EL MISTERIO DEL BANCO STANFORD

El 17 de febrero de 2009, la SEC (Securities and Exchange Commission) de los Estados Unidos, acusó ante el Tribunal de Distrito en Dallas, Texas, a Allen Stanford, sus asociados y sus bancos de estafar a sus inversionistas mediante el esquema Ponzi. Ese mismo día, el referido Tribunal designó un Síndico (Receiver, en inglés) para que se encargara de investigar y determinar la existencia de los activos en manos de Stanford y se los reintegrara a los inversionistas.

Dos días después, el Alto Tribunal (una suerte de Corte Suprema) de Antigua y Barbuda, el 19 de febrero de 2009, copió las acciones de su colega norteamericano, designando sus propios Síndicos, Nigel Hamilton-Smith y Peter Wastell, de la firma auditora Vantiss Business Recovery, filial de la misma en Londres, quienes procedieron a congelar las operaciones del Stanford International Bank Ltd. y del Stanford Trust Co.. Más adelante, el 19 de abril de 2009, la Alta Corte ordenó la liquidación del SIBL, mientras el Trust Co. se mantenía bajo el control de los Síndicos.

Para la fecha del presente escrito, 04 de noviembre de 2009, a poco menos de un año de la acción de la SEC, la gran mayoría de inversionistas, particularmente latinoamericanos, se mantiene en el más extenso de los limbos financieros que se conocen, pues la solución del caso Stanford permanece en un misterio que no se aleja mucho en complejidad al de la Santísima Trinidad.

Hasta el momento, los informes que consideramos más serios de cuantos recibimos, recogidos de la página del Síndico de Dallas:

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(http://www.stanfordfinancialreceivership.com/), informa en su última edición que los inversionistas "podrían" llegar a recuperar, cuando mucho, un veinte por ciento de su dinero, pues el resto ha sido gastado en yates, casas de playa y otros "adminículos", además del pago que debe hacerse a los síndicos y a sus ayudantes por el esfuerzo de descubrir el lugar donde se encuentran los reales y las propiedades liquidable de Stanford.

Sin embargo, existen evidencias de que parte del misterio se está aclarando, pues de la página referida en el párrafo anterior, encontramos que el Síndico Janvey, el de Dallas, ya ha obtenido honorarios por 27 millones de dólares por sus grandes sacrificios en la investigación y ha exigido se le pague el 34% de los $81,1 millones que dice haber localizado que, según nuestras cuentas, monta a un pago adicional de otros $27millones.

Naturalmente, esos honorarios salen de los bolsillos de los inversionistas, es decir, habrán de deducirse de lo que haya de reintegrarse a los mismos, por cuya razón alguno de los comentaristas del caso creen que estos reintegros no pasarán de un promedio de menos del 20% de lo invertido originalmente.

Desde luego, todos estos cálculos son poco menos que conjeturas. Pero lo que es evidente es que aquí Stanford no ha sido el único que se ha aprovechado del dinero de los inversionistas. Hasta el 17 de febrero pasado, cada uno de los inversionistas recibió de Stanford el pago de los intereses correspondientes.

Por ello, consideramos difícil que ninguno de los inversionistas tenga evidencias que presentar ante la justicia en contra de Stanford. Ese problema queda totalmente en manos de los acusadores de la SEC et al.

Por otra parte, el asunto se enreda más por las divergencias entre los síndicos de Dallas y los de Antigua, incluyendo los tribunales, pues cada uno de ellos exige que las inversiones del SIBL y del Stanford Trust Co., incluyendo las realizadas en los Estados Unidos, caigan dentro de la jurisdicción propia, creándose con ello una pelea que podría arrastrar a los dos grandes: el Reino Unido y los propios Estados Unidos. Hasta ahora, se cree que el asunto habrá de someterse al arbitraje internacional para llegar a una decisión, pero lo más probable es que ello resulte en más gastos, pues, como vemos, éstos aumentan al compás del tiempo perdido y de las apetencias de los abogados. Además es posible que en dicho arbitraje tenga que involucrarse a los gobiernos de los países latinoamericanos y del Caribe, donde puedan estar ubicados los activos solicitados. Naturalmente, cada uno de los arbitradores querrá sus respectivas tajadas de la torta.

