la guerra traerían nuevas necesidades a los estrategas, generando empleo y riqueza a la industria bélica, de la cual América latina resultaba un proveedor indispensable.

Durante la Segunda Guerra Mundial, en 1942, se creó en Washington la Junta Interamericana de Defensa (JID), incorporando a 23 países del continente. También en Río hubo una reunión de Cancilleres americanos en la que los Estados Unidos planteó la exigencia al resto de las naciones del hemisferio de romper sus relaciones con las potencias del Eje: Alemania, Italia y Japón. Moción de la que solo Chile se abstuvo.

En aquel año Chile todavía exigía a Washington compensaciones, como el aumento del precio de compra de materias estratégicas (Cobre, Nitrato); como la garantía de la continuidad de las compras una vez terminada la guerra; o como que tropas chilenas no fuesen llevadas a morir fuera de su país. No obstante la asunción de la baja de precios a las exportaciones por parte de Chile, Washington exigió más cooperación política sin ofrecer compensaciones de ningún tipo. Fallecido Pedro Aguirre Cerda en el año 1941, fue electo en 1942 Juan Antonio Ríos, del ala derecha de partido Radical, quién fue el primero en abrir políticamente el país a la influencia norteamericana. En enero de 1943 J. A. Ríos cedió a las exigencias norteamericanas rompiendo relaciones con el Eje[36], y aceptando subvencionar a Estados Unidos la compra de cobre y nitrato chileno a un precio ínfimo de 48 centavos de dólar la libra, sin lograr de Estados Unidos contrapartida ni compensación alguna, subvencionando con ello al país del norte entre 1943 y 1945 con una suma de aproximadamente unos 500 millones de dólares[37]. Este es su primer gran paso, enajenando la capacidad económica nacional en el megamercado del cobre, mercado del que eran importantes accionistas y dueños.

         Pronto estas presiones se harían más fuertes, nuevas exigencias aparecerían, esta vez en el campo de la política y del alineamiento militar del hemisferio en torno al líder de la coalición de Guerra Fría.

 

Continua Cap.2.