Coordenadas es un resumen novedoso y un análisis de fondo de noticias y eventos claves en el ámbito económico-financiero mundial; es una recopilación balanceada de las más reputadas y diversas fuentes de información, tales como Le Monde, El País, The New York Times, The Financial Times, The Wall Street Journal, The Economist, Global Finance, Al Jazzeera, BBC, Reuters y Der Spiegel, entre otros. ![]() EL MISTERIO DEL BANCO STANFORDEl 17 de febrero de 2009, la SEC (Securities and Exchange Commission) de los
Estados Unidos, acusó ante el Tribunal de Distrito en Dallas, Texas, a Allen
Stanford, sus asociados y sus bancos de estafar a sus inversionistas
mediante el esquema Ponzi. Ese mismo día, el referido Tribunal designó un
Síndico (Receiver, en inglés) para que se encargara de investigar y determinar
la existencia de los activos en manos de Stanford y se los reintegrara a los
inversionistas. El Síndico designado, Ralph Janvey, abogado de Dallas,
ordenó de inmediato la congelación de todas las cuentas y movimientos de las
instituciones del Grupo Stanford, así como el despido de todos los empleados de
la organización. Dos días
después, el Alto Tribunal (una suerte de Corte
Suprema) de Antigua y Barbuda, el 19 de febrero de 2009, copió las
acciones de su colega norteamericano, designando sus propios Síndicos,
Nigel Hamilton-Smith y Peter Wastell, de la firma auditora Vantiss
Business
Recovery, filial de la misma en Londres, quienes procedieron a congelar
las operaciones del Stanford International Bank Ltd. y del Stanford
Trust Co.. Más adelante, el 19 de abril de 2009, la Alta Corte ordenó
la liquidación del SIBL,
mientras el Trust Co. se mantenía bajo el control de los Síndicos. Para la fecha del presente escrito, 04 de noviembre de 2009, a poco menos de un
año de la acción de la SEC,
la gran mayoría de inversionistas, particularmente latinoamericanos, se
mantiene en el más extenso de los limbos financieros que se conocen, pues la
solución del caso Stanford permanece en un misterio que no se aleja mucho en complejidad al de la Santísima Trinidad. Hasta el momento, los informes que consideramos más serios de cuantos recibimos, recogidos de la página del Síndico de Dallas: (http://www.stanfordfinancialreceivership.com/),
informa en su última edición que los inversionistas "podrían" llegar
a recuperar, cuando mucho, un veinte por ciento de su dinero, pues el resto ha
sido gastado en yates, casas de playa y otros "adminículos", además
del pago que debe hacerse a los síndicos y a sus ayudantes por el esfuerzo de
descubrir el lugar donde se encuentran los reales y las propiedades liquidable
de Stanford. Sin embargo, existen evidencias de que parte del misterio se
está aclarando, pues de la página referida en el párrafo anterior, encontramos
que el Síndico Janvey, el de Dallas, ya ha obtenido honorarios por 27 millones
de dólares por sus grandes sacrificios en la investigación y ha exigido se le
pague el 34% de los $81,1 millones que dice haber localizado que, según
nuestras cuentas, monta a un pago adicional de otros $27millones. Naturalmente, esos honorarios salen de los bolsillos de los
inversionistas, es decir, habrán de deducirse de lo que haya de reintegrarse a
los mismos, por cuya razón alguno de los comentaristas del caso creen que estos
reintegros no pasarán de un promedio de menos del 20% de lo invertido originalmente. Desde luego, todos estos cálculos son poco menos que conjeturas. Pero lo que es evidente es que aquí Stanford no ha sido el único que se ha aprovechado del dinero de los inversionistas. Hasta el 17 de febrero pasado, cada uno de los inversionistas recibió de Stanford el pago de los intereses correspondientes. Por
ello, consideramos difícil que ninguno de los inversionistas tenga
evidencias que presentar ante la justicia en contra de Stanford. Ese
problema queda totalmente en manos de los acusadores de la SEC et al. Por otra parte,
el asunto se enreda más por las divergencias
entre los síndicos de Dallas y los de Antigua, incluyendo los
tribunales, pues
cada uno de ellos exige que las inversiones del SIBL y del Stanford
Trust Co.,
incluyendo las realizadas en los Estados Unidos, caigan dentro de la
jurisdicción propia, creándose con ello una pelea que podría arrastrar
a los dos grandes: el Reino Unido y los propios Estados Unidos. Hasta
ahora, se cree que el asunto habrá de someterse al arbitraje
internacional para llegar a una decisión, pero lo más probable es que
ello
resulte en más gastos, pues, como vemos, éstos aumentan al compás del
tiempo
perdido y de las apetencias de los abogados. Además es posible que en
dicho
arbitraje tenga que involucrarse a los gobiernos de los países
latinoamericanos
y del Caribe, donde puedan estar ubicados los activos solicitados.