Una tercera conjetura, la que más se acerca a la seriedad que amerita el caso,  se concentra en la posibilidad de demandar masivamente a la SEC, al FINRA (Financial Industry Regulatory Agency), al DOJ (Department of Justice) y al propio Gobierno Federal de los Estados Unidos, por el hecho que cada una de estas instancias permitió y al hacerlo, se hizo cómplice tácito de la estafa cometida por una institución financiera estadounidense, debidamente registrada en dichas instancias, en perjuicio de más de 20 mil personas de América latina y durante más de quince años consecutivos, quienes confiaron sus ahorros a dicha institución, principalmente por el hecho que la misma es parte integrante de las finanzas bajo la potestad de la afamada justicia que se supone impera en la nación más poderosa del mundo: Los Estados Unidos de América.

Para cerrar, cabe tomar en cuenta que una demanda al gobierno norteamericano tardaría más de un año en resolverse, según lo expone la Ley Tart de dicho país (muy similar al castellano "torta", tanto en pronunciación como en significado).

CONTINÚAN LAS BANCARROTAS EN USA, SIN EMBARGO CON MEJORES POSIBILIDADES DE RECUPERACIÓN.

 Todo el proceso tendría una modalidad adicional, por cuanto ya se habían recibido noticias de buenas fuentes, participando que la crisis económica que hace un año sofocaba al mundo estaba tocando su final, según anuncios hechos por el Secretario de la Tesorería de USA, Tim Geithner, al igual que por Angela Merkel, la Cancillera alemana, comentados en estas mismas páginas, en base a artículos del Washington Financial Times, del 22 de abril pasado y por Der Spiegel, del 24 del mismo mes. Es decir, que a pesar de todas esas noticias alegres, todavía persisten los coletazos de la crisis.

 Como hemos dicho, el CIT, el cual se dedica a extender préstamos a pequeños y medianos negocios, tales como tiendas de ropa, franquicias del Dunkin' Donuts y talleres de reparación de automóviles, ha solicitado entrar al estado de quiebra, después de fallar en obtener su recuperación por medio de un plan de reestructuración de deudas. La entidad, que ha cumplido un siglo de existencia, es apenas una novena parte del tamaño del Lehman Brothers, con $71 mil millones en activos. Aún así su solicitud de quiebra asoma un ejemplo para muchos pequeñas instituciones financieras estadounidenses, cuyas opciones se contrajeron dramáticamente en lo que va de año.

Este tipo de empresas de servicios financieros tienen menos oportunidad que las mayores de salir del estado de quiebra, por cuanto su negocio depende casi exclusivamente de fideicomisos, los cuales tienden a evaporarse en tales situaciones. Sin embargo, CIT ha mejorado su oportunidad al obtener la aprobación de sus tenedores de bonos, para una solicitud unánime ante el tribunal, reduciendo así su deuda en $10 mil millones, mientras permite que sus subsidiarias continúen trabajando. En esta forma CIT tiene la esperanza de emerger del estado de quiebra para el fin de año.

Los tenedores de bonos convertirán su acreencia sobre el CIT en deuda el 70% del valor original. Ellos incluyen un grupo de fondos de rescate recibido el verano pasado, luego comprometieron $4,5 mil millones adicionales mientras la empresa continuaba tambaleándose. Aún Goldman Sachs, la firma de mejores relaciones en Wall Street, está recibiendo parte del coletazo. Posiblemente para evitar una mala impresión del mundo financiero, la gran empresa renegoció los términos de un préstamo que hubiera exigido un pago de un mil millones si el CIT se desplomara. En esta forma Goldman ahora solo obtendrá $535 millones, la mitad de ello en colaterales.

