La derrota de Malvinas y el regreso de las urnas
Al momento de asumir la presidencia el general Reynaldo Bignone, la inflación anual era superior al 200% y el país se encontraba en “emergencia nacional”, según palabras del nuevo ministro de Economía, Dagnino Pastore. El gabinete designado estaba formado mayoritariamente por civiles y la presión social obligaba a la debilitada dictadura a dar paso atrás en las prácticas y los mecanismos represivos.
El período iniciado con la derrota de Malvinas se caracterizó por una importante movilización social y un tipo de participación política de características novedosas, canalizado por movimientos sociales nuevos, como los organismos de derechos humanos. Otros actores sociales, como el sindicalismo, recuperaron presencia, mientras que los partidos políticos comenzaron sus intensos preparativos para las futuras elecciones cuya fecha comenzaba a negociarse.
El renacer de la actividad social se reflejaba también en diversos campos: en el nuevo impulso de las actividades de solidaridad social que miles de jóvenes emprendieron en villas o barrios pobres, en la reorganización de los centros de estudiantes en colegios y facultades, en la reconstitución de las comisiones internas en las fábricas, entre otras. En el ámbito de la actividad cultural se destacó el fuerte impulso del teatro y del rock nacional. De alguna manera la sociedad experimentaba una ilusión compartida por la mayoría: la “recuperación de la democracia”.
En diciembre de 1982, unas cien mil personas confluyeron en Plaza de Mayo, en la Marcha por la Civilidad y la Democracia convocada por la Multipartidaria. Aunque esta manifestación de protesta contra la dictadura militar fue violentamente sofocada –las fuerzas represivas mataron al trabajador Dalmiro Flores e hirieron a numerosos manifestantes- se advertía ya claramente la inminente retirada de los militares del poder. Muy pocos días después, el gobierno fijó la fecha de las elecciones: 30 de octubre de 1983.
La campaña electoral quedó polarizada entre la Unión Cívica Radical (con Raúl Alfonsín y Víctor Martínez como candidatos a presidente y vicepresidente, respectivamente); y el Partido Justicialista (que llevaba a Ítalo Luder y Deolindo Bittel para los mismos cargos). El candidato radical levantaba como una bandera central de su campaña la temática de los derechos humanos, la fórmula justicialista no se pronunciaba públicamente sobre el tema y parecía apoyar el “cierre” de la cuestión.
Ante la inminencia de la asunción de un nuevo gobierno democrático, que presumiblemente intentaría juzgar los crímenes cometidos durante el “Proceso”, los militares dieron a conocer en abril de 1983 un informe denominado “Documento Final de la Junta Militar sobre la guerra contra la subversión y el terrorismo”. En ese informe las Fuerzas Armadas ofrecían una versión justificatoria de su propio accionar. El pasado reciente se presentaba como una “guerra” de consecuencias dolorosas pero inevitables, en la que, “como en toda guerra”, se habían cometido algunos “errores y excesos”. Éstos habían sido determinados por la naturaleza misma de esa “guerra” en la que las condiciones las imponía “el enemigo”. Había sido, en definitiva, una “guerra sucia”. Este documento, advertía, además, que “...quienes figuran en nóminas desaparecidos y que no se encuentran exiliados o en la clandestinidad, a los efectos jurídicos y administrativos, se consideran muertos, aún cuando no pueda precisarse hasta el momento la causa y oportunidad del eventual deceso, ni la ubicación de sus sepulturas”, dando por muertos, así, a todas las personas detenidas-desaparecidas (ver Capítulo 3). Este esquema argumentativo sería el mismo utilizado para la “Ley de Pacificación Nacional” (Ley N° 22.924), comúnmente denominada “ley de auto amnistía”, que se promulgaría en septiembre de ese mismo año.
El “Documento Final” fue categóricamente rechazado por el movimiento de derechos humanos, por la mayor parte de los actores políticos movilizados y por importantísimos sectores de la opinión pública. Buen ejemplo de ello es la consigna acuñada en respuesta y que habría de escucharse en las más diversas movilizaciones de este “despertar” democrático: “no hubo errores, no hubo excesos, son todos asesinos los milicos del Proceso”.