Naturalmente,
cada uno de los arbitradores querrá sus respectivas tajadas de la torta. Una tercera conjetura, la que más se acerca a la seriedad que amerita el caso, se concentra en la posibilidad de demandar masivamente a la SEC, al FINRA (Financial Industry Regulatory Agency), al DOJ (Department of Justice) y al propio Gobierno Federal de los Estados Unidos, por el hecho que cada una de estas instancias permitió y al hacerlo, se hizo cómplice tácito de la estafa cometida por una institución financiera estadounidense, debidamente registrada en dichas instancias, en perjuicio de más de 20 mil personas de América latina y durante más de quince años consecutivos, quienes confiaron sus ahorros a dicha institución, principalmente por el hecho que la misma es parte integrante de las finanzas bajo la potestad de la afamada justicia que se supone impera en la nación más poderosa del mundo: Los Estados Unidos de América. Para
cerrar, cabe tomar en cuenta que una demanda al gobierno norteamericano
tardaría más de un año en resolverse, según lo expone la Ley Tart de
dicho país (muy similar al castellano "torta", tanto en pronunciación
como en significado).
CONTINÚAN LAS
BANCARROTAS EN USA, SIN EMBARGO CON MEJORES POSIBILIDADES DE RECUPERACIÓN.
Como ilustración, debe tenerse en cuenta que el acogerse la
empresa al amparo del Capítulo 11 del Código de Bancarrotas de los Estados
Unidos, se le permite reorganizarse suspendiendo temporalmente, de acuerdo con
las disposiciones del tribunal de la causa, las demandas judiciales por pagos
de deudas. En otros términos, se le concede a la empresa una oportunidad para
su recuperación. Para el conocimiento de personas no familiarizadas con estos
procesos, añadiremos que el Capítulo 7 del mismo Código se ocupa de la eventual
liquidación de las empresas, mientras el Capítulo 13 otorga un período de
reorganización a personas, individualmente. Todo el proceso tendría una modalidad adicional, por
cuanto ya se habían recibido noticias de buenas fuentes, participando que la
crisis económica que hace un año sofocaba al mundo estaba tocando su final,
según anuncios hechos por el Secretario de la Tesorería de USA, Tim
Geithner, al igual que por Angela Merkel, la Cancillera alemana,
comentados en estas mismas páginas, en base a artículos del Washington
Financial Times, del 22 de abril pasado y por Der Spiegel, del 24 del mismo
mes. Es decir, que a pesar de todas esas noticias alegres, todavía persisten
los coletazos de la crisis. Como hemos dicho, el CIT, el cual se dedica a extender
préstamos a pequeños y medianos negocios, tales como tiendas de ropa,
franquicias del Dunkin' Donuts y talleres de reparación de automóviles, ha
solicitado entrar al estado de quiebra, después de fallar en obtener su
recuperación por medio de un plan de reestructuración de deudas. La entidad,
que ha cumplido un siglo de existencia, es apenas una novena parte del tamaño
del Lehman Brothers, con $71 mil millones en activos. Aún así su solicitud de
quiebra asoma un ejemplo para muchos pequeñas instituciones financieras
estadounidenses, cuyas opciones se contrajeron dramáticamente en lo que va de
año. Este tipo de empresas de servicios financieros tienen menos
oportunidad que las mayores de salir del estado de quiebra, por cuanto su
negocio depende casi exclusivamente de fideicomisos, los cuales tienden a
evaporarse en tales situaciones. Sin embargo, CIT ha mejorado su oportunidad al
obtener la aprobación de sus tenedores de bonos, para una solicitud unánime
ante el tribunal, reduciendo así su deuda en $10 mil millones, mientras permite
que sus subsidiarias continúen trabajando. En esta forma CIT tiene la esperanza
de emerger del estado de quiebra para el fin de año. Los tenedores de bonos convertirán su acreencia sobre el CIT
en deuda el 70% del valor original. Ellos incluyen un grupo de fondos de
rescate recibido el verano pasado, luego comprometieron $4,5 mil millones adicionales
mientras la empresa continuaba tambaleándose. Aún Goldman Sachs, la firma de
mejores relaciones en Wall Street, está recibiendo parte del coletazo.