 Los mayores perdedores son, desde luego, los accionistas, quienes habrán de ser eliminados como tales cuando los acreedores se queden con las acciones ordinarias de la nueva empresa que se forme. Igualmente habrán de perder sus valores los tenedores de acciones preferidas, incluyendo los inocentes pagadores de impuestos, quienes suministraron $2,3 mil millones al Programa de Ayuda a los Activos en Problema, en diciembre pasado. Después de aplicar dicho programa, el gobierno de Obama rehusó inyectar más capital en el CIT, o servir de colateral a nuevas emisiones de deudas, en base a que el fracaso de la firma podría contribuir a desestabilizar el sistema financiero.

Esta última decisión fue causa de ciertas acusaciones en el Congreso contra la Casa Blanca, aludiendo a que ésta mostraba preferencias de apoyo hacia los grandes bancos y sus clientes multinacionales que a los negocios y actividades de Wall Street.

 La quiebra del CIT trataría de pasarse lo más desapercibida posible, pero ello servirá de poco consuelo a los cientos de pequeños y medianos negocios que siempre han dependido del crédito de la empresa. A diferencia de las grandes empresas, para las cuales el mercado de bonos se ha reabierto, los pequeños encuentran dificultades en obtener capital de trabajo, aún cuando la demanda ha bajado bastante. Para tratar de mantener el movimiento crediticio, la Tesorería ha relajado un tanto las restricciones para el acceso a los préstamos aprobados por la Administración de los Pequeños Negocios, una agencia gubernamental creada a tales efectos. Sin embargo todavía queda por verse si estas medidas tendrán los resultados que se esperan, facilitando el acceso a los fondos públicos para los bancos comunitarios.

La empresa espera se le permita mudar sus negocios más importantes al banco subsidiario que tiene en Utah, donde la empresa puede apalancarse con depósitos más baratos.

LA INDUSTRIA FINANCIERA PANAMEÑA

 Panamá ha gozado de un reciente florecimiento económico, impulsado por la afluencia de muchos capitales de riesgo y actuando como uno de los más importantes refugios bancarios del Caribe. Sin embargo, ya el país empieza a sufrir de las restricciones impuestas por las naciones desarrolladas, particularmente las europeas y los Estados Unidos, a la existencia de tales "refugios".

El Economista del 29 de octubre, titula su artículo sobre el problema panameño como "La tarea incompleta de limpiar la reputación financiera del país", lo cual dice bastante de la forma cómo el resto de los grandes países están enfocando la situación panameña.

Ya meses atrás, países de bastante notoriedad en el campo "gris" de los refugios financieros, como las Islas Cayman y Liechenstein, se pasaron al "lado bueno", aceptando de no muy buena gana las reformas exigidas por la OECD para impedir las amenaza de sanciones por parte de los grandes países.

Panamá, en cambio, no ha cedido un ápice, manteniendo férreamente y aún reforzando su reputación como el paraíso fiscal de la América Latina. Los líderes políticos y de negocios del país insisten que su sistema financiero es un parangón de integridad y que Panamá ha sido injustamente seleccionada por los países ricos que han sufrido los efectos de la recesión mundial. "Los Estados Unidos constituyen el paraíso financiero más grande del mundo", dice Juan David Morgan, abogado, señalando como ejemplo las exenciones ofrecidas a los extranjeros inversionistas. Pero ellos quieren mostrarnos como chivos expiatorios por nuestra visibilidad y por cuanto tenemos el canal, que una vez fue de ellos.

La realidad es que Panamá se encuentra muy lejos de ser el país al cual se le acusa. Sus bancos están estrictamente regulados. El abrir una cuenta en un banco panameño requiere una semana de procedimientos burocráticos, todo vigilado por una agencia oficial altamente respetada, la cual está pendiente de las grandes cuentas, especialmente. El país se ubica en cuarto lugar entre los treinta países encuestados por la "Financial Action Task Force" (un organismo creado por el Grupo de los Siete Grandes), vigilando el lavado de dinero. El gobierno mantiene una alta tasa impositiva a los capitales locales, exceptuando las inversiones extranjeras.