El 30 de octubre de 1983, luego de multitudinarios actos de cierre, se volvieron a realizar elecciones libres en la Argentina. Raúl Alfonsín, el candidato radical, triunfó con el 51,8% de los votos, mientras que el peronismo obtuvo el 40,1%. Era la primera vez que el peronismo era derrotado en elecciones.
Durante la campaña electoral, Alfonsín -que se había revelado como un gran orador- había cerrado cada acto recitando, junto a miles de voces que lo acompañaban, el Preámbulo de la Constitución. Así, prometía una nueva Argentina (“para nosotros, para nuestra posteridad y para todos los hombres del mundo que quieran habitar el suelo argentino”) refundada sobre la democracia y la constitucionalidad. Su victoria electoral le confirió la responsabilidad de conducir la salida del país de “la noche” de la dictadura militar hacia esa nueva nación augurada.
De su capacidad real para hacerlo, de la voluntad ciudadana de apoyar el nuevo régimen y de la disposición de los opositores políticos para acompañarlo, así como de numerosos frentes de tormenta heredados de la dictadura militar, dependía la naciente democracia de 1983.
“CON LA DEMOCRACIA SE COME, SE CURA Y SE EDUCA”
Las tareas de la democracia
El presidente Raúl Alfonsín asumió en medio de un clima social expectante y entusiasta. Había forjado la imagen internacional de un político comprometido con la democracia y los derechos humanos. En el plano interno su gestión afrontaba el desafío de cumplir con las expectativas más dispares y urgentes: el esclarecimiento de los crímenes cometidos por las Juntas Militares, el enjuiciamiento de los represores, el freno de la inflación, la reactivación económica y la normalización institucional.
Sus discursos públicos condensaban cierta voluntad refundacional de la sociedad y las líneas de su acción política evidenciaban que su principal apuesta consistía en la consolidación del nuevo régimen democrático. Sus primeras medidas e intervenciones públicas se orientaron hacia ese objetivo.
Ahora bien, la construcción de un estado de derecho formal y efectivo, y la reconstrucción de la confianza de la sociedad civil en las instituciones requerían de gestos políticamente fuertes. Sin duda, la situación de las Fuerzas Armadas era el punto álgido de esa agenda, y Raúl Alfonsín parecía entenderlo así, al menos en los primeros dos años de gobierno.
En diciembre de 1983, el Presidente envió al Congreso un proyecto para anular la llamada “ley de auto amnistía” que había sido promulgada en septiembre de ese mismo año por el gobierno militar saliente; ordenó el juzgamiento de las cúpulas militares y de los dirigentes de las organizaciones guerrilleras que habían actuado en la década anterior, y estableció la creación de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP). Ver Capítulo 4.
Los dos años comprendidos entre diciembre de 1983 y diciembre de 1985 constituyen el período de mayores éxitos y consenso del gobierno de Alfonsín. La sociedad experimentaba un clima de renovación cultural y exhibía una férrea voluntad de participación. Ésta se evidenciaba, por ejemplo, en hechos inéditos como el Plebiscito para terminar los conflictos limítrofes con Chile, en noviembre de 1984. Allí participó más del 70% de la ciudadanía y el 81,13% de los votantes se manifestó a favor del acuerdo. A mediados de ese año, por otra parte, el amplio triunfo radical en las elecciones expresó un respaldo a la gestión del gobierno de la UCR.
El alfonsinismo se constituyó, en principio, como una corriente interna del radicalismo, autodesignada como un “tercer movimiento” (continuando al yrigoyenismo y al peronismo), destinada a prolongar la línea iniciada por Hipólito Yrigoyen. Esta corriente excedió muy pronto las fronteras del radicalismo para atraer adherentes de diversas tradiciones políticas e ideológicas, y aun personas ajenas hasta ese momento al mundo de la política. Muy representativo del clima de la época, el alfonsinismo hizo de la democracia su bandera y reivindicó los aspectos éticos del quehacer político. Se presentó a sí mismo como distinto del populismo, de la izquierda tradicional y de la izquierda setentista; ajeno al liberalismo económico y principalmente opuesto a las formas del autoritarismo político. Al mismo tiempo, se pronunciaba en favor de una suerte de modernización económica tendiente a alcanzar una distribución del ingreso más inclusiva, ahora que la depuración institucional –con posterioridad al Juicio a las Juntas llevado adelante en 1985- y la “recuperación de la democracia” eran un hecho.