Posiblemente para evitar una mala impresión del mundo financiero, la gran
empresa renegoció los términos de un préstamo que hubiera exigido un pago de un
mil millones si el CIT se desplomara. En esta forma Goldman ahora solo obtendrá
$535 millones, la mitad de ello en colaterales. Los mayores perdedores son, desde luego, los
accionistas, quienes habrán de ser eliminados como tales cuando los acreedores
se queden con las acciones ordinarias de la nueva empresa que se forme.
Igualmente habrán de perder sus valores los tenedores de acciones preferidas,
incluyendo los inocentes pagadores de impuestos, quienes suministraron $2,3 mil
millones al Programa de Ayuda a los Activos en Problema, en diciembre pasado.
Después de aplicar dicho programa, el gobierno de Obama rehusó inyectar más
capital en el CIT, o servir de colateral a nuevas emisiones de deudas, en base
a que el fracaso de la firma podría contribuir a desestabilizar el sistema
financiero. Esta última decisión fue causa de ciertas acusaciones en el
Congreso contra la Casa
Blanca, aludiendo a que ésta mostraba preferencias de apoyo
hacia los grandes bancos y sus clientes multinacionales que a los negocios y
actividades de Wall Street. La quiebra del CIT trataría de pasarse lo más
desapercibida posible, pero ello servirá de poco consuelo a los cientos de
pequeños y medianos negocios que siempre han dependido del crédito de la
empresa. A diferencia de las grandes empresas, para las cuales el mercado de
bonos se ha reabierto, los pequeños encuentran dificultades en obtener capital
de trabajo, aún cuando la demanda ha bajado bastante. Para tratar de mantener
el movimiento crediticio, la
Tesorería ha relajado un tanto las restricciones para el
acceso a los préstamos aprobados por la Administración de
los Pequeños Negocios, una agencia gubernamental creada a tales efectos. Sin
embargo todavía queda por verse si estas medidas tendrán los resultados que se
esperan, facilitando el acceso a los fondos públicos para los bancos
comunitarios. La
empresa espera se le permita mudar sus negocios más importantes al banco
subsidiario que tiene en Utah, donde la empresa puede apalancarse con depósitos
más baratos.
LA INDUSTRIA FINANCIERA PANAMEÑAPanamá ha gozado de un reciente florecimiento económico, impulsado por la afluencia de muchos capitales de riesgo y actuando como uno de los más importantes refugios bancarios del Caribe. Sin embargo, ya el país empieza a sufrir de las restricciones impuestas por las naciones desarrolladas, particularmente las europeas y los Estados Unidos, a la existencia de tales "refugios".
El Economista del
29 de octubre, titula su artículo sobre el problema panameño como "La
tarea incompleta de limpiar la reputación financiera del país", lo cual dice
bastante de la forma cómo el resto de los grandes países están enfocando la
situación panameña. Bajo la dictadura de Manuel Noriega en 1980, el mundo se
acostumbró a ver cómo salían y entraban en Panamá maletas repletas con dinero
obtenido del negocio de las drogas. Así que no causó mayor sorpresa cuando la Organización para el
Desarrollo y la Cooperación Económica
(OECD por sus siglas en inglés), un club de naciones ricas, incluyeron a Panamá
en su "lista gris" de países con muchas suspicacias en su relaciones
financieras internacionales. Ya meses atrás, países de bastante notoriedad en el campo
"gris" de los refugios financieros, como las Islas Cayman y
Liechenstein, se pasaron al "lado bueno", aceptando de no muy buena
gana las reformas exigidas por la
OECD para impedir las amenaza de sanciones por parte de los
grandes países. Panamá, en cambio, no ha cedido un ápice, manteniendo
férreamente y aún reforzando su reputación como el paraíso fiscal de la América Latina. Los líderes
políticos y de negocios del país insisten que su sistema financiero es un
parangón de integridad y que Panamá ha sido injustamente seleccionada por los
países ricos que han sufrido los efectos de la recesión mundial. "Los
Estados Unidos constituyen el paraíso financiero más grande del mundo", dice
Juan David Morgan, abogado, señalando como ejemplo las exenciones ofrecidas a
los extranjeros inversionistas. Pero ellos quieren mostrarnos como chivos
expiatorios por nuestra visibilidad y por cuanto tenemos el canal, que una vez
fue de ellos. La realidad es que Panamá se encuentra muy lejos de ser el
país al cual se le acusa. Sus bancos están estrictamente regulados. El abrir
una cuenta en un banco panameño requiere una semana de procedimientos
burocráticos, todo vigilado por una agencia oficial altamente respetada, la
cual está pendiente de las grandes cuentas, especialmente. El país se ubica en
cuarto lugar entre los treinta países encuestados por la "Financial Action
Task Force" (un organismo creado por el Grupo de los Siete Grandes),