Sin embargo, Panamá no ha hecho progreso alguno en prevenir la evasión de impuestos por parte de extranjeros que se refugian en el país. Para ello el gobierno debe celebrar acuerdos con por lo menos 12 países, intercambiando información sobre cuentas requeridas. El país se muestra renuente a firmar estos acuerdos por cuanto ellos se refieren a ingresos obtenidos en el país. El presidente, Ricardo Mantinelli, insiste que él firmará los acuerdos para eliminar la doble imposición, los cuales permitirán el intercambio informativo de cuentas y podrían atraer las inversiones extranjeras. A pesar de haber enviado negociadores a Italia, Holanda, España y México, Martinelli no ha recibido apoyo alguno, bajo la presunción que él está tratando de alargar el tiempo lo más posible.

Las leyes corporativas panameñas también son objeto del escrutinio legal de los países del G7. En el país es posible la instalación de una compañía en minutos, sin la obligación de pagar impuestos sobre sus inversiones extranjeras y siendo admisible mantener el nombre de los accionistas en la anonimia. Los panameños insisten que esta última práctica ha estado vigente en varios países de la América.

Esta política, sumada al secreto estricto sobre la identidad de los cuenta - habientes, una economía dolarizada y facilidades extremas en las actividades del transporte y de las telecomunicaciones, ha convertido al país en un atractivo para empresas "de facto". El país es uno de los que poseen el mayor número de compañías subsidiarias en el mundo y procede a registrar unas 45.000 nuevas empresas "offshore" cada año.

Además, Panamá es un destino atractivo para el lavado de dinero. Su ubicación la convierte en la única ruta terrestre para los traficantes de droga desde la América del Sur a Norte América. La zona de mercado libre maneja unos 19 mil millones de dólares de bienes al año, presentando buenas oportunidades para el lavado de dinero. Igualmente la industria de la construcción está en pleno auge, con unos 18 mil apartamentos en construcción entre abril del 2008 y diciembre del 2010, haciendo que los locales denominen los nuevos edificios como las "torres de la cocaína".

Sin embargo existen motivaciones legítimas para el auge de la construcción. Muchas empresas multinacionales tienen oficinas en Panamá y el país atrae estadounidenses retirados, así como colombianos y venezolanos nerviosos por la situación en sus respectivos países. Pero la velocidad de desarrollo de los proyectos también provoca la atención de los suspicaces, particularmente debido a que los constructores pagan a sus empleados y suplidores estrictamente en efectivo. Gabriel Btesh, un contratista, dice que los rusos han estado activos inundando el mercado, adquiriendo propiedades en las playas por medio de corredores y terceras personas, tratando de evitar su identificación. El escuadrón anti-drogas del gobierno tiene apenas una docena de funcionarios empleados y ha registrado solo 21 casos en lo que va de año.

Sin embargo, el artículo dice que Panamá no podrá continuar su libre carrera por mucho tiempo, por cuanto los grandes bancos franceses y españoles están clausurando sus operaciones en el país, bajo su adhesión a la OECD. Igualmente el tratado de comercio con los Estados Unidos está en peligro de cierre.

El Presidente Martinelli se muestra un tanto desafiante y alega que Panamá, a diferencia de los países caribeños, tiene una economía realística, lo cual hace los negocios un tanto más complicados. Dulcidio de la Guardia, viceministro de las finanzas, manifiesta que Panamá quiere ser un miembro responsable de la comunidad internacional, pero que siempre mantendrá sus intereses por delante.  

LA RENUENCIA DE LOS BANCOS HACIA EL PAQUETE ACCIONARIO

 El Economista, en su edición del 29 de octubre pasado, discute la aversión de los bancos para adquirir y mantener en sus activos un grupo de valores accionarios, por cuanto el excedente se convierte fácilmente en activos tóxicos o de mercado cerrado o estático, difícil o imposible de negociar en los momentos adecuados.