Sin embargo, el estado de cosas durante este período de transición democrática distaba mucho de lo que las expectativas colectivas consideraban un verdadero estado democrático. Pronto, la insistente declaración de principios y las medidas económicas y políticas ensayadas por el nuevo gobierno, se revelaron insuficientes e ineficaces frente a los problemas graves y estructurales que padecía la Argentina post-dictatorial. También se fue volviendo cada vez más visible la impotencia del gobierno frente al poder de las corporaciones e intereses con los que se debía negociar: los sindicatos, las grandes empresas y las Fuerzas Armadas.
Epílogo para un final abierto: Verdad, Justicia y Memoria
Del Juicio a las Juntas a las leyes de impunidad
El fallo en el Juicio de 1985 había sancionado una verdad irrefutable: el Estado argentino había perseguido, secuestrado, torturado y asesinado a miles de sus ciudadanos, acusados de actividades “subversivas”.
El desafío del nuevo régimen democrático -y que signó la política de derechos humanos y en relación con las Fuerzas Armadas del gobierno de Raúl Alfonsín- giraba en torno de cómo mantener la institucionalidad y al mismo tiempo castigar a los criminales. Lamentablemente la cuestión fue resuelta en aquellos años mediante el freno a la acción judicial.
Entre 1986 y 1990 hubo acciones concretas para limitar las posibilidades de la Justicia en la investigación y esclarecimiento del pasado dictatorial y, por tanto, en el castigo de los responsables de las violaciones a los derechos humanos.
En primer lugar, el gobierno buscó aplacar las quejas y el malestar de los militares impulsando la idea de “la obediencia debida”, lo que limitaría el enjuiciamiento de oficiales de menor graduación que los ex comandantes. En esta línea, en abril de 1986 el Ministerio de Defensa, a cargo de Horacio Jaunarena, envió sus órdenes al Fiscal general de las Fuerzas Armadas. Con el argumento de apurar las acciones judiciales, las instrucciones de Defensa eximían de juicio a quienes pudieran demostrar que habían actuado “cumpliendo órdenes”. El amplio repudio que suscitó, en distintos sectores políticos en general y en el movimiento de derechos humanos en particular, impidió que este principio se materializara en una ley (aunque sería finalmente sancionada un año más tarde). Fue entonces que el gobierno presentó al Congreso el proyecto de ley de Punto Final, que ponía un límite temporal para la presentación de denuncias y la acción de la Justicia. El proyecto generó oposición desde el justicialismo y otros partidos, y aún en el interior del radicalismo. Sin embargo, prevaleció la postura de Raúl Alfonsín que, agitando el fantasma de la época, esto es, un nuevo golpe de Estado, lo impulsó sin tregua.
La ley 23.492 de Punto Final, fue finalmente dictada en diciembre de 1986 y fijaba un plazo de 60 días para llamar a declarar en forma indagatoria a eventuales imputados por violaciones a los derechos humanos. Establecía al mismo tiempo el beneficio de la prescripción de los delitos cometidos por civiles bajo órdenes militares y aquellos cometidos por los guerrilleros. Finalmente quedaba establecido que el “punto final” no incluía el delito de sustracción sistemática de menores.
Con toda intención, la sanción de la ley coincidía con la inminente feria judicial del verano. Esto significaba que habría muy poco tiempo para presentar denuncias. Sin embargo, los organismos de derechos humanos organizaron la presentación de denuncias a los tribunales, y el poder judicial no apoyó la iniciativa presidencial: las cámaras federales de Bahía Blanca, Rosario, Córdoba, Mendoza, Tucumán, Comodoro Rivadavia y La Plata, suspendieron la feria judicial. De este modo a fines de febrero de 1987, cuando expiraba el plazo, 300 oficiales de alta graduación quedaron procesados.