vigilando el lavado de dinero. El gobierno mantiene una alta tasa impositiva a
los capitales locales, exceptuando las inversiones extranjeras. Sin embargo, Panamá no ha hecho progreso alguno en prevenir
la evasión de impuestos por parte de extranjeros que se refugian en el país. Para ello el
gobierno debe celebrar acuerdos con por lo menos 12 países, intercambiando
información sobre cuentas requeridas. El país se muestra renuente a firmar
estos acuerdos por cuanto ellos se refieren a ingresos obtenidos en el país. El
presidente, Ricardo Mantinelli, insiste que él firmará los acuerdos para
eliminar la doble imposición, los cuales permitirán el intercambio informativo
de cuentas y podrían atraer las inversiones extranjeras. A pesar de haber
enviado negociadores a Italia, Holanda, España y México, Martinelli no ha
recibido apoyo alguno, bajo la presunción que él está tratando de alargar el
tiempo lo más posible. Las leyes corporativas panameñas también son objeto del
escrutinio legal de los países del G7. En el país es posible la instalación de
una compañía en minutos, sin la obligación de pagar impuestos sobre sus
inversiones extranjeras y siendo admisible mantener el nombre de los
accionistas en la anonimia. Los panameños insisten que esta última práctica ha
estado vigente en varios países de la América. Esta política, sumada al secreto estricto sobre la identidad
de los cuenta - habientes, una economía dolarizada y facilidades extremas en
las actividades del transporte y de las telecomunicaciones, ha convertido al país
en un atractivo para empresas "de facto". El país es uno de los que
poseen el mayor número de compañías subsidiarias en el mundo y procede a
registrar unas 45.000 nuevas empresas "offshore" cada año. Además, Panamá es un destino atractivo para el lavado de
dinero. Su ubicación la convierte en la única ruta terrestre para los
traficantes de droga desde la
América del Sur a Norte América. La zona de mercado libre
maneja unos 19 mil millones de dólares de bienes al año, presentando buenas oportunidades
para el lavado de dinero. Igualmente la industria de la construcción está en
pleno auge, con unos 18 mil apartamentos en construcción entre abril del 2008 y
diciembre del 2010, haciendo que los locales denominen los nuevos edificios
como las "torres de la cocaína". Sin embargo existen motivaciones legítimas para el auge de
la construcción. Muchas empresas multinacionales tienen oficinas en Panamá y el
país atrae estadounidenses retirados, así como colombianos y venezolanos
nerviosos por la situación en sus respectivos países. Pero la velocidad de desarrollo
de los proyectos también provoca la atención de los suspicaces, particularmente
debido a que los constructores pagan a sus empleados y suplidores estrictamente
en efectivo. Gabriel Btesh, un contratista, dice que los rusos han estado
activos inundando el mercado, adquiriendo propiedades en las playas por medio
de corredores y terceras personas, tratando de evitar su identificación. El
escuadrón anti-drogas del gobierno tiene apenas una docena de funcionarios
empleados y ha registrado solo 21 casos en lo que va de año. Sin embargo, el artículo dice que Panamá no podrá continuar
su libre carrera por mucho tiempo, por cuanto los grandes bancos franceses y
españoles están clausurando sus operaciones en el país, bajo su adhesión a la OECD. Igualmente el tratado de
comercio con los Estados Unidos está en peligro de cierre. El Presidente Martinelli se muestra un tanto desafiante y
alega que Panamá, a diferencia de los países caribeños, tiene una economía realística,
lo cual hace los negocios un tanto más complicados. Dulcidio de la Guardia, viceministro de
las finanzas, manifiesta que Panamá quiere ser un miembro responsable de la
comunidad internacional, pero que siempre mantendrá sus intereses por delante. LA RENUENCIA DE LOS BANCOS HACIA EL PAQUETE ACCIONARIO El Economista, en
su edición del 29 de octubre pasado, discute la aversión de los bancos para
adquirir y mantener en sus activos un grupo de valores accionarios, por cuanto
el excedente se convierte fácilmente en activos tóxicos o de mercado cerrado o
estático, difícil o imposible de negociar en los momentos adecuados. El artículo se inicia indicando que las finanzas
corporativas no parecen ser parte integrante de los bancos. Casi todas las
grandes compañías industriales se sujetan a una trama de reglas de acción
comprobada, respaldada por décadas de historia financiera. Por ejemplo, existe
un criterio unánime que los valores contables se presentan a menudo agrietados
y poco sólidos, siendo el flujo de caja el elemento a tomar en cuenta cuando se
está estableciendo el verdadero importe de una firma para determinar su valor