En la misma forma, la rentabilidad de cualquier actividad de negocios debe ser evaluada antes que los efectos especulativos del apalancamiento se impongan.  

Aquí es la contabilidad la que debe prevalecer, no el efectivo. Y la mayoría de las  de los pautas para determinar dicha rentabilidad son de hecho distorsionadas por el apalancamiento, incluyendo el retorno sobre el paquete accionario.

Los bancos no necesariamente se apegan los procedimientos reservados o arcanos. Los reguladores están tratando frenéticamente de establecer reglas para impedir que los inversionistas tengan que sufrir las consecuencias de las crisis bancarias.  El Congreso de EUA recién aprobó una ley diseñada a tales efectos, por la cual los bancos habrán de cubrir el costo de los rescates o "bail-outs", sin embargo, su mayor castigo es el de obligar a los bancos a mantener colchones más grandes de paquetes accionarios.

En este particular los bancos se quejan que las acciones son demasiado costosas y tendrán un efecto negativo en el precio de los créditos, para detrimento de la economía. Este criterio, sin embargo, va contrario a uno de los soportes más importantes de las finanzas corporativas, instituidos por Franco Modigliani y Merton Miller en 1958, mediante el cual el valor de una firma no se afecta por la estructura de su capital (al menos en un mundo eficiente, libre de impuestos).

Desde luego la modernidad de las finanzas y sus procedimientos han impuesto criterios que difieren de los principios generales, ponen a los bancos en un grupo aparte. Su propia naturaleza les obliga a que sus activos estén respaldados por los depósitos en efectivo en lugar de los valores accionarios. Ya de tiempo atrás, los depósitos han sido respaldados por los esquemas de garantías por parte de los gobiernos (nos referimos a EUA), al igual que otros tipos de créditos igualmente respaldados por seguros oficiales, a lo cual se agrega las tasas de interés de corto plazo impuestas por los bancos centrales.  

LOS ESTADOUNIDENSES PROTESTAN LA AYUDA OFICIAL A WALL STREET

La revista Time publica los resultados de una encuesta realizada a finales de Octubre por la firma de investigaciones Abt SRBI, en la cual se pone de manifiesto que el ciudadano de los Estados Unidos, consciente de que parte de los impuestos que paga se transforman en grandes ayudas que el gobierno extiende a las grandes instituciones financieras, está muy molesto por la asistencia que se le presta a las instituciones que convergen en Wall Street, lo cual contribuye al pesimismo acerca de la situación económica que vive el país.

En retrospecto, el 55% de los encuestados considera que el rescate de las instituciones financieras por parte del gobierno fue una mala decisión y una mayoría también cree que estas instituciones ejercen una influencia espuria e indebida sobre Washington.

A pesar de las frecuentes presentaciones televisadas por parte de los miembros del Congreso en las últimas semanas, relativas a la reforma financiera, las cuales tratan de justificar las actuaciones de las Bolsas, el 75% de los participantes en la encuesta del Time creen que Wall Street regresará a las peligrosas andanzas de antes. En tal sentido, los estadounidenses clara y expresamente quieren que se impongan mucho más estrictas restricciones a los negociantes de valores, tal como lo expresa el 62%, mientras el 67% exige que el gobierno obligue la reducción de los excesivos sueldos que cobran los ejecutivos de las empresas financieras que han recibido fondos oficiales de rescate.

Sin duda, expresa el artículo, esta situación no es consistente con la tradición norteamericana que siempre se ha inclinado por una exclusión del gobierno de las actividades de la empresa privada. En consecuencia, la gran mayoría de los ciudadanos se mantienen recelosos de otorgarle demasiados poderes a Washington para que intervenga en los negocios privados. La mayoría, el 57%, se inclina por esta última concepción. "Mientras se mantenga dentro de los rieles", es una coletilla que cierra el artículo, la cual no sabemos si proviene de la opinión privada del articulista o de la fuente del informe.