Esta situación generó un gran malestar en las Fuerzas Armadas, y una ola de amenazas de bomba y aún atentados contra el presidente recorrió las noticias de prensa de esos días. Asimismo, se volvieron a alzar voces reivindicando el accionar de las Fuerzas Armadas en la “lucha contra la subversión”.
En abril de 1987, a comienzos de Semana Santa, el mayor Ernesto Barreiro se negó a presentarse ante la Cámara Federal de Córdoba. Este acto fue acompañado por el levantamiento del teniente coronel Aldo Rico, un oficial de comandos que se atrincheró con un grupo de rebeldes en la Escuela de Infantería del Ejército, en Campo de Mayo. Los “carapintadas”, como se los bautizó debido al camuflaje de combate que adoptaron, exigían una solución política a la cuestión “de las citaciones”, reclamaban la amnistía generalizada, y una reivindicación del Ejército, “injustamente condenado”. No se trataba de un levantamiento similar a los anteriores pues los oficiales amotinados no cuestionaban el orden constitucional. Tampoco tuvieron, a diferencia de todos aquellos levantamientos anteriores el respaldo de sectores de la sociedad civil. Cuestionaban, en cambio, y con vehemencia, la propia conducción del Ejército: los generales que descargaban sus responsabilidades en los subordinados.
La sublevación militar generó un rechazo social de magnitudes multitudinarias. Frente a la crisis institucional más grave desde el retorno de la democracia, el gobierno apostó en un primer momento a la movilización popular y la respuesta fue magnífica: las plazas de todo el país se llenaron en repudio a los rebeldes y en apoyo al régimen democrático. Todos los partidos políticos y todas las organizaciones de la sociedad civil se movilizaron en defensa de la institucionalidad y firmaron un Acta de Compromiso Democrático.
Durante aquellos días de Semana Santa los “carapintadas” mantuvieron en vilo al país, revelando de este modo un dato contundente: el gobierno, en ese lapso, no había conseguido disciplinar a los rebeldes. El domingo 19 de abril, Raúl Alfonsín fue a Campo de Mayo. La sociedad toda creía –o esperaba- que, respaldado por la amplísima movilización social, exigiría la rendición incondicional de los sublevados. Pero de regreso a la Casa Rosada, ante una multitud que a pesar de los cuatro infatigables días de movilización lo aguardaba expectante, Alfonsín, anunció con eufemismos de gran orador, lo que la inmensa mayoría consideró una gran claudicación de su parte. “Compatriotas –anunció- ¡Felices Pascuas! ¡La casa está en orden!” y, enseguida, llamó a la comprensión de la actitud de los sublevados, al señalar que muchos de ellos eran “héroes de la guerra de Malvinas”. Había habido rendición, sí, pero resultaba evidente que ésta no había sido en absoluto incondicional. La movilización y el entusiasmo popular se transformaron muy pronto –y por largo tiempo- en desilusión, repliegue y escepticismo.
Las concesiones concretas a las Fuerzas Armadas no se hicieron esperar: el 8 de junio de 1987, el Congreso Nacional sancionó la ley 23.521 de Obediencia Debida, que establecía- sin asumir prueba en contrario- que quienes a la fecha de comisión de un hecho denunciado revistaran como oficiales jefes, oficiales subalternos, suboficiales y tropa de las fuerzas armadas y de seguridad no eran punibles por haber obrado cumpliendo órdenes, en virtud de la obediencia debida (ver Ley de Obediencia Debida).
Pese a estas concesiones, los militares insatisfechos no se apaciguaron. Los “carapintadas”, ya dentro de una fuerte interna al Ejército, volvieron a levantarse en Villa Martelli y Monte Caseros, conducidos por Mohamed Alí Seineldín y Aldo Rico respectivamente. Era evidente que las Fuerzas Armadas detentaban aún un poder nada desdeñable y que no dudaba en utilizarlo con el fin de garantizar la impunidad de los crímenes cometidos en el pasado reciente.