de mercado o cuando se está tratando de impedir su quiebra. En la misma forma, la rentabilidad de cualquier actividad de negocios debe ser evaluada antes que los efectos especulativos del apalancamiento se impongan. Aquí es la contabilidad la que debe prevalecer, no el
efectivo. Y la mayoría de las de los pautas
para determinar dicha rentabilidad son de hecho distorsionadas por el
apalancamiento, incluyendo el retorno sobre el paquete accionario. Los bancos no necesariamente se apegan los procedimientos reservados
o arcanos. Los reguladores están tratando frenéticamente de establecer reglas
para impedir que los inversionistas tengan que sufrir las consecuencias de las
crisis bancarias. El Congreso de EUA
recién aprobó una ley diseñada a tales efectos, por la cual los bancos habrán
de cubrir el costo de los rescates o "bail-outs", sin embargo, su mayor
castigo es el de obligar a los bancos a mantener colchones más grandes de
paquetes accionarios. En este particular los bancos se quejan que las acciones son
demasiado costosas y tendrán un efecto negativo en el precio de los créditos,
para detrimento de la economía. Este criterio, sin embargo, va contrario a uno
de los soportes más importantes de las finanzas corporativas, instituidos por
Franco Modigliani y Merton Miller en 1958, mediante el cual el valor de una
firma no se afecta por la estructura de su capital (al menos en un mundo
eficiente, libre de impuestos). Desde luego la modernidad de las finanzas y sus
procedimientos han impuesto criterios que difieren de los principios generales,
ponen a los bancos en un grupo aparte. Su propia naturaleza les obliga a que
sus activos estén respaldados por los depósitos en efectivo en lugar de los
valores accionarios. Ya de tiempo atrás, los depósitos han sido respaldados por
los esquemas de garantías por parte de los gobiernos (nos referimos a EUA), al
igual que otros tipos de créditos igualmente respaldados por seguros oficiales,
a lo cual se agrega las tasas de interés de corto plazo impuestas por los
bancos centrales. LOS ESTADOUNIDENSES PROTESTAN LA AYUDA OFICIAL A WALL STREETLa revista Time
publica los resultados de una encuesta realizada a finales de Octubre por la
firma de investigaciones Abt SRBI, en la cual se pone de manifiesto que el ciudadano
de los Estados Unidos, consciente de que parte de los impuestos que paga se
transforman en grandes ayudas que el gobierno extiende a las grandes
instituciones financieras, está muy molesto por la asistencia que se le presta
a las instituciones que convergen en Wall Street, lo cual contribuye al
pesimismo acerca de la situación económica que vive el país. De acuerdo con los resultados de la citada encuesta, más del
90% de los estadounidenses consideran la situación económica del país como
venida a menos o decididamente pobre, aún teniendo en cuenta el enorme gasto
incurrido por el gobierno federal para contrarrestar la recesión. Más de la
mitad de los encuestados piensan que no se ha producido ningún mejoramiento en
su situación económica personal. Aún peor, la encuesta del Time determina que los ciudadanos están seriamente preocupados por los
resultados y consecuencias de las acciones de Wall Street. En retrospecto, el 55% de los encuestados considera que el
rescate de las instituciones financieras por parte del gobierno fue una mala
decisión y una mayoría también cree que estas instituciones ejercen una
influencia espuria e indebida sobre Washington. A pesar de las frecuentes presentaciones televisadas por
parte de los miembros del Congreso en las últimas semanas, relativas a la
reforma financiera, las cuales tratan de justificar las actuaciones de las
Bolsas, el 75% de los participantes en la encuesta del Time creen que Wall Street regresará a las peligrosas andanzas de
antes. En tal sentido, los estadounidenses clara y expresamente quieren que se
impongan mucho más estrictas restricciones a los negociantes de valores, tal
como lo expresa el 62%, mientras el 67% exige que el gobierno obligue la
reducción de los excesivos sueldos que cobran los ejecutivos de las empresas
financieras que han recibido fondos oficiales de rescate. Sin duda, expresa el artículo, esta situación no es
consistente con la tradición norteamericana que siempre se ha inclinado por una
exclusión del gobierno de las actividades de la empresa privada. En consecuencia,
la gran mayoría de los ciudadanos se mantienen recelosos de otorgarle demasiados
poderes a Washington para que intervenga en los negocios privados. La mayoría, el
57%, se inclina por esta última concepción. "Mientras se mantenga dentro
de los rieles", es una coletilla que cierra el artículo, la cual no
sabemos si proviene de la opinión privada del articulista o de la fuente del
informe.
|





































